Blanca Lizette Vargas Martinez

Expediente 338/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
338/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2015

Partes del expediente

  • Blanca Lizette Vargas Martinez
  • Fiscalia General del Estado, Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de cuatro de agosto de dos mil quince, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por las partes; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda la parte actora a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, estos documentos deberán agregarse al expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciado Armando Guadarrama Bautista, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de agosto de dos mil quince. VISTO para resolver el juicio de amparo 338/2015-II, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de mayo de dos mil quince, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscalía Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte (en su denominación correcta), de quien reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS: La ilegal privación de la propiedad y posesión de un vehículo de mi propiedad, mismo que a continuación se describe: Pt Cruiser, modelo 2002, color gris, con placas de circulación 274sau8, número de serie 3c8fy68b82t290584. Así como la negativa para recibirme el escrito de denuncia y/o querella en contra de quien resulte responsable por el delito de daños, cometido en mi perjuicio. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de siete de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite el juicio el amparo 338/2015-II, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que se atribuyen autoridades que despliegan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se realiza la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda y los hechos que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, del informe justificado que rindió la única autoridad responsable, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La negativa a devolver el vehículo: Pt Cruiser, modelo 2002, color gris, placas de circulación 274sau8, número de serie 3c8fy68b82t290584. La negativa para recibir el escrito de denuncia y/o querella en contra de quien resulte responsable por el delito de daños, que la quejosa afirma se cometió en su perjuicio Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad, con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, octava época, del rubro y texto siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En el caso, al rendir su informe con justificación la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la negativa a devolver el vehículo PT CRUISER, modelo 2002, color gris, placas de circulación 274SAU8, número de serie 3C8FY68B82T290584, así como a recibir el escrito de querella en contra de quien resultara responsable por el delito de daños, que la quejosa afirma se cometió en su perjuicio. Como se aprecia, los actos que el quejoso atribuye a la autoridad responsable constituyen dos negativas: la primera, derivada de que la autoridad responsable se negó a devolverle el vehículo que afirma es de su propiedad, no obstante que de acuerdo con lo que relató bajo protesta de decir verdad, acudió ante la autoridad ministerial a exhibir las documentales necesarias para acreditar la propiedad del aludido automotor; y la segunda, que hizo consistir en la negativa a que se le recibiera la querella que intentó formular en contra de quien resultara responsable del delito de daños cometido en su perjuicio. Lo anterior permite establecer que la quejosa reclama dos actos de naturaleza negativa y, por esa razón, la regla general apunta a que la carga de la prueba de hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos; empero, esa regla no es ilimitada. En efecto, respecto de la negativa a la devolución de vehículo, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que solicitó la devolución del vehículo de que se trata, porque resultaría ilógico obligar a la autoridad responsable a demostrar que no incurrió en la negativa de devolver el automóvil precitado, si la solicitud de devolución aún no se le ha formulado, como alegó en su informe justificado; lo que no ocurrió en la especie pues la quejosa no ofreció sólo ofreció como prueba de su intención la copia certificada del pedimento de importación del aludido vehículo, lo que no desvirtúa la negativa formulada por la responsable. Lo mismo acontece respecto del diverso acto reclamado consistente en la negativa ".a recibirme el escrito de denuncia y/o querella en contra de quien resulte responsable por el delito de daños.", debido a que la quejosa no exhibió el escrito respectivo, lo cual podría constituir un principio de certeza de la existencia de la negativa que atribuyó a la Fiscalía estatal; empero, ante la no exhibición de la querella que se adujo no fue recibida, entonces debe prevalecer la negativa formulada en el informe justificado. En las relacionadas condiciones, se impone sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta resolución. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; dos de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha emplazado a la tercero interesada ******, por tal motivo existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data. A fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil quince, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil quince. Vistas las documentales enviadas por la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, con sede en esta ciudad, se advierte que la tercero interesada formuló querella, con motivo del delito de lesiones ocasionados en su perjuicio, por hechos ocurridos en el mes de abril del año en curso, en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, donde se encuentra involucrado el vehículo PT CRUISSER, modelo 2002, color gris, placas 274 SAU8 del Estado de Chihuahua, serie 3C8FY68B82T290584, que la quejosa afirma es de su propiedad. Atento a lo anterior a ...... le reviste el carácter de tercero interesada, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Amparo; por tanto, dado que se reservó su emplazamiento en el acuerdo de admisión, por conducto de la Actuaria de la adscripción, con copia de la demanda de amparo y enterándola de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, emplácese en el domicilio que señaló ante la autoridad Responsable ubicado en Calle Calzada del Parque, número 962, Colonia Margaritas, en esta ciudad. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.*

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