Braulio Gervacio Amezquita

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Braulio Gervacio Amezquita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 425/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado al siguiente día hábil -veintiocho de junio siguiente- a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ************ autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- El Acto Reclamado.- De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, señalo como acto reclamado la Resolución Interlocutoria de fecha 03 tres de Junio del año 2021 dos mil veintiuno, notificado por lista el día 04 del mismo mes y año, que resolvía el Incidente de Gastos y Costas, promovido en Ejecución de Sentencia, dictada dentro del Juicio Oral Mercantil, expediente No.- SOM-********." "III.- Las autoridades responsables.- la constituyen como Ordenadora y Ejecutora, el C. Juez de Oralidad Mercantil de la ciudad de Celaya, Guanajuato." Acto que la parte quejosa consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 7 a 9 vuelta), este juzgado admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 425/2021-5; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, tuvo como tercera interesada a la institución bancaria denominada ************, quien luego de ser emplazada a este sumario por conducto del juez responsable, se apersonó a través de su apoderado *************, lo que se acordó por auto de nueve de julio de la presente anualidad (foja 99 a 119 y vuelta); asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues los actos reclamados derivan de un procedimiento jurisdiccional en materia mercantil que se tramita en Celaya, Guanajuato, donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintiuno dictada en el expediente mercantil ********* del índice del Juzgado Regional Oral Mercantil en Celaya, Guanajuato, por el que resolvió el incidente de gastos y costas interpuesto en dicho controvertido por el hoy quejoso. El anterior acto le es reclamado a la autoridad responsable: 1. Juez Regional Oral Mercantil en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable (foja 14), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la documental que la autoridad responsable acompañó a su respectivo informe de ley, consistente en copias certificadas de constancias procesales del expediente mercantil **********; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más relevantes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado Regional Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, se sustanció el juicio oral mercantil ************, iniciado por ************ en contra de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del Grupo Financiero Banamex (fojas 15 a 52). 2. Ese contradictorio concluyó con sentencia de treinta de julio de dos mil veinte, donde se resolvió que la parte actora acreditó su acción y que la parte reo no demostró sus excepciones; por tanto, se condenó a la demandada al pago de ********** pesos por concepto de suerte principal; al pago de intereses; y al pago de costas generadas por esa instancia; en cambio se le absolvió del pago de novecientos pesos más I.V.A., por concepto de daños (fojas 61 a 67 vuelta). 3. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por **********, con lo cual se ordenó dar vistas a la reo incidentista por un término legalmente computado de tres días, a fin de que expresara lo que a su interés convenga (fojas 81 y vuelta). 4. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno se tuvo a ***********, como apoderado de la demandada, por contestando la vista ordenada en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en relación con el incidente de liquidación de gastos y costas (foja 91 y vuelta). 5. Por resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió que la parte actora incidentista no acreditó los elementos constitutivos de su pretensión; por tanto, que resultó improcedente el incidente de costas procesales y dejó a salvo los derechos de la actora para que formule su planilla con apego a la ley de la materia; y condenó a la actora al pago de costas procesales que se hayan generado a la demandada ************* con motivo del trámite de dicho incidente (fojas 91 a 94). Esta es la resolución reclamada en forma destacada en este asunto constitucional. Las consideraciones en que se sustentó la determinación cuestionada, esencialmente son: -Que ************* hace valer el cobro de gastos y costas pretendiendo el pago de la cantidad de treinta y cinco mil pesos, por concepto de honorarios, los que pactó y pagó a quienes le prestaron servicios profesionales (asesores legales); así como la cantidad de diez mil pesos por el pago realizado a su perito. Que exhibió junto con su regulación el contrato de prestación de servicios profesionales de doce de marzo de dos mil veinte, copia certificada del título y cédula profesional de dos profesionistas, así como cuatro recibos de dinero. -Que la demandada al contestar la vista incidental, hizo la observación en el sentido de que la actora pretende el pago de los honorarios que dicha parte pactó con sus asesores jurídicos; que se opone a ese pago. Además, que el recibo expedido por la perito no reúne requisitos de ley. -Que como la actora no presentó realmente una planilla de liquidación con base en las distintas fracciones del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, con el desglose pertinente que a cada concepto corresponde, sino que pretende el pago de los honorarios que dicha parte dice pagó a sus asesores legales con base en el contrato privado de prestación de servicios exhibido al sumario y con su perito, por lo cual, acotó el juez responsable, no es posible establecer condena alguna sobre costas procesales, habida cuenta que el pago que pretende no está incluido en el precepto legal a que se hacer referencia. -Que Además, ninguno de los cuatro recibos que presentó reúnen los requisitos previstos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentran la impresión en formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombre del comerciante o prestador de servicio, la fecha de la impresión, número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente (tales como RFC y domicilio fiscal) entre otros. -Agregó que de conformidad con el artículo 2606 del Código Civil Federal "El que presta y el que recibe los servicios profesionales; pueden fijar, de común acuerdo retribución debida por ellos.". Por tanto, precisó en el acto reclamado, el contrato que exhibe la parte actora incidentista no se ajusta a lo establecido en el numeral 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dejó a salvo los derechos de la parte actora para que formule planilla con apego a ley de la materia y condenó a dicha parte al pago de costas procesales que se hayan generado a la parte reo por la sustanciación de ese incidente (fojas 92 a 94). QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación. Cabe indicar que este asunto se resolverá conforme a los planteamientos formulados por la parte quejosa, en razón de que el caso no se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja; por tanto, en el particular será resuelto bajo la perspectiva del principio de estricto derecho. Aduce la parte quejosa en un segmento del "ÚNICO" concepto de violación que la resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, porque omitió hacer la interpretación normativa más favorable a la persona. Que tanto los pagos realizados a los abogados como a la perito, son considerados dentro de los gastos erogados en el trámite del procedimiento. Que la resolución reclamada vulnera lo dispuesto por los numerales 1 y 2 de la Ley Arancelaria, habida cuenta que el primero de los preceptos en cita estatuye los requisitos que debe reunir el contrato de prestación de servicios; mientras que el segundo numeral estable que solo a falta de contrato o convenio se regirá por la ley citada. Afirma la parte quejosa que los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales, son los que originaron los gastos erogados por la parte vencedora en el juicio de donde deriva el acto reclamado; que es lo que la autoridad responsable debió atender, en lugar de que se estableciera una planilla de liquidación de gastos y costas en términos del artículo 15 de la ley arancelaria. Además, sostiene la parte agraviada, que la resolución reclamada vulnera el numeral 9 de la referida legislación porque en el contrato de prestación de servicios se establecieron honorarios conforme al convenio que hubo entre el profesionista y cliente. Asimismo argumenta que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, rigen solo para el caso en que no exista convenio, o bien cuando no haya forma de probar el gasto erogado, lo que no sucede en el caso, puesto que existe un contrato de prestación de servicios profesionales -con requisitos de ley-, en donde se fijó el gasto que el quejoso erogó en el juicio natural, por lo que no debe presentar planilla de liquidación. Son infundados los anteriores planteamientos. Lo infundado de la causa de pedir en trato deriva de que la parte quejosa parte de una premisa inexacta, al interpretar que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, rigen solo para el caso en que no exista convenio, o bien cuando no haya forma de probar el gasto erogado; y que en el particular no sucede tal situación, según la apreciación de la parte agraviada, puesto que existe un contrato de prestación de servicios profesionales -con requisitos de ley-, en donde se fijó el gasto que se erogó en el juicio natural. Es así porque esa premisa es válida solo para cuando el litigio se suscita entre abogado patrono y su cliente, empero no entre contrapartes que pretenden la liquidación de costas procesales. Para corroborar lo anterior conviene mencionar que la Primera Sala del máximo tribunal en este país ha establecido, en criterio vinculatorio, que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Así también que la finalidad del incidente de liquidación es que se determine concretamente la cantidad por la cual debe despacharse ejecución, por tanto, es obvio que el monto que al efecto se determine debe ajustarse a la condena decretada, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente las bases que para ese fin se desprendan del fallo principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. A fin de dar cumplimiento a dichos principios, juega un papel importante la función del juez como director del proceso, porque debe velar porque la materia de la sentencia que se pretende liquidar en el incidente no se anule ni se rebase, y corresponda a los conceptos sobre los cuales en forma genérica se hizo la condena, según su naturaleza jurídica y las reglas que los rijan. Por tanto, dicha función faculta al juez para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, mediante el análisis previo de su justificación, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas requeridas para la ejecución de la sentencia. En sustenta lo anterior, es de invocarse el criterio inmerso en la jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que con el número 35/97, publicada en la página 126, del tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA" Así, el juez no está obligado a decidir sólo respecto de alguna de las posiciones asumidas por las partes en el incidente, sino que debe determinar lo que corresponda, conforme a la sentencia, y las normas que rijan la materia respectiva. De igual forma, es relevante establecer qué se entiende por costas procesales. Para ello es menester mencionar que ha sido criterio del máximo tribunal de este país que las costas procesales se componen tanto de los honorarios de los abogados y procuradores, como de los gastos propiamente dichos, que se causen en la substanciación de un asunto judicial. Por las razones que la informan, se invoca la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XCI, página 945, de rubro y texto: "COSTAS Y GASTOS DE JUICIO. Las costas en materia civil comprenden, tanto los honorarios de los abogados y procuradores, como los gastos propiamente dichos, que se causen en la substanciación de un negocio, ya que no existe distinción entre costas y gastos del juicio. Esta tesis, sostenida por la Suprema Corte de Justicia en ejecutoria anterior, se encuentra apoyada por la doctrina de los autores, entre los que puede citarse a Manuel de la Plaza ("Derecho Procesal Civil Español", página 522)." Ahora bien, cabe acotar que las costas procesales y el pago de los honorarios por los servicios profesionales de un abogado, son conceptos diferentes. Las costas procesales son materia de condena que impone el juez con motivo de la tramitación de un juicio y su pago se decreta generalmente en perjuicio de la parte vencida, siendo su objeto el resarcir a la contraria de los gastos y erogaciones que hubiere hecho por el trámite judicial en que intervino; así pues, las costas se integran por los honorarios del abogado de la parte vencedora, así como por todos aquellos gastos y expensas que se hubieren realizado con motivo del procedimiento judicial. Es de invocarse la tesis de Quinta Época sustentada por la Tercera Sala del máximo tribunal de este país, legible en la página 2177 del Tomo LI, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio; el fundamento de la condena en costas, según Chiovenda, es el hecho objetivo de la derrota del litigante y su justificación se encuentra en la actuación de la ley, no debiendo representar una disminución patrimonial para la parte que obtiene como demandante o demandado, toda vez que los derechos de litigio, deben tener un valor puro y constante; según Carnelutti, la responsabilidad procesal representa un remedio extremo contra el afán de litigar y conviene utilizarlo cuando no se puedan adoptar otros menos costosos y debe correr a cargo del litigante temerario en contraste con la libertad que se concede para proponer acciones y excepciones que carezcan de fundamento. Como se ve, la doctrina confiere un carácter netamente procesal o la condena en costas, puesto que necesita indispensablemente la existencia de un procedimiento judicial para que, causadas, se defina la responsabilidad de quien deba indemnizarlas; pero esta conclusión, exacta por lo que se refiere al aspecto procesal del asunto, no evita ni deja sin valor el origen contractual de las responsabilidades del que ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones, porque es precisamente el incumplimiento de una obligación, lo que hace que los interesados ocurran ante las autoridades judiciales, excitando su jurisdicción, para decidir las controversias que pueden suscitarse. Es por ello por lo que también en el Código Civil se encuentran disposiciones que se refieren al pago de los gastos judiciales, que tienen el mismo significado de las costas, e impone la obligación de indemnizarlos al que haya faltado al cumplimiento de su obligación; de tal manera que cuando ésta se hace exigible y para lograr su cumplimiento se haga necesaria la intervención del Juez y éste pronuncie sentencia declarando procedente la acción, es indudable que debe establecerse la condena en costas, porque están llenados todos los requisitos que tuvo en cuenta el legislador para imponer esa responsabilidad al que hubiere sido condenado en un juicio ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sin que por el hecho de que el demandado hubiere solventado su obligación, antes de pronunciarse sentencia, deba omitirse la condena en costas, con fundamento en el artículo 404 del propio código, que se refiere al caso en el que demandado haga confesión expresa respecto a toda la demanda y que impone al Juez la obligación de otorgar en la sentencia, un plazo de gracia al deudor y a reducir las costas, porque este precepto únicamente establece la reducción de las costas, por la forma y manera en que se desarrolla la relación procesal; ya que la confesión del demandado impide el litigio y amerita pronunciar sentencia desde luego, pero sin que esto quiera decir que no se hubieren causado los gastos necesarios durante el procedimiento, para que el deudor cumpliera con las obligaciones que se le exigieron en la demanda." En cambio, los honorarios son la contraprestación por los servicios profesionales que brindan los abogados, y el derecho a cobrarlos deriva de lo convenido entre el perito en derecho y su cliente, y a falta de estipulación o convención entre estos, el pago de honorarios debe regirse por la ley arancelaria respectiva. Por ello, también se concluye que las costas son una cuestión de índole procesal, en tanto que los honorarios profesionales, por el patrocinio judicial, son de naturaleza contractual; empero entre el profesional del Derecho y su cliente. Es sustento de lo que precede la tesis 2a. CLIV/2000, consultable en la página 443 del Semanario Judicial de la y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y COSTAS DEL JUICIO, SON FIGURAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme a lo dispuesto en los artículos 88 a 97 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, las costas del juicio proceden de una condena procesal que impone el Juez, generalmente a la parte vencida, con objeto de resarcir a su contraria de todos los gastos y expensas que hubiere anticipado con motivo de la tramitación del juicio. Las costas se integran por: a) los honorarios del o los abogados de la parte vencedora y b) todos los gastos y expensas que se otorguen con motivo de la tramitación del juicio, excluyendo los inútiles o superfluos. Por otro lado, los honorarios de los abogados derivan de una cláusula natural del contrato de prestación de servicios profesionales en la que se pacta, entre abogado y cliente, el precio del servicio quota litis y a falta de dicho acuerdo de voluntades, el legislador ha dispuesto que la tasación del servicio respectivo debe calcularse con base en el Arancel de Abogados (artículos 2499 y 2500 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 1o. del Arancel de Abogados de dicha entidad). De lo anterior, se advierte que mientras las costas provienen de un acto procesal propio del juicio civil, los honorarios constituyen un pacto de derecho privado regido por las reglas del derecho civil; por tanto, no es válido considerar a las costas como sinónimo de honorarios, pues evidentemente, la naturaleza jurídica de ambas figuras es distinta." Es indispensable acotar que aun cuando los honorarios como parte integrante de las costas, deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales, no puede soslayarse la naturaleza de sanción procesal que constituye dicha condena, por lo que se deberá determinar el costo del servicio prestado en el juicio, a través del incidente de liquidación con base en la ley arancelaria correspondiente. En ese tenor el contrato celebrado entre la parte que obtuvo condena favorable, con su abogado que lo asistió, que eventualmente se acompañe al incidente, no es el idóneo para regular el monto de las costas en esa etapa, ya que solo vincula a los contratantes que en él intervinieron, por lo que sus cláusulas no pueden obligar de manera alguna a quien se condenó a su pago, pues no participó en su celebración. Por ende, a fin de que se pueda determinar y regular en cantidad líquida dicha condena, deberá ajustarse a lo previsto por la ley arancelaria; empero no así al contrato de prestación de servicios. En respaldo del anterior aserto se invoca la tesis II.2º.C.199 C, consultable en la página 1254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "COSTAS. LOS HONORARIOS DE ABOGADOS EN LOS JUICIOS SE SUJETARÁN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARANCEL PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS JUDICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, Y NO AL CONVENIO CELEBRADO. De una interpretación armónica de los artículos 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y el 3o. de la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México, se aprecia que la condena al pago de las costas comprende el pago de los honorarios del abogado, siempre y cuando fuere titulado, cuyo monto se determinará de conformidad con lo establecido por la ley de arancel citada. Consecuentemente, cuando se celebra un convenio respecto de la prestación de servicios profesionales para que el abogado sea asesor en un juicio, el convenio únicamente constriñe al abogado con su cliente, y la relación jurídica no puede ampliarse hacia un tercero que es la contraparte y que no convino con él los honorarios; por lo tanto, el pago de costas referentes a éstos del abogado lo va a regir el arancel correspondiente y no el acuerdo de voluntades celebrado, aun cuando el ordenamiento relativo establezca por dicho concepto cantidades inferiores a las pactadas en el convenio celebrado." Por otra parte, conviene mencionar que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, disponen: "Artículo 13. Dentro de los extremos del arancel de esta ley, los honorarios profesionales reclamados por los abogados o los notarios, se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaron, a las condiciones pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación que tenga adquirida el que lo ha prestado." "Artículo 15. En los juicios civiles y mercantiles, por concepto de honorarios profesionales, o en su caso por concepto de costas procesales se cobrará: I. De cinco a veinte salarios, por la vista de actuaciones judiciales, expedientes administrativos o cualquiera otra clase de documentos; II. De dos a diez salarios, por conferencias o consultas. Si se diere dictamen por escrito, de cinco a veinte salarios; III. Hasta un 5% de lo que se controvierta, por los escritos de demanda y contestación en que se opongan excepciones. En los negocios no valuables en dinero se cobrará según su importancia y dificultad, de diez a cien salarios; IV. Un salario, por escritos de mero trámite; V. De cuatro a diez salarios, por escritos en que se promueva o conteste un incidente o se interponga un recurso; VI. De dos a cinco salarios, por escritos en que se solicite recepción de pruebas; VII. Cinco salarios, por interrogatorios de preguntas, de repreguntas y de posiciones; VIII. De cinco a diez salarios, por asistencia a juntas, audiencias, almonedas, remates o cualquiera otra diligencia judicial o administrativa; IX. Un día de salario, por notificación en cualquier forma que se haga, y X. De dos a cinco salarios, por alegatos o informes a la vista, cuando se presenten apuntes, en el principal o en incidentes de difícil derecho, o en recursos. Además de los montos en dinero que resulten aplicando la tarifa anterior, a los trabajos desempeñados, se "cobrará sobre el monto de la suerte principal hasta un 10%. En negocios no valuables en dinero, el aumento sobre el monto de los trabajos desempeñados, de acuerdo a este artículo, podrá ser hasta de otro tanto más." De la interpretación de los dispositivos legales transcritos, se colige que el artículo 13 de la Ley Arancelaria, expresamente regula "los honorarios profesionales reclamados por los abogados o los notarios", los que con base en los aranceles de la propia Ley, serán regulados atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaron, a las condiciones pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación que tenga adquirida el que lo ha prestado. Es decir, será aplicable dicha disposición normativa para el caso de controversia entre abogado y cliente, no para liquidar entre partes victoriosa y perdedora la condenada en costas. En cambio, el diverso numeral 15 de la invocada ley arancelaria, reglamenta la liquidación de las costas procesales -entre estas erogaciones, las relativas a gastos por asesoramiento jurídico-. Con base en el anterior contexto se concluye lo infundado del concepto de violación en trato, pues no es legalmente posible, como lo pretende la parte agraviada, que en el incidente de liquidación sobre costas procesales de origen, se tome en cuenta el contrato de prestación de servicios profesionales que firmó la parte vencedora con su asesor jurídico, toda vez que dicho pacto de voluntades solo vincula a sus contratantes, mas no así a la contraparte del ahora quejoso, porque la parte vencida no participó en su celebración y por ende no le vincula. Además, como se expuso, las costas procesales se conforman por los gastos que erogó la parte victoriosa en juicio, entre esos gastos se incluyen los erogados con motivo de la contratación de asesores jurídicos; sin embargo, como se explicó, y como se sostiene en la resolución reclamada, para calcular y liquidar esos gastos se debe ajustar a lo previsto por el artículo 15 la ley arancelaria; pero no a lo que estipulado en el contrato de cuota litis exhibido por la parte quejosa al incidente de origen. De ahí lo infundado del motivo de disenso en trato. En otro aspecto, en un diverso segmento del único concepto de violación, indica la parte quejosa que los recibos son comprobantes de que se entregó el dinero a los profesionistas referidos en el contrato de prestación de servicios, por tanto, son prueba de que pagó a terceros por el juicio de donde deriva el acto reclamado; por tanto, que no se le puede exigir que esos recibos contengan los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, pues fueron expedidos por terceros, que contienen su respectiva firma original. Además, que ni el Código Civil para el Estado de Guanajuato que regula la prestación de servicios profesionales, ni la ley arancelaria exigen que los recibos de mérito deben cumplir con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. Son infundados los planteamientos que preceden. De conformidad con los artículos 2119 a 2128 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, Título Décimo, Capítulo I "De la prestación de servicios profesionales", se considera servicio profesional aquel por el que una persona llamada profesionista, se obliga a prestar determinados servicios que requieren una preparación técnica o un título profesional a otra persona llamada cliente, quien se obliga a pagar una retribución denominada honorarios. Así los profesionistas expiden como comprobante del pago de los servicios profesionales prestados un "recibo de pago de honorarios"; mientras que los comerciantes expiden como comprobante del pago por la enajenación de algún producto, una factura. Sin embargo, a partir del uno de enero de dos mil catorce, el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) es obligatorio para todos los contribuyentes -comerciantes y profesionistas- de conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, por lo que a partir de esa fecha todas las personas contribuyentes, están obligadas a emitir comprobantes fiscales por la realización de la totalidad de sus actividades económicas, de modo que la emisión de dichos documentos ya no es exclusiva o inherente a la realización de actos de comercio. Ahora, acorde al principio de legalidad inmerso en el artículo 16 constitucional, los recibos de pago de honorarios, serán legalmente válidos si se ajustan a lo establecido en los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Tales dispositivos legales establecen, en lo que ahora interesa: "Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes. (.)". "Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. (.)." En la especie, la parte quejosa exhibió al incidente de liquidación de costas procesales tres recibos denominados "recibo de dinero"; expedidos -dos de estos por *********** a favor del quejoso, en datas doce de marzo y cinco de agosto, ambos de dos mil veinte, por las cantidades respectivamente de ************. El tercer recibo expedido por ***********, el dos de septiembre de dos mil veinte, a favor del quejoso, por la cantidad *********l pesos -en todos estos recibos se mencionó como concepto, el seguimiento al expediente judicial iniciado en contra de la institución bancaria **********-. Asimismo, exhibió un cuarto recibo de pago fechado el veintinueve de julio de dos mil veinte, expedido por la perito ********** a nombre del agraviado por la suma de ********* pesos como pago por elaboración de dictamen (fojas 79 y 80). Ahora, es verdad que ni el Código Civil para el Estado de Guanajuato ni la mencionada la ley arancelaria exigen que los recibos de pago cumplan con ciertos requisitos legales para su cobro por concepto de costas procesales; sin embargo, el Código Fiscal de la Federación sí lo prevé en tanto que es la codificación que regula qué elementos o requisitos deben contener todos los comprobantes que expidan los contribuyentes con motivo del ejercicio de su actividad económica preponderante, sean comerciantes o prestadores de servicios profesionales, de otra forma, se fomentaría la cultura de la ilegalidad. Además, de aceptar que es innecesario que los recibos de pago cumplan con requisitos legales, es tanto como asumir que basta con presentarlos para en que automático el juez liquide por las cantidades que ahí se consignen, sin tener elementos mínimos que otorguen cierta seguridad jurídica de que las cantidades ahí consignadas son reales, ciertas o ajustadas a los parámetros de mercado de bienes y servicios. De ahí que se estime ajustado a Derecho que el juez natural exija que los recibos de pago cumplan con requisitos de ley, a fin de otorgar seguridad jurídica al resolver sobre la liquidación sometida a su potestad. Motivos los anteriores por los que se estiman infundados los conceptos de violación en examen. En las relatadas condiciones, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra del acto de la autoridad, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que establece: "Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 425/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado al siguiente día hábil -veintiocho de junio siguiente- a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ************ autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- El Acto Reclamado.- De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, señalo como acto reclamado la Resolución Interlocutoria de fecha 03 tres de Junio del año 2021 dos mil veintiuno, notificado por lista el día 04 del mismo mes y año, que resolvía el Incidente de Gastos y Costas, promovido en Ejecución de Sentencia, dictada dentro del Juicio Oral Mercantil, expediente No.- SOM-********." "III.- Las autoridades responsables.- la constituyen como Ordenadora y Ejecutora, el C. Juez de Oralidad Mercantil de la ciudad de Celaya, Guanajuato." Acto que la parte quejosa consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 7 a 9 vuelta), este juzgado admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 425/2021-5; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, tuvo como tercera interesada a la institución bancaria denominada ************, quien luego de ser emplazada a este sumario por conducto del juez responsable, se apersonó a través de su apoderado *************, lo que se acordó por auto de nueve de julio de la presente anualidad (foja 99 a 119 y vuelta); asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues los actos reclamados derivan de un procedimiento jurisdiccional en materia mercantil que se tramita en Celaya, Guanajuato, donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintiuno dictada en el expediente mercantil ********* del índice del Juzgado Regional Oral Mercantil en Celaya, Guanajuato, por el que resolvió el incidente de gastos y costas interpuesto en dicho controvertido por el hoy quejoso. El anterior acto le es reclamado a la autoridad responsable: 1. Juez Regional Oral Mercantil en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable (foja 14), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la documental que la autoridad responsable acompañó a su respectivo informe de ley, consistente en copias certificadas de constancias procesales del expediente mercantil **********; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más relevantes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado Regional Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, se sustanció el juicio oral mercantil ************, iniciado por ************ en contra de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del Grupo Financiero Banamex (fojas 15 a 52). 2. Ese contradictorio concluyó con sentencia de treinta de julio de dos mil veinte, donde se resolvió que la parte actora acreditó su acción y que la parte reo no demostró sus excepciones; por tanto, se condenó a la demandada al pago de ********** pesos por concepto de suerte principal; al pago de intereses; y al pago de costas generadas por esa instancia; en cambio se le absolvió del pago de novecientos pesos más I.V.A., por concepto de daños (fojas 61 a 67 vuelta). 3. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por **********, con lo cual se ordenó dar vistas a la reo incidentista por un término legalmente computado de tres días, a fin de que expresara lo que a su interés convenga (fojas 81 y vuelta). 4. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno se tuvo a ***********, como apoderado de la demandada, por contestando la vista ordenada en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en relación con el incidente de liquidación de gastos y costas (foja 91 y vuelta). 5. Por resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió que la parte actora incidentista no acreditó los elementos constitutivos de su pretensión; por tanto, que resultó improcedente el incidente de costas procesales y dejó a salvo los derechos de la actora para que formule su planilla con apego a la ley de la materia; y condenó a la actora al pago de costas procesales que se hayan generado a la demandada ************* con motivo del trámite de dicho incidente (fojas 91 a 94). Esta es la resolución reclamada en forma destacada en este asunto constitucional. Las consideraciones en que se sustentó la determinación cuestionada, esencialmente son: -Que ************* hace valer el cobro de gastos y costas pretendiendo el pago de la cantidad de treinta y cinco mil pesos, por concepto de honorarios, los que pactó y pagó a quienes le prestaron servicios profesionales (asesores legales); así como la cantidad de diez mil pesos por el pago realizado a su perito. Que exhibió junto con su regulación el contrato de prestación de servicios profesionales de doce de marzo de dos mil veinte, copia certificada del título y cédula profesional de dos profesionistas, así como cuatro recibos de dinero. -Que la demandada al contestar la vista incidental, hizo la observación en el sentido de que la actora pretende el pago de los honorarios que dicha parte pactó con sus asesores jurídicos; que se opone a ese pago. Además, que el recibo expedido por la perito no reúne requisitos de ley. -Que como la actora no presentó realmente una planilla de liquidación con base en las distintas fracciones del artículo 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, con el desglose pertinente que a cada concepto corresponde, sino que pretende el pago de los honorarios que dicha parte dice pagó a sus asesores legales con base en el contrato privado de prestación de servicios exhibido al sumario y con su perito, por lo cual, acotó el juez responsable, no es posible establecer condena alguna sobre costas procesales, habida cuenta que el pago que pretende no está incluido en el precepto legal a que se hacer referencia. -Que Además, ninguno de los cuatro recibos que presentó reúnen los requisitos previstos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentran la impresión en formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombre del comerciante o prestador de servicio, la fecha de la impresión, número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente (tales como RFC y domicilio fiscal) entre otros. -Agregó que de conformidad con el artículo 2606 del Código Civil Federal "El que presta y el que recibe los servicios profesionales; pueden fijar, de común acuerdo retribución debida por ellos.". Por tanto, precisó en el acto reclamado, el contrato que exhibe la parte actora incidentista no se ajusta a lo establecido en el numeral 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dejó a salvo los derechos de la parte actora para que formule planilla con apego a ley de la materia y condenó a dicha parte al pago de costas procesales que se hayan generado a la parte reo por la sustanciación de ese incidente (fojas 92 a 94). QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación. Cabe indicar que este asunto se resolverá conforme a los planteamientos formulados por la parte quejosa, en razón de que el caso no se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja; por tanto, en el particular será resuelto bajo la perspectiva del principio de estricto derecho. Aduce la parte quejosa en un segmento del "ÚNICO" concepto de violación que la resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, porque omitió hacer la interpretación normativa más favorable a la persona. Que tanto los pagos realizados a los abogados como a la perito, son considerados dentro de los gastos erogados en el trámite del procedimiento. Que la resolución reclamada vulnera lo dispuesto por los numerales 1 y 2 de la Ley Arancelaria, habida cuenta que el primero de los preceptos en cita estatuye los requisitos que debe reunir el contrato de prestación de servicios; mientras que el segundo numeral estable que solo a falta de contrato o convenio se regirá por la ley citada. Afirma la parte quejosa que los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales, son los que originaron los gastos erogados por la parte vencedora en el juicio de donde deriva el acto reclamado; que es lo que la autoridad responsable debió atender, en lugar de que se estableciera una planilla de liquidación de gastos y costas en términos del artículo 15 de la ley arancelaria. Además, sostiene la parte agraviada, que la resolución reclamada vulnera el numeral 9 de la referida legislación porque en el contrato de prestación de servicios se establecieron honorarios conforme al convenio que hubo entre el profesionista y cliente. Asimismo argumenta que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, rigen solo para el caso en que no exista convenio, o bien cuando no haya forma de probar el gasto erogado, lo que no sucede en el caso, puesto que existe un contrato de prestación de servicios profesionales -con requisitos de ley-, en donde se fijó el gasto que el quejoso erogó en el juicio natural, por lo que no debe presentar planilla de liquidación. Son infundados los anteriores planteamientos. Lo infundado de la causa de pedir en trato deriva de que la parte quejosa parte de una premisa inexacta, al interpretar que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, rigen solo para el caso en que no exista convenio, o bien cuando no haya forma de probar el gasto erogado; y que en el particular no sucede tal situación, según la apreciación de la parte agraviada, puesto que existe un contrato de prestación de servicios profesionales -con requisitos de ley-, en donde se fijó el gasto que se erogó en el juicio natural. Es así porque esa premisa es válida solo para cuando el litigio se suscita entre abogado patrono y su cliente, empero no entre contrapartes que pretenden la liquidación de costas procesales. Para corroborar lo anterior conviene mencionar que la Primera Sala del máximo tribunal en este país ha establecido, en criterio vinculatorio, que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Así también que la finalidad del incidente de liquidación es que se determine concretamente la cantidad por la cual debe despacharse ejecución, por tanto, es obvio que el monto que al efecto se determine debe ajustarse a la condena decretada, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente las bases que para ese fin se desprendan del fallo principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. A fin de dar cumplimiento a dichos principios, juega un papel importante la función del juez como director del proceso, porque debe velar porque la materia de la sentencia que se pretende liquidar en el incidente no se anule ni se rebase, y corresponda a los conceptos sobre los cuales en forma genérica se hizo la condena, según su naturaleza jurídica y las reglas que los rijan. Por tanto, dicha función faculta al juez para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, mediante el análisis previo de su justificación, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas requeridas para la ejecución de la sentencia. En sustenta lo anterior, es de invocarse el criterio inmerso en la jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que con el número 35/97, publicada en la página 126, del tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA" Así, el juez no está obligado a decidir sólo respecto de alguna de las posiciones asumidas por las partes en el incidente, sino que debe determinar lo que corresponda, conforme a la sentencia, y las normas que rijan la materia respectiva. De igual forma, es relevante establecer qué se entiende por costas procesales. Para ello es menester mencionar que ha sido criterio del máximo tribunal de este país que las costas procesales se componen tanto de los honorarios de los abogados y procuradores, como de los gastos propiamente dichos, que se causen en la substanciación de un asunto judicial. Por las razones que la informan, se invoca la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XCI, página 945, de rubro y texto: "COSTAS Y GASTOS DE JUICIO. Las costas en materia civil comprenden, tanto los honorarios de los abogados y procuradores, como los gastos propiamente dichos, que se causen en la substanciación de un negocio, ya que no existe distinción entre costas y gastos del juicio. Esta tesis, sostenida por la Suprema Corte de Justicia en ejecutoria anterior, se encuentra apoyada por la doctrina de los autores, entre los que puede citarse a Manuel de la Plaza ("Derecho Procesal Civil Español", página 522)." Ahora bien, cabe acotar que las costas procesales y el pago de los honorarios por los servicios profesionales de un abogado, son conceptos diferentes. Las costas procesales son materia de condena que impone el juez con motivo de la tramitación de un juicio y su pago se decreta generalmente en perjuicio de la parte vencida, siendo su objeto el resarcir a la contraria de los gastos y erogaciones que hubiere hecho por el trámite judicial en que intervino; así pues, las costas se integran por los honorarios del abogado de la parte vencedora, así como por todos aquellos gastos y expensas que se hubieren realizado con motivo del procedimiento judicial. Es de invocarse la tesis de Quinta Época sustentada por la Tercera Sala del máximo tribunal de este país, legible en la página 2177 del Tomo LI, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio; el fundamento de la condena en costas, según Chiovenda, es el hecho objetivo de la derrota del litigante y su justificación se encuentra en la actuación de la ley, no debiendo representar una disminución patrimonial para la parte que obtiene como demandante o demandado, toda vez que los derechos de litigio, deben tener un valor puro y constante; según Carnelutti, la responsabilidad procesal representa un remedio extremo contra el afán de litigar y conviene utilizarlo cuando no se puedan adoptar otros menos costosos y debe correr a cargo del litigante temerario en contraste con la libertad que se concede para proponer acciones y excepciones que carezcan de fundamento. Como se ve, la doctrina confiere un carácter netamente procesal o la condena en costas, puesto que necesita indispensablemente la existencia de un procedimiento judicial para que, causadas, se defina la responsabilidad de quien deba indemnizarlas; pero esta conclusión, exacta por lo que se refiere al aspecto procesal del asunto, no evita ni deja sin valor el origen contractual de las responsabilidades del que ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones, porque es precisamente el incumplimiento de una obligación, lo que hace que los interesados ocurran ante las autoridades judiciales, excitando su jurisdicción, para decidir las controversias que pueden suscitarse. Es por ello por lo que también en el Código Civil se encuentran disposiciones que se refieren al pago de los gastos judiciales, que tienen el mismo significado de las costas, e impone la obligación de indemnizarlos al que haya faltado al cumplimiento de su obligación; de tal manera que cuando ésta se hace exigible y para lograr su cumplimiento se haga necesaria la intervención del Juez y éste pronuncie sentencia declarando procedente la acción, es indudable que debe establecerse la condena en costas, porque están llenados todos los requisitos que tuvo en cuenta el legislador para imponer esa responsabilidad al que hubiere sido condenado en un juicio ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sin que por el hecho de que el demandado hubiere solventado su obligación, antes de pronunciarse sentencia, deba omitirse la condena en costas, con fundamento en el artículo 404 del propio código, que se refiere al caso en el que demandado haga confesión expresa respecto a toda la demanda y que impone al Juez la obligación de otorgar en la sentencia, un plazo de gracia al deudor y a reducir las costas, porque este precepto únicamente establece la reducción de las costas, por la forma y manera en que se desarrolla la relación procesal; ya que la confesión del demandado impide el litigio y amerita pronunciar sentencia desde luego, pero sin que esto quiera decir que no se hubieren causado los gastos necesarios durante el procedimiento, para que el deudor cumpliera con las obligaciones que se le exigieron en la demanda." En cambio, los honorarios son la contraprestación por los servicios profesionales que brindan los abogados, y el derecho a cobrarlos deriva de lo convenido entre el perito en derecho y su cliente, y a falta de estipulación o convención entre estos, el pago de honorarios debe regirse por la ley arancelaria respectiva. Por ello, también se concluye que las costas son una cuestión de índole procesal, en tanto que los honorarios profesionales, por el patrocinio judicial, son de naturaleza contractual; empero entre el profesional del Derecho y su cliente. Es sustento de lo que precede la tesis 2a. CLIV/2000, consultable en la página 443 del Semanario Judicial de la y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y COSTAS DEL JUICIO, SON FIGURAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme a lo dispuesto en los artículos 88 a 97 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, las costas del juicio proceden de una condena procesal que impone el Juez, generalmente a la parte vencida, con objeto de resarcir a su contraria de todos los gastos y expensas que hubiere anticipado con motivo de la tramitación del juicio. Las costas se integran por: a) los honorarios del o los abogados de la parte vencedora y b) todos los gastos y expensas que se otorguen con motivo de la tramitación del juicio, excluyendo los inútiles o superfluos. Por otro lado, los honorarios de los abogados derivan de una cláusula natural del contrato de prestación de servicios profesionales en la que se pacta, entre abogado y cliente, el precio del servicio quota litis y a falta de dicho acuerdo de voluntades, el legislador ha dispuesto que la tasación del servicio respectivo debe calcularse con base en el Arancel de Abogados (artículos 2499 y 2500 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 1o. del Arancel de Abogados de dicha entidad). De lo anterior, se advierte que mientras las costas provienen de un acto procesal propio del juicio civil, los honorarios constituyen un pacto de derecho privado regido por las reglas del derecho civil; por tanto, no es válido considerar a las costas como sinónimo de honorarios, pues evidentemente, la naturaleza jurídica de ambas figuras es distinta." Es indispensable acotar que aun cuando los honorarios como parte integrante de las costas, deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales, no puede soslayarse la naturaleza de sanción procesal que constituye dicha condena, por lo que se deberá determinar el costo del servicio prestado en el juicio, a través del incidente de liquidación con base en la ley arancelaria correspondiente. En ese tenor el contrato celebrado entre la parte que obtuvo condena favorable, con su abogado que lo asistió, que eventualmente se acompañe al incidente, no es el idóneo para regular el monto de las costas en esa etapa, ya que solo vincula a los contratantes que en él intervinieron, por lo que sus cláusulas no pueden obligar de manera alguna a quien se condenó a su pago, pues no participó en su celebración. Por ende, a fin de que se pueda determinar y regular en cantidad líquida dicha condena, deberá ajustarse a lo previsto por la ley arancelaria; empero no así al contrato de prestación de servicios. En respaldo del anterior aserto se invoca la tesis II.2º.C.199 C, consultable en la página 1254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "COSTAS. LOS HONORARIOS DE ABOGADOS EN LOS JUICIOS SE SUJETARÁN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARANCEL PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS JUDICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, Y NO AL CONVENIO CELEBRADO. De una interpretación armónica de los artículos 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y el 3o. de la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México, se aprecia que la condena al pago de las costas comprende el pago de los honorarios del abogado, siempre y cuando fuere titulado, cuyo monto se determinará de conformidad con lo establecido por la ley de arancel citada. Consecuentemente, cuando se celebra un convenio respecto de la prestación de servicios profesionales para que el abogado sea asesor en un juicio, el convenio únicamente constriñe al abogado con su cliente, y la relación jurídica no puede ampliarse hacia un tercero que es la contraparte y que no convino con él los honorarios; por lo tanto, el pago de costas referentes a éstos del abogado lo va a regir el arancel correspondiente y no el acuerdo de voluntades celebrado, aun cuando el ordenamiento relativo establezca por dicho concepto cantidades inferiores a las pactadas en el convenio celebrado." Por otra parte, conviene mencionar que los artículos 13 y 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, disponen: "Artículo 13. Dentro de los extremos del arancel de esta ley, los honorarios profesionales reclamados por los abogados o los notarios, se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaron, a las condiciones pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación que tenga adquirida el que lo ha prestado." "Artículo 15. En los juicios civiles y mercantiles, por concepto de honorarios profesionales, o en su caso por concepto de costas procesales se cobrará: I. De cinco a veinte salarios, por la vista de actuaciones judiciales, expedientes administrativos o cualquiera otra clase de documentos; II. De dos a diez salarios, por conferencias o consultas. Si se diere dictamen por escrito, de cinco a veinte salarios; III. Hasta un 5% de lo que se controvierta, por los escritos de demanda y contestación en que se opongan excepciones. En los negocios no valuables en dinero se cobrará según su importancia y dificultad, de diez a cien salarios; IV. Un salario, por escritos de mero trámite; V. De cuatro a diez salarios, por escritos en que se promueva o conteste un incidente o se interponga un recurso; VI. De dos a cinco salarios, por escritos en que se solicite recepción de pruebas; VII. Cinco salarios, por interrogatorios de preguntas, de repreguntas y de posiciones; VIII. De cinco a diez salarios, por asistencia a juntas, audiencias, almonedas, remates o cualquiera otra diligencia judicial o administrativa; IX. Un día de salario, por notificación en cualquier forma que se haga, y X. De dos a cinco salarios, por alegatos o informes a la vista, cuando se presenten apuntes, en el principal o en incidentes de difícil derecho, o en recursos. Además de los montos en dinero que resulten aplicando la tarifa anterior, a los trabajos desempeñados, se "cobrará sobre el monto de la suerte principal hasta un 10%. En negocios no valuables en dinero, el aumento sobre el monto de los trabajos desempeñados, de acuerdo a este artículo, podrá ser hasta de otro tanto más." De la interpretación de los dispositivos legales transcritos, se colige que el artículo 13 de la Ley Arancelaria, expresamente regula "los honorarios profesionales reclamados por los abogados o los notarios", los que con base en los aranceles de la propia Ley, serán regulados atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaron, a las condiciones pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación que tenga adquirida el que lo ha prestado. Es decir, será aplicable dicha disposición normativa para el caso de controversia entre abogado y cliente, no para liquidar entre partes victoriosa y perdedora la condenada en costas. En cambio, el diverso numeral 15 de la invocada ley arancelaria, reglamenta la liquidación de las costas procesales -entre estas erogaciones, las relativas a gastos por asesoramiento jurídico-. Con base en el anterior contexto se concluye lo infundado del concepto de violación en trato, pues no es legalmente posible, como lo pretende la parte agraviada, que en el incidente de liquidación sobre costas procesales de origen, se tome en cuenta el contrato de prestación de servicios profesionales que firmó la parte vencedora con su asesor jurídico, toda vez que dicho pacto de voluntades solo vincula a sus contratantes, mas no así a la contraparte del ahora quejoso, porque la parte vencida no participó en su celebración y por ende no le vincula. Además, como se expuso, las costas procesales se conforman por los gastos que erogó la parte victoriosa en juicio, entre esos gastos se incluyen los erogados con motivo de la contratación de asesores jurídicos; sin embargo, como se explicó, y como se sostiene en la resolución reclamada, para calcular y liquidar esos gastos se debe ajustar a lo previsto por el artículo 15 la ley arancelaria; pero no a lo que estipulado en el contrato de cuota litis exhibido por la parte quejosa al incidente de origen. De ahí lo infundado del motivo de disenso en trato. En otro aspecto, en un diverso segmento del único concepto de violación, indica la parte quejosa que los recibos son comprobantes de que se entregó el dinero a los profesionistas referidos en el contrato de prestación de servicios, por tanto, son prueba de que pagó a terceros por el juicio de donde deriva el acto reclamado; por tanto, que no se le puede exigir que esos recibos contengan los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, pues fueron expedidos por terceros, que contienen su respectiva firma original. Además, que ni el Código Civil para el Estado de Guanajuato que regula la prestación de servicios profesionales, ni la ley arancelaria exigen que los recibos de mérito deben cumplir con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. Son infundados los planteamientos que preceden. De conformidad con los artículos 2119 a 2128 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, Título Décimo, Capítulo I "De la prestación de servicios profesionales", se considera servicio profesional aquel por el que una persona llamada profesionista, se obliga a prestar determinados servicios que requieren una preparación técnica o un título profesional a otra persona llamada cliente, quien se obliga a pagar una retribución denominada honorarios. Así los profesionistas expiden como comprobante del pago de los servicios profesionales prestados un "recibo de pago de honorarios"; mientras que los comerciantes expiden como comprobante del pago por la enajenación de algún producto, una factura. Sin embargo, a partir del uno de enero de dos mil catorce, el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) es obligatorio para todos los contribuyentes -comerciantes y profesionistas- de conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, por lo que a partir de esa fecha todas las personas contribuyentes, están obligadas a emitir comprobantes fiscales por la realización de la totalidad de sus actividades económicas, de modo que la emisión de dichos documentos ya no es exclusiva o inherente a la realización de actos de comercio. Ahora, acorde al principio de legalidad inmerso en el artículo 16 constitucional, los recibos de pago de honorarios, serán legalmente válidos si se ajustan a lo establecido en los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Tales dispositivos legales establecen, en lo que ahora interesa: "Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes. (.)". "Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. (.)." En la especie, la parte quejosa exhibió al incidente de liquidación de costas procesales tres recibos denominados "recibo de dinero"; expedidos -dos de estos por *********** a favor del quejoso, en datas doce de marzo y cinco de agosto, ambos de dos mil veinte, por las cantidades respectivamente de ************. El tercer recibo expedido por ***********, el dos de septiembre de dos mil veinte, a favor del quejoso, por la cantidad *********l pesos -en todos estos recibos se mencionó como concepto, el seguimiento al expediente judicial iniciado en contra de la institución bancaria **********-. Asimismo, exhibió un cuarto recibo de pago fechado el veintinueve de julio de dos mil veinte, expedido por la perito ********** a nombre del agraviado por la suma de ********* pesos como pago por elaboración de dictamen (fojas 79 y 80). Ahora, es verdad que ni el Código Civil para el Estado de Guanajuato ni la mencionada la ley arancelaria exigen que los recibos de pago cumplan con ciertos requisitos legales para su cobro por concepto de costas procesales; sin embargo, el Código Fiscal de la Federación sí lo prevé en tanto que es la codificación que regula qué elementos o requisitos deben contener todos los comprobantes que expidan los contribuyentes con motivo del ejercicio de su actividad económica preponderante, sean comerciantes o prestadores de servicios profesionales, de otra forma, se fomentaría la cultura de la ilegalidad. Además, de aceptar que es innecesario que los recibos de pago cumplan con requisitos legales, es tanto como asumir que basta con presentarlos para en que automático el juez liquide por las cantidades que ahí se consignen, sin tener elementos mínimos que otorguen cierta seguridad jurídica de que las cantidades ahí consignadas son reales, ciertas o ajustadas a los parámetros de mercado de bienes y servicios. De ahí que se estime ajustado a Derecho que el juez natural exija que los recibos de pago cumplan con requisitos de ley, a fin de otorgar seguridad jurídica al resolver sobre la liquidación sometida a su potestad. Motivos los anteriores por los que se estiman infundados los conceptos de violación en examen. En las relatadas condiciones, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra del acto de la autoridad, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia."

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que firma ********, con el carácter de apoderado de la tercera interesada ********; en atención a su contenido, se le tiene por precisando que el procedimiento judicial del que derivan los actos reclamados, en el que refiere tener acreditada la calidad de parte actora es el ****** y no el ****como lo señaló en su escrito de apersonamiento al presente asunto; de lo que esta potestad toma conocimiento solo para constancia legal; lo anterior, en razón de que su personalidad se le reconoció con base en el testimonio de la escritura pública que adjuntó a su ocurso de referencia. Así también, intégrese al sumario el oficio que firma la autoridad responsable juez Oral Mercantil Región Celaya, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintinueve de junio pasado; pues al efecto, remite constancias de emplazamiento de la institución de crédito tercera interesada antes señalada. Diligencia de emplazamiento que se efectuó de forma personal a través del nombrado Sánchez Martínez el seis del presente mes y año; luego, se tiene por debidamente llamada al presente asunto la tercera interesada de referencia, por lo que se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado en el proveído en cita al juez mercantil responsable.

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