Braulio Gervacio Amezquita
Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Braulio Gervacio Amezquita
- Eusebio Cano Coyote
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ****, ***** y *****, en contra de actos del juez de Oralidad Mercantil de Celaya, Guanajuato; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la ley de la materia, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 326/2021-IV. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: [.] la resolución interlocutoria de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notificado por lista el veintiocho del mismo mes y año, que resolvería el incidente de daños y perjuicios promovido en ejecución de sentencia, dictada dentro del juicio oral mercantil, expediente No. ****. Así mismo, en el capítulo de conceptos de violación, los quejosos precisan que el incidente de daños y perjuicios en comento se promovió bajo los siguientes argumentos: "Lo anterior ya que el incidente de Daños y Perjuicios, no se promovió en base a la Sentencia Definitiva, SI NO en base a la negativa del Amparo Directo promovido por la Tercero Interesado ***, es decir, la motivación del Incidente de DAÑOS Y PERJUICIOS, tiene su origen en la negativa del AMPARO DIRECTO al Tercero Interesado ****, a quien se le había otorgado la Suspensión Definitiva, y no en la Condena de la Sentencia Definitiva, basta ver que antes del capítulo de hechos del referido incidente se estableció "Que por medio del presente ocurso y en la VÍA INCIDENTAL, venimos a promover INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, ocasionados con motivo de la Suspensión Definitiva fundado en el artículo 156 de la Ley de Amparo; sirven de base y fundamento a la presente las siguientes consideraciones de hecho y derecho.", lo que lleva ver que el Incidente de Daños y Perjuicios no fue por condena de la Sentencia Definitiva, sino, en base a la negativa del Amparo Directo, donde se había concedido la suspensión definitiva, promovido por el banco tercero interesado." En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; ello es así, porque dicho acto fue dictado dentro de un juicio de amparo. En efecto, el precepto legal citado en el párrafo que antecede dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente en contra de resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En esas condiciones, se colige que para la actualización de la causal de improcedencia mencionada se necesita como requisito esencial que el acto reclamado derive de una resolución emitida en un juicio de amparo, así como aquéllas dictadas después de concluidos, las cuales se entienden emitidas dentro del juicio de amparo como medio de control constitucional, sin importar el momento en que la respectiva determinación se pronuncie, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Cabe señalar que lo anterior no implica la transgresión al derecho de contar con un recurso eficaz, puesto que la causal en estudio tiene como propósito establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica establecidos en los medios de control constitucional, mas no ocasiona que las respectivas resoluciones sean inimpugnables, pues para tal efecto se deben controvertir a través de los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, con las reglas establecidas para la substanciación de la instancia constitucional. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado se trata de un acto derivado de la tramitación de un juicio de amparo directo, hecho valer ante la autoridad responsable; por tanto, se ubica en la hipótesis prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, basta que el acto impugnado derive de un sumario constitucional, con independencia del estado en que se encuentre, como en el caso acontece. Se afirma lo anterior, pues de lo narrado en la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Los aquí quejosos promovieron demanda de objeción de pago de cheque por el pago de diversas prestaciones, en contra de ****; la que fue registrada con el número de juicio oral mercantil **** del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil en esta ciudad; el treinta de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria en dicho controvertido. 2. Inconforme con dicha determinación, la institución de crédito condenada promovió demanda de amparo directo, en el que se concedió la suspensión del acto reclamado al quejoso, quien exhibió la cantidad de cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 09/100 moneda nacional, para garantizar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de dicha suspensión se pudieran ocasionar. Dicho amparo uniinstancial fue registrado con el número ***** de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Decimosexto Circuito. 3. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se negó el amparo y protección de la justicia federal al banco quejoso en el referido amparo directo 388/2020. 4. Dada la negativa del amparo en comento, los ahora quejosos promovieron el incidente de daños y perjuicios -ocasionados con motivo de la suspensión del acto reclamado concedida en el amparo- ante el juez de Oralidad Mercantil que tramitó el juicio ****; autoridad que en resolución interlocutoria de veintisiete de abril de la presente anualidad determinó que tal incidente es improcedente. Este es el acto reclamado en esta instancia. Lo que, como se ve, se trata de un acto emitido en un juicio de amparo directo, pues en ese caso, la autoridad responsable funge con carácter de auxiliar de la justicia federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros interesados, la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento y los trámites acontecidos con motivo de la suspensión concedida. Motivo por el cual, al emanar ese acto de un juicio de amparo directo, es incuestionable que el juicio de amparo indirecto que ahora se intenta, deviene improcedente; sin que ello atente derecho alguno de la parte quejosa, pues como se dijo en párrafos precedentes, tiene a su alcance los medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo para ese tipo de determinaciones. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la misma Ley, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), publicada en septiembre de dos mil quince, libro 22, página 453, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****, número ***, en la colonia ****, en esta ciudad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción y registro de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ****, ***** y *****, en contra de actos del juez de Oralidad Mercantil de Celaya, Guanajuato; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la ley de la materia, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 326/2021-IV. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: [.] la resolución interlocutoria de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notificado por lista el veintiocho del mismo mes y año, que resolvería el incidente de daños y perjuicios promovido en ejecución de sentencia, dictada dentro del juicio oral mercantil, expediente No. ****. Así mismo, en el capítulo de conceptos de violación, los quejosos precisan que el incidente de daños y perjuicios en comento se promovió bajo los siguientes argumentos: "Lo anterior ya que el incidente de Daños y Perjuicios, no se promovió en base a la Sentencia Definitiva, SI NO en base a la negativa del Amparo Directo promovido por la Tercero Interesado ***, es decir, la motivación del Incidente de DAÑOS Y PERJUICIOS, tiene su origen en la negativa del AMPARO DIRECTO al Tercero Interesado ****, a quien se le había otorgado la Suspensión Definitiva, y no en la Condena de la Sentencia Definitiva, basta ver que antes del capítulo de hechos del referido incidente se estableció "Que por medio del presente ocurso y en la VÍA INCIDENTAL, venimos a promover INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, ocasionados con motivo de la Suspensión Definitiva fundado en el artículo 156 de la Ley de Amparo; sirven de base y fundamento a la presente las siguientes consideraciones de hecho y derecho.", lo que lleva ver que el Incidente de Daños y Perjuicios no fue por condena de la Sentencia Definitiva, sino, en base a la negativa del Amparo Directo, donde se había concedido la suspensión definitiva, promovido por el banco tercero interesado." En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; ello es así, porque dicho acto fue dictado dentro de un juicio de amparo. En efecto, el precepto legal citado en el párrafo que antecede dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente en contra de resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En esas condiciones, se colige que para la actualización de la causal de improcedencia mencionada se necesita como requisito esencial que el acto reclamado derive de una resolución emitida en un juicio de amparo, así como aquéllas dictadas después de concluidos, las cuales se entienden emitidas dentro del juicio de amparo como medio de control constitucional, sin importar el momento en que la respectiva determinación se pronuncie, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Cabe señalar que lo anterior no implica la transgresión al derecho de contar con un recurso eficaz, puesto que la causal en estudio tiene como propósito establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica establecidos en los medios de control constitucional, mas no ocasiona que las respectivas resoluciones sean inimpugnables, pues para tal efecto se deben controvertir a través de los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, con las reglas establecidas para la substanciación de la instancia constitucional. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado se trata de un acto derivado de la tramitación de un juicio de amparo directo, hecho valer ante la autoridad responsable; por tanto, se ubica en la hipótesis prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, basta que el acto impugnado derive de un sumario constitucional, con independencia del estado en que se encuentre, como en el caso acontece. Se afirma lo anterior, pues de lo narrado en la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Los aquí quejosos promovieron demanda de objeción de pago de cheque por el pago de diversas prestaciones, en contra de ****; la que fue registrada con el número de juicio oral mercantil **** del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil en esta ciudad; el treinta de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria en dicho controvertido. 2. Inconforme con dicha determinación, la institución de crédito condenada promovió demanda de amparo directo, en el que se concedió la suspensión del acto reclamado al quejoso, quien exhibió la cantidad de cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 09/100 moneda nacional, para garantizar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de dicha suspensión se pudieran ocasionar. Dicho amparo uniinstancial fue registrado con el número ***** de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Decimosexto Circuito. 3. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se negó el amparo y protección de la justicia federal al banco quejoso en el referido amparo directo 388/2020. 4. Dada la negativa del amparo en comento, los ahora quejosos promovieron el incidente de daños y perjuicios -ocasionados con motivo de la suspensión del acto reclamado concedida en el amparo- ante el juez de Oralidad Mercantil que tramitó el juicio ****; autoridad que en resolución interlocutoria de veintisiete de abril de la presente anualidad determinó que tal incidente es improcedente. Este es el acto reclamado en esta instancia. Lo que, como se ve, se trata de un acto emitido en un juicio de amparo directo, pues en ese caso, la autoridad responsable funge con carácter de auxiliar de la justicia federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros interesados, la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento y los trámites acontecidos con motivo de la suspensión concedida. Motivo por el cual, al emanar ese acto de un juicio de amparo directo, es incuestionable que el juicio de amparo indirecto que ahora se intenta, deviene improcedente; sin que ello atente derecho alguno de la parte quejosa, pues como se dijo en párrafos precedentes, tiene a su alcance los medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo para ese tipo de determinaciones. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la misma Ley, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), publicada en septiembre de dos mil quince, libro 22, página 453, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****, número ***, en la colonia ****, en esta ciudad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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