Blaz Onésimo Tecuanhuey Toxqui
Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- Blaz Onésimo Tecuanhuey Toxqui
- Juez Décimo Tercero Auxiliar Familiar del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de junio de dos mil veintiuno. TCC. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito remite el expediente original del presente juicio de amparo 775/2020, un tomo de pruebas y el testimonio de la resolución pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el recurso de inconformidad 6/2021 de su índice, de cuyo contenido se advierte: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad." Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del expediente original del juicio de amparo 775/2020, de un tomo de pruebas y de la ejecutoria remitida. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el juicio principal, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional (..)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, de la sentencia dictada en autos y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Legajo de pruebas. Finalmente, se ordena devolver el legajo de pruebas. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. TCC admite recurso de inconformidad. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de cinco de abril del año en curso, dictado en el recurso de inconformidad 6/2021, del que se advierte que admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa Blaz Onésimo Tecuanhuey Toxqui; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Remisión a TCC. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya obran las notificaciones del acuerdo recurrido y del recurso de inconformidad, tal como se advierte del siguiente cuadro: PARTE.NOTIFICACIÓN DEL AUTO RECURRIDO.NOTIFICACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO.QUEJOSO BLAZ ONESIMO TECUANHUEY TOXQUI22 DE FEBRERO 202111 DE MARZO DEL 2021TERCER INTERESADO BERNARDINO FELIPE TECUANHUEY TOXQUI, TAMBIÉN CONOCIDO COMO BERNARDINO PELIPE TECUANHUEY. 18 DE FEBRERO DE 2021 11 DE MARZO DEL 2021 TERCER INTERESADO JOSÉ LUIS AGUSTÍN TECUANHUEY TOXQUI, TAMBIÉN CONOCIDO COMO AGUSTÍN TECUANHUEY TOXQUI. 18 DE FEBRERO DE 2021 11 DE MARZO DEL 2021 TERCERA INTERESADO MARÍA IRENE MATEA TECUANHUEY TOXQUI, TAMBIÉN CONOCIDA COMO IRENE TECUANHUEY TOXQUI. 18 DE FEBRERO DE 2021 11 DE MARZO DEL 2021 TERCERA INTERESADO MARÍA BÁRBARA ALEJANDRA TECUANHUEY TOXQUI, TAMBIÉN CONOCIDA COMO BÁRBARA TECUANHUEY TOXQUI. 18 DE FEBRERO DE 2021 11 DE MARZO DEL 2021 TERCER INTERESADO JOSÉ DOMITILO PASCUAL TECUANHUEY TOXQUI, TAMBIÉN CONOCIDO COMO PASCUAL TECUANHUEY TOXQUI. 18 DE FEBRERO DE 2021 11 DE MARZO DEL 2021 JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 18 DE FEBRERO 2021 17 DE MARZO DEL 2021 JUEZ DÉCIMO TERCERO AUXILIAR DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 18 DE FEBRERO 2021 17 DE MARZO DEL 2021 En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos del juicio de amparo indirecto, el recurso de inconformidad y un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para su trámite y resolución. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia Vista la certificación y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa desahogó la vista concedida mediante auto de trece de enero de dos mil veintiuno, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia Al respecto, se precisa que mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "(.) 40. En las anotadas condiciones, se pone de manifiesto que la resolución reclamada vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el dictado de resoluciones jurisdiccionales, lo que actualiza una violación que impone conceder la protección constitucional para los efectos siguientes 1) Que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, quien es el rector del procedimiento de origen, deje insubsistente la interlocutoria del trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 959/2013, de su índice. 2) En su lugar, emita otra en la que, de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción, resuelva la incidencia de remoción de albacea promovida en ese juicio, en la que atienda de manera congruente las defensas y excepciones planteada por el albacea cuya remoción de se pide, debiendo resolver, en primer lugar, si la existencia de una controversia judicial respecto bien objeto de la masa hereditaria resulta, o no, un obstáculo justificable para continuar el procedimiento intestamentario de origen y concluirlo dentro del plazo de un año que prevé el artículo 3474 del código sustantivo civil aplicable. (.)" Ejecutoria Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió su inmediato cumplimiento. Cumplimiento Insubsistencia de la sentencia interlocutoria El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 959/2013. Nueva resolución del incidente de remoción de albacea. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, emitió una nueva sentencia interlocutoria el siete de enero de dos mil veintiuno, en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio sucesorio intestamentario 959/2013, con libertad de jurisdicción, en la que: A. Atendió las defensas y excepciones planteada por el albacea; B. En particular, el tema relativo a si la existencia de una controversia judicial respecto bien objeto de la masa hereditaria resulta, o no, un obstáculo justificable para continuar el procedimiento intestamentario; C. El diverso relacionado con el plazo de un año que prevé el artículo 3474 del Código Civil del Estado para concluir el procedimiento; y, D. Decretó la remoción del albacea provisional Blaz Onésimo Tecanhuey Toxqui. En ese orden, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que dejó insubsistente la interlocutoria reclamada y dictó una nueva, con libertad de jurisdicción, siguiendo sus lineamientos. Sirve de fundamento por su idea jurídica, la tesis aislada: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Respuesta las manifestaciones de la parte quejosa. A continuación, se procede a dar contestación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." La parte quejosa, adujo lo siguiente: "(.) que resulta contradictorio a lo manifestado en el RESOLUTIVO SEGUNDO, mediante el cual determina que los actores si probaron su acción incidental, ya que en el propio análisis (.), la autoridad concluye que el hecho de que el bien inmueble inventariado y que forma como parte de la masa hereditaria del presente juicio sucesorio intestamentario forme parte de otros litigios es un impedimento para que el suscrito en mi carácter de Albacea Provisional continué con la tramitación del juicio. Lo que resulta contradictorio a su determinación de remover al suscrito de mi cargo de Albacea Provisional, ya que está admitiendo que la existencia de una controversia judicial sobre el bien inmueble objeto de la masa hereditaria es un impedimento para la continuación y conclusión del juicio sucesorio intestamentario (.) (.) Y que, a pesar de haber analizado las probanzas ofrecidas por el suscrito, no les concedió el valor probatorio suficiente para tenerlas como justificante a la omisión de rendir cuentas, y que en concreto se basa en la imposibilidad de hacerlo (.) (.) no debe tenerse a la Autoridad Responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que la resolución emitida de fecha siete de enero de dos mil veintiuno no está realizada conforme a lo ordenado en la sentencia de amparo indirecto de fecha treinta de octubre de dos mil veinte." No obstante, se estima oportuno recordar que se concedió el amparo para que la autoridad dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y, se le dio libertad de jurisdicción, para resolver sobre el incidente de remoción de albacea del juicio sucesorio intestamentario 959/2013 De modo que la legalidad de la nueva de decisión de remover al albacea provisional Blaz Onésimo Tecanhuey Toxqui, a pesar del análisis de las defensas y excepciones planteada por el albacea, relacionadas con la existencia de una controversia judicial respecto bien objeto de la masa hereditaria y el plazo de un año que prevé el artículo 3474 del Código Civil del Estado para concluir el procedimiento sucesorio; no puede ser analizada en el cumplimiento de este juicio de amparo indirecto, toda vez que esos aspectos no fueron objeto de estudio en el fallo protector, pues se advirtió una violación formal por omisión y, por ende, se ordenó al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula asumir su competencia y abordar el estudio de esos temas con libertad de jurisdicción. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Conclusión Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.
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