Blanca Estela Rivera Garcia
Expediente 902/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Estela Rivera Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintidós de noviembre junio del dos mil dieciocho, en la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 81, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, ofrece pruebas y nombra delegados. Atento lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que mediante auto de veintidós de los corrientes, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por la quejosa ***, a través del cual aduce que la autoridad señalada como responsable en el presente asunto Jefa de la Oficina Recaudadora en Celaya, Guanajuato, ME CONTESTÓ EN CUANTO A MI TRAMITE DE PLAQUEO, informándole que su trámite estaba en validación; de ahí que EXPRESAMENTE SOLICITA que se provea con relación a lo que dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, en lo relativo a la actualización de causales de sobreseimiento; de ahí que, este Juzgado Federal provee lo siguiente: Visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamó de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de la Oficina Recaudadora en Celaya, Guanajuato; e hizo consistir en esencia, en NO DARME RESPUESTA, PRONUNCIAMIENTO, Y/O LO QUE ALLÁ LUGAR DEL PLAZO INTERPUESTO POR LA RESPONSABLE, EN CUANTO AL TRÁMITE DE ALTA VEHÍCULAR AL PADRÓN DEL ESTADO, ingresado desde el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Omisión que consideró violatoria de los derechos establecidos por el artículo 8 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 902/2018, que consecutivamente le correspondió, se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. En el escrito de cuenta, la quejosa ***, expresamente reconoce que la autoridad responsable Jefa de la Oficina Recaudadora en Celaya, Guanajuato, DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD, informándole que su trámite estaba en validación; de ahí que solicita que, d conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, se sobresea el Juicio de Amparo. Precisado lo anterior, y atendiendo a que se puso en evidencia que la autoridad señalada como responsable informó al quejoso que su trámite estaba en validación, y este último solicita el sobreseimiento del Juicio de Amparo, a consideración de este Tribunal, respecto de la omisión reclamada en el presente asunto sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con dos minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclama ***, destacada en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que como expresamente lo reconoce el quejoso, le dieron respuesta a la solicitud de emplazamiento de vehículo ingresada ante la Jefa de la Oficina Recaudadora en Celaya, Guanajuato, indicándole que estaba en etapa de validación. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, CESÓ EN SUS EFECTOS la omisión que ante esta autoridad de Amparo, reclamó ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspodiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dos minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclamó de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de la Oficina Recaudadora en Celaya, Guanajuato; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita se imponga multa a la autoridad responsable, al haber sido omisa en rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ley (quince días), cuyo computo inició el pasado treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.
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