Blanca Estela Acosta Díaz
Expediente 987/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Blanca Estela Acosta Díaz
Actuaciones
- Principal
PRAL 987/2019 MESA 6.B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Causa estado la determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de trece de noviembre del año en curso (fojas 18 a 28), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Por otro lado, como de la certificación que antecede, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese....
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PRAL.987/2019-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el doce de este mes y año y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por la quejosa Blanca Estela Acosta Díaz, por propio derecho, contra el acto reclamado al juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y a otras autoridades, que hizo consistir en todo lo actuado en la audiencia de pruebas y alegatos de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente familiar 1575/2018, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 987/2019. 2. Desechamiento. En estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues conforme a la lectura integral del escrito, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta la parte quejosa es evidente e indudablemente improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni actualizarse excepción alguna, como presupuesto para promover el amparo en la vía indirecta. El numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y del anexo que adjuntó la parte quejosa (fojas 9 a 16) , consistente en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, los cuales sucintamente se describen: 1. Que la juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro del expediente familiar 1575/2018, otorgó el 30% de la pensión alimenticia del sueldo que obtiene José Domingo Martínez Pineda, de los cuales corresponde el 20% para su menor hija J.M.A. y el 10%, para Blanca Estela Acosta Díaz. 2. Por otro lado, de la documental que anexa, se advierte que el seis de noviembre del año en curso, se llevaría a cabo la continuidad de la audiencia de pruebas y alegatos; sin embargo, no fue posible el desahogo de esa audiencia, debido a que se encontraban diversas pruebas pendientes por desahogar; por lo cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la juez exhortó a Blanca Estela Acosta Díaz y José Domingo Martínez Pineda, a fin de lograr un avenimiento entre ambos, por lo que, una vez que dialogaron, acordaron lo siguiente: a) La guarda y custodia de la menor J.M.A. la ejercerá Blanca Estela Acosta Díaz. b) José Domingo Martínez Pineda proporcionará por concepto de pensión alimenticia para su hija, el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe en su fuente de trabajo, a través de Blanca Estela Acosta Díaz. c) En cuanto a los alimentos para Blanca Estela Acosta Díaz, no pactaron nada, ya que dijo tener la capacidad suficiente para sufragar sus gastos por su propia cuenta, por lo que estuvieron de acuerdo en que se dejara sin efecto el porcentaje por ese concepto que se le había fijado. d) Estuvieron de acuerdo en que esa autoridad autorizara su divorcio, por lo que solicitaron a la juez la disolución del vínculo matrimonial y, como consecuencia, la terminación de la sociedad conyugal. e) En relación a los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, quedarán en absoluta propiedad de José Domingo Martínez Pineda, por lo que, sin mediar vicio, error o lesión en su persona, establecieron que Blanca Estela Acosta Díaz cedería la parte proporcional que le corresponde sobre dichos bienes inmuebles. f) En lo concerniente a las cantidades líquidas con motivo de los créditos contraídos, José Domingo Martínez Pineda se comprometió a saldar los mismos; y adicionalmente, pagaría a Blanca Estela Acosta Díaz la cantidad de cuarenta mil pesos, a más tardar en la segunda quincena de enero de dos mil veinte, mismo que se realizaría a través de su cuenta bancaria. g) En cuanto al inmueble que actualmente habita Blanca Estela Acosta Díaz, acordaron que lo desocuparía a más tardar el uno de febrero de dos mil veinte y, en caso contrario, tendría expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que la ley prevé y ante la instancia correspondiente. e) De igual manera, pactaron respetarse mutuamente y guardar en todo tiempo el respeto hacia su persona e hija, así como no agredirse físicamente. Finalmente, en razón de lo manifestado por los comparecientes y toda vez que llegaron a un convenio por el cual dieron por concluida la controversia, conforme a lo establecido en los artículos 1673, 1675 y 1684 del Código Civil del Estado, en relación con los diversos artículos 1673, 1675 y 1684, del Código Civil del Estado, la juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aprobó el convenio y lo declaró firme para los efectos legales consiguientes, por lo que deberían observarlo, tal y como si se tratara de una sentencia, ya que cobraba vigencia y surtía efectos a partir de ese momento. En ese contexto, considerando que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo actuado en la audiencia de pruebas y alegatos de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del referido expediente familiar, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por lo cual, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación, nulificación o revocación del acto reclamado. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, este juicio se torna improcedente. En ese sentido, los artículos 670, 676, 685, 971 y 972 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen lo siguiente: "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 676.- El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia y si ésta es definitiva se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales a la Sala que corresponda, dentro del tercer día siguiente a aquél en que se señale domicilio para la segunda instancia o transcurra el plazo para hacerlo. Si es auto, se remitirá a la Sala testimonio de lo que el apelante señale, siempre que tenga relación directa con la resolución impugnada, a juicio del Juez, y se agregarán a costa del colitigante las constancias que éste designe, debiendo hacerse estas peticiones dentro de tercero (sic) día siguiente a la admisión del recurso. Si los autos están en estado o las partes se ponen de acuerdo, podrá mandarse el expediente original para la substanciación de la alzada. El plazo para remitir el testimonio será de tres días contados desde el día siguiente al de la notificación del auto que provee sobre el señalamiento de constancia. Si las partes omiten señalar constancias, el plazo se computará una vez que hayan concluido los tres días a que se refiere el párrafo anterior. Si el apelante no señalare constancias, el Juez de oficio o a petición de parte, certificará esta circunstancia, librando oficio a la Sala correspondiente, en el que informa sobre dicha omisión, a efecto de que declare la deserción del recurso. "Artículo 685.- Llegados los autos o el testimonio en su caso, el Presidente de la Sala correspondiente, de plano dentro del plazo de tres días dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el Juez. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior; revocada la calificación, se procederá en consecuencia. La Sala correspondiente tendrá en todo tiempo la facultad de requerir al inferior para que integre el testimonio con las constancias que estime necesarias. No obstante lo anterior, la Sala podrá resolver sobre la admisión y calificación del recurso, que hubiere realizado el Presidente de la misma." (.) Artículo 971.- La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes. Artículo 972.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por éste Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por disposiciones generales de éste Código, igualmente se regirán por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos: pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore De los preceptos transcritos se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, por lo que el juez natural remitirá testimonio de lo que el apelante señale cuando se impugne un auto. Ahora, en la determinación reclamada, de seis de noviembre de este año, el juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro aprobó el convenio celebrado en la audiencia de pruebas y alegatos, entre la aquí quejosa Blanca Estela Acosta Díaz y el tercero interesado José Domingo Martínez Pineda; además, lo declaró firme, tal y como si se tratara de una sentencia. Así que, conforme a la redacción de los referidos preceptos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso correspondiente, con lo cual, atendiendo a los argumentos que exponga, puede obtener su modificación o revocación; al no hacerlo así, se desacata el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a que la determinación que se pretende combatir por esta vía (seis de noviembre de dos mil diecinueve) concluyó con el convenio que realizaron, pues la juez de lo Familiar estableció que tenía los efectos de una sentencia, ya que lo decidió en lo principal y constituyó derechos y obligaciones a cargo de las partes, así como los términos y condiciones para su cumplimiento. De tal forma que aquel acto puede ser reparado al dictarse una resolución favorable a la parte agraviada; de ser adversa, podría reclamarse a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (Énfasis añadido). Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia PC.XXVIII. J/1 C (10a.), emitida por el Pleno del Vigésimo Octavo Circuito, visible en la página 3871, Tomo V, Junio de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2019984, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI "Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario -demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo." Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 175964, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por otro lado, se precisa que si bien es cierto que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos, también lo es que la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos. Los anteriores argumentos se sustentan en lo establecido tesis XVI.1o.A.T.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2001299, del rubro siguiente: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA." Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es importante destacar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Es aplicable la tesis 2ª. LXXXI/2012 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." Así como la tesis 15 K (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." 3. Domicilio. Por otro lado, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos de este Juzgado; por tanto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por ese medio. 4. Persona autorizada. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ibis Gilberto Orozco González (cédula 8023620, registro 149888), por haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/regprof/. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución dictada, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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