Billy Ricardo Isasi Vargas
Expediente 2326/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2326/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Billy Ricardo Isasi Vargas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/4038/2022 y anexos de la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en ausencia de la encargada del Despacho. Oficio mediante el cual informa, que le fueron devueltos recientemente los títulos de propiedad a que se refiere en su misiva de cuenta, relacionados con la solicitud ******************** con número de folio ********************, respecto de los cuales solicitará a la brevedad posible a la Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, su inscripción a dicha oficina registral. Circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes y de lo que se advierte que la ejecutoria se encuentra en vías de ejecución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con veintinueve minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental, prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, se hace una relación de todas y cada una de las constancias que obran en los presentes autos y se da cuenta al Juez con el informe previo rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, por sí y en representación de dicha Junta, así como del actuario de su adscripción, mismo que obra agregado en autos. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos y por rendido en tiempo y forma el informe previo de cuenta. Abierto el período de prueba, se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el periodo de pruebas. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, se declara cerrado el periodo de alegatos. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la representación social, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1639/2022-V-A, promovido por Wilbert de Jesús Ortegón López, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, en contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Presidente y actuario de su adscripción; R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Wilbert de Jesús Ortegón López, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Presidente y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Trámite de la suspensión. Por acuerdo dictado el catorce de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: El ilegal emplazamiento al Juicio Ordinario Reclamatorio Laboral 161/2021 de su índice y todas sus consecuencias. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues no obstante que al rendir el informe previo la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, por sí y en representación de dicha Junta, así como del actuario de su adscripción, hubiese sido omisa en pronunciarse respecto a la existencia de los actos reclamados; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza. TERCERO. Ahora bien, en relación a los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al Juicio Ordinario Reclamatorio Laboral 161/2021 de su índice, y todo lo actuado en el mismo, atendiendo a su naturaleza, y a que ya se llevaron a cabo, resulta evidente que se tratan de actos consumados con efectos positivos, contra los cuales, resulta procedente la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los mismos. CUARTO. Por tanto, previamente a determinar la procedencia o no de la suspensión respecto a los efectos de los actos reclamados, se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión del acto reclamado constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Por tanto, en relación a los efectos y consecuencias de los actos reclamados que se podría traducir en la ejecución del laudo condenatorio dictado en autos del juicio reclamatorio laboral 161/2021, con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, también se niega dicha medida cautelar hasta por el importe de seis meses de salario, para garantizar la subsistencia del trabajador y por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de amparo. Lo anterior no significa que la parte patronal y aquí quejosa esté impedida para que de manera voluntaria cubra a la parte trabajadora y aquí parte tercera interesada (en efectivo) los seis meses de salario, pues ello se entenderá en cuanto a que sea su intención evitar la ejecución de la aludida resolución en dicho lapso. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia número 2ª./J.21/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 293, del Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época, Materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 189,366, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIEN A AQUEL. Si se toma en consideración que la cantidad respecto de la cual el tribunal de trabajo responsable niega la suspensión del laudo, asegura la subsistencia del trabajador únicamente durante el período en que se tramita y se resuelve el juicio de amparo dentro del cual se decreta, resulta que es jurídicamente imposible estimar que la subsistencia del trabajador se encuentra asegurada con la cantidad que el patrón le entregó para tal efecto al solicitar la suspensión del laudo en el juicio de garantías anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motivo la emisión del nuevo laudo impugnado, pues de la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo directo en materia laboral y de los diversos criterios que sobre el particular ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal del trabajo responsable el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación y resolución del juicio de garantías respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente debe asegurarse durante la tramitación de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patrón promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquél, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el nuevo laudo impugnado se haya emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada en un anterior juicio de garantías." Así como las Jurisprudencias números 612 y 613, publicadas en las páginas 498 y 499, ambas del Tomo V, Volumen I, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los números de registros 915749 y 915750, con los epígrafes y textos siguientes: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo."; y "SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO EN LA. Conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, en correlación con la jurisprudencia de esta Cuarta Sala publicada en la página 3035 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que obra bajo el rubro: "SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO.", la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal del trabajo, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, que se estima es susceptible de ocurrir en el término de seis meses, por lo que a contrario sensu, si dicho funcionario considera que la parte obrera está en peligro de no poder subsistir, la suspensión es improcedente hasta por el importe de seis meses de su salario, procediendo ordenarse la ejecución inmediata del laudo en esa parte. De lo que se sigue que el presidente del tribunal laboral no está facultado para condicionar el otorgamiento de la suspensión en cuanto exceda de lo necesario para garantizar la subsistencia del trabajador, a que el patrón pague los seis meses de salario, pues de considerarlo así implicaría una doble obligación a cargo de éste, lo que incuestionablemente resulta antijurídico, puesto que ello no está previsto en el artículo 174 de la Ley de Amparo." QUINTO. Por otra parte, siguiendo lo expuesto en líneas precedentes, en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, relativo a la ejecución del laudo condenatorio dictado en autos del juicio laboral 161/2021, con apoyo en el invocado numeral 190 de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente a la suspensión en amparo indirecto, se concede la suspensión definitiva, tan solo por lo que respecta al excedente de seis meses de salario que corresponderían a la parte trabajadora y hasta en tanto se notifique que ha quedado firme la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente; sin que lo anterior implique la suspensión del procedimiento de origen por ser éste de orden público. Dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de $32,119.42 (treinta y dos mil ciento diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Así como la diversa J/1 (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 1497 y registro: 2008816, que dice: "GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en relación con la fijación del monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, concluyó que para determinar el monto de los daños y perjuicios que pudieran originarse al tercero interesado con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, debe atenderse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), al constituir un indicador monetario que, a diferencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor que sólo refleja el menoscabo o depreciación del dinero, lo actualiza a valor real, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado. En ese sentido, al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la indicada tasa, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado, pues tal duplicidad sería contraria a los argumentos dados al emitir la citada jurisprudencia, conforme a los cuales en ese indicador monetario ya se encuentran reflejados tanto unos como otros. Ahora bien, para obtener el monto de la garantía, debe atenderse, en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, acorde con la jurisprudencia citada, por seis meses que es probablemente el periodo en que se resuelve el juicio de amparo indirecto en lo principal. De lo anterior se tiene que una vez determinada la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual a veintiocho días que publica el Banco de México, ésta debe anualizarse, esto es, dicha tasa debe dividirse entre doce meses para obtener cuál es su monto mensual. El porcentaje que se obtenga debe multiplicarse por seis meses y ése será el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión". En ese tenor, la cantidad fijada en este proveído, consistente en $32,119.42 (treinta y dos mil ciento diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, moneda nacional), se obtuvo de la operación aritmética siguiente: Se multiplicó la cantidad de $462,176.67 (cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y seis pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional), relativa a la cantidad total por la que se dictó el laudo condenatorio en el juicio laboral de origen, que la Presidenta de la Junta responsable proporcionó en su informe de cuenta, por la tasa de inflación quincenal del Índice de Nacional de Precios al Consumidor (0.410%), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica http://www.inegi.org.mx, la cual se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Así, el porcentaje inflacionario nacional dio como resultado la cantidad de $1,894.92 (mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional), el cual multiplicado por seis, como se señaló en párrafo precedente, arrojó la cantidad de $11,369.54 (once mil trescientos sesenta y nueve pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), por concepto de daños. A ello se sumó el diverso monto de $20,749.88 (veinte mil setecientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad total por la que se dictó el laudo condenatorio en el juicio laboral de origen, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (8.9792%), dando como resultado $41,499.76 (cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con setenta y seis centavos, moneda nacional), entre doce (para obtener la cantidad mensual), obteniendo la cantidad de $3,458.31 (tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con treinta y un centavos, moneda nacional) y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio la cantidad a que fue condenada la parte demandada. Es menester precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.banxico.org.mx. Garantía que deberá depositar en efectivo y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de esta ciudad o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, publicada en la página 419, localizable con número de registro 175421, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante). 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA a Wilbert de Jesús Ortegón López, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Presidenta y actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a Wilbert de Jesús Ortegón López, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Presidenta y actuario de su adscripción, en los términos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese.
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