Braulia Diaz López

Expediente 1143/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Braulia Diaz López
  • Director del Hospital General de Tacámbaro, Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA GESTIONES PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe José Eduardo Márquez Campos, apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán, a través del cual atiende el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, y al efecto indica que la quejosa Braulia Díaz López debe presentarse en el Hospital General de Tacámbaro, Michoacán, el martes catorce de noviembre del año en curso, a las nueve horas, a efecto de que se le realice valoración médica, en la que se determine si implica o no riesgo su salud trasladarse a recibir sus sesiones de hemodiálisis a un lugar diverso al de su domicilio. Asimismo, informa que se ha solicitado a la empresa que brinda el servicio subrogado (Unidad Renal Ambulatoria, con domicilio en Uruapan, Michoacán), autorice la tercera sesión de hemodiálisis a la quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta que vía electrónica presenta Julio César Magaña Orozco, autorizado de la quejosa Braulia Díaz López, mediante el cual comparece a exhibir una copia de un resumen médico donde se refiere que requiere una tercera sesión de hemodiálisis a la semana, ya que aduce que su estado de salud ha empeorado, y que el personal de la clínica le ha informado que debería pagar de su bolsillo la tercera sesión; motivo por el cual, solicita que se requiera a la responsables para que le brinden las tres sesiones de hemodiálisis que requiero. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. En principio es necesario señalar, que este órgano jurisdiccional no tenía conocimiento que la quejosa recibiera sus sesiones de hemodiálisis en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, ya que ni la parte promovente ni las responsables habían manifestado esa circunstancia. Asimismo, no pasa inadvertido que el resumen clínico que exhibe la quejosa es una copia simple y dada su naturaleza, carece de valor probatorio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenida en la Tesis XX. J/57, localizable en la página 72, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 76, Abril de 1994, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NO SE ACREDITA SI LAS PRUEBAS APORTADAS SE EXHIBEN EN COPIAS FOTOSTÁTICAS CARENTES DE CERTIFICACIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE. No se acredita el interés jurídico del quejoso, si las pruebas que aportó al juicio para tal efecto, fueron exhibidas en copias fotostáticas carentes de certificación." Sin embargo, atendiendo al principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto sobre la convicción de que la prueba es lícita, y por ello, cabe destacar un dato que se asienta en la documental que se exhibe, toda vez que señala lo siguiente en uno de sus apartados denominado "COMENTARIO: Se trata de paciente femenino de 56 años con los diagnósticos ya mencionados y actualmente ya en control de toda la problemática con la que la encontré el 19-agosto-2023."; lo cual, se contrapone con lo manifestado por la propia quejosa en el sentido de que su estado de salud ha empeorado. No obstante, atendiendo a la manifestación que realiza la quejosa, se le reitera que deberá de estarse a lo acordado en proveído de cinco de septiembre de este año, donde se tuvo a la autoridad responsable informando el lugar, horarios y apoyo para el traslado que se realizará a la quejosa para sus sesiones de hemodiálisis a la ciudad de Uruapan, Michoacán; lugar donde se ha informado que podrá recibir las sesiones que requiera la parte quejosa y de manera subprogada, esto es, de manera gratuita y sin costo para la promovente. Lo anterior, debido a que la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, informó que llevó a cabo contrato de licitación pública estatal electrónica No CADPE-EM.LPE-028/2023, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Servicio de Terapia Sustitutiva Real Extracorpórea-Hemodiálisis), con la empresa Arquina S.A. de C.V.. De donde se concluye, que la autoridad responsable celebró ese contrato para la subrogación del tratamiento de hemodiálisis de múltiples pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica como la aquí quejosa y no de manera individual y/o particular por cada uno de los pacientes que recibirán ese tratamiento de manera subrogada (gratuita), por lo cual, deben considerar también un lugar de mayor cercanía para todos aquellos gobernados que recibirán ese tratamiento. En ese aspecto, es necesario señalar que si bien en la página 23 de la sentencia de amparo, se señaló lo siguiente: "Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción para la quejosa."; no constituye propiamente una obligación irrestricta, lineamiento u efecto de los establecidos en el considerando séptimo, toda vez que se trata de una recomendación para que en lo posible, se considerara la cercanía al domicilio de la quejosa, lo cual, ha realizado con la contratación del servicio subrogado en el lugar más cercano donde la empresa contratada puede prestar ese tratamiento médico; y en ese sentido ha informado cuál es la clínica más cercana que puede brindar la atención a la quejosa, dado que la se ubica en la misma población donde reside la quejosa se ha negado a colaborar como aliado comercial de la empresa contratada y sobre ese aspecto, no puede incidir la sentencia de amparo, al tratarse de un contrato administrativo celebrado entre una entidad estatal y un particular, el cual de acuerdo a sus fines o acta constitutiva establece las sociedades laborales, mercantiles y/o comerciales que mejor le convengan a su objeto social. De considerarlo de otra forma, sería imponerle una obligación a la autoridad responsable que no fue contemplada en la sentencia de amparo, esto es, en ninguna parte del fallo protector se impuso que debía realizarse el tratamiento médico del quejoso en la propia ciudad o población donde reside, aunado a que desde el auto de radicación donde se concedió la suspensión del plano se determinó que no se pretendía privilegiar la atención, revisión o tratamiento en favor de la quejosa ni generarle un privilegio en el entorno fáctico, que pudieran redundar en un perjuicio para diversas personas que también recibirán ese tratamiento mediante la licitación contratada. Consecuentemente, hasta el momento las autoridades responsables han demostrado que han emitido el acuerdo administrativo que se ordenó en la sentencia de amparo y que garantiza su derecho a la protección a la salud, consagrado en el artículo 4º Constitucional; y han señalado los lugares donde de manera subprogada, le pueden brindar el tratamiento médico a la quejosa e incluso, en el último que informaron que se tiene contratado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, han informado el apoyo que brindaran a la quejosa para su traslado, lo cual redunda en un beneficio adicional otorgada a la quejosa. Máxime que, el derecho a la Salud consagrado en el artículo 4º Constitucional y que le fue reconocido a través de la sentencia de amparo, constituye una responsabilidad social, esto es, no corre a cargo del Estado exclusivamente, ya que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso, de ahí, que se tenga que respetar la responsabilidad social del quejoso en torno a su salud y a recibir su tratamiento médico que le fue prescrito, en la forma y términos que las autoridades responsables se lo pueden brindar. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 168549 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61 Tipo: Jurisprudencia "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." No obstante lo hasta aquí expuesto, como la quejosa aduce que requiere de una tercera sesión de hemodiálisis y que "ante el peligro inminente de perder la vida mis familiares se han visto en la necesidad de pedir dinero para cubrir la tercera sesión de hemodiálisis.", señalando anteriormente que tenía imposibilidad para desplazarse de su localidad de origen para recibir la atención médica en un municipio diverso a Tacámbaro, Michoacán; circunstancia que también se asienta en la copia del resumen clínico que se exhibe, al señalar que la quejosa ".se siente muy mal, por lo anterior ello no es apta para acudir a sesiones de hemodiálisis a Uruapan o a Morelia, Mich." En ese sentido, es necesario señalar que el juzgador de amparo al no ser un perito en medicina y no contar con los conocimientos técnicos de esa rama, ni acreditarse con documento fehaciente y expedido por institución pública oficial el estado de salud de la quejosa, corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable diagnosticar si con el padecimiento que presenta la quejosa, implica algún riesgo para su salud, esto es, si por sus condiciones físicas o de salud es factible que la quejosa se traslade a una diversa población a recibir su tratamiento en las sesiones que tiene prescritas. Máxime que a la quejosa, ya le había sido señalada una fecha y hora para acudiera ante la Dirección del Hospital de Tacámbaro, Michoacán, a fin de que fuera valorada por un médico de esa institución y se determinara el riesgo de trasladarse a recibir sus sesiones a la ciudad de Uruapan, Michoacán, sin que haya comparecido la quejosa a esa valoración y con ello impedido que se conociera el resultado de la misma, para tener una valoración de la autoridad sanitaria, con la cual se pudiera exponer objetivamente los riesgos para recibir su tratamiento en un lugar más alejado a su domicilio. Sobre el particular, resulta una referencia observable para este órgano jurisdiccional, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 517/2019, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.", donde se precisó que: a) En la determinación de la suspensión provisional no es posible determinar con certeza si el medicamento solicitado en la demanda de amparo consiste en el tratamiento adecuado para el quejoso, en tanto que aún no se han requerido los informes de las autoridades responsables; además, el juzgador no es perito en medicina para evaluar o modificar la prescripción del médico tratante, de manera que su determinación únicamente puede encauzar provisionalmente las medidas adecuadas y urgentes para la protección de la salud de los promoventes, sin que pueda sustituirse en el ámbito técnico de decisión que corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable; y, b) La urgencia no puede constituir una razón para que el juzgador ordene, de manera inmediata y sin verificación técnica alguna, el suministro del medicamento solicitado, con lo cual también puede poner en riesgo la salud del promovente, mejor dicho, esta situación exige cautela y que se dicten las medidas apropiadas en interés de la salud de la parte quejosa y para que se garantice el mejor medicamento para su padecimiento, con la debida supervisión médica No se soslaya que en la ejecutoria indicada se hace referencia a la suspensión provisional y que el caso que nos ocupa se trata del cumplimiento a una ejecutoria de amparo; empero, tales razonamientos resultan aplicables por analogía y en lo conducente, en razón de que la parte quejosa sigue aduciendo una falta u omisión de atención médico en el tratamiento de la quejosa. Se requiere a la responsable. En consecuencia, dadas las manifestaciones que vierte la quejosa, se estima necesario requerir nuevamente al Secretario de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior del Director del Hospital General "María Zendejas" en Tacámbaro, Michoacán, para que dentro del término de dos días siguientes al en que reciba notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1) Con base en el lineamiento marcado con el inciso a) de la sentencia de amparo, señale día y hora para que la quejosa comparezca al Hospital General "María Zendejas" en Tacámbaro, Michoacán, a efecto de que se le haga valoración médica, y el médico especialista correspondiente, determine si implica algún riesgo para la salud de la promovente el trasladarse a recibir sus sesiones de hemodiálisis a un lugar diverso a su domicilio ubicado en Villa Madero, Michoacán, esto es, si por sus condiciones físicas o de salud es factible que la quejosa se traslade a una diversa población a recibir su tratamiento en las sesiones que tiene prescritas. 2) Hecho lo anterior, deberá informar la fecha y horas señaladas, y posteriormente, el resultado de la valoración médica ordenada. 3) Girar las instrucciones necesarias a fin de que la quejosa reciba las sesiones de hemodiálisis que requiera y en el lugar donde de manera subrogada le han sido proporcionadas por las autoridades responsables. Subsiste apercibimiento para las responsables En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de dos de junio de dos mil veintitrés. Acotación a la parte quejosa. Finalmente, se hace del conocimiento de la parte quejosa que no obstante las medidas adoptadas por este órgano jurisdiccional, de seguir considerando que se trata de un caso de notaria urgencia médica (como la propia quejosa lo señala), para evitar de cualquier dilación, puede acudir al área de urgencias de la institución médica responsable (Hospital General de Tacámbaro, Michoacán "María Cendejas"), donde se establecerá un diagnóstico y se determinará si la paciente debe ser egresada a su domicilio, ingresada a hospitalización, derivada a consulta externa o trasladada a otra unidad de mayor capacidad resolutiva, o en su caso, los estudios que deban practicársele de manera inmediata para salvaguardar su salud. Por consiguiente, también queda en absoluta libertad y responsabilidad de la parte quejosa, el acudir o no a las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada y gratuita que las autoridades responsables hasta el momento, han informado que le pueden brindar en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en los días y horas que se le precisaron en el auto de cinco de septiembre de este año y con el apoyo de traslado necesario. Lo anterior, hasta en tanto el suscrito juzgador cuente el desahogo de la diligencia médica ordenada en este proveído y tenga mayores elementos para determinar, con base en lo resuelto en la sentencia de amparo, lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal de Alzada informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que admitió el recurso de queja hecho valer por la quejosa Braulia Díaz López, quedando registrado con el número 324/2023. De lo anterior este tribunal toma conocimiento, en espera de la resolución que en su momento se dicte en torno al recurso de que se trata. Se ordena hacer disponible y/o vincular el expediente electrónico En atención a la solicitud que formula el citado Tribunal Colegiado, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que, haga disponible el expediente electrónico del juicio en que se actúa, o bien, lo vincule con el diverso del índice del órgano de alzada oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE ESE PROPIO PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Parte quejosa designa autorizado y solicita copias certificadas. Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Braulia Díaz López; y atento a su contenido, se le tiene revocando a los autorizados señalados en el escrito inicial de demanda; y señalando como nuevos autorizados de su parte a Juan Francisco Castañeda Valencia y Enrique Martínez Joaquín, ambos sin la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, el primero, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y el segundo, por no habérselas conferido expresamente. Se toma nota de correo electrónico y se ordena notificar por lista a la parte quejosa. Asimismo, se le tiene proporcionando la dirección de correo electrónico y número telefónico que señala, sin que haya lugar a tenerlos como un domicilio procesal para recibir notificaciones, toda vez que dicho medio no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, para la práctica de notificaciones; sin perjuicio de que, el mismo pueda ser utilizado como forma de contacto a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal relacionada con este asunto, esto es, únicamente para localizar a la quejosa o sus autorizados para la práctica de alguna notificación conforme a lo establecido en la ley de materia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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