Blanca Noemi Bautista Gonzalez

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Blanca Noemi Bautista Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, causa estado el proveído en cita. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Como lo establece el artículo 35, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, de autos se advierte que no obra billete de depósito toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. En el supuesto de que las partes hubieran ofrecido prueba documental en original, requiéraseles para que en el plazo de noventa días, según lo establece el artículo 18, párrafo segundo, del aludido acuerdo general, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de las partes que en el momento que comparezcan ante este juzgado a recibir los documentos originales que hubieran exhibido, deberán hacerlo en el horario presencial de labores de este tribunal, debidamente identificados con credencial oficial con fotografía; de todo lo cual se dejará razón de recibo correspondiente. En cuatro de junio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.

  2. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, causa estado el proveído en cita. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Como lo establece el artículo 35, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, de autos se advierte que no obra billete de depósito toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. En el supuesto de que las partes hubieran ofrecido prueba documental en original, requiéraseles para que en el plazo de noventa días, según lo establece el artículo 18, párrafo segundo, del aludido acuerdo general, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de las partes que en el momento que comparezcan ante este juzgado a recibir los documentos originales que hubieran exhibido, deberán hacerlo en el horario presencial de labores de este tribunal, debidamente identificados con credencial oficial con fotografía; de todo lo cual se dejará razón de recibo correspondiente".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, por el cumple con la prevención formulada en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así que dicho motivo sea manifiesto significa que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, incisos a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura los casos en los que es admitido el juicio de amparo directo. Es procedente en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, cometida durante el procedimiento. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia el negar la admisión de la demanda. Es el fin del procedimiento, por ende es una resolución que pone fin al juicio y de conformidad con las reglas estipuladas en la materia, esta no es de las que conocen el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se negó la admisión la admisión de la demanda, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. En once de mayo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA

  4. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, por el cumple con la prevención formulada en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así que dicho motivo sea manifiesto significa que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, incisos a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura los casos en los que es admitido el juicio de amparo directo. Es procedente en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, cometida durante el procedimiento. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia el negar la admisión de la demanda. Es el fin del procedimiento, por ende es una resolución que pone fin al juicio y de conformidad con las reglas estipuladas en la materia, esta no es de las que conocen el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se negó la admisión la admisión de la demanda, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.".

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