Braulia Chávez Rubio

Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
722/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Braulia Chávez Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad desahoga requerimiento. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Subdirectora del Registro Civil del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de cuatro de noviembre de este año y al efecto informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda únicamente en su base de datos electrónica, no se logró la localización de registro de defunción a nombre de la ciudadana Braulia Chávez Rubio (quejosa). De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional; sin embargo, no se hace un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de quince de los actuales, con base a la información proporcionada por la autoridad médica responsable y corroborada por la asesora jurídica federal, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Autorizada desahoga requerimiento. Visto el escrito de cuenta que vía electrónica presenta Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en proveído de cuatro de los actuales y al efecto manifiesta que entabló comunicación con el señor César Quetzacua Chávez (hijo de la quejosa), quien le confirmó el deceso de su señora madre, quedando de enviarle copia del acta de defunción correspondiente, pero que a pesar del tiempo de espera, no le ha sido enviado, razón por la que se encuentra imposibilitada de proporcionar el documento que acredite el deceso. Se acredita en autos el fallecimiento de la parte quejosa. Consecuentemente, con la información proporcionada por la propia asesora jurídica federal, en su calidad de autorizada de la parte quejosa, en torno al fallecimiento de la quejosa directa y que ese hecho se puede acreditar en esta instancia constitucional, con la copia del certificado de defunción folio 220938855, que remitió el Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en Uruapan, Michoacán, donde se desprende que el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, falleció Braulia Chávez Rubio (documental que adminiculada con la manifestación de la autorizada de la parte quejosa, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o); motivo por el cual, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Bajo ese contexto, resulta conveniente realizar un apunte en torno a la tutela constitucional otorgada a través de la sentencia de amparo, que tenía por efecto restituir a la quejosa en su derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. Constitucional (en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud), toda vez que ante el fallecimiento de la quejosa directa, ya no puede subsistir el principio de "potencialidad restitutiva" que presupone como base del objeto del juicio de amparo el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia y, por ello, no tiene razón útil ni práctica que continúe, por su inviabilidad. Lo anterior es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo regula uno de los principios rectores del juicio constitucional, que es el llamado "principio de restitución", también conocido como de "potencialidad restitutiva", según el cual, la finalidad de las sentencias de amparo en las que se otorgue la protección de la Justicia Federal es exclusivamente restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos), o bien, obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija (actos negativos); el citado principio, en congruencia con otros reconocidos por la doctrina mexicana, como el de "litis constitucional", permite aseverar que el amparo mexicano, en un contexto actualizado de derecho procesal constitucional, consiste en un "derecho" que tiene la finalidad y potencialidad restitutiva exclusivamente asignada en la Constitución General y en su respectiva ley reglamentaria, esto es, que no tiene finalidades o alcances distintos a los que constitucional y legalmente le han sido conferidos. Antecedentes para el cumplimiento del amparo Establecido lo anterior, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y los allegados por la autorizada de la parte quejosa, como por éste órgano jurisdiccional; con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a BRAULIA CHÁVEZ RUBIO, contra actos del Secretario de Saludo en el Estado de Michoacán, por sí o través de alguna de sus dependencias, a saber, Hospital General con residencia Uruapan, Michoacán u Hospital Civil de esta ciudad capital. Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable. "(.) 1. Continúe proporcionándole a la quejosa Braulia Chávez Rubio, los servicios médicos necesarios para hacer frente a su enfermedad renal crónica, ya sea por medio de los recursos con los que cuente en los hospitales a su cargo o bien, de manera subrogada, como hasta la fecha lo ha venido realizando, debiendo garantizar que en todo momento la prestación de dichos servicios, sean gratuitos, accesibles y de buena calidad. En la inteligencia de que, en lo posible, a consideración de la autoridad y sin afectar a otros derechohabientes, podrá establecer para tal efecto un horario y lugar más accesible para que la quejosa acuda a su tratamiento, teniendo en cuenta que manifestó radicar en la comunidad de Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán. 2. Servicios médicos que deberán ser congruentes y acorde con lo ordenado por el médico especialista tratante que atienda a la quejosa de manera regular o bien conforme a las instrucciones de diverso especialista, debiendo pertenecer dichos doctores a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. (.)." La Directora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en Uruapan, Michoacán, informó en esta etapa de ejecución de sentencia lo siguiente: - Que con fecha once de noviembre de dos mil veinte, aperturo el expediente clínico a la aquí quejosa Braulia Chávez Rubio. - Que desde esa fecha se realizaron los primeros estudios de laboratorio a la quejosa. - La quejosa tiene diagnósticos de Diabetes Mellitus 2, Hipertensión arterial sistemática, Hemodiálisis, con un pronóstico reservado. - Que a partir del once de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa ha acudido a diversos servicios y áreas en el hospital en cita, como medicina interna, consulta externa y urgencias. - Que la cita médica en el área de medicina interna le fue agendada para el seis de julio de dos mil veintidós, lo que se hizo del conocimiento de la quejosa; cita que se fijó atendiendo a la agenda médica del hospital; haciendo del conocimiento de la quejosa que en caso de requerir atención médica antes de la fecha mencionada, podía acudir al servicio de urgencias que funciona las veinticuatro horas del día. - La quejosa se encontraba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis de manera subrogada, en la clínica denominada Grupo Médico Luar, ubicada en la calle Salazar, número 71, colonia La Magdalena, de Uruapan, Michoacán, en los días y horas establecidos con la clínica antes mencionada. - Posteriormente, con fecha diecisiete de octubre de este año, se tuvo al director del hospital "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en Uruapan, Michoacán, informando que la quejosa ingresó el nueve de octubre de este año, al servicio de urgencias de ese hospital, con complicaciones crónicas propias de su enfermedad renal crónica y que a pesar de las atenciones recibidas en ese nosocomio, el dieciséis de ese mismo mes y año, falleció la quejosa, exhibiendo copia del certificado de defunción número 220938855. - Con la anterior información, en autos de veinte de octubre y cuatro de noviembre, ambos de este año, se requirió a la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán y a los autorizados de la parte quejosa, a efecto de corroborar el fallecimiento de la quejosa. - En virtud a lo anterior, la asesora jurídica federal, en su calidad de autorizada de la parte quejosa, a través de su escrito de cuenta manifestó que el hijo de la quejosa le confirmo el deceso de la impetrante del amparo. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Bajo tales circunstancias, se estima innecesario analizar si las responsables cumplieron o no con el fallo protector, toda vez que si los efectos de la sentencia de amparo vinculaban a las autoridades responsables a seguir prestando a la quejosa los servicios médicos necesarios para hacer frente a su enfermedad renal crónica, ya sea por medio de los recursos con los que cuenta en los hospitales a su cargo o bien, de manera subrogada; y, en la especie se acreditó el cambió la situación jurídica que imperaba al momento de conceder la tutela constitucional, con motivo del fallecimiento de la quejosa. Por tanto, ante la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria, resulta estéril realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, ante el fallecimiento de la quejosa directa, y al no poder subsistir el principio de "potencialidad restitutiva", en términos del artículo 196, segundo párrafo de Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2ª./J.2/2008, localizable en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de cinco de noviembre de dos mil veinte, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad no responsable desahoga requerimiento. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Jefe del Departamento de Capacitación y Proyectos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de veinte de octubre de este año y al efecto informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda únicamente en su Base de Datos Digital, no se logró la localización de registro de defunción a nombre de la ciudadana Braulia Chávez Rubio (quejosa); señalando que el registro se pudo haber realizado en otro año, otro lugar o bien no haberse realizado para aquel momento en los medios electrónicos de referencia. De lo anterior, toma nota este órgano jurisdiccional y se procede a proveer lo que en derecho corresponda. Se requiere a diversa autoridad. En consecuencia, como la propia autoridad oficiante señala que pudiera ser que a la fecha del primer requerimiento no se hubiera registrado en los medios electrónicos el fallecimiento de la quejosa o que se haya realizado en otro año o lugar, se estima necesario girar atento oficio al Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: 1) Si a fecha en que reciba el oficio, en los archivos de esa dependencia obra registro del probable deceso de la aquí quejosa BRAULIA CHÁVEZ RUBIO, de quien se informa falleció el dieciséis de octubre de este año, en la ciudad de Uruapan, Michoacán; y en su caso remita copia certificada del acta relativa; o bien, 2) Si no cuenta con registro de fallecimiento de la persona que se señala. Para que la autoridad registral requerida cuente con mayores elementos para realizar la búsqueda de la constancia que se le solicita, se ordena acompañar copia del certificado de defunción número 220938855 que allegó la autoridad médica responsable. Apercibimiento Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, le será impuesta una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258 de la Ley Reglamentaria. Cuenta con autos. Con independencia de lo anterior, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días que se concedió en auto de veinte de octubre de este año, para que los autorizados (asesores jurídicos federales) de la parte quejosa, corroboraran o no la información sobre el fallecimiento de la quejosa directa, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima necesario dar nueva vista a los autorizados de la parte quejosa (asesores jurídicos federales), para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, corroboren la información allegada por la autoridad responsable sobre el probable fallecimiento de la quejosa, o en su caso, se hagan las manifestaciones relativas. Apercibimiento a los autorizados. Se apercibe a los autorizados de la parte quejosa que transcurrido dicho término sin manifestación de su parte y en caso de no contar con el acta de defunción requerida al Director del Registro Civil en el Estado, se procederá a valorar únicamente la constancia allegada por la autoridad responsable consistente en el certificado de defunción 220938855 y se dictara lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a los autorizados de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa probable fallecimiento de la quejosa. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informa que la quejosa ingresó el nueve de octubre de este año, al servicio de urgencias de ese hospital, con complicaciones crónicas propias de su enfermedad renal crónica y que a pesar de las atenciones recibidas en ese nosocomio, el dieciséis de ese mismo mes y año, falleció la quejosa, exhibiendo copia del certificado de defunción relativo. Se requiere a diversa autoridad. En consecuencia, a fin de que corroborar la información proporcionada por la autoridad responsable y tener los elementos jurídicos necesarios para proveer lo que en derecho corresponda en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, se estima necesario girar atento oficio al Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: 1) Si en los archivos de esa dependencia obra registro del probable deceso de la aquí quejosa BRAULIA CHÁVEZ RUBIO, de quien se informa falleció el dieciséis de octubre de este año, en la ciudad de Uruapan, Michoacán; y en su caso remita copia certificada del acta relativa; o bien, 2) Si no cuenta con registro de fallecimiento de la persona que se señala. Apercibimiento Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, le será impuesta una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258 de la Ley Reglamentaria. Vista a los autorizados de la parte quejosa. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a los autorizados de la parte quejosa (asesores jurídicos federales), para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, corroboren la información allegada por la autoridad responsable o en su caso, se hagan las manifestaciones relativas y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a los autorizados de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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