Blanca Verónica Hernández Velasco
Expediente 428/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Blanca Verónica Hernández Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
pral.428/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. 1. Causa estado resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *** sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las a) autoridades responsables, así como de la b) agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; pues, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo, ningún agravio les genera dicha determinación, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia dictada en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Documental a disposición. Se deja a disposición de la parte quejosa la documental consistente en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, con firmas autógrafas, dictada en el juicio laboral J.32/657/2020, exhibida por aquélla; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, podrá ser destruido, en el momento oportuno, toda vez que este expediente es destruible. Se puntualiza que, para la entrega de dicha documental, deberá(n) observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 20/2021 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 428/2022 Acuerdo: pral.428/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. 1. Causa estado resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *** sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las a) autoridades responsables, así como de la b) agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; pues, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo, ningún agravio les genera dicha determinación, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia dictada en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Documental a disposición. Se deja a disposición de la parte quejosa la documental consistente en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, con firmas autógrafas, dictada en el juicio laboral J.32/657/2020, exhibida por aquélla; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, podrá ser destruido, en el momento oportuno, toda vez que este expediente es destruible. Se puntualiza que, para la entrega de dicha documental, deberá(n) observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 20/2021 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
pral.428/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 593/2022, firmado por el presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado. 1.1. Prueba documental. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 del ordenamiento legal invocado, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable oficiante, la que acompaña a su informe de cuenta; misma que será tomada en consideración en los párrafos siguientes. 2. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que: 1° En esta mesa 7 de la Secretaría de este Juzgado de Distrito, se tramita el diverso juicio de amparo 1134/2021, promovido por ***, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *****. 2° En cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 1134/2021, la responsable Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó la resolución interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el expediente *****(acto reclamado en esta instancia constitucional 428/2022). 3° Después, al haberse determinado defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en substitución, la citada autoridad responsable dictó nueva resolución interlocutoria, a saber, de fecha veinticinco de abril del año en curso, en el referido expediente laboral. Por tanto, se ordena traer a la vista como hecho notorio el expediente 1134/2021 y deducir copia certificada del oficio P/615/2022 y anexo (resolución interlocutoria de veinticinco de abril del año en curso), para ser agregados a este expediente; lo que se sustenta en la jurisprudencia XXII. J/12, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". 3. Causal de improcedencia. Ahora, de las documentales exhibidas por la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio P/615/2022, en el juicio de amparo 1134/2021, que se tramita ante este órgano jurisdiccional y que se ordenó traer a este expediente como hecho notorio, se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - - (.)." Para considerar actualizada esa causa de improcedencia no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que se requiere que se destruyan sus efectos en manera total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, a saber, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no deje ninguna huella. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este asunto la quejosa reclama la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se resuelve el incidente de liquidación en el expediente *****; acto que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tanto que de las constancias que la Junta responsable remitió por oficio P/615/2022, en el juicio de amparo 1154/2021, del índice de este órgano de control constitucional, mismas que se ordenaron agregar en copia certificada a este juicio de amparo, se advierte que, en acato al requerimiento efectuado en proveído de once de abril del año en curso, dictado en dicho juicio de amparo 1154/2021, con fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó nueva resolución interlocutoria en el incidente de liquidación en el expediente *****, en substitución de la emitida el nueve de marzo de este año (acto reclamado en esta instancia constitucional 428/2022). De lo anterior se establece que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo; por lo que se determina que se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con el mismo, pues los efectos de la interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintidós, reclamada en este juicio de amparo, desaparecieron, volviendo las cosas al estado que tenían hasta antes de emitirse. No obsta que la responsable haya dictado una nueva resolución interlocutoria en el expediente *****, puesto que ese acto será materia de análisis de cumplimiento en la ejecutoria de amparo 1134/2021; y de considerarse inconstitucional, sería materia, en su caso, de un diverso medio de impugnación. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 4. Precisión sobre reservas. Sin que en el caso sea procedente 1) emplazar a quien le resulte el carácter de parte tercera interesada, así como 2) recabar la prueba documental marcada con el número "3" del capítulo respectivo de la demanda origen de este asunto, misma de la que se reservó proveer lo relativo en auto admisorio; lo anterior, con motivo del sobreseimiento decretado. 5. Se deja sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Con motivo de lo aquí resuelto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración se la audiencia constitucional, a saber, nueve horas con diecisiete minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. 6. Acceso a la justicia. Se precisa que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 7. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. 8. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 428/2022 Acuerdo: pral.428/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 593/2022, firmado por el presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado. 1.1. Prueba documental. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 del ordenamiento legal invocado, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable oficiante, la que acompaña a su informe de cuenta; misma que será tomada en consideración en los párrafos siguientes. 2. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que: 1° En esta mesa 7 de la Secretaría de este Juzgado de Distrito, se tramita el diverso juicio de amparo 1134/2021, promovido por ***, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *****. 2° En cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 1134/2021, la responsable Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó la resolución interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el expediente *****(acto reclamado en esta instancia constitucional 428/2022). 3° Después, al haberse determinado defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en substitución, la citada autoridad responsable dictó nueva resolución interlocutoria, a saber, de fecha veinticinco de abril del año en curso, en el referido expediente laboral. Por tanto, se ordena traer a la vista como hecho notorio el expediente 1134/2021 y deducir copia certificada del oficio P/615/2022 y anexo (resolución interlocutoria de veinticinco de abril del año en curso), para ser agregados a este expediente; lo que se sustenta en la jurisprudencia XXII. J/12, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". 3. Causal de improcedencia. Ahora, de las documentales exhibidas por la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio P/615/2022, en el juicio de amparo 1134/2021, que se tramita ante este órgano jurisdiccional y que se ordenó traer a este expediente como hecho notorio, se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - - (.)." Para considerar actualizada esa causa de improcedencia no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que se requiere que se destruyan sus efectos en manera total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, a saber, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no deje ninguna huella. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este asunto la quejosa reclama la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se resuelve el incidente de liquidación en el expediente *****; acto que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tanto que de las constancias que la Junta responsable remitió por oficio P/615/2022, en el juicio de amparo 1154/2021, del índice de este órgano de control constitucional, mismas que se ordenaron agregar en copia certificada a este juicio de amparo, se advierte que, en acato al requerimiento efectuado en proveído de once de abril del año en curso, dictado en dicho juicio de amparo 1154/2021, con fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó nueva resolución interlocutoria en el incidente de liquidación en el expediente *****, en substitución de la emitida el nueve de marzo de este año (acto reclamado en esta instancia constitucional 428/2022). De lo anterior se establece que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo; por lo que se determina que se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con el mismo, pues los efectos de la interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintidós, reclamada en este juicio de amparo, desaparecieron, volviendo las cosas al estado que tenían hasta antes de emitirse. No obsta que la responsable haya dictado una nueva resolución interlocutoria en el expediente *****, puesto que ese acto será materia de análisis de cumplimiento en la ejecutoria de amparo 1134/2021; y de considerarse inconstitucional, sería materia, en su caso, de un diverso medio de impugnación. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 4. Precisión sobre reservas. Sin que en el caso sea procedente 1) emplazar a quien le resulte el carácter de parte tercera interesada, así como 2) recabar la prueba documental marcada con el número "3" del capítulo respectivo de la demanda origen de este asunto, misma de la que se reservó proveer lo relativo en auto admisorio; lo anterior, con motivo del sobreseimiento decretado. 5. Se deja sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Con motivo de lo aquí resuelto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración se la audiencia constitucional, a saber, nueve horas con diecisiete minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. 6. Acceso a la justicia. Se precisa que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 7. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. 8. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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