Braulio Jesus Quintero Cruz

Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Braulio Jesus Quintero Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Braulio Jesús Quintero Ruiz, contra actos del Comandante y del Jefe Accidental de la Sección de Personal y Logística, ambos del Batallón de Infantería de Marina Número Diez, con sede en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, por las razones y términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio que suscribe el Comandante Accidental del Batallón de Infantería de Marina Número Diez de Topolobampo, Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado 40 Bis-2 de veintinueve de enero del año en curso exhibe documentales. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las documentales que exhibe el promovente, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con las mismas para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del informe rendido por la autoridad responsable Gerardo Antonio López Valdez, Comandante del Batallón de Infantería de Marina Número Diez, con sede en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, en el que indicó lo siguiente: ". sin embargo en el caso que nos ocupa el quejoso QUINTERO CRUZ, se negó a recibir el documento por el cual se le comunicaba su baja del Batallón de Infantería de Marina número Diez a mi mando y alta en la Compañía Independiente de Infantería de Marina número 11, motivo por el cual ante su rebeldía cambio la situación administrativa de citado quejoso en esta Institución militar pues al no presentarse a su nueva adscripción éste consumó el delito de Deserción. motivo por el cual al impetrante de garantías actualmente se le considera como probable responsable del delito de DESERCIÓN. Aunado a lo anterior, no pasa por desapercibido para el suscrito que el propio quejoso en su escrito inicial de demanda señala que su tratamiento lo lleva a cabo en la Ciudad de México y que a cada cita que acude lo mandan por avión comercial, con lo que se infiere que dicho tratamiento se le pudiera otorgar en el lugar en el que se encontrara comisionado y no obstante lo anterior actuó de forma rebelde ante el movimiento que ordenó la H. Superioridad, colocándose de esa manera en la situación prevista por el artículo 85 fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Armada de México que señala que baja es la separación definitiva del servicio activo y procederá por ministerio de ley, para el personal de la milicia auxiliar, por faltar injustificadamente tres días consecutivos, sin perjuicio del proceso que se les siga; situación que en el presente asunto se surte, pues el precitado QUINTERO CRUZ, jamás se presentó a su nueva adscripción.". De lo anterior, válidamente se puede inferir que el ahora quejoso Braulio Jesús Quintero Cruz, de manera muy probable ya fue dado de baja de manera definitiva del Batallón de Infantería de Marina Número 10, con sede en Topolobampo, Sinaloa; en consecuencia, en la especie pudiera surtirse alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término legal de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia fotostáticas certificadas que esté relacionada y justifique su información proporcionada y que fuera transcrita en el párrafo que antecede, es decir, todo lo relacionado con la baja definitiva que refiere del quejoso de mérito. Se apercibe a la autoridad requerida, que en caso de hacer caso omiso a lo peticionado, se le impondrá una multa, por el equivalente de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, Registro digital 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Entretanto, la audiencia constitucional señalada para el día hoy se difiere para las diez horas con diez minutos del diecinueve de febrero del año en curso.

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