Braulio Romero Rubio
Expediente 410/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Braulio Romero Rubio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de julio de dos mil dieciocho. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja 95/2018 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Braulio Romero Rubio". ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 5489/2018, al que también se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria y un legajo de copias certificadas, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se desechó la presente demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. ACUSA RECIBO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió copia certificada del cuaderno de amparo número VI-410/2018, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que se admitió dicho recurso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. INTERPONE QUEJA Visto el escrito que signado por el quejoso Braulio Romero Rubio, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de once de mayo de dos mil dieciocho; a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el citado proveído se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por Braulio Romero Rubio, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Braulio Romero Rubio, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA En términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]; en esa virtud, procede analizar sobre el carácter de autoridad responsable de la institución que se señala como responsable en la demanda y el acto que se le reclama. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la demanda promovida por Braulio Romero Rubio, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, Delegado Administrativo, Director de Administración de Personal, Jefe de Departamento de Normatividad, Jefe de Departamento de Personal Transferido, Jefe de Pagos y Director de Informática Administrativa, todos de la de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en las órdenes verbales o escritas para reasignar la clave presupuestal que le fue otorgada como intendente número 071602501807000100141; así como la suspensión de su salario como intendente; la privación de su base laboral y el acuerdo o resolución en la que se decretó la insubsistencia de la plaza que ostenta; actos que se estima no son de autoridad para efectos del amparo y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación. En efecto, la primera de las aludidas disposiciones establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la segunda establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, se desprende que mantiene una relación laboral con la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, desempeñando el cargo de empleado de intendencia. Circunstancia que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su escrito de demanda, consistentes en: Constancias de servicio, en las que se describen las claves presupuestales asignadas y lugar donde labora. Así como copia de su talón de pago. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y que hacen prueba plena de la relación laboral que existe entre el quejoso y las responsables. Luego, es evidente que el acto reclamado no reviste el carácter de actos de autoridad, toda vez que las autoridades responsables al momento de emitirlos, no se ubicaron en una posición de supra a subordinación con el quejoso, pues las determinaciones reclamadas derivan de la relación de trabajo que lo une con dicha dependencia. Por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. En efecto, pues al tener el carácter de trabajador que desempeña sus labores en un departamento dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual establece que dicha ley regulará las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de partición estatal y municipal, es inconcuso que cualquier cuestión derivada de la relación laboral, como en el presente caso, debe ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Local. Lo anterior, al tenor del artículo 96, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado conocerá de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores. Circunstancia que en el presente asunto se encuentra acreditada de manera manifiesta e indudable, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo se puede constatar que el quejoso intenta combatir a través del juicio de amparo, las órdenes verbales o escritas para reasignar la clave presupuestal que le fue otorgada como intendente número 071602501807000100141; así como la suspensión de su salario como intendente; la privación de su base laboral y el acuerdo o resolución en la que se decretó la insubsistencia de la plaza que ostenta, lo que se traduce en cuestión meramente laboral. Son aplicables por identidad jurídica, las tesis del siguiente contenido literal: Época: Novena Época Registro: 199460 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: P. XXVIII/97 Página: 119 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete". Época: Novena Época Registro: 194572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Febrero de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: VII.2o.A.T.10 A Página: 487 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 306/98. José Alberto Gutiérrez Armenta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Víctor Ignacio Villanueva Grimaldo. Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de noviembre de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 139/2004-PS en que participó el presente criterio". Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre éstos y las autoridades que señalan como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. De igual forma resulta aplicable la tesis del contenido literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Página: 347 "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 86/96. Oscar Horacio Lozano y Martínez y otra. 29 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretaria: Alma Leal Treviño". Cabe precisar que la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que como se advierte de los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes, ante la obligatoriedad de las jurisprudencias anotadas, y, por el contrario se podría ocasionar un perjuicio mayor al quejoso al retrasar la oportunidad para que acuda a la instancia correspondiente e hacer valer sus derechos. Con base en las razones expuestas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Braulio Romero Rubio, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, sin la plenitud de facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas otorgado expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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