Blanca Estela Ruiz Concha
Expediente 959/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Blanca Estela Ruiz Concha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL. 959/2019 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el seis de noviembre de dos mil veinte, firmada y autorizada el once de noviembre siguiente, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por *** sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Documentos. Sin que, en el caso, haya lugar a devolver la documental que exhibió la parte quejosa, toda vez que lo hizo en copia simple, por lo que no se ubican dentro del supuesto a que se refiere el artículo 3°, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, que prevé la devolución de documentos originales que las partes exhiban en el expediente; salvo que comparezca a solicitar su devolución. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Destrucción de cuadernillo de constancias. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obra un cuadernillo de constancias formado con motivo del recurso queja interpuesto por la quejosa contra el proveído dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional; en esas condiciones, como carece de objeto su existencia, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 959/2019 2-B [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y dos minutos del seis de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 959/2019, como se ordenó en acuerdo de siete de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, e informe justificado de las autoridades responsables y hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, acuérdese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: La quejosa ofreció como pruebas: I. La documental, consistente en copia simple de: a) La credencial de elector expedida a su favor, por el Instituto Nacional Electoral. b) Comprobante de pago expedido a su favor, correspondiente a la segunda quince del mes de septiembre de dos mil diecinueve. c) Formato Único de Personal. d) Orden de presentación firmada por el titular de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. e) Constancia de servicio para efectos de cobro. f) Oficio 1/2019-2020, relativo a la iniciación de labores, emitido por el director de la Escuela Primaria "Porfirio Díaz". g) Dos constancias de servicio, firmadas por el referido director. h) Oficio 042/2019-2020, relativo a la constancia para efectos de cobro, quincena 19; y, i) Oficio 026/2019-2020, correspondiente a la constancia para efectos de cobro, quincenas 18/19. II. Instrumental de actuaciones. III. Presuncional legal y humana. Por su parte, las autoridades responsables, a) Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, b) coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria y c) jefa del Departamento de Pago de Nómina, a través del apoderado legal de ese Instituto Estatal, remitieron copia certificada de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados. Acto continuo, se provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas de que se trata, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Visto, para resolver el juicio de amparo 959/2019; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y, remitido el veintinueve de octubre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los siguientes actos reclamados y autoridades responsables: 1. Orden de privación de sus pagos y emolumentos como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, debido a una resolución emitida en un procedimiento administrativo que, dice, desconoce, pues, manifiesta no fue emplazada. Lo que atribuyó a la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2. Ejecución de la privación de sus pagos, con motivo de un procedimiento administrativo iniciado en su contra, en el que, refiere, no fue llamada. Que reclamó a la jefa del Departamento de Pago de Nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Asimismo, en la demanda de amparo la quejosa señaló como autoridad responsable al referido Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sin que hubiere precisado cuáles eran los actos que le reclamaba. 1.2. La quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, párrafos primero, tercero y séptimo, 5, primer párrafo, 6, 13, 14, segundo párrafo, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 1, 5, 8 y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 959/2019 y se previno a la quejosa para que aclarara su demanda y: a) Señalara cuáles son los actos que reclama al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. b) Manifestara si también reclamaba de la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que, dijo, se le instruye. Tercero. Desechamiento de la demanda. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve, la quejosa aclaró el escrito de demanda y refirió que el acto que reclama del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca lo es la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que se instruye en su contra; por lo que en acuerdo de doce de noviembre siguiente se desechó la promoción inicial constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal. Cuarto. Recurso de queja. El dos de diciembre de dos mil diecinueve se tuvo a la quejosa **interponiendo recurso de queja contra el proveído dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. 4.1. Se revoca la sentencia y se admite el escrito de demanda. Por ejecutoria de veintiuno de mayo de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja 272/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa y ordenó la admisión la admisión de la demanda; por lo que en auto de siete de septiembre de este año se admitió a trámite dicho ocurso, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y se reclaman actos de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, son: 1o La orden de privación de los pagos y emolumentos de la quejosa, como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, debido a una resolución emitida en un procedimiento administrativo que, dice, desconoce, pues, manifiesta no fue emplazada. Lo que atribuyó a la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2o. La ejecución de la privación de sus pagos, con motivo de un procedimiento administrativo iniciado en su contra, en el que, refiere, no fue llamada. Lo que reclamó a la jefa del Departamento de Pago de Nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 3. Falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que se instruye en su contra. Lo que combatió del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Tercero. Presunción de existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, a) Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, b) coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria y c) jefa del Departamento de Pago de Nómina, a través del apoderado legal de ese Instituto Estatal, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. Al efecto, manifestaron que el diez de septiembre de dos mil veinte (siendo lo correcto, ocho de septiembre de este año, según la copia certificada que anexaron al informe justificado) se emitió el acuerdo conclusivo del procedimiento administrativo, en el que se garantizaron los derechos laborales de la trabajadora, aquí quejosa ***. Sin embargo, su negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados, dado que hasta el ocho de septiembre de dos mil veinte, fecha posterior a la presentación de la demanda (veintiocho de octubre de dos mil diecinueve), se determinó que no se analizaría el fondo de las consideraciones planteadas en el procedimiento administrativo instaurado contra la quejosa, en virtud de actualizarse el supuesto de prescripción para que el patrón ejerciera esa acción. Cuarto. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es oficioso, preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados en este juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los numerales 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen: Ley de Amparo "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Constitución Federal "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales". Los preceptos transcritos establecen que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos (artículo 103 constitucional) y que, para efectos de ese medio de defensa extraordinario, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria (artículo 5 de la Ley de Amparo). En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", señaló como autoridad responsable, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De lo expuesto por la quejosa en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte y de las constancias que las autoridades responsables remitieron con su informe justificado, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 129, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue contratada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como personal de apoyo y asistencia a la educación (foja 3). La quejosa refiere que desde la segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve (foja 2) no se le han cubierto los pagos de su salario, como consecuencia de la orden de la privación de sus pagos y emolumentos, derivada de un procedimiento administrativo instruido en su contra por el a) Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 25) y b) coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria (foja 2); determinación que fue ejecutada por c) la jefa del Departamento de Pago de Nómina de ese Instituto Estatal; lo que constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. Además, combate la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que le instruye la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 21), en el que, dice, se ordenó la retención del pago de su salario. Planteada así la demanda de amparo, se advierte que no son actos de autoridad los reclamados por la quejosa, pues el que no se le hubiere cubierto el pago de sus salarios que dice devengó desde la segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve, no deviene de un acto de autoridad, aun cuando manifieste que ello proviene de un procedimiento administrativo, puesto que las autoridades que, dice, lo iniciaron, a saber, a) el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 25) y b) coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria (foja 2), no actúan investidas de imperio frente a la promovente del amparo -que es la persona contratada-, sino con motivo de la relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación), entre dichos entes públicos como contratantes. Por lo que, en todo caso, su actuación frente a la quejosa se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquellas autoridades actúan como particulares (patrón), y no como autoridades investidas de imperio frente a la agraviada. Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona jurídica sujeta de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. La teoría general del derecho refiere que las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sobre esas premisas, es evidente que los actos que la quejosa atribuye a las autoridades responsables, esto es, a) la orden de la privación de sus pagos y emolumentos, derivada de un procedimiento administrativo instruido en su contra por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 25) y la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria (foja 2) y su ejecución por c) la jefa del Departamento de Pago de Nómina de ese Instituto Estatal, así como d) la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo, que se le instruye por las primeras dos responsables (foja 21), en el que, dice, se ordenó la retención del pago de su salario, no fueron realizados dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emanan de autoridades investidas de imperio sobre un gobernado, sino que esos actos derivan de una relación laboral, porque están íntimamente vinculados con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través de esta instancia constitucional. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 10/90, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 92, de rubro; "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado-empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes y precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón, y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. De ahí que no obste que la quejosa en su demanda de amparo invoque como derechos fundamentales vulnerados los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, relativos al derecho de legalidad y seguridad jurídica, por manifestar que no fue emplazada al procedimiento administrativo del que deriva la orden de suspensión de su salario, pues, como se dijo, los mismos no emergen del imperio de las autoridades, ya que la posición de la parte quejosa frente a las mismas no es la de un gobernado, sino que esa reclamación surge, en su caso, de un procedimiento administrativo derivado de la relación laboral entre ambos sujetos, en el que las autoridades responsables aplicaron la ley que los rige para resolverlo, pero actuando siempre como patrón, en una relación de coordinación y, como tal, esas autoridades son sujetos de juicio laboral para determinar la legalidad de su proceder frente a su trabajadora, aquí quejosa, conforme al régimen jurídico. Se cita al respecto, la jurisprudencia III.4º.T.J/3 (10a), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1639, libro 28, marzo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". En esas condiciones, al no constituir los actos reclamados, actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino una eventualidad derivada de la relación laboral entre la hoy quejosa con el patrón, ello impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la tesis P. XXVIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". Máxime si se considera que además de la referida causa de improcedencia, también cesaron los efectos de los actos reclamados, al haberse dictado el acuerdo conclusivo del procedimiento administrativo que se instruyó a la aquí quejosa, por considerar que las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, disciplinar sus faltas y efectuar descuentos en sus salarios había prescrito. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". El anterior pronunciamiento no implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona; habida cuenta que si bien es cierto que, de acuerdo con ese numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional sólo, en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados en este juicio de amparo, consistentes en: 1. La orden de privación de los pagos y emolumentos de la quejosa, como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, debido a una resolución emitida en un procedimiento administrativo que, dice, desconoce, pues, manifiesta no fue emplazada. Que atribuyó a la coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2. La ejecución de la privación de sus pagos, con motivo de un procedimiento administrativo iniciado en su contra, en el que, refiere, no fue llamada. Que reclamó a la jefa del Departamento de Pago de Nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 3. Falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que se instruye en su contra. Que combatió del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, once de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR´
- Principal
PRAL. 959/2019 2-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 3120/2020, de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; en atención a su contenido, como se ordenó en proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, acúsese recibo del a) testimonio de la ejecutoria de veintiuno de mayo del año en curso, dictada en el recurso de queja 272/2019, de su índice y b) copia certificada de constancias deducidas de este juicio de amparo 959/2019, que remitió por oficio sin número. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC. 959/2019 2 [] Audiencia incidental. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia incidental en este incidente de suspensión, como se ordenó en acuerdo de uno de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Blanca Estela Ruiz Concha, por propio derecho e informes previos de las autoridades responsables y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. Etapa probatoria. A continuación, se abre el período probatorio y se hace constar que la quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en: a) Copia de la credencial para votar expedida a favor de la quejosa, por el Instituto Nacional Electoral. b) Comprobante de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve, girado a favor de la promovente del amparo. c) Orden de presentación firmado por el titular de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. d) Constancia de servicio para efectos de cobro expedida a favor de la quejosa, por el mencionado titular de la Unidad de Educación Primaria. e) Oficio 01/2019-2020, fechado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, relativo al inicio de labores de la quejosa, como encargada de biblioteca. f) Constancias de servicios expedidas a favor de la quejosa Blanca Estela Ruiz Concha, por el director de la Escuela Primaria Porfirio Díaz; y, g) Constancias para efectos de cobro expedidas a favor de la promovente el amparo Blanca Estela Ruiz Concha, por el director de la Escuela Primaria Porfirio Díaz. Medio de convicción que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Fase de alegatos. Abierto este período, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta fase y se procede a dictar la siguiente: Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 959/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante auto de siete de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento al proveído de admisión de la demanda, de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo 959/2019, se formó el incidente de suspensión solicitado por Blanca Estela Ruiz Concha, contra: a) La falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que se instruye en su contra. Que atribuye al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. b) La orden de la privación de sus pagos y emolumentos como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, derivada de un procedimiento administrativo instruido en su contra. Que reclama al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria. Así como c) su ejecución, que combate de la jefa del Departamento de Pago de Nómina de ese Instituto Estatal. Segundo. En el auto incidental se decretó la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos y condiciones ahí calificados, se solicitó de la autoridad responsable su informe previo y se citó a las partes para la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 158 de la Ley de Amparo; 48 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, a) Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, b) coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria y c) jefa del Departamento de Pago de Nómina de ese Instituto Estatal, por conducto de su apoderado legal, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que se les combaten, sin que la parte quejosa haya demostrado su existencia, pues aun cuando ofreció como prueba, la documental, consistente en: a) Copia de la credencial para votar expedida a favor de la quejosa, por el Instituto Nacional Electoral. b) Comprobante de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve, girado a favor de la promovente del amparo. c) Orden de presentación firmado por el titular de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. d) Constancia de servicio para efectos de cobro expedida a favor de la quejosa, por el mencionado titular de la Unidad de Educación Primaria. e) Oficio 01/2019-2020, fechado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, relativo al inicio de labores de la quejosa, como encargada de biblioteca. f) Constancias de servicios expedidas a favor de la quejosa Blanca Estela Ruiz Concha, por el director de la Escuela Primaria Porfirio Díaz; y, g) Constancias para efectos de cobro expedidas a favor de la promovente el amparo Blanca Estela Ruiz Concha, por el director de la Escuela Primaria Porfirio Díaz. Dichas documentales, justipreciadas de manera plena, en su calidad de documental pública, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo demuestran, esencialmente: I) Las percepciones económicas que obtuvo la quejosa durante el período de dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. II) La asignación que le fue conferida a la promovente como encargada de la Biblioteca de la Escuela "Porfirio Díaz". III) El inicio de labores de la quejosa en dicho puesto; y, IV) La expedición de diversas constancia de servicio, para efectos de cobro expedidas a favor de la quejosa. Sin embargo, esas documentales son ineficaces para acreditar la existencia de los actos reclamados; de ahí que si la parte quejosa no desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, ni lo hizo después de habérsele dado vista con este último y remitírsele copia de dicho informe; se niega la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia sobre la cual recaiga. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Tercero. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente original depurable. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será depurable, por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años; y, una vez fenecido dicho plazo, dentro de los treinta días posteriores procédase a su destrucción, debiendo remitirse el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado destruible. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, consérvese el duplicado de este incidente por el término de seis meses; y, una vez fenecido dicho plazo, dentro de los treinta días posteriores procédase a su destrucción, debiendo remitirse el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, en cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del citado numeral 20 Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se, R e s u e l v e: Primero.- Se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados por la quejosa Blanca Estela Ruiz Concha, consistentes en: a) La falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo que se instruye en su contra. Que atribuyó al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. b) La orden de la privación de sus pagos y emolumentos como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, derivada de un procedimiento administrativo instruido en su contra. Que reclamó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y coordinadora Jurídica de la Unidad de Educación Primaria. Así como c) su ejecución, que combate de la jefa del Departamento de Pago de Nómina de ese Instituto Estatal. En términos del considerando segundo de esta interlocutoria. Segundo.- Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando tercero de esta resolución Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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