Bibiana Aidee Audelo
Expediente 951/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Bibiana Aidee Audelo
- Bibiana Aidee Audelo y Otros.
- Pedro Emiliano Gaytán Audelo, a tráves de su representante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 951/2019 MESA 1.B° ... se r e s u e l v e : Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Bibiana *** y menor de edad PEGA, contra 1º la negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de *** los cuidados provisionales de su menor hijo, por encontrarse decretado a favor de su progenitor mientras se resuelve la custodia provisional y hasta en tanto se cuente con la valoración psicológica respectiva; y, 2º el señalamiento de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia familiar sobre la convivencia entre el menor y su progenitora, derivados del auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente *** atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en términos de los considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente...
- Principal
NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 951/2019; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 11) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Bibiana Aidee Audelo, en representación del menor PEGA , solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, por el que 1ºse niega acordar en audiencia formal familiar y a su favor los cuidados provisionales de su menor hijo, y 2 se señala como fecha para audiencia familiar sobre visita y convivencia hasta el mes de enero de dos mil veinte (foja 6), en el expediente 356/2013, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados (fojas 7 y 8), invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 8) y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 8 a 11). Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (fojas 16 y 17) se ordenó formar el expediente que quedó registrado con el número 951/2019 y se previno a la parte quejosa aclarara la demanda de amparo (fojas 16 reverso y 17). Tercero. Cumplimiento de prevención. La parte quejosa aclaró la demanda de amparo mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que señaló, entre otros aspectos, que dicha demanda también la promovía por propio derecho (foja 19), por lo que mediante acuerdo de fecha siete de noviembre siguiente (fojas 20 a 23) se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Javier Dionisio Gaytán Jiménez y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto lo emitió una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y constancias que aparecen en este juicio de amparo, son: 1 La negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de Bibiana Aidee Audelo los cuidados provisionales de su menor hijo, por encontrarse decretado a favor de su progenitor mientras se resuelve la custodia provisional y hasta en tanto se cuente con la valoración psicológica respectiva; y, 2 El señalamiento de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia familiar sobre la convivencia entre el menor y su progenitora. Derivados del auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 356/2013, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, jueza Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos atribuidos (foja 32). Y como justificación de dicho informe se tiene la copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio 356/2013, misma que obra como tomo anexo I. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es procedente estudiar las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el tercero interesado Javier Dionisio Gaytán Jiménez hace valer la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción VI, -sic-, porque el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo; que, además, debió haberse agotado el principio de definitividad. Esto es, hace valer dos causas de improcedencia, a saber, a) los actos reclamados por la parte quejosa no son de imposible reparación y b) no observar el principio de definitividad. I. En relación con la primera de ellos, es de señalarse que de la interpretación de lo que expresó el tercero interesado, se aprecia que esos numerales que invoca derivan de la Ley de Amparo, mismos que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley". Ahora, los actos que reclama la parte quejosa, a saber: 1º La negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de Bibiana Aidee Audelo los cuidados provisionales de su menor hijo, por encontrarse decretado a favor de su progenitor mientras se resuelve la custodia provisional y hasta en tanto se cuente con la valoración psicológica respectiva; y, 2º El señalamiento de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia familiar sobre la convivencia entre el menor y su progenitora. Son de imposible reparación, en la medida que, de acuerdo con su naturaleza, genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable, pues se pretende el cambio de cuidados temporales que están a cargo del progenitor, aquí tercero interesado, con independencia de que en su momento se decida sobre la guarda y custodia del menor, pues la quejosa expresa un argumento relativo al trato que se le da al menor, teniéndose su progenitor a su cuidado. De ahí que es infundado ese planteamiento del tercero interesado. II. El quejoso refiere que contra esos actos reclamados procede el principio de definitividad, sin señalar cuál es el recurso o medio ordinario de defensa que debe hacerse valer contra los actos que aquí se reclaman. Con independencia de lo anterior, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos; sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, relativo a la resolución intermedia que se dictó y la dilación para llevar a cabo una audiencia, no existe medio de impugnación en su contra. Por tanto, es infundada la causa de improcedencia que hace valer dicho tercero interesado y procede el estudio de fondo del asunto. Quinto. Análisis de concepto de violación por uno de los actos reclamados. Atendiendo que son dos actos reclamados, en este considerando se analizará el relativo a la negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de Bibiana Aidee Audelo, los cuidados provisionales de su menor hijo, aquí quejoso, derivado del auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 356/2013. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Además, como en este juicio de amparo uno de los quejosos es menor de edad, por haber nacido el cinco de noviembre de dos mil nueve, según atestado de su nacimiento inscrito en el Registro Civil (foja 12), mismo que adquiere valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones; por lo que, si se advierte que existe afectación directa o indirecta en la esfera jurídica del mismo, se suplirá la deficiencia de la queja, a fin de protegerlo en sus intereses . Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1. Bibiana Aidee Audelo, en representación de su menor hijo, presentó ante el juez de lo Familiar del distrito judicial del Centro, en turno, demanda en la vía de controversias del orden familiar, reclamando de Javier Dionisio Gaytán Jiménez la guarda y custodia provisional de dicho menor, así como la pensión alimenticia provisional y definitiva (fojas 2 a 4 del tomo anexo I). 2. Mediante acuerdo emitido el veintisiete de mayo de dos mil trece, la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro tuvo a la promovente, por propio derecho y en representación del menor, reclamando las prestaciones de referencia (foja 1 reverso del tomo anexo I); citó a la actora y a su hijo para que comparecieran ante esa autoridad judicial a fin de que se cerciorara del estado físico y condiciones en que se encontraba este último (foja 22), fijándose el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado como pensión alimenticia provisional a favor del menor (foja 23 del tomo anexo I). 3. En diligencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se verificó el aliño personal del menor (foja 38 del tomo anexo I) y se fijó el régimen de visitas y convivencias en forma provisional, acordando que la actora conviviría con su hijo todos los sábados y domingos, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde (foja 38 reverso del tomo anexo I); además, se señalaron las diez horas del seis de febrero de dos mil dieciocho para certificar las condiciones de aliño, estado físico y escucha del menor, en forma de entrevista o conversación, con la presencia de la responsable, la representación social, el tutor especial, el especialista en tema de la niñez o psicólogo, por lo que ordenó girar oficio al director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que compareciera la licenciada en psicología y se le discerniera del cargo; citando a la actora para determinar lo conducente respecto de la guarda y custodia de su hijo (foja 39 del tomo anexo I). 4. En audiencia de seis de febrero de dos mil dieciocho la juez responsable decretó a favor de Javier Dionisio Gaytán Jiménez los cuidados de su menor hijo, hasta en tanto se llevara a cabo la valoración de las partes y se determinara sobre la guarda y custodia del infante; por lo que ordenó girar oficio al director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que designara un perito en psicología en temas de la niñez (fojas 42 reverso y 43 del tomo anexo I). 5. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve Bibiana Aidee Audelo solicitó a la responsable señalara fecha y hora para llevar a cabo una audiencia de carácter familiar con la finalidad de que se requiriera al demandado le entregara al menor para sus cuidados provisionales, mientras se resolvía sobre la custodia, además de que se tomaran las precauciones correspondientes para que le fuera entregado a su menor, y no poner en riesgo su integridad, pues este último le había manifestado que sufría violencia por parte de su progenitor (foja 50 del tomo anexo I). 6. El ocho de octubre de dos mil diecinueve la juez responsable acordó que no era procedente señalar fecha y hora para desahogar una audiencia familiar en la cual el demandado le entregara al menor a la actora, porque el seis de febrero de dos mil dieciocho se habían decretado los cuidados temporales de su hijo a favor de su progenitor, ello mientras se resolvía sobre la custodia provisional y hasta que contara con el resultado de las valoraciones psicológicas; luego, ordenó girar oficio recordatorio al director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que la perito psicóloga emitiera su dictamen (foja 97 del tomo anexo I). Análisis del concepto de violación. Es infundado, por una parte y, fundado, por otra, en suplencia de la queja, el concepto de violación que se expresa en relación con la negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de la quejosa Bibiana Aidee Audelo, los cuidados provisionales de su menor hijo, aquí quejoso, mientras se resuelve sobre su custodia provisional y se cuente con las valoraciones psicológicas, derivado del auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 356/2013, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. En efecto, como correctamente lo determinó la juez responsable en auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, en ese juicio natural se llevó a cabo la audiencia de carácter familiar de seis de febrero de dos mil dieciocho, en la que se resolvió decretar los cuidados provisionales del menor quejoso en favor de su progenitor, mientras se resolvía sobre su custodia provisional. Entonces, si la juez responsable ya había utilizado un estándar de riesgo, según el cual tomó esa decisión que consideró generaba menor probabilidad de que el menor sufriera daños; de ahí que no era procedente, con el solo dicho de la quejosa, pues no aportó algún elemento de prueba ante esa autoridad, en señalar fecha y hora nuevamente para cambiar esa determinación y decretar esos cuidados provisionales en favor de la progenitora, aquí quejosa, pues debe contarse con el resultado de las valoraciones psicológicas que ordenó se practicaran a ambos progenitores del menor para decidir si era procedente la reclamación de la actora. Ello es así, pues el artículo 967 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca establece que las audiencias pueden practicarse en los juicios de índole familiar, con o sin asistencia de las partes; pero con el fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, deberá cerciorarse personalmente de ello o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales, quienes presentarán el trabajo que desarrollan en la audiencia, pudiendo ser interrogados por el juez y por las partes. Así, en el caso, la autoridad judicial busca proteger el interés superior del infante, para reducir al mínimo el posible daño que pudiera producirse a éste. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa expresa que debe otorgarse a la progenitora, aquí quejosa, los cuidados provisionales del menor, ya que, dice, sus abuelos lo regañan y sus primos lo insultan y le pegan (foja 8); pues, como se señaló, la autoridad judicial responsable correctamente señaló que ya existía una determinación de seis de febrero de dos mil dieciocho, en la que se advierte que, previa entrevista con el menor por parte de la psicóloga, se concedieron los cuidados del menor, de forma provisional, a su progenitor; sin que la promovente ofreciera prueba alguna ante esa responsable para justificar su dicho. En tanto que esta autoridad de amparo también se encuentre imposibilitada, jurídicamente, para determinar, vía amparo indirecto, que procede otorgar a la madre del menor esos cuidados provisionales, pues se estaría sustituyendo en las funciones de la juez de la causa, lo que no está permitido legalmente, ya que para ello deben existir pruebas que deben ser desahogadas en presencia del menor, Ministerio Público, progenitores, perito psicólogo, pero ante la juez Familiar. Sin embargo, atendiendo a la causa de pedir, el argumento de la parte quejosa en el que señala que la autoridad judicial debe resolver a la brevedad posible, pues tratándose de cuestiones de índole familiar debe actuar de oficio y atendiendo al interés superior del menor (foja 11), es fundado. En la especie, se advierte de que la juez responsable negó proporcionar los cuidados provisionales del menor a la quejosa, porque no cuenta con la valoración psicológica que ordenó se practicara a los progenitores como base de la determinación que emitirá para establecer lo relativo a la guarda y custodia del menor, solicitada por la actora Bibiana Aideé Audelo, sin que hubiere realizado los actos necesarios para allegárselo, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, dicho precepto constitucional fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas que atañe, a su vez, tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas, el derecho a la ejecución. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: ... DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material; en este último aspecto, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones. Como se ve en este caso, la juez responsable desde el seis de febrero de dos mil dieciocho ordenó llevar a cabo la valoración psicológica de los progenitores para determinar lo relativo a la guarda y custodia del menor, como lo solicitó la actora (foja 43 del tomo anexo I), pero hasta el ocho de octubre de dos mil diecinueve en que acordó que no era procedente el cambio del régimen de cuidados provisionales, solicitó al director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, requiriera a la perito psicóloga emitiera el dictamen respectivo (foja 47 del tomo anexo I), dejando transcurrir un año ocho meses para obtener el dictamen, sin que cuente todavía con el mismo, con la consecuente vulneración del derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de debido proceso, que tiene el menor, pues desconoce quién de sus progenitores ejercerá la guarda y custodia sobre él y, por ello, qué persona le proporcionará los cuidados para su pleno desarrollo, ya que esos cuidados provisionalmente están a cargo de su progenitor y de los que ha solicitado su cambio la progenitora. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. Por lo que, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Bibiana Aidee Audelo y PEGA, para el efecto de que la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro: Único. Lleve a cabo los actos necesarios para allegarse del dictamen relativo a la valoración psicológica ordenada en el juicio familiar 356/2013, con los apercibimientos relativos para hacer cumplir su determinación, pues será base de la resolución que emita sobre la guarda y custodia del menor, solicitada por la actora Bibiana Aideé Audelo. Séptimo. Análisis de conceptos de violación respecto de diverso acto. Por cuanto al acto relativo al señalamiento de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia familiar sobre la convivencia entre el menor y su progenitora, fijada mediante auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 356/2013, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, la parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, ya que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar; aunado a que si se observa afectación directa o indirecta en la esfera jurídica del menor quejoso, se suplirá la deficiencia de la queja, a fin de protegerlo en sus intereses como tal. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que los antecedentes del asunto son: 1. Bibiana Aidee Audelo, en representación de su menor hijo, presentó ante el juez de lo Familiar del distrito judicial del Centro, en turno, demanda en la vía de controversias del orden familiar, reclamando la guarda y custodia provisional de dicho menor y pensión alimenticia provisional y definitiva (fojas 2 a 4 del tomo anexo I). 2. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil trece la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro tuvo a la promovente, por propio derecho y en representación del menor, reclamando las prestaciones de referencia (foja 1 reverso del tomo anexo I); citó a la actora y a su hijo para que comparecieran ante esa autoridad judicial a fin de que se cerciorara del estado físico y condiciones en que se encontraba este último (foja 22), fijándose el veinte por ciento como pensión alimenticia provisional a favor del menor (foja 23 del tomo anexo I). 3. En diligencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se verificó el aliño personal del menor (foja 38 del tomo anexo I) y se fijó el régimen de visitas y convivencias en forma provisional, acordando que la actora conviviría con su hijo todos los sábados y domingos, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde (foja 38 reverso del tomo anexo I); además, se señalaron las diez horas del seis de febrero de dos mil dieciocho para certificar las condiciones de aliño, estado físico y escucha del menor, en forma de entrevista o conversación, con la presencia de la responsable, la representación social, el tutor especial, el especialista en tema de la niñez o psicólogo; citando a la actora para determinar lo conducente respecto de la guarda y custodia de su hijo (foja 39 del tomo anexo I). 4. En audiencia de seis de febrero de dos mil dieciocho la juez responsable decretó a favor de Javier Dionisio Gaytán Jiménez los cuidados de su menor hijo, hasta en tanto se llevara a cabo la valoración de las partes y se determinara sobre la guarda y custodia del infante; por lo que ordenó girar oficio al director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que designara un perito en psicología en temas de la niñez (fojas 42 reverso y 43 del tomo anexo I). 5. El ocho de octubre de dos mil diecinueve la juez responsable acordó que, con la finalidad de tratar el tema de las convivencias del niño con su progenitora, señalaba las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, para que se celebrara la respectiva audiencia de carácter familiar entre los progenitores del menor y con presencia del agente del Ministerio Público (foja 15 reverso del tomo anexo I). El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Por su parte, el artículo 429, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Oaxaca señala: "Artículo 429. Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre éste punto, el Juez, teniendo siempre en cuenta los intereses de los hijos, designará a la persona que deba hacerlo. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. En todo caso, los hijos tienen derecho de convivir con el progenitor que esté separado, para lo cual, en caso de discenso (sic) entre el padre y la madre, el Juez regulará el régimen de visitas y convivencia que mejor atienda a los intereses de los hijos. Para tomar su decisión, deberá oír a los menores". Y los numerales 969 y 970 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca refieren: "Artículo 969.- La audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteligencia de que la demanda inicial deberá ser proveída dentro de un plazo de tres días". "Artículo 970.- Si por cualquier circunstancia la audiencia no pueda celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes. Las partes deberán presentar a sus testigos y peritos, de manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo, se impondrá al Actuario de Juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los segundos, citándolos asimismo, para la audiencia respectiva, en la que deberán rendir su dictamen. Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada y el promovente de la prueba, de imponerle una multa hasta de cincuenta salarios mínimos en caso de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante, las partes en caso de que se ofrezca la prueba confesional, deberán ser citadas con apercibimiento de ser declaradas confesas de las posiciones que se les articulen y sean calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa para no asistir". Así, toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; en tanto que, tratándose de la materia familiar, las audiencias deben celebrarse dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, si no se celebra, se verificará dentro de los ocho días siguientes. Disposición que es aplicable en el caso, porque la juez responsable tratará lo relativo a las convivencias del niño con su progenitora, en una audiencia de carácter familiar, por ello, la facultad para llevar a cabo las audiencias y resolver a fin de que no quede indefinida la solución de los mismos. Lo anterior, porque a partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25 específicamente, se permite configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva, en el que el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de plazo razonable conforme a las particularidades del caso; atento a la tesis de rubro: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO" . Entonces, si, en el caso, la juez responsable acordó el ocho de octubre de dos mil diecinueve que esa audiencia de carácter familiar se llevara a cabo el diecisiete de enero de dos mil veinte, noventa días después del dictado de ese proveído, es inconcuso que no se respetó el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, relativo a que al gobernado se le administre justicia de manera pronta, por no traducirse ese tiempo en un plazo razonable para llevar a cabo tal audiencia y conforme a las disposiciones que establece la ley de esa materia al respecto; por tanto, resulta fundado el concepto de violación que al efecto vertió la parte quejosa, al señalar que es una fecha muy lejana para tratar sobre la visita y convivencia del menor, cuando ya está decretada y el demandado no ha cumplido (foja 8). Octavo. Efectos de la concesión. Ahora, no obstante que se advierte la existencia de la vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia, en el caso, no tendría ningún efecto práctico conceder la protección constitucional para que se fijara nueva fecha, que sea con fecha anterior a la señalada para el diecisiete de enero de dos mil veinte, a fin de llevarse a cabo la audiencia de carácter familiar para decidir lo relativo a la convivencia del niño con su progenitora en el expediente 356/2013, considerando 1º que el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve se promovió la demanda de amparo (foja 1), 2º los términos que otorga la ley de la materia para la sustanciación de este juicio constitucional, 3º así como de la fecha en que esta sentencia se dicta (dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve), y que la autoridad responsable gozará del periodo vacacional en la segunda quincena de diciembre del año en curso, hecho notorio que se invoca en este caso, por lo que se interrumpirá el plazo para que cause ejecutoria o para su cumplimiento, aunado a que esa autoridad reanudará actividades laborales en los primeros días del mes de enero de dos mil veinte; lo que no permitiría a la responsable desahogar la audiencia con fecha anterior, contrariamente, podría darse el caso de que la audiencia se señalara para fecha posterior al diecisiete de enero del año dos mil veinte, con la consecuente dilación en la administración de justicia. Por ello, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a la parte quejosa, para el único efecto de que una vez llegado el día, diecisiete de enero de dos mil veinte, la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro desahogue la audiencia de carácter familiar entre los progenitores del menor quejoso, en presencia del agente del Ministerio Público, y decida lo relativo a la convivencia del menor con su progenitora; para el caso de no ocurra alguna de las partes, le imponga el medio de apremio a que se refiere el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 356/2013, pues sólo así podrá hacer valer su determinación judicial de desahogar tal audiencia en la fecha señalada. Noveno. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 74, 76, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e : Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Bibiana Aidee Audelo y menor de edad PEGA, contra 1 la negativa de acordar en audiencia formal familiar y a favor de Bibiana Aidee Audelo los cuidados provisionales de su menor hijo, por encontrarse decretado a favor de su progenitor mientras se resuelve la custodia provisional y hasta en tanto se cuente con la valoración psicológica respectiva; y, 2 el señalamiento de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia familiar sobre la convivencia entre el menor y su progenitora, derivados del auto emitido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 356/2013, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en términos de los considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Conste.
- Incidental
INC.951/2019-1B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Se expiden copias certificadas. Agréguese el escrito del tercero interesado Javier Dionisio Gaytán Jiménez; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídasele a su costa, copia certificada de todo lo actuado en este incidente de suspensión, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos, teniendo por autorizados para recibirla a las personas que menciona. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 951/2019 MESA 1-B° ... se, Resuelve: Primero. Se niega al menor quejoso ***., la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en el auto de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, por el que se niega acordar en audiencia formal familiar y a favor de Bibiana Aidee Audelo los cuidados provisionales de su menor hijo, en el expediente ***, atribuido al juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, señalándose, además, como fecha para audiencia familiar sobre visita y convivencia hasta el mes de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente ***, atribuido a la juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando cuarto de esta resolución; háganse las anotaciones en los libros relativos. Notifíquese....
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