Betty Guillermo Ake
Expediente 1502/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1502/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Betty Guillermo Ake
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pueda causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 1502/2021-VII-B, promovido por ********************contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 1502/2021-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la puesta a la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable y las constancias que lo apoyan, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la certeza del acto reclamado se acreditó con el informe justificado y las constancias certificadas que lo apoyan, de los que se desprende la existencia del acto reclamado, aunado a que así lo manifestó la propia autoridad responsable, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La paralización del procedimiento ********************, al omitir dictar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de pruebas. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues aun cuando lo negó por conducto de su Presidente (promoción 15386), con posterioridad realizó manifestaciones que demuestran su certeza. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la autoridad judicial responsable a su informe de ley. A las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en autos del citado procedimiento, dictó el acuerdo de pruebas correspondiente. Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional, pues la demanda de amparo se presentó el veintiséis del citado mes y año. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con anexo; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número 224/2020-I-A, promovido por ********************y********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron ********************y********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades responsables Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Procurador Federal de Protección al Ambiente, Procurador General de la República (ahora Fiscal General de la República) y Comisionado General de la Policía Federal; todos con residencia en la Ciudad de México; Delegado en el Estado de ******************** de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretario de Desarrollo Sustentable de ********************, ambos con residencia en esta ciudad; Presidente, Secretaría, Síndico, Cabildo, Director de Desarrollo Urbano y/o Tesorería y/o Oficial Mayor, Director de Obras Públicas y Director de Protección Civil, todos del Ayuntamiento de ******************** ********************. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escritos aclaratorios, mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, declaró fundada la queja interpuesta por la parte quejosa. CUARTO. Separación de juicios y admisión de la demanda. En acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, se recepcionó la ejecutoria de mérito y se realizó la separación de juicios, respecto de los actos reclamados al Procurador General de la República ahora Fiscalía General de la República y Comisionado General de la Policía Federal, consistente en la omisión de las autoridades responsables de investigar y sancionar la destrucción, deforestación y el cambio del uso de suelo del manglar y relleno de humedal en el municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de ******************** ******************** y del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la omisión de investigar a fondo el impacto ambiental que sufre la ********************, derivado del relleno del humedal efectuado en dicha localidad, con lo que se propicia la paralización del desarrollo rural en el Municipio de ******************** ********************. También, en el propio acuerdo se admitió a trámite la demanda de amparo, contra los actos reclamados de las autoridades siguientes: Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procurador Federal de Protección al Ambiente; ambos con residencia en la Ciudad de México; Delegado en el Estado de ******************** de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretario de Desarrollo Sustentable de ********************, ambos con residencia en esta ciudad; Presidente, Secretaría, Síndico, Cabildo, Director de Desarrollo Urbano y/o Tesorería y/o Oficial Mayor, Director de Obras Públicas y Director de Protección Civil, todos del Ayuntamiento de ******************** ********************. Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, previos diferimientos de ley, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de ********************, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013 y 53/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo el primero, a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, y el segundo, al inicio de funcionamiento de este Juzgado, por reclamarse en el presente asunto actos de naturaleza omisiva, por lo que para que se surta la competencia legal de este Juzgado para conocer de él, es suficiente que la demanda de amparo se hubiera presentado en esta entidad federativa, donde este órgano de control ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): La omisión de constituir medidas de protección ambiental que paralicen la deforestación del mangle, eliminación de flora y fauna, relleno del humedal, y cambio del uso de suelo, de la ********************, ubicada en el Municipio de ******************** ********************, con la finalidad de revertir el deterioro ecológico, de la Reserva Estatal. Del Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): La violación a sus obligaciones de proteger el manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, el cual es objeto de una tala inmoderada de mangle, cambio de uso de suelo, destrucción masiva. Así como la omisión de sancionar a los funcionarios del H. Ayuntamiento de ******************** Felipe, responsables de la deforestación. Y permitir la tala, corte, desmonte del manglar y la destrucción de la flora y la fauna del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que resulta notorio el impacto ambiental que sufre el ecosistema de ********************, en especial en la zona de la Reserva Estatal de mérito. Del Delegado en el Estado de ******************** de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): La falta de intervención, al ser la autoridad responsable de cuidar y hacer prevalecer aquellos lugares protegidos, como lo es el manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, permitiendo que se lleve a cabo la tala inmoderada del manglar por los funcionarios del H. Ayuntamiento de ******************** ********************. Así como el cambio del uso de suelo forestal. Permitir que el manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, sea objeto de destrucción, deforestación inmoderada, cambio de uso de suelo forestal, y así como no sancionar a los funcionarios del H. Ayuntamiento de ********************, ********************, responsables de la destrucción de este manglar. Del Secretario de Desarrollo Sustentable de ********************: La falta de intervención y permitir que el manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, sea objeto de destrucción, deforestación inrrioderada, cambio de uso de suelo forestal, y así como no sancionar a los funcionarios del H. Ayuntamiento de ********************, ********************, responsables de la destrucción de este manglar. De la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de ******************** ********************: Por consentir la destrucción y deforestación inmoderada del manglar y relleno del humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por permitir y realizar la destrucción y deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por contribuir en la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por la omisión de realizar acto alguno que detenga la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por autorizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. De la Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento de ******************** ********************: Por emitir la convocatoria de fecha 27 de enero de 2020 a los Regidores a la sesión extraordinaria de Cabildo para someter a consideración y aprobación, de manera ilegal, la nomenclatura de las calles: ******************** continua y que dichas calles son las mismas en las que se está realizando el levantamiento de los mangles, mediante la tala, corte y desmonte del manglar. Del Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de ******************** ********************: Por la las actividades de desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambió de uso de suelo en terrenos forestales y relleno de humedal del Área Natural Protegida (ANP) ********************, en el Municipio de ******************** ********************, sin autorización de la autoridad competente. Por realizar la destrucción y deforestación inmoderada 'del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por la omisión de combatir a realizar acto alguno que detenga la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por autorizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. Del Cabildo del H. Ayuntamiento de ******************** ********************: Por consentir la destrucción, la deforestación inmoderada, y el cambio de uso de suelo forestal, del Área Natural Protegida (ANP) ********************, en el Municipio de ******************** ********************. Por la omisión de combatir a realizar acto alguno que detenga la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por aprobar la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ********************, dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por la falta de intervención respecto de la deforestación inmoderada del manglar y relleno de humedal en el Municipio de ******************** ******************** dentro del Área Natural Protegida (ANP) ********************, toda vez que este lugar es protegido, siendo así que se encuentra dañando el medio ambiente. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. Del Director de Desarrollo Urbano y/o Tesorería y/o Oficial Mayor del Ayuntamiento de ******************** ********************: Por permitir se realice el desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales y relleno de humedal del Área Natural Protegida (ANP) ********************, en el Municipio de ******************** ********************. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por autorizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. Del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de ******************** ********************: Por consentir que se lleve a cabo el desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales y relleno de humedal del Área Natural Protegida (ANP) ********************, en el Municipio de ******************** ********************, siendo la autoridad responsable en la Localidad de autorizar los permisos o licencias en su caso, para realizar actividades de construcción. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por autorizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. Del Director de Protección Civil del H. Ayuntamiento de ******************** ********************: Por consentir que se lleve a cabo el desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales y relleno de humedal del Área Natural Protegida (ANP) ********************, en el Municipio de ******************** ********************, siendo la autoridad responsable en la Localidad de autorizar los permisos o licencias en su caso, para realizar actividades de construcción. Por permitir la construcción de carreteras dentro del área de la ********************. Por permitir la construcción de viviendas dentro del área de la ********************. Por autorizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por realizar la construcción de carreteras y viviendas dentro del área de la ********************. Por otorgar las constancias de fundos legales, los cuales se encuentran ubicados dentro de la ********************. Por otorgar los permisos y constancias para la constitución de fundos legales dentro de la zona de la ********************. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General adjunto de lo Contencioso, Administrativo y Judicial, en representación de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos; y el Director General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, en representación de la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, ambos con residencia en la Ciudad de México; Secretaría de Desarrollo Sustentable y Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambos en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad; Presidente, Secretaria, Síndico, Director de Obras Públicas, Director de Protección Civil, Cabildo y Tesorero, todos del Ayuntamiento de ******************** ********************, al rendir sus respectivos informes de ley, precisaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen, sin que haya prueba en contrario que lo desvirtúe, por lo que debe tenerse por inexistente los actos reclamados. Pues es innegable que correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba; es decir, demostrar que efectivamente dichas autoridades propiciaron los actos reclamados, a que se refiere en su demanda de amparo. Sin embargo, al no hacerlo así, puesto que la parte quejosa no ofreció prueba fehaciente que desvirtúe tales negativas, debe tenerse por inexistentes los actos de molestia que se les atribuyen a las responsables. Ciertamente, si bien ofreció como pruebas las siguientes: Las copias simples de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral, expedidas a favor de ********************y********************. Los certificados de las actas de nacimiento expedidos por el Director del Registro Civil del Estado de ********************, a favor de ********************y********************. Copia simple del Acuerdo 71, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil cinco, publicado en Diario Oficial del Gobierno del Estado de ********************. Siete impresiones fotográficas de diversas zonas de la ******************** de Bravo, ********************. Dos impresiones de pantalla de las que se aprecian la calle "13 x sin número" y "calle 15 x sin número". Copia Certificada del oficio 65/28/1211/2020, de veintisiete de enero de dos mil veinte, suscrito por la Secretaria Municipal de ******************** ********************, en la que se convocó la sesión extraordinaria de cabildo. Inspección Judicial de la calle ********************, todos del municipio de ******************** ********************. Lo cierto es que no demuestran en modo alguno la existencia de los actos que reclaman respecto de las autoridades que señala como responsable. Sin que pase inadvertido para este juzgador la diligencia de inspección judicial de tres de abril de dos mil veintiuno, en el que la actuaria adscrita dio fe de las condiciones actuales en que se encuentran las calles y zona de manglares; sin embargo, no se demostró que las condiciones en que se encontraba hubiera sido ocasionada o atribuida por alguna omisión de las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, se SOBRESEE en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto de los actos omisivos atribuidos a las responsables, cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Así, cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Lo antepuesto encuentra apoyo, por las razones que las informan, en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y consideraciones siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso en estudio, los promoventes del amparo reclaman de las autoridades responsables Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procurador Federal de Protección al Ambiente; ambos con residencia en la Ciudad de México; Delegado en el Estado de ******************** de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretario de Desarrollo Sustentable de ********************, ambos con residencia en esta ciudad; Presidente, Secretaría, Síndico, Cabildo, Director de Desarrollo Urbano y/o Tesorería y/o Oficial Mayor, Director de Obras Públicas y Director de Protección Civil, todos del Ayuntamiento de ******************** ********************, la omisión de cumplir con sus obligaciones legales en el ámbito de competencia, al no impedir el impacto ambiental que sufre la ******************** de Bravo, ubicado en el municipio de ******************** ********************, derivado del relleno del humedal efectuado en dicha localidad. Para ello, debe partirse de la base de que de la lectura integral a la demanda de amparo y demás anexos que se acompañaron, no se desprende que los quejosos hubieran realizado alguna petición a las autoridades señaladas como responsables, o que ante ellas hubiesen promovido algún procedimiento que se encuentre pendiente de resolución, encaminado a proteger el impacto ambiental con motivo de alguna solicitud respecto de los actos que aluden en la demanda. Ello, toda vez que del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de ********************, y de la Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de ********************, se advierten que por el contrario realizaron acciones para mitigar los daños al medio ambiente en la localidad de ******************** ******************** en la ******************** de Bravo. Lo que además se corrobora con los oficios ******************** y ********************, de trece de noviembre y trece de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, respectivamente, suscritos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de ********************, con los que se denunció ante la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se había ejecutado la remoción de vegetación de manglar en una zona de humedal, en colindancia con la población de ******************** ******************** y se le dio seguimiento a las denuncias. Así también, como informó el Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de ********************, en su informe justificado que en relación a las actividades de corte, desmonte y afectación de vegetación de manglar y el relleno de humedales costeros sin contar con la autorización de la SEMARNAT, dentro de la poligonal del Área Natural Protegida denominada Reserva de la Biósfera ******************** en el municipio de ******************** ********************, dicha problemática ambiental la tienen identificada y de atención permanente, ya que existen diversas intervenciones dentro del marco legal y su competencia, generando expedientes administrativos en las anualidades 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que ha traído como consecuencia la emisión de actos administrativos, sanciones y clausuras definitivas en los sitios inspeccionados, así como ha realizado denuncias del orden penal ante la Fiscalía General de la República, como lo demuestra con las copias certificadas que anexó en apoyo a sus informes de ley. Las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, puede concluirse que no existe omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables que haya sido evidenciada y con ello desvirtuarse la negativa que informaron en sus correspondientes informes justifcados, pues la parte quejosa no aportó algún dato tendente a demostrar la falta de cumplimiento y omisiones que les reclama. En esas condiciones, como se dijo, lo procedente es tener por inexistente los actos que se reclaman de las autoridades responsables, al no advertirse la obligación objetiva de su parte de actuar en el sentido que precisan los peticionarios del amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, en contra de los actos que reclama del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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