Braulio Figueroa Berrelleza

Expediente 323/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
323/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Braulio Figueroa Berrelleza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; quedando debidamente notificado el quejoso de dicho proveído por medio de lista que se publica en los estrados de éste Juzgado de Distrito, el pasado veinte de septiembre del año en curso; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO BRAULIO FIGUEROA BERRELLEZA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de ********************, con residencia en esta ********************, a través del oficio 05/2018, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el ********************, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ******************** para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de ********************, proceda dentro del plazo legal, a la emisión del proyecto de laudo, y como consecuencia el laudo definitivo, en los autos del expediente número ********************; pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, así como lo preceptuado por los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual, deberá justificar cabalmente con las constancias relativas. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 160315, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, del Libro V, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2012, Materia Común, número de Tesis: 1a./J. 4/2012 (9a.), que dice: "EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto.". Ahora bien, la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de ********************, con residencia en esta ********************, a través del oficio 05/2018, recibido el trece de agosto de dos mil dieciocho, comunicó que el ********************, emitió el laudo respectivo en los autos del expediente número ********************, de su índice. Bajo ese contexto, toda vez que la autoridad responsable ha realizado diversas acciones tendentes a cumplir con los deberes y obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, puesto que el ********************, emitió el laudo respectivo en los autos del expediente número ********************, de su índice; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Braulio Figueroa Berrelleza; en consecuencia, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; sin necesidad de requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que en ésta propia fecha se está agregando el oficio por medio del cual dicha autoridad informa sobre el cumplimiento en mención. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surtan sus efectos legales, el oficio de cuenta suscrito por el Árbitro Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dese vista con el oficio de referencia a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    R e s u e l v e: Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso Braulio Figuero Berrelleza contra los actos que reclama del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, en los términos indicados en el considerando sexto y para los efectos precisados en diverso considerando séptimo de este fallo.

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