Brayan Enrique Noh Kuman

Expediente 1766/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1766/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Brayan Enrique Noh Kuman

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Braulio César Chan Cisneros, representante legal del quejoso Luis Alberto Morales Escobar, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; con el cual solicita se envíe a la Superioridad el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia firmada el seis de julio de dos mil veintidós. Al efecto, no ha lugar a acceder favorablemente a su solicitud, toda vez que hasta la presente fecha no obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 28551/2022-V-B, girado a fin de notificar el auto de once de julio del año en curso, por medio del cual interpuso el citado recurso, a la parte tercero interesada Ayuntamiento de Yaxcaba, con sede en dicha localidad. Por tanto, una vez que obre en autos la tarjeta de acuse de recibo, envíese el original del escrito de expresión de agravios junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que dicha Superioridad estime procedente acordar. En virtud de lo anterior, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la aludida tarjeta de acuse de recibo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el informe correspondiente al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, que rinde en relación con la suspensión de oficio y de plano concedida al directo quejoso BRAYAN ENRIQUE NOH KUMAN, mediante proveído de veinticinco de julio en curso. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veintiséis del mismo mes y año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dejando sin efectos las providencias dictadas en autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Vistos para resolver el juicio de amparo 399/2022-VII-B, promovido por Claudia Nallely Raya Romo o Claudia Nayeli Raya Romo, contra los actos que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial, Actuario de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial, Secretario de Seguridad Pública y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 399/2022-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; se mandó emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tiene lugar en esta fecha al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La orden de ejecución de la sentencia dictada en el expediente 2301/2010, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que se tradujo en la diligencia de desposesión de la quejosa, llevada a cabo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en la calle trece letra A, número quinientos setenta y nueve, del fraccionamiento Pensiones IV etapa, de esta ciudad. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial, Secretario de Seguridad Pública y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus correspondientes informes justificados (promociones 4688 y 3314), la segunda autoridad por conducto de la última nombrada, corroborado con las documentales que adjuntaron a los mismos. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Igual consideración se lleva a cabo en cuanto al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado de su requerimiento como se advierte de la constancia de notificación correspondiente que obra en autos, de donde se desprende que el plazo de quince días para presentar informe justificado transcurrió sin que lo rinda. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le atribuye, sin que haya lugar a requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello se le estaría concediendo una nueva oportunidad, no prevista en la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página mil trescientos sesenta y tres, Marzo de dos mil dos, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 187512, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica:"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico, respecto del inmueble que defiende, pues no exhibió documento alguno para acreditar que el acto que reclama, afecta de manera personal y directa su derecho subjetivo, ya que no allegó al presente juicio de amparo pruebas tendentes a demostrar que cuenta con un título generador del derecho de posesión que aduce le reviste. El artículo mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, (.);" Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En el caso concreto, la quejosa reclama la orden de ejecución de la sentencia dictada en el expediente 2301/2010 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que se tradujo en la diligencia de desposesión llevada a cabo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en la calle trece letra A, número quinientos setenta y nueve, del fraccionamiento Pensiones IV etapa, de esta ciudad. Del precepto y fracción transcritos en párrafos precedentes, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo a tutelar por parte del órgano de control constitucional. Ahora bien, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la tesis LXXX*2013 (10a.), perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En este orden de ideas, puede concluirse que el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos o, de manera indirecta, es decir, produzca una lesión a la comunidad, es decir, afecte o impacte calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito, para lo cual el quejoso debe demostrar que pertenece a esa colectividad afectada, es decir, que guarda una especial situación frente al orden jurídico. Así, la figura del interés jurídico o legítimo se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso, la parte quejosa aduce que se lesionó su esfera de derechos, al haberse ordenado la desocupación del predio ubicado en la calle trece letra A, número quinientos setenta y nueve, del fraccionamiento Pensiones IV etapa, de esta ciudad. Dicha orden se emitió en autos del juicio ejecutivo mercantil 2301/2010 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Luis Enrique Rodríguez Quiñones en contra de Alfonso Aguilar Roca y Aurora Hernández Priego, esto es, en el que no figura como parte, la aquí quejosa. En ese sentido, debe decirse que, para la procedencia del juicio de amparo en torno al acto señalado previamente, se requiere acreditar la existencia y afectación de un interés jurídico, por el cual se afecte directamente la titularidad de la parte quejosa en su esfera de derechos subjetivos regulados por una norma jurídica, mediante los actos de autoridad que se combaten. Máxime que, lo que aquí reclama la peticionaria de amparo es la afectación a su derecho de posesión, aduciendo que se le pretende desalojar, de manera que, para que la actuación impugnada cause un agravio personal y directo a la inconforme, ésta tiene que demostrar ser efectivamente la propietaria y/o poseedora del inmueble en disputa o la parte que le corresponda, con justo título para ello. En efecto, los preceptos legales mencionados al inicio del presente considerando, establecen que la acción constitucional resulta improcedente al advertirse que la parte quejosa carezca de un derecho subjetivo público, susceptible de protegerse por esta vía constitucional, pues de la interpretación armónica de los preceptos legales 107, fracción I, constitucional y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de protección de derechos fundamentales se seguirá siempre a petición de parte agraviada, traducido en un agravio personal y directo. Por lo que para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el interés jurídico, entendido, como la titularidad del quejoso en relación con los derechos u obligaciones que se alegan conculcados por los actos de autoridad que se reclaman. Por consiguiente, si la inconforme comparece al presente juicio de amparo para reclamar el desalojo del inmueble señalado, del cual aduce tener la posesión, debe acreditar dicho derecho a través de pruebas idóneas, que otorguen certeza a esta autoridad de que efectivamente son afectados los derechos de la parte quejosa con violación de sus derechos fundamentales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En relación a lo anterior, es pertinente destacar que la solicitante de la tutela constitucional no acompañó a su demanda de amparo, prueba alguna tendiente a acreditar tal extremo. Se dice lo anterior, pues aun cuando exhibió una copia simple de la diligencia de desalojo llevada a cabo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Empero, tal documentación es insuficiente para acreditar que la quejosa tiene derechos de propiedad o posesión sobre el inmueble materia de la litis, toda vez que, al margen de que se trata de copia simple y por ello carente de toda validez probatoria, con ello sólo logra acreditar, en su caso, que detentaba una posesión material del inmueble, pero no así la causa generadora de su posesión que la legítima a través un justo título que permita demostrar su interés jurídico. Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró que le asiste interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial, Secretario de Seguridad Pública y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad; al no haber sido combatidos por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 516 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 339, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Claudia Nallely Raya Romo o Claudia Nayeli Raya Romo, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintiuno. Visto: para los efectos legales correspondientes, agréguese a este expediente el oficio signado mediante la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa a este órgano jurisdiccional que en auto de veintiuno de julio del año en curso, dictado en autos del toca 445/2022, se desechó el recurso de queja interpuesto por el Titular de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambas con sede en la Ciudad de México; en contra del proveído dictado en los presentes autos incidentales el diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal se da por enterado, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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