Blanca Concepción Zavaleta Cruz

Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1005/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Blanca Concepción Zavaleta Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1005/2019-8*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Causa estado resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación de tres de diciembre de este año -foja 12-, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Blanca Concepción Zavaleta Cruz, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los autos dictados en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de la parte quejosa, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1005/2019-8*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que del veintiséis de noviembre al dos de diciembre del año actual transcurrió el término otorgado en proveído de quince de noviembre de este año -fojas 4 a 10-, a la quejosa Blanca Concepción Zavaleta Cruz, sin que cumpliera con los requerimientos formulados en éste. Por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL: 1005 MESA 8 &San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Vista la razón de veinte de noviembre de este año -foja 11-, de la misma se advierte que el actuario adscrito a este Juzgado asentó la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el auto de quince de este mes y año -fojas 4 a 10-; ello, al no localizar el domicilio señalado por dicha parte procesal para oír y recibir notificaciones, por los motivos que señala. Se ordena notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte quejosa la citada determinación, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese...

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO ACUERDO) PRAL.1005/2019-8*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil diecinueve. I. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el catorce de este mes y año, turnada a este órgano jurisdiccional el quince siguiente, promovida por Blanca Concepción Zavaleta Cruz, por propio derecho, contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en la que reclama violaciones a derechos de las personas, como lo es el derecho a la vida; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1005/2019. II. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. III. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, la aclare en los siguientes términos: Del estudio integral de la demanda de amparo indirecto se advierte que la parte quejosa reclama del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, lo siguiente (foja 2): Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado refiere (foja 2): Y solicita la suspensión de la manera siguiente (foja 3): Sin embargo, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda y, en su caso, evitar la reposición del procedimiento, se realizan las siguientes prevenciones: 1) La parte quejosa deberá manifestar si promueve únicamente por propio derecho o, en su caso, si también lo hace en favor o en representación de otra persona; de ser así, proporcionará el nombre completo de la (s) misma (s), en el entendido que deberá acreditar con las constancias respectivas el carácter que ostenta tener en relación a esa representación. Lo anterior, ya que si bien la parte quejosa señala que promueve por propio derecho, la redacción de su demanda la realiza refiriéndose en plural, como se desprende de la transcripción siguiente (foja 2 reverso y 3) ".se viola en nuestro agravio como ciudadanos del Estado de Oaxaca nuestro interés Jurídico (sic)." ".Solicitamos la suspensión del acto reclamado." Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 23/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009, novena época, con registro 167431, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." 2) Precisará si los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca los reclama con motivo de su entrada en vigor o bien con motivo de un acto concreto de aplicación. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 167, volumen 103-108, primera parte, con registro 800694, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma." En el caso de reclamar dicha normatividad con motivo de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa) deberá precisar dicho (s) acto (s) y qué autoridad lo aplicó; así también, expresará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de ese (os) acto (s) de aplicación y cuándo tuvo conocimiento. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes : "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." 3) Ahora, toda vez que la parte quejosa señala la inconstitucionalidad de la reforma de los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca, deberá precisar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Congreso del Estado de Oaxaca, y qué acto (s) de autoridad le reclama; en el entendido que de señalar a dicho Congreso como autoridad responsable deberá indicar los antecedentes del (los) acto (s) y exhibir una copia más de la demanda de amparo para, en su caso, correr traslado a la misma. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a foja 1386, del tomo XX, agosto de 2004, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180964, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley." 4) Aclarará qué acto en específico reclama al gobernador responsable, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , dentro de sus facultades, sólo está la de presentar iniciativas de ley ante la Legislatura del Estado, pero no reformar la ley en sí; en el caso específico, los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca, Lo anterior, ya que si bien es cierto que la promulgación de leyes o decretos corresponde al titular del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , también lo es que para que un proyecto tenga carácter de ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso del Estado. 5) Aclare si también reclama como acto la omisión por parte del gobernador responsable de vetar la ley que tilda de inconstitucional o sólo lo hace valer como concepto de violación, ya que refiere que "el Gobernador estaba autorizado para vetar la ley". 6) Precise, en vía de antecedentes, por qué en el apartado de suspensión del acto reclamado señala que solicita la medida provisional para el efecto de que la reforma al Código Penal sea detenida, pues es un hecho notorio que dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, a saber, el veinticuatro de octubre del año en curso. 7) Precise qué actos de autoridad señala conforme a lo previsto en el artículo 22 constitucional, pues de la estructura integral de la demanda solo se limita a señalar dicho precepto legal. IV. Precisión respecto a la suspensión de oficio. Cabe precisar que, por el momento, no será materia de suspensión de oficio y de plano el acto reclamado; pues si bien la parte quejosa precisa como artículos vulnerados, entre otros, el 22 de la Constitución Federal, lo concerniente a dicho señalamiento es motivo de prevención en este proveído, aunado a que de la lectura integral del escrito de demanda no se advierten actos respecto de los cuales se deba decretar la suspensión de oficio. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". Énfasis añadido V. Precisión. Se precisa que las anteriores prevenciones se realizan a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, la (s) autoridad (es) responsable (s) defienda (n) la constitucionalidad de los actos que se le (s) reclama (n), al emitir su informe justificado y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". VI. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. VII. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. VIII. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en el proemio de su demanda. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. X. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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