Brandon Torres Espinoza

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Brandon Torres Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dieciséis de junio del presente año, por el que se desechó la demanda promovida por ****, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, sede Celaya y base Apaseo el Grande, por medio del cual remite copia certificada del disco versátil digital DVD donde aduce obra la constancia de notificación electrónica realizada a los defensores particulares del quejoso; con lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en autos.

  3. Principal

    Escrito registrado con número 4659. Visto el escrito signado por *****, en su calidad de defensor particular y autorizado en términos amplios del quejoso *****, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en autos y al efecto da respuesta a los puntos contenidos en el proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad. Con lo anterior, se tiene por cumplida en tiempo y forma, la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento de la demanda de amparo. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañaron a estos últimos y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda y escrito aclaratorio, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el defensor público y autorizado del quejoso, en el apartado relativo al señalamiento del acto reclamado, precisó: La negativa a admitir a trámite el incidente de nulidad solicitado por la defensa por actos de investigación obtenidos ilícitamente, emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *****, del índice del juzgado de Control Penal de la Tercera Región con sede en Celaya, Guanajuato. La resolución del recurso de revocación que confirma la negativa a admitir a trámite el citado incidente de nulidad por actos de investigación obtenidos ilícitamente, dictada el tres de mayo de dos mil veintiuno. De igual forma, se precisa que la etapa procesal en que se encuentra la causa penal *****, es la de investigación complementaria. Una vez precisado lo anterior, se considera que en el caso procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. I. Desechamiento por sustitución procesal. En efecto, por lo que hace al acto reclamado precisado en el punto uno, este juzgado federal estima que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la determinación reclamada, al haber sido sustituida por la resolución que confirmó la negativa a dar trámite al incidente solicitado por la defensa por actos de investigación obtenidos ilícitamente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La anterior causa de improcedencia se actualiza en dos supuestos, por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Tiene ilustrativa aplicación la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". Ahora bien, de lo narrado por el defensor particular del aquí quejoso, así como de las constancias que allegó, se desprende que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, presentó por escrito ante el juez de control, la solicitud de tramitar incidente para que se declare la nulidad por actos de investigación obtenidos ilícitamente. Que a lo anterior recayó auto de la misma data que negó admitir a trámite el incidente relativo. Que inconforme, con la anterior determinación el defensor particular del aquí quejoso, promovió recurso de revocación, el cual se resolvió de plano en el sentido de confirmar el auto impugnado. En ese orden de ideas, si el acto reclamado lo constituye el acuerdo que niega dar trámite a un incidente de nulidad de pruebas, y posteriormente fue recurrido mediante el recurso de revocación el cual lo confirmó; es evidente que lo expuesto en el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que negó admitir a trámite el incidente propuesto por la parte quejosa, fue sustituido procesalmente por la resolución del recurso de revocación que confirma el auto impugnado, dado que esta es la que ahora rige, por lo que dejó de tener efectos lo expuesto en el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por lo que al citado acto concierne. II. Desechamiento de la demanda porque no se afectan derechos sustantivos. Por lo que hace al segundo acto reclamado, consistente en la resolución del recurso de revocación que confirma la negativa a admitir a trámite el citado incidente de nulidad por actos de investigación obtenidos ilícitamente, dictada el tres de mayo de dos mil veintiuno, el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, como se ponderó el acto reclamado consiste en la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se confirmó el auto de veintiocho de abril de igual año, que negó admitir incidente admitir a trámite el incidente de nulidad por actos de investigación obtenidos ilícitamente, interpuesto por el defensor del aquí quejoso; la cual se trata de un acto intraprocesal, que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal; que en el caso al tratarse del nuevo sistema penal, puede ser subsanado en diversa etapa, como en el caso que nos ocupa en la audiencia intermedia (al advertirse de la propia demanda de amparo, no ha sido llevada a cabo), pues se encuentra en la etapa de investigación complementaria, en la que se da la admisión y depuración probatoria previo al juicio oral, para posteriormente pasar a la etapa de juicio, donde se materializaría la afectación. Es decir, contra la determinación del juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron en forma ilícita, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 1ª. LIII/2018 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia Constitucional, Penal, página 958, de texto y rubro, siguientes: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." De igual forma, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 13/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, Agosto de 2020, tomo III, página 2434, registro digital 2021983, del siguiente rubro y texto. "INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS OBTENIDAS BAJO TORTURA, PROMOVIDO EN UN PROCESO PENAL MIXTO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SU IMPUGNACIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Dos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron de manera disímbola sobre si para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, aquella resolución constituye un acto en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, porque afecte materialmente derechos sustantivos. Al respecto, se determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, porque en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto contra actos dentro de juicio sólo procede cuando aquéllos sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos, categoría bajo la cual no se ubica la determinación del aludido medio de impugnación, cuyos alcances son los de impactar en derechos de índole procesal por incidir únicamente en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el juzgador al dictar sentencia; lo anterior adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido; ocasión en que el imputado podrá instar juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, una vez agotado el recurso que proceda, para determinar si existió tortura, así como dilucidar si ello afectó su defensa durante el proceso trascendiendo al resultado de la sentencia penal, como prevén los artículos 170, fracción I y 173, apartado A, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo que corrobora que aquel acto reclamado en amparo indirecto podría generar afectación únicamente a derechos de índole procedimental". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Sin que lo anterior implique violación a algún derecho humano consagrado en la constitución o en las normas internacionales como lo aduce el recurrente, pues se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia del juicio de amparo, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. Es más, el principio pro persona, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Sin que tampoco con la anterior determinación, de ninguna manera implique que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, ya que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos. En ese contexto, si el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del promovente; de ahí que no se surtan los requisitos exigidos por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que hacen procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que conduce desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente, señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente auto y los proveídos subsecuentes aun los de carácter personal, por medio de lista, en términos del numeral 29 del mismo ordenamiento legal. De igual forma, se le tiene como autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala, por así haberlo solicitado. Finalmente, se le tiene proporcionando los correos electrónicos que señala en el escrito que se provee, a fin de que se establezca un medio de comunicación en los casos que se estime procedente.

  4. Principal

    Visto el oficio signado electrónicamente por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato de la sede Celaya, por medio del cual señala que en atención a lo solicitado en la misiva que recibió el nueve de junio del presente año, ya remitió las constancias relativas a la causa penal ****. No obstante, se aclara que por auto de ocho de junio de la presente anualidad, únicamente se solicitó al juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato en esta ciudad, que por su conducto se notificara esa determinación y el diverso auto de fecha dos de junio actual a ****** y *****, quienes fungen como defensores de aquí quejoso en esa causa penal; por tanto, se le solicita nuevamente, que de no tener inconveniente se dé cumplimiento a lo solicitado, dentro del plazo de tres días, o bien manifieste el impedimento que tuviere para ello; en su caso remita las constancias relativas. Se le apercibe que de no hacerlo, o de no manifestar impedimento, se le impondrá una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que ***** o ****, acudan a imponerse del presente asunto, se les practique la notificación de los citados proveídos, por conducto del actuario de la adscripción.

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