Blas Dolores Gamboa Hernández
Expediente 1959/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1959/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- Blas Dolores Gamboa Hernández
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil diecinueve. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. ? Se califica cumplimiento. ... Al respecto, se precisa que mediante sentencia del ocho de enero de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: 127. Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: a) Que no le sea aplicado a la quejosa ni en el presente, ni en el futuro, sino hasta en tanto sufra un cambio normativo, el artículo 49 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula. b) Dado que la protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación reclamado, el Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, deberá dejar insubsistentes todas las actuaciones que concluyeron con la emisión de la resolución dictada el veintiuno de octubre del dos mil dieciocho, con motivo de la instrucción del procedimiento administrativo ***, al tener como fundamento el precepto tildado de inconstitucional. c) Asimismo, en caso de que obre algún antecedente administrativo, el juez responsable deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que sea eliminado el registro relativo al procedimiento que se siguió en contra de la quejosa, a fin de salvaguardar su honor y propia imagen y además no sea considerada reincidente ante una eventual falta administrativa que pudiera cometer en la posteridad. d) Finalmente, el Tesorero de San Pedro Cholula, Puebla, deberá devolver a la quejosa la cantidad que enteró por concepto del pago de la multa que se decretó con motivo de la instrucción del procedimiento sumario ***, cuyo pago consta en el comprobante folio 0173." Así, mediante proveído del treinta de agosto de dos mil diecinueve, con motivo de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 54/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, confirmó la sentencia de mérito, por lo que causó ejecutoria y se requirió al Juez Calificador del Segundo Turno y al Tesorero del Ayuntamiento, ambos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla para que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediante auto del seis de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, remitiendo copia certificada del auto del tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento sumario número ***, en el que dejó insubsistente todas las actuaciones de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, y se hizo la anotación marginal correspondiente en el libro de infractores. Asimismo, el Delegado de las autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, informó que el cinco de septiembre pasado, giró oficio al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, a efecto de que pusiera a disposición de la parte quejosa *** la cantidad por concepto de multa, y que una vez que fuera liberado dicho pago, lo haría del conocimiento a este órgano jurisdiccional para que pudiera recoger el numerario. De lo anterior, en auto del trece de septiembre de dos mil diecinueve, el citado delegado comunicó que se encontraba a disposición de la quejosa el cheque *** por la cantidad de ***, que podía recoger en las oficinas que ocupan la tesorería, ubicadas en calle Dos Norte, número cuatrocientos tres, Centro del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos de lunes a viernes, por lo que se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de tres días acudiera a la Tesorería responsable a recoger el cheque señalado, apercibida que de no cumplir con lo solicitado en el término indicado y sin causa justificada, este juzgador federal calificaría el cumplimiento. Ahora, en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al Delegado de las autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, informando que el uno de octubre de dos mil diecinueve se realizó la entrega del cheque ¨***, a quién indicó ser padre de la quejosa, por lo que adjuntó copia certificada de la póliza del cheque indicado y de la carta poder respectiva; con lo que se dio vista a la parte quejosa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, dejará insubsistentes todas las actuaciones que concluyeron con la emisión de la resolución dictada el veintiuno de octubre del dos mil dieciocho, con motivo del procedimiento administrativo ***, al tener como fundamento el precepto tildado de inconstitucional, o en caso de que obre algún antecedente administrativo, realizará las gestiones necesarias a fin de que fuera eliminado el registro relativo al procedimiento que se siguió en contra de la quejosa, a fin de salvaguardar su honor y propia imagen y además no sea considerada reincidente ante una eventual falta administrativa que pudiera cometer en la posteridad, y el Tesorero de San Pedro Cholula, Puebla, devolviera a la quejosa la cantidad que enteró por concepto del pago de la multa que se decretó con motivo del procedimiento sumario ***, lo que aconteció el uno de octubre de dos mil diecinueve, ya que se realizó la entrega del cheque ***, a quién indicó ser padre de la quejosa; en consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de octubre de dos mil diecinueve. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio del Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto del dos de octubre de dos mil diecinueve , informa que de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, como en el caso lo son los habitantes de la Junta Auxiliar de ***, quienes desde su asentamiento se autoidentificaron como una comunidad indígena. Se toma conocimiento de lo anterior y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. No se ordena desahogo de pruebas periciales En ese sentido, y vistos los autos, se advierte que en acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se reservó proveer sobre las pruebas periciales en antropología sobre la comunidad de *** ordenada de oficio y la diversa ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto obrara en autos la información solicitada mediante proveídos de veinticuatro de septiembre y dos de octubre, ambos de dos mil diecinueve, lo que ya aconteció; por ende, se provee lo siguiente: Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se estimó que era fundamental contar con un peritaje cultural o antropológico, que sirviera para ilustrar a este juzgado sobre el contexto cultural de la Junta Auxiliar la ***, Puebla, esto es, la forma en que se gobiernan, las normas que rigen en la comunidad, las instituciones que les sustentan, los valores que suscriben, la lengua que se habla, entre otros factores relevantes para resolver este juicio de amparo, todo ello encaminado a poner en evidencia que se trata de una comunidad indígena. De igual manera, la parte quejosa mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, ofreció la prueba pericial en antropología social a fin de, entre otras cuestiones, acreditar los planteamientos antes referidos. Ahora, mediante oficio *** el Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) remitió el Diagnóstico de la Distribución de la Población Indígena del Municipio de Puebla, realizado por el Departamento del Sistema de Información Geográfica Municipal del IMPLAN, de cuyo contenido se desprenden diversos criterios para considerar a una comunidad como población indígena; además, se advierte un censo de población indígena elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) en el dos mil diez, en el que figura la Junta Auxiliar de ***, Puebla, misma que cuenta con una concentración de población indígena de 4,635 habitantes. Asimismo, a través del diverso oficio IMPLAN/CG/1596/2019 el citado Coordinador General, informó que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, como en la especie sucede, pues los habitantes de la Junta Auxiliar de *** desde su asentamiento se autoidentificaron como una comunidad indígena. En ese sentido, se estima innecesario que se elabore un peritaje cultural o antropológico, dado que ha quedado satisfecho el objetivo primordial que había dado lugar a ordenar su desahogo, pues el Ayuntamiento Municipal de Puebla ha reconocido a la Junta Auxiliar de *** con el carácter de comunidad indígena; por lo tanto, no ha lugar a desahogar la prueba pericial en antropología social. Además de que el peritaje cultural o antropológico tampoco sería aptó para demostrar si una persona es o no indígena, pues en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que es improcedente solicitar peritajes antropológicos o culturales para demostrar que una persona es o no indígena, ya que para tal efecto es suficiente su autoidentificación o autoadscripción para considerarla como tal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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