Blanca Estela Rosiles Melesio

Expediente 287/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
287/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Blanca Estela Rosiles Melesio

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Capital, por medio del cual comunica a esta autoridad jurisdiccional que acepta la competencia declinada por este juzgado, por auto de uno de marzo de la presente anualidad, y admite la demanda de amparo promovida por *** contra el acto que reclama del Juez Sexto Menor Civil en esta localidad. En razón de lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL; en tal razón, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, en Guanajuato, Capital, por medio del cual comunica el requerimiento que realiza al Juez Sexto Menor Civil en esta localidad, ello en cumplimiento al artículo 176 de la Ley de Amparo, en tal razón, agréguese el presente documento al juicio de amparo en que se actúa, para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de uno de marzo actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Juez Sexto menor Civil de esta localidad, por medio del cual remite la demanda de amparo y sus copias promovida por ***, contra actos del Juez Sexto Menor Civil de Partido Judicial de esta localidad; en virtud de haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma. Acúsese el recibo de estilo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 287/2017-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado (en la inteligencia de que el Sistema Electrónico y la utilización de firma electrónica para consulta y uso para las partes, se implementará una vez que entre en vigor el Reglamento que expida el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la nueva Ley de Amparo). Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que la promovente reclama de la autoridad responsable, el acto que esencialmente hace consistir en lo siguiente: "...La resolución definitiva de fecha PRIMERO DE FEBRERO del 2017, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil M.-***/2016 radicado en el Juzgado Sexto Menor Civil de este Partido Judicial de Celaya, Gto." En este orden, del contenido integral de la demanda se advierte que la solicitante del amparo ***, en su carácter de quejosa, reclama la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil número M**/2016, mediante la cual se condena a la ahora quejosa al pago de la cantidad de *** por concepto de suerte principal, el pago de los intereses moratorios a razón del 3% mensual, contados a partir del veintiséis de marzo de dos mil catorce. De la narrativa anterior, se llega a la conclusión que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de quejosa, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución citada en líneas precedentes, sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial. En este orden, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala que se entiende por resolución que pone fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Numeral que en su literalidad establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. En la especie, la sentencia emitida por la Juez Sexto Menor Civil de este Partido Judicial, con sede en Celaya, Guanajuato, se encuentra en el supuesto del numeral 170, fracción primera, párrafo segundo, de la invocada Ley de Amparo, pues se trata de una resolución que puso fin en forma definitiva al Juicio Ejecutivo Mercantil M**/2016. Por tanto, compete el conocimiento de la demanda de cuenta a un Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo establece el diverso artículo 47 del citado ordenamiento legal, que establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Por lo anterior, se concluye que la resolución que constituye el acto reclamado, se ubica en la hipótesis que se desprende del artículo 47 en vinculación con el diverso 170, fracción I, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el tema, es de invocarse, por su puntual aplicación la Tesis número XXVII.7 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, página 1107, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, de rubro y texto que establece: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio." En consecuencia, de conformidad con lo expresamente establecido por el numeral 47, de la Ley de Amparo, este Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de quejosa, por lo que en estricto cumplimiento a lo mandado también por el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de quejosa, seis copias de traslado suscrito por la quejosa, parte demandada, informe justificado, diligencias de notificación a la quejosa y emplazamiento al tercero interesado, autos originales del juicio ejecutivo mercantil número M***/16, documento base de la acción consistente en un pagaré original por la cantidad de cinco mil pesos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente, así como que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Juzgado Federal actuante la decisión tomada en el sentido de confirmar o no la determinación asumida en el presente acuerdo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con una copia de la demanda. Téngase como autorizados en términos restringidos, con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los C. ***; igualmente se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** en esta ciudad.

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