Brenda Isabel Aguilar Cruz

Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Brenda Isabel Aguilar Cruz
  • Luis Felipe Aguilar Cruz
  • Brenda Isabel Aguilar Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado ejecutoria sentencia de amparo. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 66/2016 de su estadística, que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 174/2018-X promovido por Brenda Isabel Aguilar Cruz y Salud Baudelia Bárcenas Suárez endosatarias en procuración de Luis Felipe Aguilar Cruz quien a su vez gestiona por propio derecho, contra actos del Juez y Secretaria de Acuerdos Adscritos al Juzgado Segundo Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se les reconoció el carácter de terceras interesadas a Josefina Siete Chamonica, Lilia Celaya Viti, Aurora Galindo Bandillo, Cleotilde Cruz Jiménez y Blanca Esthela García García, quienes fueron debidamente emplazadas como se corrobora de las constancias que obran agregadas en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, se hace constar que el termino de tres días concedido a las terceras interesadas Lilia Celaya Viti, Aurora Galindo Bandillo, Cleotilde Cruz Jiménez y Blanca Esthela García García, en proveídos de ocho de mayo y veintiséis de julio del año en curso, respectivamente, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, les transcurrió a las tres primeras del diecisiete al veintiuno de mayo, mientras que a la última del nueve al trece de agosto, todos del año en curso, sin que lo hayan hecho. EL JUEZ: Téngase por hecha la anterior relación de hechos que antecede. Ahora, atento a la certificación secretarial asentada en parágrafos que anteceden, de la que se advierte que el término de tres días concedido a las terceras interesadas en cita, en los proveídos de mérito, a fin de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad a la fecha ha fenecido, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; se les hace efectivo el apercibimiento formulado en dichos proveídos y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar a las terceras interesadas de que se trata el contenido de los subsecuentes proveídos que deban notificarse de manera personal por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que será de esta manera hasta en tanto no proporcionen un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados recibidos con antelación y rendidos por: Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de informes que antecede. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a sus escritos de demanda y aclaratorio presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de marzo del año en curso. Asimismo, que obra en cuaderno de pruebas por separado la diversa documental que la autoridad responsable Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, adjunto como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 66/2016. Medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 174/2018-X promovido por Brenda Isabel Aguilar Cruz y Salud Baudelia Bárcenas Suarez, en cuanto endosatarias en procuración de Luis Felipe Aguilar Cruz, contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, Brenda Isabel Aguilar Cruz y Salud Baudelia Bárcenas Suarez, en cuanto endosatarias en procuración de Luis Felipe Aguilar Cruz, promovieron demanda de amparo en contra de actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que precisaron de la siguiente manera: "IV.- La Norma General, Acto u Omisión que de cada autoridad se reclame: la RESOLUCIÓN de fecha 1 primero de febrero del año 2018 dos mil dieciocho dictada por el Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial Licenciado Omar Misael Lúa Estrada quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que autoriza licenciada Ana Sandra Guzmán García.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento de una prevención, mediante auto de doce de marzo de dos mil dieciocho este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, quien no formuló pedimento. En proveído de ocho de mayo del propio año, se reconoció el carácter de tercero interesado a Josefina Siete Chamonica, Lilia Celaya Viti, Cleotilde Cruz Jiménez, Blanca Esthela García García y Aurora Galindo Bandillo, tal como lo dispone el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Finalmente, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La resolución interlocutoria de uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por las aquí quejosas, en contra de auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 66/2016 del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptaron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que el juez responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en la copia certificada de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 66/2016, dentro del cual se encuentra la resolución interlocutoria de uno de febrero de dos mil dieciocho, que en esta vía se reclama. Documental que adquiere plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese orden, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes y además de que este juzgador federal no advierte que en la especie se actualice alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". Además, se invoca la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Conviene precisar que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, como tampoco se advierte alguna violación manifiesta de la ley; por lo tanto, su análisis se hace atendiendo al principio de estricto derecho que constriñe a la autoridad de amparo a analizar la constitucionalidad del acto reclamado frente a los conceptos de violación que haga valer la parte quejosa. En esa medida, este órgano jurisdiccional estima que los conceptos de violación son inoperantes por los motivos que se exponen a continuación. Tal como se precisó en el apartado relativo, el acto reclamado en este juicio lo es la resolución interlocutoria de uno de febrero de dos mil dieciocho, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por las aquí quejosas, en contra del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil 66/2016; determinación judicial que calificó infundados los motivos de agravio hechos valer de acuerdo con las consideraciones siguientes: Que tal como lo señaló la parte inconforme, el auto recurrido negó poner los autos en estado de ejecución y tener por exhibiendo el avalúo respectivo, pues en diligencia de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se embargó una propiedad que difiere del avalúo presentado, esto es, existe una falta de identidad entre el inmueble embargado amparado en el certificado de gravamen y el que se describe en el avalúo; razón por la cual, el auto combatido se emitió en apego a lo dispuesto en los artículos 1346, 1347, 1397, 1400 y 1410 del Código de Comercio, que señalan el procedimiento a seguir respecto a la ejecución de sentencia; pues previo a ello, se debe verificar que tanto el certificado de propiedad como el avalúo que se emita de un inmueble embargado, sean coincidentes para por cierta la identidad de éste. Que el artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, indica que antes de ordenarse la venta, deberá exhibirse un certificado de Registro Público de la Propiedad, en el que consten los gravámenes que reporte el inmueble embargado y del cual se pretende su remate y posterior adjudicación; y que el artículo 1410 del Código de Comercio dispone que en virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes embargados, previo al avalúo correspondiente, lo que constituye un requisito de procedibilidad de la ejecución solicitada, por lo que al no contener dicho avalúo el elemento de identidad referido, no procede declara la etapa de ejecución solicitada. Que estimar procedente lo peticionado, redundaría en violación de los derechos de la parte ejecutada, pues se remataría un bien respecto del cual no se encuentra acreditada su identidad, además de que se violentarían los derechos de la parte actora, al intentar ponerla en posesión de un inmueble que no se encuentra embargado. Por último, que contrario a lo manifestado por la inconforme, las gestiones necesarias para el remate del bien embargado corresponde realizarlos a la parte ejecutante, sin que obre constancia en autos, de que la accionante haya ejercitado acciones tendientes a acreditar que el inmueble embargado es el mismo que ampara el certificado de propiedad y/o gravamen exhibidos por ella, y que existe identidad sobre éstos y el avalúo que obra en autos. En contra de lo anterior, la parte quejosa expone lo siguiente: "Se vulnera en nuestro perjuicio por las autoridades responsables las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al declarar improcedente el recurso de revocación contra el auto que niega poner los autos en Estado de ejecución ya que los suscritos somos ajenos a la construcción que la demandada ha decidido realizar en su patrimonio y que a causa de las modificaciones de construcción da lugar a la confusión de la identidad del inmueble y esta a su vez sea motivo legal para continuar con el cauce legal de Ejecución forzosa del Ejecutivo Mercantil.". Conforme a lo anterior, se estima que las manifestaciones hechas valer no constituyen un razonamiento jurídico, con el cual se controviertan las consideraciones que el juez responsable tuvo para confirmar el auto recurrido; pues si bien la peticionaria de amparo no está obligada a realizar una redacción técnica para expresar sus motivos de inconformidad, de ninguna manera ello implica que se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que aquélla corresponde exponer razonadamente el porqué estima inconstitucional o ilegal el acto que reclama, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 185425 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Página: 61 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.". En esa virtud, la parte quejosa, lejos de controvertir la razones por las cuales la responsable desestimó los argumentos que formuló ante su potestad, se limita a señalar la violación a sus garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, sin expresar razonamiento jurídico que sustente su aseveración, pues al respecto únicamente señala que es ajena a la construcción que la demandada decidió hacer en su patrimonio y que a causa de las modificaciones de construcción, da lugar a la confusión de la identidad del inmueble embargado; manifestación que no supera la calificación de inoperancia, pues, como se dijo, omite combatir las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para emitir su resolución, además de que este juzgador no advierte que lo anterior implique una causa de pedir que permita someter el acto reclamada al examen constitucional frente a las manifestaciones vertidas. En tales condiciones, resulta evidente que mediante los conceptos de violación la parte solicitante de amparo no combate y menos aún supera las consideraciones en base a las cuales la autoridad responsable declaró inoperantes e infundados los agravios propuestos en el recurso de apelación, de ahí que los motivos de disenso que aquí se analizan merezcan también el calificativo de inoperantes, de acuerdo a los criterios aplicables por identidad jurídica sustancial y son del tenor literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 189224 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Común Tesis: XIV.1o. J/6 Página: 1009 "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 594/2000. Unión de Autotransportistas Carlos Cantú Rosas, A.C. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Silvia Beatriz Alcocer Enríquez. Amparo en revisión 579/2000. Patricia Magdalena Lara Navarrete. 21 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 1/2001. Naranjos de la Joya, Sociedad de Producción Rural de R.L. de C.V. 6 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 3/2001. Luis Antonio Briceño Sosa y otra. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 17/2001. Armando de Jesús González Ávila. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez Cerda.". Época: Octava Época Registro: 394644 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 688 Página: 463 "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, sí se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo directo 223/91. Cosme Fierro Palafox. 3 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 445/91. Francisco Baranzini Coronado. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 292/92. Víctor Francisco Corral Celaya. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 306/92. Arnulfo Soto Aranda y otra. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 6/93. Rafaela Sauceda Galavís. 27 de enero de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/62, Gaceta número 63, pág. 53; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Marzo, pág. 105.". Época: Novena Época Registro: 188866 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o. J/19 Página: 1137 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 79/97. Jesús Membrila Hernández. 3 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Luis Almazán Barrera. Amparo directo 127/97. Romeo Orlando Galeana Radilla. 24 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: José Luis Arroyo Alcantar. Amparo en revisión 60/2001. Sergio Adame Eugenio. 5 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz. Amparo directo 234/2001. Darío Miranda Vázquez. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora. Amparo directo 282/2001. Luciana Adame de Lozano. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz.". Época: Novena Época Registro: 192315 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/11 Página: 845 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 80/94. Guillermo Gómez Aguilar. 7 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas. Amparo directo 987/98. Soldaduras Especiales y Equipos de Proceso, S.A. de C.V. 16 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Amparo directo 52/99. Pablo Barranco Sandoval. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Francisco Trenado Ríos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo 368/99. Rosalío Badillo Ocampo. 26 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Gerardo Daniel Gatica López. Amparo directo 602/99. Alejandro Gutiérrez González. 18 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Gerardo Daniel Gatica López. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 166 y 702, de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.", respectivamente.". Los criterios jurisprudenciales citados en la presente ejecutoria son aplicables aun y cuando se refieren a la anterior Ley de Amparo, pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su artículo Sexto Transitorio. Así, toda vez que las manifestaciones vertidas a título de conceptos de violación resultaron inoperantes, conllevando así la imposibilidad jurídica para demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Brenda Isabel Aguilar Cruz y Salud Baudelia Bárcenas Suarez, en cuanto endosatarias en procuración de Luis Felipe Aguilar Cruz, en relación al acto atribuido a las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza. Doy fe. lfsl

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de julio de dos mil dieciocho. Autoridad proporciona información solicitada. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue efectuado en proveído de trece de junio del año en curso, remite el resultado de la búsqueda del domicilio de la tercero interesada Blanca Esthela García García. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la totalidad de las autoridades han dado cumplimiento al requerimiento que les fue formulado mediante trece de junio del año en curso, respecto a la investigación del domicilio de la tercero interesada en cita, se provee lo siguiente: Se comisiona a los actuarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso b, y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituyan debidamente en los domicilios que fueron proporcionados por las autoridades requeridas, consistentes en : 1.- Avenida Madero Poniente, número tres mil seiscientos noventa y siete, interior catorce, colonia Los Álamos, de esta ciudad; 2.- Batalla del Cerro Gordo, número doscientos doce, letra "A", de la colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad; 3.- Localidad Pastores, sin número, municipio de Lagunillas, Michoacán; y, 4.- Calle Circuito Mintzita, número quinientos setenta y cuatro, fraccionamiento Manantiales, de esta ciudad. Acto seguido, de encontrar presente a Blanca Esthela García García, a efecto de dilucidar que efectivamente sea la persona buscada, proceda a cuestionarle si fue parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil que promovió Luis Felipe Aguilar Cruz, mismo que se encuentra registrado bajo el número 66/2016 del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; o bien, para el caso de desconocer lo anterior, de ser posible, verifique si cuenta con la credencial de elector con número de folio 123398797, por ser la identificación oficial con la que se identificó dentro de los autos del aludido juicio al momento de ser emplazada; o en su defecto, si con anterioridad radicaba en la calle Ignacio López Rayón, sin número de la localidad del Barrio San Bartolo, en el municipio de Charo, Michoacán. Una vez hecho lo anterior, en caso de tratarse de la tercero interesada en cita, proceda a emplazarla a juicio; asimismo, le haga saber que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; y además requerirle para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice o en el primer escrito que presente, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado conforme al artículo 27, fracción III, inciso b, de la citada Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Autoridad proporciona información solicitada. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue efectuado en proveído de trece de junio del año en curso, remite el resultado de la búsqueda del domicilio de la tercero interesada Blanca Esthela García García. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, en espera del cumplimiento dado al respecto para la totalidad de las autoridades requeridas mediante el proveído en cita. Notifíquese.

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