Brenda Noemí López Fuentes

Expediente 1287/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1287/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • M.R. P. L.
  • Brenda Noemí López Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente expediente el escrito signado por el tercero interesado *****, con el que pretende desahogar la vista de cumplimiento que le fuere dada mediante proveído de uno de marzo actual. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que ya no se encuentra en el momento procesal oportuno, pues como de autos se advierte, la notificación que le fuere hecha de la aludida vista se hizo a su parte mediante lista de estrados de fecha once de los corrientes, por lo que el término concedido para el efecto que pretende transcurrió del trece al quince siguiente. Por lo que es inconcuso que a la fecha de presentación del escrito que se provee, esto es, veinte de marzo de dos mil diecinueve, ya había precluído su derecho para tal efecto, aunado a que al haber transcurrido el término otorgado, mediante proveído de diecinueve del mes y año que transcurre se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente asunto. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso, y como su autorizada a Edith Yuliana Olán Alejandro, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el once de marzo actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a la menor quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente, en lo conducente, la determinación dictada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho en el Procedimiento Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia 936/2015; y, con libertad de jurisdicción, emitiera otra en la que se pronunciara respecto a la petición de cambio del régimen de convivencia decretado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, y a la postre, resolviera lo que legalmente procediera, fundando y motivando su decisión. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital. Posteriormente, por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 496/2019 de veintisiete de febrero del año que transcurre (foja 101), comunicó que en esa propia fecha dictó un acuerdo en el que dejó insubsistentes diversos párrafos relativos al régimen de visitas y convivencia, decretados en múltiples autos, entre ellos, el que aquí interesa de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, con libertad de jurisdicción, resolvió lo procedente respecto de la solicitud hecha por la progenitora de la menor quejosa, modificando el régimen de convivencia y visitas con su padre, bajo la modalidad de visita supervisada en el Centro de Convivencia Familiar de esta entidad, en los días y horario señalados, fundando y motivando dicha determinación. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la parte conducente del auto dictado el dieciocho de octubre del año pasado y con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas del expediente 936/2015, que la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta capital, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se le dirija, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISÑTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el once de marzo actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a la menor quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente, en lo conducente, la determinación dictada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho en el Procedimiento Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia **; y, con libertad de jurisdicción, emitiera otra en la que se pronunciara respecto a la petición de cambio del régimen de convivencia decretado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, y a la postre, resolviera lo que legalmente procediera, fundando y motivando su decisión. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital. Posteriormente, por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 496/2019 de veintisiete de febrero del año que transcurre (foja 101), comunicó que en esa propia fecha dictó un acuerdo en el que dejó insubsistentes diversos párrafos relativos al régimen de visitas y convivencia, decretados en múltiples autos, entre ellos, el que aquí interesa de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, con libertad de jurisdicción, resolvió lo procedente respecto de la solicitud hecha por la progenitora de la menor quejosa, modificando el régimen de convivencia y visitas con su padre, bajo la modalidad de visita supervisada en el Centro de Convivencia Familiar de esta entidad, en los días y horario señalados, fundando y motivando dicha determinación. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la parte conducente del auto dictado el dieciocho de octubre del año pasado y con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas del expediente 936/2015, que la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta capital, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se le dirija, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, en el que transcribe el auto que dictó el veintisiete de los corrientes, en el expediente ***, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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