Bertha Selene Evia Cabral

Expediente 145/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
145/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Bertha Selene Evia Cabral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que aún se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud del emplazamiento realizado a JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, tercero interesado en este asunto, en fecha veintiséis de marzo del año en curso y a efecto de que tenga un adecuado conocimiento del informe de mérito, rendido por la Juez responsable, el cual obra en autos, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, toda vez de autos se advierte que el Titular de la Delegación Regional Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, designó como asesor jurídico a Erik Jiménez Contreras, para que funja como representante especial de la menor K.M.P.O., comisiónese a uno de los actuarios adscrito a este Juzgado, a efecto de que tenga conocimiento de dicha designación. Notifíquese, haciéndolo personalmente al representante especial.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, en la que la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, hace constar que le fue imposible emplazar al presente juicio al tercero interesado JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, por las razones que ahí expone. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio la existencia del diverso juicio constitucional 492/2017-IV-A del índice de este Juzgado Federal, promovido por Bertha Selene Evia Cabral, en el que JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en su carácter de tercero interesado, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Al caso resulta innecesario agregar a los autos la totalidad de las copias certificadas de las constancias del juicio de amparo 492/2017-IV-A, que se tramita ante este Juzgado, el cual se considera como un hecho notorio, pues se hace constar que se tiene a la vista el mismo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, Junio de 2007, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 172215, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En consecuencia, se ordena emplazar al tercero interesado JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en el referido domicilio ubicado en el predio marcado con el número cuatrocientos setenta y tres, letra "A" (473-A), de la calle Cuarenta y Tres (43), por Cincuenta y Cuatro (54) y Cincuenta y Seis (56) de la colonia Centro, de esta ciudad, debiendo entregarle copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y copia certificada del proveído de seis de febrero del año en curso, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA POR LISTA DE ESTRADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, en la que la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, hace constar que le fue imposible emplazar al presente juicio al tercero interesado JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, por las razones que ahí expone. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio la existencia del diverso juicio constitucional 492/2017-IV-A del índice de este Juzgado Federal, promovido por Bertha Selene Evia Cabral, en el que JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en su carácter de tercero interesado, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Al caso resulta innecesario agregar a los autos la totalidad de las copias certificadas de las constancias del juicio de amparo 492/2017-IV-A, que se tramita ante este Juzgado, el cual se considera como un hecho notorio, pues se hace constar que se tiene a la vista el mismo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, Junio de 2007, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 172215, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En consecuencia, se ordena emplazar al tercero interesado JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en el referido domicilio ubicado en el predio marcado con el número cuatrocientos setenta y tres, letra "A" (473-A), de la calle Cuarenta y Tres (43), por Cincuenta y Cuatro (54) y Cincuenta y Seis (56) de la colonia Centro, de esta ciudad, debiendo entregarle copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y copia certificada del proveído de seis de febrero del año en curso, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad; por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo remitido por la responsable, consistente en copias certificadas del procedimiento ordinario oral familiar de guarda y custodia 373/2014; déjese al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de así lo deseen; debiendo extraerse fotocopia de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que éstas sean certificadas y agregadas a este expediente, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por otro lado, toda vez que de la constancia actuarial de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se advierte que la actuaria judicial se constituyó en un predio distinto al señalado por la parte quejosa en el escrito presentado el quince del referido mes y año, el cual es el mismo que se desprende de las constancias remitidas por la Juez responsable; en consecuencia, se ordena emplazar al tercero interesado JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en el domicilio ubicado en el predio marcado con el número trescientos cincuenta y siete, letra "A" (357-A), de la calle Sesenta y Seis (66), con cruzamientos en las calles Treinta y Siete (37) y Treinta y Nueve (39), de la colonia Centro, de esta ciudad, debiendo entregarle copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y copia certificada del proveído de seis de febrero del año en curso, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la tercera interesada y cúmplase. Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de la diligencia de notificación que antecede se advierte que la quejosa BERTHA SELENE EVIA CABRAL, ratificó la firma del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el quince de febrero de dos mil dieciocho, se deja sin efecto el apercibimiento decretado por acuerdo de dieciséis del referido mes y año. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se ve involucrado un menor de edad, y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, toda vez que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de resguardar la identidad del niño, este Juzgador determina como medida para proteger la intimidad del menor aquí quejoso que, en lo subsecuente, se suprima de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo; de ahí que, en lo subsecuente únicamente se procederá a identificarlo por sus iniciales J.M.A.E. En consecuencia, toda vez que con el ocurso que se provee, la impetrante del amparo dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de seis de febrero del año en curso, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a Bertha Selene Evia Cabral, en representación de su menor hijo J.M.A.E., personalidad que acredita con el acta de nacimiento respectiva, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en autos del procedimiento ordinario oral familiar de custodia 373/2014, que promovió en contra de Jonathan Andrés Alvarado González, mediante el cual, se modificó el régimen de convivencia del menor con su progenitor, en primer término a la modalidad de videollamadas, y posteriormente, entrega-recepción. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. Ahora bien, de acuerdo con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre el menor de edad son sus representantes legítimos, sin embargo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que entre la madre de los menores quejosos BERTHA SELENE EVIA CABRAL y su progenitor JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, existe un conflicto de intereses; de ahí que no es el caso tener a la primera nombrada como representante legal del menor en este asunto; en consecuencia, a efecto de que los derechos del menor se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, para que en el término de tres días siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, se sirva proporcionar el nombre de un profesional que labore en dicha institución, que pueda fungir como representante especial en este juicio de amparo, del quejoso menor de edad J.M.A.E., a efecto de que se le designe, haciéndole saber su nombramiento para los fines de su aceptación y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada materia común, con el número de registro: 188,395, visible en la página 517 del tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la federación y su gaceta que dice: "MENORES DE EDAD, AMPARO PEDIDO POR. SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. Por regla general, los menores de edad sólo pueden ocurrir al juicio constitucional por conducto de sus representantes legítimos, llámese padres, tutor, curador, albacea, etcétera; sin embargo, de una correcta exégesis del artículo 6o. de la Ley de Amparo, se advierte que prevé los casos en los que, por excepción, el menor puede acudir en forma personal y directa a presentar su demanda de garantías, ya que el primer párrafo se refiere en especial a los menores de catorce años, a quienes otorga el derecho de promover su demanda por sí, cuando su representante o representantes legítimos se encuentren ausentes o impedidos para promover el juicio; en tal caso, el Juez de Distrito está obligado a nombrarles un representante especial que intervenga en el juicio a nombre del menor, sin perjuicio de que dicte las medidas necesarias o tome las providencias urgentes, a efecto de determinar tal ausencia o el impedimento del o los representantes legítimos; el segundo párrafo hace referencia a menores de edad mayores de catorce años, a quienes se autoriza para la promoción de la demanda de amparo en forma directa, facultándolos, además, para designar un representante que intervenga y gestione por ellos en el juicio de amparo; en este segundo supuesto, puede suceder que el mayor de catorce años no designe representante para efectos del juicio, en tal caso, el Juez de Distrito debe nombrarle uno especial, aun cuando sea provisionalmente, pues tratándose de un inimputable, debe estar representado en el juicio. Conforme con lo anterior, tratándose de menores de edad que no hayan cumplido catorce años, o de mayores de tal edad, que no hayan designado representante, si el Juez Federal elude su obligación de hacer el nombramiento del representante especial, o en el caso de los mayores de catorce años que hayan designado tal representante, no provee en relación con tal designación hecha por el menor, tal irregularidad constituye una violación a las normas reguladoras del procedimiento en el juicio de amparo, lo que provoca indefensión al menor quejoso." La tesis XXI.2o.P.A.40 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en las foja 1864, del Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 167578, que precisa: "AMPARO PROMOVIDO POR UN MENOR DE EDAD. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE DESIGNARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA QUE INTERVENGA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO RELATIVO, NO OBSTANTE QUE EXISTAN CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE AQUÉL, ORIGINA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Del artículo 6o. de la Ley de Amparo se advierte que el legislador federal estableció que un menor puede promover amparo directamente sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se encuentre ausente o impedido, caso en el cual, el Juez de Distrito le nombrará un representante especial. Ahora bien, si la demanda relativa fue promovida por un menor de edad y al no advertir de ella dicha circunstancia, el mencionado juzgador omite designarle un representante para que intervenga durante la tramitación del juicio relativo, aunque en las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado obra copia certificada del acta de nacimiento del impetrante de garantías, entonces existe una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, en virtud de que en estos casos la ley de la materia sólo permite que los menores interpongan la demanda, pero no que intervengan durante la tramitación del juicio. Por tanto, si el Juez de Distrito admitió la demanda y dictó sentencia sin cumplir con el referido artículo 6o., debe revocarse la resolución reclamada y reponer el procedimiento de conformidad con el precepto 91, fracción IV, de la citada ley." Así como las tesis cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." Con copia del presente proveído, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la Materia. Dese la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda, escrito aclaratorio y copia certificada del proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, le resulta el carácter de tercero interesado a JONATHAN ANDRÉS ALVARADO GONZÁLEZ, en consecuencia, por conducto de uno de los actuarios de este Tribunal, notifíquesele, entregándole copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y copia certificada del proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida la prueba documental que la parte quejosa exhibió con su escrito aclaratorio, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Por otra parte, se ordena la compulsa del documento que en copia certificada anexó la parte quejosa a dicho ocurso a fin de que obre en los autos del cuaderno incidental respectivo, para los efectos a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 7, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97). Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado y cúmplase. Mérida, Yucatán, seis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, se tiene a ******, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 145/2018-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 fracción I y y 108 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito aclare su demanda en los siguientes términos: Manifieste si también promueve el juicio de amparo en representación de su hijo menor J.M.A.E., toda vez que en su escrito de demanda reclama el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente número 373/2014, relativo al Procedimiento Ordinario Oral Familiar de Guardia y Custodia, que promovió en contra de Jonathan Andrés Alvarado González, en el que modificó el régimen de convivencia de visita supervisada a modalidad entrega-recepción. Proporcione el domicilio del tercero interesado Jonathan Andrés Alvarado González, pues aun cuando refiere desconocerlo, al ser parte en el juicio de origen, tiene acceso al expediente, en el que debe obrar dicho domicilio. De igual manera, hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con el requerimiento señalado con el inciso a), se admitirá la demanda únicamente respecto a la ocursante, y de no dar cumplimiento con lo requerido en el inciso b) se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como a sus autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Russell Amílcar Pacheco Méndez y Gerardo Enrique Pacheco Pinto, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en vigor, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, tal como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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