Boticarios del Pueblo S. A. Dec.V.

Expediente 1661/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1661/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Boticarios del Pueblo S. A. Dec.V.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia incidental. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalado este día para la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, de autos se desprende que a la fecha no obran el informe ni la constancia de notificación correspondiente a la autoridad responsable foránea, Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental de mérito. Atento lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este incidente, se señalan para tal efecto las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, y otra autoridad, consistente en la omisión de dar cumplimiento al auto ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la providencia precautoria ********************, que ordenó el desbloqueo de diversas cuentas bancarias de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene reiterar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la omisión de dar cumplimiento al auto ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la providencia precautoria ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, por el que se ordenó el desbloqueo de diversas cuentas bancarias de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende esencialmente lo siguiente: El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, ********************promovió providencia precautoria de embargo en contra de la quejosa, ********************, ******************** ********************, como acto prejudicial del juicio ejecutivo mercantil que promovería en su contra. Mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable ordenó radicar la demanda en el expediente ********************, y admitir dicha providencia precautoria como acto prejudicial de juicio ejecutivo mercantil, para lo cual fijó la cantidad de ********************), para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada -quejosa-. Luego, en el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo exhibida la garantía solicitada, y se decretó la providencia precautoria solicitada, sobre diversas cuentas bancarias. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, la parte actora comunicó al juez responsable que la sociedad mercantil demandada había abierto una nueva cuenta bancaria, identificada con el número ********************ante el ********************, por lo que solicitó que también se embargara. Al respecto, el juez responsable emitió el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el que ordenó que se ampliara el embargo de cuentas bancarias. Luego, en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable proveyó sobre la demanda mercantil promovida por la parte actora, ordenó el emplazamiento de la quejosa y, tomando en consideración que el presidente y secretario del consejo de administración de la sociedad mercantil demandada habían comparecido al juico por escrito a fin de solicitar que se fijara una contragarantía, ordenó que en la diligencia de emplazamiento se notificara a la demandada los autos de veintinueve de mayo, cinco, dieciséis, veintidós y veintiséis, todos de junio del año en curso. Así, el tres de julio de dos mil veintitrés, previo citatorio del día anterior, se practicó el emplazamiento de la parte demandada y se notificaron los autos respectivos. Posteriormente, en auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, el juez responsable tuvo a la parte demandada quejosa exhibiendo una ficha de depósito por la cantidad de ********************), como contragarantía, por lo que determinó levantar la medida precautoria decretada. Sin embargo, en el diverso auto de ocho de agosto posterior, aclaró que la interpretación y sentido correcto del referido auto de tres de agosto, era en el sentido de que la demandada había acreditado que aquel numerario lo había depositado en la cuenta ********************de ********************, por lo que no se está en el supuesto de exhibir la contragarantía, sino de acreditar que el numerario objeto de la providencia se encuentra concentrado en dicha cuenta bancaria, por lo que ordenó: Que el aseguramiento decretado cautelarmente solo recayera en la cuenta bancaria ********************de ******************** Que se dejara insubsistente el aseguramiento de las restantes cuentas embargadas; estas son: Cuenta Banco 1 ******************** ********************, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero ******************** 2 ******************** ********************, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero ******************** 3 ******************** Banco ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple 4 ******************** Banco ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero ********************. 5 ******************** ********************, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero ********************. Que se dejara sin efecto la solicitud realizada a la persona moral denominada ********************, ******************** ********************, en el sentido de que no permitiera que los derechos derivados del contrato marco de franquicia y de sus ******************** anexos específicos de las veintidós tiendas de ********************, fueran cedidos o transmitidos de forma alguna. Que se dejara sin efectos el oficio girado a la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de Tehuacán, Puebla, respecto de la anotación marginal en el folio real electrónico ******************** de la parte quejosa. Precisado lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a Banco ********************, informando que se liberó la cuenta número ********************. Posteriormente, en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a Banco ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple y ********************, informando que las cuentas bancarias ********************, ********************, ******************** y ********************, ya se encontraban activas; asimismo, Banco ******************** informó que la cuenta ********************se embargó únicamente por la cantidad de $******************** (******************** moneda nacional), por lo que la moral quejosa se encontraba en aptitud de disponer del remanente de la cuenta. Finalmente, cabe mencionar que de las constancias que integran el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 13********************/2023, el cual constituye un hecho notorio, se advierte que después del acuerdo relatado con anterioridad, la persona moral quejosa manifestó que la cuenta bancaria ********************, no había sido liberada, por lo que previas gestiones, en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio natural, se tuvo a Banco ********************, sociedad anónima, institución de banca múltiple, informando que la misma ya se encuentra en status de activa. En las relatadas condiciones, se advierte que se cumplió con lo ordenado en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, pues se liberaron las cuentas bancarias de la parte quejosa, por lo ha cesado la omisión de la que se duele, y así, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Cabe destacar que no se soslaya que no obra en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada -actora en el juicio de origen-; sin embargo, ello no constituye un impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de ésta no le causa perjuicio alguno, ya que se actualiza una causa de improcedencia que conlleva al sobreseimiento en el juicio constitucional. Resulta aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Por lo que, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por correo electrónico a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores contencioso@cnbv.gob.mx comunicacionAA@cnbv.gob.mx tmdelvillar@cnbv.gob.mx,

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia incidental. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalado este día para la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, de autos se desprende que a la fecha no obran el informe ni la constancia de notificación correspondiente a la autoridad responsable foránea, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental de mérito. Atento lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este incidente, se señalan para tal efecto las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita constancias, sin mayor acuerdo. La representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correo electrónico institucional y solicita se remita copia de la demanda de amparo a fin de encontrarse en aptitud de rendir su informe justificado, y que el término para rendir dicho informe, empiece a transcurrir una vez que se reciba el escrito de mérito. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se recibió vía correo electrónico el mismo oficio de cuenta y se acordó lo conducente. Cúmplase.

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