Brandon Torres Espinoza

Expediente 742/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
742/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Brandon Torres Espinoza
  • Juez de Control Penal de Celaya, Guanajuayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo promovido por ******************** no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ese proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción y con fundamento en el numeral 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ambos supuestos una vez que transcurra tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia -en el expediente principal- y se concedió la medida tanto provisional, como definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el encargado de Sala del Juzgado Único de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con Sede en Celaya, mediante el cual informa que en el proceso penal 1P0620-1198, que se instruye en contra del quejoso, el ocho de febrero pasado se desahogó la audiencia inicial, en la que se dictó en favor del quejoso **********, auto de no vinculación a proceso por el delito de robo calificado en grado de tentativa; asimismo, dentro de dicha diligencia se emitió contra el imputado de merito, auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado y por el diverso delito de homicidio simple en grado de tentativa, cometidos en agravio de **********. A fin de acreditar lo anterior, se anexó al oficio de mérito un disco compacto grabado en formato DVD relativo a la audiencias de formulación de imputación celebrada el tres de febrero de dos mil veintiuno y de vinculación a proceso de ocho siguiente; documental pública que merece eficacia probatoria acorde a lo establecido por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del análisis de la referida constancia, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En el caso, el acto combatido de manera destacada consistió en la orden de aprehensión, librada en contra del quejoso **********, así como su ejecución. Este mandamiento de captura se atribuye al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya-como autoridad ordenadora-, y director general de la Policía Municipal (rendido por el comisario de la Dirección General de Policía Municipal, con residencia en esta ciudad), director de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPES (rendido por el encargado del despacho de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital), fiscal Regional de la Región "C" de esta ciudad (rendido por el encargado del despacho de la Fiscalía Regional "C")-como autoridades ejecutoras-. En relación con el mandato de captura, la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, aceptó la existencia del acto reclamado, pues del contenido del informe justificado (acordado el 5 de enero pasado) informó lo siguiente: "Sí es cierto el acto reclamado de esta autoridad, pues en este Juzgado de Oralidad se encuentra radicada la causa penal número 1P0620-1198, derivada de la carpeta de investigación número 71332/2020, iniciada en contra de Brandon Torres Espinoza y otro, en la cual, en audiencia privada celebrada el día 10 diez de octubre de la presente anualidad, se giró orden de aprehensión a **********, por atribuírsele su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como los delitos de robo calificado, previsto por el artículo 191 fracción II, en relación con el artículo 194 fracciones I y VI, y con los numerales 13 y 20 párrafo primero, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, y tentativa de homicidio calificado, previsto por el artículo 138 y sancionado por el 140, en relación con el 153 fracción I tercer supuesto, además de con los numerales 18, 13 y 20 párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, todos cometidos en agravio de **********. Determinación que se emitió conforme a derecho al resultar procedente la petición de la Agente del Ministerio Público, respecto de dichos delitos, conforme al artículo 16 de la Constitución Política Federal, el artículo 6 de la Constitución del Estado de Guanajuato, en relación a los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Orden de aprehensión girada que se encuentra pendiente por cumplimentar". Posteriormente, el juez responsable informó mediante oficio JOCEL/1015/2021 acordado en este proveído, que al quejoso **********, se le dictó auto de no vinculación a proceso por el delito de robo calificado en grado de tentativa; asimismo, dentro de dicha audiencia se emitió contra el imputado de merito, auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, así como por el diverso delito de homicidio simple en grado de tentativa, dentro de la causa penal subyacente 1P0620-1198. Para corroborar la anterior situación, el juez del conocimiento allegó al sumario la constancia relativa generada con motivo de audiencia inicial, específicamente, diligencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno donde se dictó el auto de vinculación a proceso en comento; documental debidamente valorada en este proveído. En ese sentido, de la documental en cita se colige que el juez natural resolvió la situación jurídica del quejoso dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden de aprehensión impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de vinculación a proceso y de no vinculación, dictados en contra del quejoso, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. El sobreseimiento se hace extensivo a las diversas autoridades que el quejoso señaló, dada su calidad de ejecutoras. Lo anterior torna innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte tercero interesada respecto de la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno que a la letra dice: Por recibido el oficio signado por el encargado de Sala del Juzgado Único de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con Sede en Celaya, mediante el cual informa que en el proceso penal 1P0620-1198, que se instruye en contra del quejoso, el ocho de febrero pasado se desahogó la audiencia inicial, en la que se dictó en favor del quejoso **********, auto de no vinculación a proceso por el delito de robo calificado en grado de tentativa; asimismo, dentro de dicha diligencia se emitió contra el imputado de merito, auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado y por el diverso delito de homicidio simple en grado de tentativa, cometidos en agravio de **********. A fin de acreditar lo anterior, se anexó al oficio de mérito un disco compacto grabado en formato DVD relativo a la audiencias de formulación de imputación celebrada el tres de febrero de dos mil veintiuno y de vinculación a proceso de ocho siguiente; documental pública que merece eficacia probatoria acorde a lo establecido por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del análisis de la referida constancia, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En el caso, el acto combatido de manera destacada consistió en la orden de aprehensión, librada en contra del quejoso **********, así como su ejecución. Este mandamiento de captura se atribuye al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya-como autoridad ordenadora-, y director general de la Policía Municipal (rendido por el comisario de la Dirección General de Policía Municipal, con residencia en esta ciudad), director de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPES (rendido por el encargado del despacho de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital), fiscal Regional de la Región "C" de esta ciudad (rendido por el encargado del despacho de la Fiscalía Regional "C")-como autoridades ejecutoras-. En relación con el mandato de captura, la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, aceptó la existencia del acto reclamado, pues del contenido del informe justificado (acordado el 5 de enero pasado) informó lo siguiente: "Sí es cierto el acto reclamado de esta autoridad, pues en este Juzgado de Oralidad se encuentra radicada la causa penal número 1P0620-1198, derivada de la carpeta de investigación número 71332/2020, iniciada en contra de Brandon Torres Espinoza y otro, en la cual, en audiencia privada celebrada el día 10 diez de octubre de la presente anualidad, se giró orden de aprehensión a **********, por atribuírsele su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como los delitos de robo calificado, previsto por el artículo 191 fracción II, en relación con el artículo 194 fracciones I y VI, y con los numerales 13 y 20 párrafo primero, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, y tentativa de homicidio calificado, previsto por el artículo 138 y sancionado por el 140, en relación con el 153 fracción I tercer supuesto, además de con los numerales 18, 13 y 20 párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, todos cometidos en agravio de **********. Determinación que se emitió conforme a derecho al resultar procedente la petición de la Agente del Ministerio Público, respecto de dichos delitos, conforme al artículo 16 de la Constitución Política Federal, el artículo 6 de la Constitución del Estado de Guanajuato, en relación a los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Orden de aprehensión girada que se encuentra pendiente por cumplimentar". Posteriormente, el juez responsable informó mediante oficio JOCEL/1015/2021 acordado en este proveído, que al quejoso **********, se le dictó auto de no vinculación a proceso por el delito de robo calificado en grado de tentativa; asimismo, dentro de dicha audiencia se emitió contra el imputado de merito, auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, así como por el diverso delito de homicidio simple en grado de tentativa, dentro de la causa penal subyacente 1P0620-1198. Para corroborar la anterior situación, el juez del conocimiento allegó al sumario la constancia relativa generada con motivo de audiencia inicial, específicamente, diligencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno donde se dictó el auto de vinculación a proceso en comento; documental debidamente valorada en este proveído. En ese sentido, de la documental en cita se colige que el juez natural resolvió la situación jurídica del quejoso dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden de aprehensión impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de vinculación a proceso y de no vinculación, dictados en contra del quejoso, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. El sobreseimiento se hace extensivo a las diversas autoridades que el quejoso señaló, dada su calidad de ejecutoras. Lo anterior torna innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el oficio que suscribe el encargado de sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, mediante el cual informa que el tres de los corrientes se verificó la audiencia de formulación de imputación en contra del quejoso a quien se concedió la prórroga de plazo constitucional de 144 horas, solicitada, a fin de que se desahoguen los datos de prueba correspondientes; además, informa que se señalaron las diez horas con treinta minutos del ocho de los corrientes para resolver las situación jurídica del aquí promovente. Agréguese para los efectos legales conducentes.

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