Bonfilio Elías Saavedra Velázquez

Expediente 1981/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1981/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Bonfilio Elías Saavedra Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de julio de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de dos de junio de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de junio de dos mil veintidós. Valoración del cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la vista que les fue otorgada mediante auto del veinte de mayo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito. Por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Así, se tiene que mediante sentencia del seis de abril de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "75. Por otro lado, respecto del acto reclamado referente al oficio SPF-SI-CGENyASF-DCE-185/2022 de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitido por el Director de Comercio Exterior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el Director de Comercio Exterior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, deberá dejar insubsistente el oficio SPF-SI-CGENyASF-DCE-185/2022 de diecisiete de enero de dos mil veintidós y responder, concreta y coherentemente, la solicitud del quejoso, en el sentido de: Considerando cada uno de los documentos exhibidos por la parte quejosa, se pronuncie sobre si con ellos se acredita o no la posesión del vehículo sobre el que versó el escrito petitorio del quejoso. Asimismo, de manera fundada y motivada, señale expresamente si procede o no la liberación del vehículo sobre el que versó la petición del quejoso. En la inteligencia que la respuesta deberá ser en sentido positivo o negativo, es decir, deberá enfocarse a precisar si es posible o no la procedencia de las peticiones del quejoso, o en su caso, si existe alguna imposibilidad jurídica." Ejecutoria. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable, Director de Comercio Exterior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Fallo cumplido. La representación del Director General de Comercio Exterior adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de lo siguiente: Oficio SPF-CGENyASF-DCE-1561/2022 de trece de mayo de dos mil veintidós. Del cual se advierte que la autoridad antes mencionada realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio SPF-SI-CGENyASF-DCE-185/2022 de diecisiete de enero de dos mil veintidós. Una vez considerados los documentos exhibidos por la parte quejosa, se pronunció sobre ellos y, concluyó que con tales constancias no se acreditaba la posesión del vehículo marca **** con placas de circulación 776-P66, del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, toda vez que dichos documentos se encontraban a nombre de Isabel L. Saavedra. Una vez hecho lo anterior, precisó los motivos y fundamentos respecto de la petición de liberación del vehículo sobre el que versó la petición del quejoso, por lo que indicó que toda vez que los documentos se encontraban a nombre de Isabel L. Saavedra., con los mismos Bonfilio Elías Saavedra Velázquez [aquí quejoso], no acreditaba la legal tenencia del vehículo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera, ello debido a que el permiso de importación temporal es un documento que por su naturaleza es intransferible y personal, el cual produce efectos legales solamente a favor del titular, por tal motivo, no era dable la devolución del vehículo materia de la Litis. A partir de lo anterior, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó proveer respecto de las diversas manifestaciones realizadas con motivo de la vista concedida en acuerdo del uno de junio de dos mil veintidós y, al efecto, la parte quejosa refiere que no se debe tener por cumplida la sentencia de amparo por las razones siguientes: La autoridad responsable dio cumplimiento de manera defectuosa, ya que dicha contestación no es concreta ni coherente con lo solicitado en el escrito petitorio de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. La contestación contiene una indebida fundamentación y motivación. En esas condiciones, por lo que hace sus manifestaciones, conviene recordar que tal como se precisó en la sentencia constitucional, la Suprema Corte estableció que el derecho de petición guarda como finalidad esencial y primordial, la obtención del gobernado de una respuesta concreta de la autoridad ante un planteamiento específico; siendo que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad que se encaminan, esencialmente, a conseguir su nulidad o modificación. Por ende, el derecho de petición no se concibe como un mecanismo de sustitución de los procedimientos o recursos -administrativos o judiciales- establecidos para la revisión de las determinaciones administrativas; sino que aquél fue enderezado a satisfacer un objetivo plenamente distinguible, la prerrogativa de los gobernados a recibir una contestación -congruente, motivada y fundada- respecto de una solicitud o planteamiento formulado -respetuosamente y por escrito- a los órganos del Estado. Como se advierte, el escrito petitorio del quejoso versó sobre dos cuestiones, a saber: Pretendió acreditar la legal estancia y posesión del vehículo. Solicitó ordenar la liberación del vehículo para estar en aptitud de regresarlo a los Estados Unidos de América. En relación con estos puntos, en el oficio SPF-CGENyASF-DCE-1561/2022 de trece de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable explicó las razones por las que consideró que, aun con los documentos exhibidos por el justiciable, no se acreditaba la legal posesión del vehículo. Asimismo, la autoridad responsable señaló las razones y fundamentos por los que consideró que la solicitud del quejoso [devolución del vehículo con la intención de poder retornarlo a los Estados Unidos de América], no era procedente, pues determinó lo siguiente: "porque el quejoso no acredita la legal tenencia del vehículo en territorio nacional, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Aduanera, esto debido a que el permiso de importación temporal es un documento que por su naturaleza es intransferible y personal, el cual produce efectos legales solamente a favor de su titular. En consecuencia, es evidente que si en la especie el Director responsable emitió el oficio *** de trece de mayo de dos mil veintidós, la legalidad de esa decisión escapa a los efectos de la sentencia amparadora, ya que constituye un nuevo acto que no se analizó en el fallo, por lo que si los argumentos de la parte quejosa pretenden combatir esa cuestión deben desestimarse. Sirven de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, los criterios siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU MATERIA DE ANÁLISIS. Conforme a los artículos 201 y 210 de la Ley de Amparo, y 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad consiste en la acción formulada por el agraviado por la eventual inobservancia de la autoridad a una declaratoria de esa naturaleza que repercute en su esfera de derechos, la cual se formula ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, se llevará ante el Juez de Distrito que primero la admita; en su defecto, ante aquel que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido; y cuando no requiera ejecución material, se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Distrito procede el recurso de inconformidad, cuyo objeto es constatar la certeza del pronunciamiento consistente en la calificativa del juzgador en relación con que si la autoridad de que se trate atendió o no a la declaratoria general de inconstitucionalidad y, por ende, si se actualizó o no algún agravio contra el denunciante; por tanto, la materia de análisis en dicho recurso debe atender a si se acataron puntualmente los alcances fijados por la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos." "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Bajo ese contexto normativo, es posible precisar que, en el caso, los lineamientos fijados en la protección constitucional otorgada a la parte quejosa, se cumplieron, debido a que la autoridad responsable, una vez que dejó sin efectos el oficio reclamado, procedió a analizar los elementos de prueba presentados por el peticionario, dando respuesta a la solicitud del justiciable, en el sentido que no era procedente la liberación del vehículo en cuestión, exponiendo los preceptos legales que estimó aplicables al caso, así como los razonamientos lógico-jurídicos conducentes. De esa manera, es viable considerar que se atendió de manera exhaustiva y coherente la petición elevada por el quejoso; sin que en esta acción constitucional pueda analizarse la legalidad de la respuesta otorgada, en la medida en que escapa a los efectos y consideraciones plasmados en la ejecutoria de amparo. Se insiste, no es posible que en este medio de control constitucional, en su etapa de cumplimiento, se analice la fundamentación y motivación que expuso la autoridad para negar la solicitud que le fue presentada, dado que ello constituye un aspecto novedoso que no fue abordado en el fallo protector. Conclusión. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de junio de dos mil veintidós. La parte quejosa desahoga vista e interpone incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. Agréguense a los autos el escrito del quejoso ***, por el cual: Desahoga la vista de auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en relación a la vista del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Pretende interponer incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. En atención a su contenido, en relación con el punto precisado en el inciso A), las manifestaciones que formula serán tomadas en consideración, una vez que este juzgado provea lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Por lo que hace a su diversa petición, resulta necesario aclarar que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se pronunció en relación con la suspensión del acto reclamado, y se determinó negar la medida cautelar, por las consideraciones ahí expuestas. Ahora bien, el artículo 206 de la Ley de Amparo, prevé lo relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente." De lo anterior, se desprende que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, entre otras cosas, por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable. En consecuencia, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, que pretende interponer la parte quejosa resulta improcedente, pues tal como se precisó en párrafos anteriores, en el incidente de suspensión se determinó negar la medida cautelar. No se soslaya que de las manifestaciones que realiza la parte quejosa se advierte que su verdadera intención es controvertir el cumplimiento realizado por la autoridad responsable a la sentencia emitida en autos; sin embargo, a la presente fecha no se ha emitido un pronunciamiento respecto del cumplimiento otorgado por la autoridad responsable; por lo que se hace de su conocimiento que una vez que este juzgado provea lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector, dicha parte procesal se encontrará en aptitud de hacer valer el medio de impugnación contemplado en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, no se inadvierte que en su primer punto petitorio la parte quejosa manifestó "tenerme por presentado con el presente escrito, promoviendo ampliación de demanda por las razones anteriormente expuestas"; sin embargo, del contenido integral de su escrito de cuenta no se advierte que pretenda ampliar su demanda, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Máxime que el presente juicio de amparo se encuentra en etapa de ejecución, por lo que una vez que fenezca el plazo concedido en auto de veinte de mayo del actual, se proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento a la sentencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Gestiones de cumplimiento. La representación del Director General de Comercio Exterior adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, y al efecto remite copia certificada de las constancias de notificación correspondientes al oficio SPF-SI-CGENyASF-DCE-1561/2022 de trece de mayo de dos mil veintidós. Sin que al caso haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal convenga respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector emitido. No obstante, las constancias remitidas por la autoridad oficiante podrán ser analizadas en el momento procesal oportuno, esto es, al calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cúmplase. |

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