Blanca Estela Rocha Hernández
Expediente 477/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Estela Rocha Hernández
Actuaciones
- Principal
Así pues, el uno de marzo de dos mil veintiuno culminó la vigencia del acuerdo señalado en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio de amparo por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; consecuentemente, de oficio, se provee al respecto, en razón de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo y el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el análisis del cumplimiento de las sentencias concesorias de amparo es de orden público y, corresponde al órgano jurisdiccional, pronunciarse sobre si se acataron o no los efectos del fallo protector, con independencia de que se desahogue o no la vista. En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. En veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el ocurso firmado por la promovente del amparo ***, solicita copia certificada del presente juicio de amparo; indíquesele que, ya que el estado de contingencia sanitaria impide que se expidan copias de manera física dado que esto implica el desplazamiento de los servidores públicos a centros de fotocopiado externos y se pondría en riesgo su salud, previa autorización que solicite para la consulta del expediente electrónico, podrá descargar las constancias que obran en éste y si las mismas incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas. Esto, en atención a lo dispuesto por el numeral 3611 del referido Acuerdo General 12/2020.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Como se advierte de lo expuesto, los actos reclamados en este juicio constitucional consisten esencialmente en: El acuerdo de aseguramiento de un vehículo de motor emitido en la carpeta de investigación ****, por el Agente del Ministerio Público 1 Investigador de Salvatierra, Guanajuato; y, El acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, emitido por el agente del Ministerio Público de Litigación de Salvatierra, Guanajuato, que niega la devolución del vehículo de motor aludido dice, debido a que se judicializó tal carpeta de investigación y se formó la causa penal 1 P2820-108, misma que está en la etapa de investigación complementaria. Así pues, los actos reclamados en este juicio constitucional se llevaron a cabo dentro de la carpeta de investigación ***, tal como lo manifiesta el promovente «bajo protesta de decir verdad» en la narración de antecedentes, que hace y lo acredita con las documentales que adjunta. Además, dicha carpeta fue judicializada y radicada con el número de causa penal 1 P2820-108. De lo que se tiene certeza derivado de que el Agente del Ministerio Publico de Litigación de Salvatierra, Guanajato, así lo informó en su acuerdo de diez de septiembre actual, que indicó que tal proceso está en la etapa de investigación complementaria, que concluye en octubre de dos mil veinte. Lo anterior implica en consecuencia que, si bien el aseguramiento lo determinó el Agente del Ministerio de la Agencia 1 de Investigación de Salvatierra, Guanajuato, la motocicleta está a disposición del juez que tramita la causa penal 1 P2820-108, de lo que se tiene certeza derivado de que el Agente del Ministerio Público de Litigación de Salvatierra, Guanajuato -en su acuerdo de diez de septiembre-, indicó que en tal causa, indicó a la ahora quejosa tal vehículo se catalogó como «instrumento de delito». Por tal razón, al tener la certeza de que se judicializado la carpeta de investigación, el Ministerio Público perdió el carácter de autoridad al formar parte del proceso penal, en atención al principio de equilibrio procesal. Ello, pone de manifiesto que los actos reclamados del agente del Agente del Ministerio de la Agencia 1 de Investigación y Agente del Ministerio Público de Litigación, ambos de Salvatierra, Guanajuato, derivan de una relación jurídico procesal, en la que la autoridad señalada como responsable tiene el carácter de sujeto del procedimiento con calidad de parte (mas no de autoridad), y la parte quejosa de indiciado (mas no de gobernada respecto de aquélla), porque ésta actúa como encausado a proceso penal, a su decir, sujeto de investigación de dicho agente. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo lo promovió la quejosa cuando se encuentra ya en trámite la causa penal *** y, los actos reclamados constituyen medularmente, el aseguramiento de una motocicleta ocurrido en la carpeta de investigación ***, y la negativa a devolvérsela; sin embargo, tal vehículo está a disposición del juzgado de la causa, de ahí que ya no son atribuibles al Ministerio Público, puesto que ya es parte en el proceso penal. De ese modo, aun cuando el Agente del Ministerio de la Agencia 1 de Investigación, pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho agente en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad. Lo anterior es así, ya que en la demanda de amparo se sostiene que los actos no derivan de un procedimiento administrativo -seguido ante una autoridad en ejercicio de una relación de supra a subordinación con el gobernado-, por un lado. De ahí que, se reitera, los actos reclamados derivan de una relación jurídica procesal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer agotando previamente todos los medios que brinda la ley. Además, tampoco se está en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio «no son actos de autoridad», no implica por exclusión, que deban ser considerados como «actos de particulares», susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. Toda vez que el promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado de su parte, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado **, toda vez que su cédula profesional si se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para imponerse de autos a José Carmen Ignacio Valencia Cruz y María Guadalupe Serrano Hernández, por así haberse solicitado expresamente.
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