Blanca Azalia Fuentes Miss
Expediente 2172/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Blanca Azalia Fuentes Miss
- Filemon Duran Amaya
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual señala que resolvió respecto de la acumulación planteada en el juicio de amparo 602/2021-VI, de su índice, promovido por INDUSTRIAL CONSTRUCTORA METAL TEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y determinó que es procedente la acumulación del presente juicio de amparo a aquél de su registro. En consecuencia, dado que no existe impedimento para acceder a lo solicitado por el juez oficiante, remítanse los autos del presente expediente original en que se actúa al referido juicio, para los efectos legales a que haya lugar, con relación a la referida acumulación de juicios; solicitando el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, para lo efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el escrito de Jorge Paniagua Alcocer, autorizado del quejoso José Ignacio Almazán Arteaga, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual señala su intención de no ingresar la documentación original que integra la solicitud número 23180006133, del trámite de Contrato de Enajenación de Derechos de la parcela 306 Z-1 P-3 del Ejido denominado Isla Holbox, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, pues refiere que el enajenante de la parcela tiene intereses personales y negociaciones respecto de ésta, por lo que solicita se declare la imposibilidad legal para cumplimentar el fallo de amparo. Sin embargo, este órgano federal no accede a su petición, pues al ser el promovente autorizado de la parte quejosa, no se encuentra facultado para realizar dichas manifestaciones. En efecto, el ordinal antes señalado no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. Por ende, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción (con excepción de los supuestos que la propia legislación señala expresamente), se pone en evidencia que la solicitud de desistimiento del cumplimiento de la sentencia amparadora también debe contar con la firma autógrafa del directo quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio constitucional, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del propio juicio, ajenas a cuestiones derivadas directamente de la voluntad del interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por otro lado, agréguese el oficio de la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, informa que el acuse postal del oficio 30191/2021 dirigido al Encargado del Despacho de la Representación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en Chetumal, se encuentra en tránsito para ser devuelto, por lo que solicita una prórroga de quince días para que lo devuelva a este juzgado. Por tanto, al no encontrarse imposibilidad jurídica alguna para acordar de esa manera, se concede a la autoridad postal la prórroga que solicita para que remita el acuse postal en mención. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado el veintinueve de noviembre de este año. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
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