Bertha Yolanda Cobos Juárez
Expediente 209/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertha Yolanda Cobos Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil veintidós.Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia trece de junio de dos mil veintidós, en que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento.Notifíquese por lista y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 209/2022-III, promovido por ********, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito, en esta Ciudad, y turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, *************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento de Padrón del Control Vehicular, todos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó, los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda: Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; de igual forma, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: A). De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, así como del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ambos del Estado de Chihuahua. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVI/APLlE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104., en cuanto a lo que disponen los Artículos Octavo y Decimoséptimo de dicha normativa. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVII-EXLEY/0107/2021 I.P.O, por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104., por lo que respecta a los dispuesto por los numerales 207, 208 Y 2011, de la citada Ley. B. Del C. SECRETARIO DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El cobro de los Derechos señalados en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua en sus Artículos 207, 208 Y 2011, así como lo referido en los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, por conducto de las áreas dependientes de dicho secretario que participen en el cobro y recaudación derivados de los actos reclamados. C. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: La aprobación y expedición del Decreto No. LXVI/APLlE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, en lo tocante a lo dispuesto por los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la citada Ley, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104. La aprobación y expedición del Decreto No. LXVII-EXLEY/0107/2021 I.P.O, por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, por lo que se refiere a los numerales 207, 208 Y 2011, del ordenamiento antes citado. D. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DEL CONTROL VEHICULAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El registró en el padrón del control vehicular del Gobierno del Estado a nombre de la quejosa, respecto de un vehículo automotor marca ****, año **** con placas de circulación e identificación vehicular número *************, con número de serie *************, mismo que sirve como antecedente en la generación de la contribución a su cargo, por el pago de los Derechos a que hago referencia a los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo y el Jefe del Departamento de Padrón y Control de obligaciones, ambos del Estado de Chihuahua, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en el cobro de los derechos señalados emanados de las normas tildadas de inconstitucionales, así como el registro del vehículo en el padrón vehicular de Gobierno del Estado, respecto del vehículo que aduce ser de su propiedad, respectivamente. La parte quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tal negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto que se atribuye a las autoridades responsables. En tales condiciones, al no haber aportado elemento probatorio idóneo para ello, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio biinstancial. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por lo que hace las autoridades señaladas como responsables, Congreso, Gobernadora Constitucional y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, son ciertos los actos reclamados a las mismas, en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Además, la existencia de dichos ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Normatividad impugnada. Con el propósito de poner en perspectiva el problema jurídico que subyace al presente asunto, conviene llevar a cabo la reproducción del precepto de la Ley que se impugna. Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 IP.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. "ARTÍCULO OCTAVO.- Los derechos que se causen por la presentación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial, por concepto de Derecho de Control Vehicular, deberán pagarse dentro de los meses de febrero, marzo y abril del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes estímulos fiscales sobre el Derecho de Control Vehicular 2022, consistentes en la aplicación de las cantidades que se señalan en la siguiente tabla, respectivamente: Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán realizar el pago en el plazo establecido en el primer párrafo de este artículo y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. Se no ser así, se deberá pagar el costo total de los derechos respectivos. "ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de septiembre del año 2000, así como a lo establecido en el numeral 9.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, "Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación" publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016, durante el año 2022 se llevará a cabo, con carácter general, el programa de canje de placas metálicas de circulación vehicular, por lo que los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial por concepto de Canje de Placas, deberán pagarse dentro de los meses de febrero y marzo del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes que realicen el pago del derecho de Canje de Placas en el plazo establecido en el párrafo anterior, un estímulo fiscal consistente en la aplicación de la cantidad que se señala en la siguiente tabla, sobre el derecho correspondiente al concepto de canje de placas. Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. De no ser así, se deberá de pagar el costo total de los derechos respectivos.". Decreto LXVII/APLIE/0107/2021 I.P.O. que autoriza la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al derecho de control vehicular, canje de placas metálicas y expedición de tarjeta de circulación vehicular, específicamente los artículos 207, 208 y 211: "Artículo 207. Por dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota. .................. 6.6950 UMAs "Artículo 208. Por derecho de control vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota. .............. 20.0849 UMAs." "Artículo 211. Por expedición de tarjeta de circulación, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota............ 1.6738 UMAs." SEXTO. Acreditación de causales de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia fundada ( Vicios propios del ordenamiento legal reclamado. Al respecto, se estima fundada la causal de improcedencia invocada por la Gobernadora y Secretario General de Gobierno ambos del Estado de Chihuahua, residentes en esta ciudad, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". " Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Dichos preceptos ponen de manifiesto que en la demanda de amparo indirecto, cuando se impugnen normas generales, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, refrendo y publicación pero tratándose de las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, sólo las podrá señalar con el carácter de autoridades responsables, si impugna tales actos por vicios propios. En esas condiciones, si la parte impetrante no combatió por vicios propios la publicación de los Decretos reclamados, es inconcuso que tiene lugar la referida hipótesis de improcedencia, lo que da lugar a SOBRESEER respecto a dicho acto atribuido a las referidas responsables, conforme a lo estipulado en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) de la Décima Época, con registro 2010097, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, página 2248, del siguiente contenido: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.". No así respecto a la promulgación reclamada a la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, en virtud de que era obligatorio para la parte quejosa llamarla al juicio de amparo aunque no se combata esa etapa del proceso legislativo por vicios propios, como se establece en la jurisprudencia PC.III.A. J/70 A (10a.), de la Décima Época, con registro 2020126, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Materia(s) Común, página 4315, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, pues de la evolución de dicha disposición normativa desde la Ley de Amparo abrogada, se advierte que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, lo que además encuentra sentido si se tiene en cuenta que la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. En estas condiciones, es indispensable que en el amparo contra normas generales se señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio, condicionante que únicamente debe entenderse dirigida a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación, como así se advierte de la iniciativa del proyecto de la Ley de Amparo vigente; además de que esa autoridad está facultada para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley de la materia. Por tanto, si en un amparo contra normas generales el promovente decide no señalar como autoridad responsable al titular del órgano de Estado encargado de la promulgación del decreto impugnado, no obstante que el juzgador de amparo lo requirió para tal efecto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo provocaría la improcedencia de la acción constitucional, es claro que se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". Por ende, con sustento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio sólo por lo que hace al acto legislativo relativo a la publicación de los Decretos que se tildan de inconstitucionales, atribuidos a las autoridades Gobernadora y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, residentes en esta ciudad, no así en cuanto a la promulgación reclamada a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal. Causales de improcedencia infundadas ( Falta de interés jurídico. El Congreso del Estado de Chihuahua aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XII, ya que considera que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo, virtud a que la documental con la que pretende acreditarlo es copia fotostática simple. Dicha causal de improcedencia no se surte en la especie. Tal dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De la norma transcrita, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico o legítimo, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado, pero para que ello exista, tratándose de amparo contra leyes, es presupuesto que cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante el juicio por tal parte, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste derive de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio quejoso. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 45/90, emitida por la entonces Tercera Sala de nuestro máximo tribunal, visible en la página 199, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." En ese orden de ideas, se tiene que la parte impetrante de amparo, para justificar la titularidad del derecho fundamental que se dice afectado, exhibió los siguientes documentos: 1.- Estado de cuenta de revalidación vehicular, con número de operación 2022-1399166, con los siguientes datos: Propietario: *************, Domicilio: *******l ****; Colonia: ********; Municipio de Juárez. Así como datos del vehículo: placas *********; Número del Vehículo: *******; Linea: *********. Por un total de cargos por la cantidad de $1********), con referencia de pago número **********. 2.- Certificado de pago de servicios de revalidación vehicular, con número de operación número ********* realizado en cadena comercial Oxxo, Chihuahua, con número de folio de autorización de proveedor **********, por la cantidad de mil setecientos veintiocho pesos, moneda nacional $**********), de veintiséis de febrero de dos mil veintidós, como descripción la llave número *********8, que coincide con el número de referencia de pago señalado en el estado de cuenta que antecede. 3.- Tarjeta de circulación expedida por la Dirección de la División de Policía Vial, Dirección de Transporte, del Estado de Chihuahua, respecto del vehículo con placas ********; Marca **********; Línea: *********r; Modelo 1*********; Propietario *************; 4.- Credencial de Elector Expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de *************, con domicilio en calle Praderas de ***********; Colonia: *******; Municipio de Juárez, con clave de elector número ******. Documentales que cuentan con valor probatorio indiciario, virtud a que se adminiculan con la información contenida en el escrito inicial de demanda, puesto que amparan los conceptos de pago de los derechos reclamados, precisamente por el mismo vehículo automotor que la parte promovente aduce es de su propiedad. Así mismo, se adminicula con la copia de la tarjeta de circulación, de la se desprende número de placa de circulación, la cual coincide con la establecida en la demanda de amparo, la cual, corrobora la identidad del automotor, así como que efectivamente corresponde a la parte quejosa, virtud a que ello puede ser apreciado al verificar el código QR que contiene, el cual constituye un medio que arroja información fidedigna respecto a su emisión, lo que proporciona mayor certeza en cuanto a su veracidad. Lo anterior, se robustece con la información que se desprende del estado de cuenta de revalidación vehicular, exhibido por la misma quejosa anexo a su demanda de amparo, documento en el cual, se advierten los conceptos así como las cantidades a que asciende cada uno de ellos, así como los datos de identificación tanto del vehículo, como del propietario del mismo, que son coincidentes con los señalados en la demanda así como en cada uno de los documentos anexos a la misma. Apoya lo anterior el criterio de tesis 2a. CI/95, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Época, Materia Común, página 311, con número de registro digital 200696, que dice: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador." Así como, en lo conducente, la tesis I.3o.C.467 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Civil, con número de registro digital 2024497, que dice: "FACTURAS. LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE RECONOCE COMO PRUEBA PLENA. De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte la exigencia de expedir las facturas en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de expedición, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, entre otros. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida. Así, respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Por otra parte, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" y sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Así, por ejemplo, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del cliente como de la emisora de la factura, aporta información adicional, esto es, al remitirse a la inscripción del registro aparece la cédula de identificación fiscal a nombre y denominación o razón social de la que se desprende la actividad comercial y si se encuentra activa. De tal suerte que el valor probatorio del documento fiscal se refuerza al adminicular esa información con el código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional, lo que lleva a inferir que la factura es un documento auténtico. Esto es así, porque al escanear dicho código (con un aparato de telefonía celular), remite al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde aparecen, precisamente, los datos del emisor. De lo que se colige que el documento fiscal es original, porque aporta más datos de los que se pueden conocer a través de los sentidos humanos como lo es el código QR, que requiere un componente tecnológico para poder descifrarlo, que al escanear dicho código, aporta datos que no son comprensibles en forma directa a través de la percepción de los sentidos; factores que no solamente demuestran la literalidad del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, que puede ser traducida fácilmente con el empleo de los componentes tecnológicos como celulares digitales y páginas de Internet, de tal suerte que el código QR, una vez escaneado, remite al centro de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde aparecen ciertos datos que concuerdan con la factura, como lo son el folio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes de ambas partes, así como la fecha de expedición. Aunado a que el portal de verificación de los comprobantes fiscales se encuentra bajo el control de la entidad pública mencionada, que es la encargada de vigilar y fiscalizar las operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad, con el código QR ya no se puede dudar de la legitimidad de las facturas, pues con los avances tecnológicos, las facturas con cadena original y su respectivo código, son documentos con matriz. En esa tesitura, en el mundo de la cibernética existen todo tipo de herramientas, entre las que se encuentra aquella que representa un esquema simplificado para la visualización de la secuencia de un conjunto de transacciones denominado Matriz de Documentación de Datos (MDD), cuya finalidad es el análisis comparativo, integrado y secuencial de cada uno de los datos que se componen de las transacciones. Así, la MDD analiza el contenido de cada una de esas transacciones desde una perspectiva global, integrada y sistematizada, para asegurar una mayor consistencia y correspondencia de las futuras bases de datos a los fines de optimizar los indicadores de gestión y el diagnóstico organizacional. Instrumento que en la actualidad es necesario para un adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de gestión administrativa, ya que el valor que agrega la utilización de la MDD es mejorar los indicadores de la actividad empresarial entre los datos y los sistemas de información. El trabajo de investigación realizado demuestra que si bien las empresas se han modernizado tecnológicamente, las estructuras de pensamiento han seguido operando dentro del esquema anterior. El rol del especialista en sistemas no debería ser únicamente atender los requerimientos de los usuarios (que es uno de los paradigmas aún vigentes), sino que debería tomar un papel proactivo y transformarse en un generador de los necesarios procesos de cambio, mientras que el rol del analista de gestión debería tender a revalorizar las bases de datos como fuente primaria en la generación de la información; de ahí la importancia de los QR, que constituyen la evolución de los códigos de barras que sirven para almacenar información en una matriz de puntos o mejor dicho, un código de barras bidimensional que se enlaza a un sitio web, que en este caso es al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporcionará los datos que aparecen en la factura, de lo que se colige que la información puede obtenerse de dos sitios, uno el que aparece en la misma factura (papel) y otro dato que se obtiene de la página del SAT, que es el lugar a donde remitió el código QR, lo que proporciona mayor certeza de las operaciones mercantiles. En otro orden de ideas, anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital, pero de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital o código QR, dichos elementos generan convicción en cuanto a su autenticidad, por lo que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." De ahí que, contrario lo aduce la citada autoridad responsable, la parte justiciable sí cuenta con interés para impugnar la recepción de los derechos reclamados, en aplicación a los numerales que tilda de inconstitucionales. Sin que pase inadvertido que en el recibo no aparece el fundamento legal de cobro de los conceptos reclamados; sin embargo, si el pago de los mismos se enteró en el año dos mil veintidós, es inconcuso que se efectuó bajo la vigencia de los ordenamientos legales reclamados para este año, conforme a los numerales que fundamentan su recepción. Al respecto, resulta aplicable, únicamente en la parte conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, página 58, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." ( Inexistencia del acto Finalmente, la autoridad Congreso del Estado de Chihuahua, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento consagrada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues aduce que no aparece demostrada la existencia del acto reclamado ya que la parte quejosa realizó el pago de manera voluntaria, sin que ninguna de las autoridades señaladas como responsables hayan conminado para tal efecto. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es cierto como lo afirma, que la parte quejosa realizó de manera voluntaria el pago de los derechos reclamados, y que por esa razón, no existen actos de cobro atribuibles a alguna autoridad; empero ese pago sí constituye un acto de aplicación de la ley que colocó a la parte quejosa por sí misma en los supuestos previstos en la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora, lo que le permite acudir a reclamarlo junto con la inconstitucionalidad de la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.153/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 367, del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, registro 171860, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Luego, no habiendo hecho valer las partes diversas causales de improcedencia, ni advirtiéndose de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. No habrán de transcribirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal como así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 58/2010 de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que en la especie sea procedente suplir su deficiencia. Al respecto, la parte promovente de amparo esencialmente se duele de lo siguiente: En el primer y único motivo de disenso, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables inobservaron los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en los numerales 1°, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Federal, respecto al cobro de derechos previstos en los artículos 207, 208 y 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, así como los numerales octavo y decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el año dos mil veintidós. Por cuanto al pago del Derecho por dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular, previsto en el artículo 207 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en relación con el numeral decimoséptimo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, señala que: No se observan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues no existe una correlación entre el costo que le representa al Estado la prestación del servicio que reciben los gobernados y el importe que por vía de pago de Derecho debe enterar el ciudadano como retribución por el servicio público que le fue prestado. Estima que las autoridades responsables legislativas fueron omisas en establecer las circunstancias que tomaron en consideración para determinar el costo de dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular, porque ni en la exposición de motivos ni en la propia ley de ingresos se establece dato alguno que justifique el monto a pagar por ese concepto, para considerar que el mismo es proporcional con el costo que representa para el Estado la prestación de dicho servicio público. Señala que el siete de agosto de dos mil veinte, el Gobierno del Estado, mediante un contrato de adquisición de bienes, identificado con el número SH/LPE/048/2020 Bis, celebró un contrato con la persona moral Formas Inteligentes S.A. de C.V. por conducto de su representante legal, a través del cual adquirió el Gobierno del Estado de Chihuahua, placas y calcomanías de identificación vehicular para automóvil privado y nacional, a un costo de ciento cuarenta y cinco pesos, moneda nacional ($145.00), por lo que en tal documento se desprende el costo de las placas metálicas de identificación vehicular por unidad de medida "PAR". Así que, si se toma en cuenta dicho importe, es evidente la desproporcionalidad y la inequidad tributaria en el cobro realizado por las autoridades por concepto de dotación y canje de placas metálicas de identificación vehicular. El artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establece costos diferenciados para el pago de canje o dotación de placas metálicas, tomando en cuenta consideraciones distintas a la proporcionalidad y equidad tributaria que deben guardan las contribuciones. En el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se establece un principio de Derecho Internacional para garantizar el derecho humano a la no explotación del hombre por el hombre, aplicable al derecho privado y que consiste en evitar cargas económicas desproporcionadas a cargo de una persona impuestas por otro individuo, sin que guarde un equilibrio entre lo recibido y la obligación de enterar, por lo que considera que al no existir una proporcionalidad en el costo del derecho por la prestación del servicio que nos ocupa, existe una transgresión al citado principio de derecho internacional. Por cuanto al pago de Derecho por control vehicular previsto en el artículo 208 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en relación con el numeral octavo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, argumenta que: Se le tengan por reproducidas las consideraciones y conceptos de violación vertidos respecto al acto reclamado por el cobro del derecho de canje o dotación de placas metálicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que en el pago de derechos debe observarse el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. El artículo 208 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, establece a cargo de los gobernados un derecho por control vehicular por el equivalente a 20.0849 UMAs, lo que representa un total de mil novecientos treinta y dos pesos con cincuenta y siete centavos, moneda nacional, ($1,932.57), sin que se acredite cuál es el costo que le representa al Estado la prestación de dicho servicio público, por lo que ese acto carece de una debida fundamentación y motivación que le de sustento jurídico a la carga impositiva. Se vulnera el derecho de igualdad al establecer circunstancias que conllevan a la diferenciación en el pago por el derecho de control vehicular, al establecer estímulos tomando en consideración aspectos relativos a los modelos de los automotores o año de fabricación, según se efectúe el pago en los meses de febrero, marzo o abril de dos mil veintidós, lo que no debería ser, porque ello no es determinante en el costo que le representa al Estado la prestación del servicio. Dice que, ni en la exposición de motivos ni en la propia ley de ingresos, existe dato alguno que justifique, mediante alguna operación aritmética, el costo que representa para el Estado la prestación de dicho servicio, por lo que estima que es un acto arbitrario el establecer la carga impositiva del derecho por control vehicular sin antes evidenciar tal costo, fundando y motivando su imposición. Argumenta que la Ley Estatal de Derechos lesiona los derechos contemplados en el numeral 1° de la Constitución Federal, particularmente el principio "pro persona", el cual debe ser rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, brindando mayor protección a los contribuyentes. Así que, estima, aun cuando el derecho humano que se analice se encuentre en la constitución federal, los juzgadores deben ejercer un control ex oficio de constitucionalidad o convencionalidad de una norma, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia, sin importar la fuente nacional o internacional en que se base. Por cuanto al pago de Derecho por expedición de tarjeta de circulación, previsto en el artículo 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, considera que: Dicho numeral -artículo 211 de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua- impone una carga impositiva por concepto de expedición de tarjeta de circulación basándose en la cuota a razón de 1.6738 UMAs lo que equivale a $161.05 pesos, moneda nacional, sin que se haya señalado en la ley de ingresos aludida, los parámetros tomados en consideración para dicha carga impositiva, por lo que es un acto de autoridad discrecional y arbitrario. Dice que la expedición de la tarjeta de circulación, consiste en la entrega de un documento que contiene los datos de identificación del automotor de su propiedad, así como su nombre, domicilio, marca del vehículo, tipo, año y número de serie; y que por tal servicio, se pagó la cantidad de $161.05 pesos, moneda nacional, lo que estima no es proporcional ni equitativo, porque en el diverso artículo 5°, fracción II, de la citada Ley Estatal de Derechos, se establece que por la expedición de una copia simple, cuya naturaleza es idéntica a la expedición de la tarjeta de circulación, solamente se paga 0.117 UMAs, correspondiente a $1.13 pesos (sic), lo que estima desigual porque ambos servicios son de la misma naturaleza. Como se dijo antes, tales conceptos de violación se estiman infundados e inoperantes, y los mismos serán analizados de manera conjunta, como lo permite el numeral 76 de la Ley de Amparo, virtud a que se interrelacionan entre sí y en ellos se destaca particularmente la vulneración a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Ese numeral regula los principios que deben regir a las contribuciones en los tres niveles de gobierno, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones, éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza; por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Al respecto, el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación contiene los elementos de la contribución, los cuales pueden explicarse de la manera siguiente: "Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal" A. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. B. Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición en cuanto a que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. C. Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. D. Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal. E. Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, pues se presentan de manera distinta según el tipo de contribución que se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción. Por otro lado, el principio de equidad tributaria consiste en que, los contribuyentes de un mismo tributo deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. En el entendido que, no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. En tanto que, el principio de legalidad prevé la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, lo que se traduce no sólo en que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar; sino fundamentalmente que los caracteres esenciales de la contribución y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados de manera expresa en la ley. De tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de contribuciones imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Primera Parte, Séptima Época, Materias Constitucional y Administrativa, página 172, con número de registro digital 232796, que dice: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." De ahí que el respeto al derecho fundamental de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: 1. Evitar que quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. 2. Obstaculizar el cobro de impuestos imprevisibles. 3. Impedir el cobro de impuestos a título particular. 4. El particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Hechas estas precisiones, los artículos combatidos por la parte quejosa, son los numerales octavo y decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, de contenido siguiente: "ARTÍCULO OCTAVO.- Los derechos que se causen por la presentación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial, por concepto de Derecho de Control Vehicular, deberán pagarse dentro de los meses de febrero, marzo y abril del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes estímulos fiscales sobre el Derecho de Control Vehicular 2022, consistentes en la aplicación de las cantidades que se señalan en la siguiente tabla, respectivamente: Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán realizar el pago en el plazo establecido en el primer párrafo de este artículo y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. Se no ser así, se deberá pagar el costo total de los derechos respectivos. "ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de septiembre del año 2000, así como a lo establecido en el numeral 9.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, "Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación" publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016, durante el año 2022 se llevará a cabo, con carácter general, el programa de canje de placas metálicas de circulación vehicular, por lo que los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial por concepto de Canje de Placas, deberán pagarse dentro de los meses de febrero y marzo del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes que realicen el pago del derecho de Canje de Placas en el plazo establecido en el párrafo anterior, un estímulo fiscal consistente en la aplicación de la cantidad que se señala en la siguiente tabla, sobre el derecho correspondiente al concepto de canje de placas. Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. De no ser así, se deberá de pagar el costo total de los derechos respectivos.". Asimismo, también se tildan de inconstitucionales los numerales 207, 208 y 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, los cuales señalan: "Artículo 207. Por dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota. .................. 6.6950 UMAs "Artículo 208. Por derecho de control vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota. .............. 20.0849 UMAs." "Artículo 211. Por expedición de tarjeta de circulación, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota............ 1.6738 UMAs." Conviene recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en Pleno como en las Salas, ha desarrollado el contenido de los derechos humanos que se reconocen en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que se otorgan para su protección. Una de esas garantías es la observancia del principio de proporcionalidad tributaria, por virtud del cual, en términos generales, la contribución que hacen los ciudadanos al gasto público debe ser acorde con la capacidad de hacerlo, de ahí que el legislador al formular las hipótesis que generan un crédito fiscal debe identificar una conducta que sea reveladora de esa capacidad. No obstante ello, los ingresos que el Estado percibe para hacer frente al gasto público son de distinta naturaleza y, por ello, en cada caso concreto cuando se reclama la constitucionalidad de una norma tributaria, a la luz del principio de proporcionalidad, es necesario identificar qué tipo de ingresos se controvierten, porque ello dará el parámetro de regularidad constitucional para modular el principio de proporcionalidad. En efecto, en términos generales los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios; los primeros son aquellos que percibe de manera común y están destinados al gasto público que se genera por el quehacer habitual, mientras que los segundos son aquéllos que se generan por una situación particularmente atípica, que obliga al Estado a imponer cargas tributarias diversas a las ordinarias. Los ingresos ordinarios, por su parte, se pueden dividir en contribuciones y en aprovechamientos, las primeras a su vez se subdividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones. Esta gama de ingresos del Estado, si bien tiene notas consubstanciales; empero, también contiene elementos particulares que las distinguen entre sí, de ahí que los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, operan de distintas formas en cada uno de tales ingresos. En el presente caso se controvierte el cobro de derechos; los cuales, en términos generales, son contribuciones establecidas en las leyes creadas por las autoridades responsables, las cuales percibe el Estado por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. En el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, se define a los derechos de la forma siguiente: "Artículo 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: (.) III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado." Conforme a lo anterior, puede identificarse que, a diferencia de los impuestos que son contribuciones sobre las que el Estado impone una carga a los gobernados por los hechos o circunstancias que generen sus actividades, los derechos necesariamente implican un hacer del Estado a cambio del pago que, para ello, debe efectuar el particular a fin de obtener el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o por la prestación de un servicio público. Resulta claro que tratándose de las contribuciones denominadas "derechos", el legislador local reconoce que su hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado y que la base o tasa se fijará en razón del valor o costo que éste último determine, tiene el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio que prestará; mientras que en el caso de los impuestos el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público, lo que es relevante, es la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Para demostrar esa aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 169-174, Primera Parte, Séptima Época, Materias Constitucional y Administrativa, página 23, registro digital 232409, que dice: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio que se otorga a todos los contribuyentes que lo solicitan, se cobren cantidades distintas. Como se dijo, tenemos que en cuanto ingresos del Estado, son contraprestaciones que éste percibe por la realización de cualquiera de las siguientes actividades: ( Uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. ( Por prestar servicios en sus funciones de derecho público. Así que, dependiendo del tipo de actividad que realiza el Estado, para fijar la tarifa se debe distinguir entre aquellas actividades simples y las complejas, porque entre más cercana esté a la primera clasificación, se podrá establecer un pago calculado sobre bases objetivas; esto es, por unidad de espacio, de tiempo o de peso. Sin embargo, entre más se aleja de lo primero, es decir cuando se trata de actividades complejas, la objetividad para fijar la tarifa obedecerá a otro tipo de parámetros como lo es, entre otros, la razonabilidad. Por ejemplo, para el pago de derechos por la expedición de una copia certificada de un acta del registro civil, resulta con relativa sencillez calcular el costo del papel, de las tintas, la utilización de equipos de cómputo y tiempo del personal de la institución que tendrán que hacer la investigación y el procedimiento respectivo para obtener la impresión correspondiente. En este tipo de casos el servicio que presta el Estado, por conducto del Registro Civil, representa el mismo esfuerzo cuando el acto lo solicita una persona de escasos recursos que una que tiene un ingreso mayor, de ahí que la calidad subjetiva del obligado no incida en el establecimiento de la cuota o tarifa, sino únicamente los elementos objetivos que permitan advertir que la cuota fijada por la expedición de ese tipo de documentos es el adecuado para que el servicio público funcione. Empero, existen otros servicios públicos que son complejos, debido a que su prestación no se agota con una sola actividad, sino que el deber jurídico se extiende mientras subsista una situación jurídica determinada. En relación con lo anterior el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 312/2010, precisó que la proporcionalidad tributaria, tratándose de este tipo de contribuciones -derechos-, se identifica con la relación costo y cuota, significa que la individualización al sujeto pasivo de los costos que le produce al Estado la prestación del servicio, sea atendiendo a su utilización o consumo. El Alto tribunal también indicó que la objetividad -como parámetro de medición de proporcionalidad-, estará determinada en que el referente escogido por el legislador, para individualizar el costo, conduzca a reflejar la intensidad en el uso del servicio, en el que conlleve a que pague más quien más lo usa, para ello, el análisis debe ser cualitativo y no cuantitativo, ya que, como se ha advertido con anterioridad, el mero costo no es un elemento con base en los cuales se pueda analizar. Además, la intensidad del uso del servicio es un elemento que conduce a identificar quién debe pagar más en función del uso; pero para ello es pertinente analizar si nos encontramos ante un servicio simple o complejo. Así, la distinción del tipo del servicio permitirá determinar si el indicador que individualiza el costo del servicio debe reflejar o no una graduación en el uso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también precisó que el servicio simple se podrá identificar cuando las actividades que realiza el Estado para la prestación directa del servicio -que le generan un costo directo- son constantes; esto es, que las actividades no se ven modificadas debido al objeto del servicio, siempre son las mismas, por ejemplo, la solicitud de una copia certificada. Tratándose de un servicio simple, la intensidad de su uso se ve reflejada por la actualización del hecho imponible. De tal manera que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro para individualizar el costo del servicio sea fijo, sin reflejar una graduación en la intensidad, ya que lo que determina el aumento en el uso estará en las veces en que se actualice el hecho imponible; de esta manera, pagará más aquel que se ubique más veces en el supuesto de causación del servicio, es decir, es un pago cuantitativamente mayor pero no progresivo. En ese caso, el parámetro con base en el cual se individualice el costo no debe efectuar una graduación, porque la intensidad del uso estará determinada por las veces en que ocurra el supuesto de causación. Por otra parte, el servicio complejo se podrá identificar cuando varían las actividades que realiza el Estado -que están relacionadas directamente con la prestación del servicio que le genera un costo directo-, en función del objeto del servicio. Esto es así, porque las actividades que están previamente establecidas en un procedimiento se ven influenciadas en su intensidad de uso, por las características del objeto del servicio. En este supuesto, la intensidad de su uso estará reflejada por el objeto; es así que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro refleje la graduación en la intensidad del uso, atendiendo al objeto del servicio. Se trata de un reconocimiento de las actividades que se encuentran directamente relacionadas con la prestación del servicio, que servirá de elemento para poder identificar la relación con la variación en el uso. De tal manera, dependiendo del tipo de servicio, ya sea simple o complejo, se podrá determinar si el parámetro para individualizar el costo debe reflejar una graduación en la intensidad del uso. Lo que no significa que la medida de intensidad está directamente relacionada con el aumento de costo total del servicio, porque el análisis de razonabilidad, como se advirtió, es cualitativo y no cuantitativo, en el sentido de que la variación en el uso genere mayores costos. Con base en lo anterior, es preciso considerar que el análisis de razonabilidad está conferido a que exista un referente adecuado que se aplique con un parámetro objetivo, para que, al individualizar el costo, se efectúe en función de la intensidad del uso del servicio. La elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución señala una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. El citado criterio P. V/2012 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Décima Época, Diciembre de 2012, Materias Constitucional y Administrativa, Tomo 1, página 227, con número de registro digital 2002290, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." A juicio de la parte quejosa, existe una desproporción entre lo que le cuesta al Estado la placa metálica que se otorga al particular luego de que efectúa su registro vehicular, y lo que aquél cobra por la misma. Asimismo, indica que el derecho por control vehicular no guarda proporción con el servicio otorgado, aunado a que no se establece en las leyes reclamadas cuál es el costo real por el servicio prestado. Ello, basado en el hecho de que el siete de agosto de dos mil veinte, el Gobierno del Estado, mediante un contrato de adquisición de bienes, identificado con el número SH/LPE/048/2020 Bis, celebró un contrato con la persona moral Formas Inteligentes S.A. de C.V. por conducto de su representante legal, a través del cual se adquirió por parte de la entidad, placas y calcomanías de identificación vehicular para automóvil privado y nacional, a un costo de ciento cuarenta y cinco pesos, moneda nacional ($145.00), por lo que en tal documento se desprende el costo de las placas metálicas de identificación vehicular por unidad de medida "PAR". Tal como se advierte de los conceptos de violación resumidos, el planteamiento que se realiza parte de una premisa incorrecta, pues se considera como parámetro para la detección de la desproporción el costo del metal que se utiliza para la prestación del servicio y el monto de la cuota que pagó para tener derecho a recibir ese servicio; esto es así, porque pierde de vista que el servicio de que se trata no es de aquellos que puedan cuantificarse en unidades económicas. Es decir, el servicio que se regula en la Ley Estatal de Derechos de la entidad, no es como erróneamente se considera en el concepto de violación, en que se hace ver que el otorgamiento de las placas pudiera ser una simple venta, canje u otorgamiento de placas metálicas, puesto que lo que realmente constituye el derecho, es el registro y control de vehículos de uso privado que circulan en la entidad. Este registro es un medio a través del cual el Estado puede ejercer una de las atribuciones fundamentales como lo es la seguridad pública, ya que el establecimiento y mantenimiento de un registro vehicular otorga a la entidad federativa herramientas útiles para lograr un adecuado control en la utilización de los medios de locomoción terrestre, para prevenir la comisión de faltas administrativas e incluso delitos; pues, al identificar fehacientemente un vehículo, asociado con su propietario, cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal, encontrará un referente en ese registro, el cual debe mantenerse actualizado a efecto de brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado. En ese orden, las placas, hologramas, engomados y demás documentos que se puedan generar a partir del registro de un vehículo no es el fin, sino el medio a través del cual se podrá individualizar un vehículo en particular, ya que la matrícula, que debe ser expedida conforme a los estándares previstos en las Normas Oficiales Mexicanas, constituye una identificación única e irrepetible, que solamente podrá ser asignada a un solo vehículo. Ello constituye una herramienta adecuada para poder identificar el vehículo, el cual se asocia no solamente a las características físicas (marca, color, modelo) sino a la nomenclatura propia del constructor o agencia que lo comercializa, pues además de las placas, hologramas, engomados y demás documentos que puedan generarse con el registro, -en la especie placas y tarjeta de circulación- se generan con el registro mismo, en el cual se establece a través de una base de datos que puede ser consultada por las autoridades judiciales, policiales y administrativas, para el debido ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior pone de manifiesto que el servicio público que recibe la contraprestación como medio para su operatividad, relativo al derecho de control vehicular, dotación y/o canje de placas y derecho por expedición de tarjeta de circulación, no constituye simplemente el pago del metal en que se plasma la placa, ni tampoco el papel en que se contiene la tarjeta de circulación que se generan con motivo del registro de un vehículo, sino que el servicio se extiende para mantener un registro confiable de los vehículos que normalmente habrán de circular en el Estado. Esto, con el objeto de brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado, que pueden ser víctimas de una conducta ilícita -sea administrativa, civil o incluso penal-, en la que se vea involucrado alguno de los vehículos que deben ser registrados, aunado al control vehicular que debe ser regulado por la autoridad gubernamental, para fiscalizar precisamente todos los automotores que circulan en la entidad. En ese contexto, se considera que el servicio público que genera los derechos reclamados en comento, es de naturaleza compleja, pues no se agota con el registro y expedición de los documentos pertinentes al registro de un vehículo, sino que ese servicio se prolonga de forma indefinida, ya que debe mantenerse y actualizarse frecuentemente para que sea confiable y brinde seguridad jurídica a los habitantes del Estado. Entonces, en cuanto servicio público complejo, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía. Lo anterior porque se trata de un servicio en que las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto, que en el caso es brindar seguridad jurídica a todos los habitantes del Estado, pues la correcta identificación de los vehículos de locomoción terrestre constituyen una herramienta para prevenir, perseguir y sancionar conductas ilícitas cometidas a través de la utilización de este tipo de vehículos. En esta línea argumentativa, dado que las leyes gozan de la presunción de ser constitucionales salvo que se refieran a alguna de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1°., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar los vicios de constitucionalidad; esto es, que la cuota que se establece para el registro de vehículos, y la consecuente emisión de las placas y demás documentos, es desproporcional pues aunque esa cuota o tarifa no encuentra una justificación cuantitativa en el costo que representa para el Estado los materiales necesarios para expedir el metal que constituye la placa, así como los papeles que se generan con motivo del referido registro, sino que existe una justificación cualitativa, por tratarse de una contribución compleja que no se agota con la realización del registro, entrega de placas y demás documentos, por tal razón, corresponde a la parte quejosa demostrar a través de los medios de prueba permitidos por la ley, la violación a los preceptos constitucionales invocados. Esto es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley a partir del argumento de que es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria porque el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, indudablemente, como requisito mínimo, corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos o datos, a partir de los cuales hace valer esa transgresión, entre ellos, los parámetros con base en los que intenta que se lleve a cabo el estudio respectivo, porque la sola afirmación, de que el derecho es desproporcionado no basta para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta el gobernado (a) su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional; y menos la simple aseveración de inconstitucionalidad implica por sí, violación al derecho fundamental que se dice vulnerado. Tiene sustento lo anterior, con el criterio adoptado por la Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 343/2013, resuelto en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, que dio lugar a la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Décima Época, Enero de 2014, Tomo II, página 1589, con registro digital 2005254, que dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En efecto, al organizarse los servicios en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares, no necesariamente debe atenderse que el valor del servicio prestado sea el precio que corresponde exactamente al valor comercial, pues es necesario tomar en consideración que para prestar el servicio de que se trate, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, que conlleva incurrir en diversos costos, conforme a los cuales finalmente debe determinarse si resulta o no razonablemente equilibrado el costo con la prestación del servicio. Esto no exime de manera alguna a las autoridades responsables de la obligación de acreditar, en el momento procesal oportuno, la legalidad de su acto, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que aquellas tendrá la carga probatoria para defender los dispositivos legales que se tildan de inconstitucionales, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones. Sin embargo, la parte quejosa debe exponer porque considera que las cantidades que se cobran por los derechos señalados en la norma legal no son razonables ni equivalen al costo que para el Estado tiene el proporcionar tales servicios; incluso, para comprobarlo, pudo haber hecho uso de la prueba pericial, en que se determinara a través de un estudio técnico, elaborado por peritos en la materia, lo relativo a la correspondencia entre el valor comercial y el costo del servicio prestado y si éste resulta o no razonablemente equilibrado, lo que no ocurrió en el caso. En efecto, como se dijo, la parte quejosa solamente afirmó que los artículos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad y equidad tributaria; ello, a partir de que, tal como se expuso con antelación, señaló que mediante un contrato de adquisición de bienes, identificado con el número SH/LPE/048/2020 Bis, el Gobierno del Estado celebró un contrato con la persona moral Formas Inteligentes S.A. de C.V. por conducto de su representante legal, a través del cual adquirió placas y calcomanías de identificación vehicular para automóvil privado y nacional, a un costo de ciento cuarenta y cinco pesos, moneda nacional ($145.00), respecto de las placas metálicas de identificación vehicular por unidad de medida "PAR", por lo que si se le cobraron seiscientos cuarenta y cuatro pesos con diecinueve centavos, moneda nacional ($644.19), que es el equivalente a 6.6950 UMAs, que establece el artículo 207, de la Ley Estatal de Derechos en la entidad, multiplicados por $96.22 pesos que corresponde el valor del UMA para el año dos mil veintidós; entonces, en opinión de la parte quejosa, es desproporcional el cobro de expedición o canje de las placas que otorga el Estado. Por su parte, las autoridades responsables adscritas a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua en su informe justificado, señalaron los motivos por los que consideran que el costo de los derechos establecido en la Ley Estatal de Derecho reclamada, es razonable. En el aludido informe dichas autoridades responsables señalaron que: ". en cuanto al argumento de la quejosa en el sentido de que conforme a los datos contenidos en el contrato de adquisición de bienes identificado con el número SH/LPE/048/2020 Bis, que el Gobierno del Estado de Chihuahua celebró con Formas Industriales S.A. de C.V. (sic) se desprende que el costo de las placas metálicas de identificación vehicular por unidad de medida PAR, ascendía a $145.00 pesos y con ello, se demuestra que la disposición impugnada es desproporcional e inequitativa, se debe hacer notar a esa H. Juzgadora (sic) que resulta ineficaz e inoperante para acreditar su pretensión, en tanto que parte de un elemento que integra solo parte del costo del servicio de dotación y canje de placas, por lo que no puede considerarse que el monto mencionado sea el monto total que representa para el Estado dotar las placas de identificación vehicular. En este sentido, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico en los artículos que se impugnan que establecen el esquema de cobro correspondiente al servicio de expedición de placas y tarjeta de circulación vehicular, se establecen con base en los costos de recuperación por el servicio prestado, considerando los materiales utilizados, el costo de las placas y tarjeta de circulación, costos de papel y revisión documental y demás cargos directos e indirectos necesarios para recuperar el costo del servicio. Es así que, en materia de derechos, tal y como lo admite la quejosa, la cuota debe encontrarse relacionada con el costo que tiene para el Estado prestar un determinado servicio, lo que implica que puede considerar dentro de éste los insumos, la mano de obra para prestar el servicio y demás gastos directos e indirectos, así como el costo que implica. En efecto, como bien se señala, debe existir una proporcionalidad en la cuota a pagar, así como el impacto que tiene para el Estado prestar el servicio, es así, que ello no solo involucra el cambio o canje de un metal, sino que a su vez, consiste en gastos directos e indirectos, que no pueden dejarse de lado; por lo que es importante tomar en cuenta, que para efecto de llevar a cabo una prestación de un servicio, implica, tener infraestructura, material, activos, persona, suficiente e idónea para poder llevar a cabo las operaciones. Considerando que la prestación del servicio no es solamente obtener y entregar la placa, sino que ello trae consigo, un trabajo integral, que en conjunto con diversas dependencias del ámbito estatal se realiza; tomando en cuenta que para emitir una placa metálica, implica la colaboración de diversas áreas internas dentro de la Secretaría de Hacienda, como lo es la propia Subsecretaría de Ingresos, en sus diferentes unidades administrativas, entre ellas la Dirección de Política Hacendaria, la Coordinación de Recaudación de Rentas, el Departamento de Adquisiciones. Luego entonces, ello requiere de elementos indispensables adicionales, para cumplir con la prestación de servicios, como lo son material de papelería, hojas, tóner, impresoras, computadoras, inmobiliario, programas adecuados e idóneos que tengan el soporte, infraestructura de almacenamiento y resguardo de la base de datos que se genera para el trámite del control vehicular, gastos que sin lugar a dudas impactan en el costo que tiene para el Estado prestar el referido servicio; sin dejar a un lado, que para que el contribuyente obtenga la placa metálica, existe la necesidad de realizar un proceso de validación, a través de un Registro de validación vehicular, que permita tener claridad que se trata de un vehículo que cumple con las disposiciones legales. Por lo que, para determinar los costos, debe tomarse en cuenta elementos, tales como la materia prima consumida, la mano de obra directa y los gastos indirectos que varían dependiendo de la prestación del servicio. Lo anterior, sin dejar atrás que la prestación del servicio implica, no solo otorgar el servicio a una o dos personas, sino que implica dar abasto a todo el padrón vehicular que tiene el Estado, es decir, a un número que sobrepasa el millón de personas registradas en el padrón vehicular. Consecuentemente, tal circunstancia no podría estimarse que vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, ya que, la expedición de placas y tarjeta de circulación vehicular sí amerita un esfuerzo económico por parte del Estado para prestar dicho servicio y que es indispensable para recuperar a través de las cuotas de derecho establecidas. (.)" Así, de esta información, se aprecia que como se dijo previamente, tanto para la prestación de los servicios que generan los derechos por control vehicular, dotación y/o canje de placas y tarjeta de circulación, existen diversos gastos financieros, materiales y humanos que se generan como gastos indirectos para atender el padrón de usuarios de registro vehicular en los distintos puntos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. De ahí que, en razón de la mecánica en que opera la carga de la prueba en materia tributaria en normas generales, correspondía a la parte quejosa demostrar la desproporción entre el costo del servicio y el cobro del derecho, a fin de determinar si éste resulta o no razonablemente equilibrado. Circunstancia que se debió realizar a través de prueba idónea, como se dijo, mediante el desahogo de una prueba pericial o cualquier otro elemento de prueba que generara convicción a esta juzgadora respecto a la desproporción aludida, porque a través de estudios técnicos, elaborados por peritos en la materia, se puede dilucidar el costo actual de la contribución por ser un servicio complejo. Sin embargo, la parte quejosa se limitó a afirmar que el pago de los servicios que generan los derechos de control vehicular; dotación y/o canje de placas; y, tarjeta de circulación, son desproporcionales, debido a que el costo de la materia prima para tales objetos -metal y papel- era muy elevado y distinto al costo bajo los cuales los obtuvo el Estado, con base en lo advertido en el contrato público señalado; empero, no desvirtuó las afirmaciones esgrimidas por las precitadas autoridades hacendarias en su informe justificado, en el sentido de que los materiales de las placas y tarjetas de circulación, únicamente eran un elemento de la prestación del servicio, puesto que existían diversos que debían ser tomados en consideración para calcular la cuota equivalente a los derechos, al ser prestaciones complejas. Iguales consideraciones se estiman aplicables a los conceptos de disidencia relativos a que el artículo 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua impone una carga impositiva por concepto de expedición de tarjeta de circulación en base a la cuota a razón de 1.6738 UMAs lo que equivale a $161.05 pesos, moneda nacional, sin que se haya señalado en la referida ley, los parámetros tomados en consideración para dicha carga tributaria, por lo que es un acto de autoridad discrecional y arbitrario; aunado a que el cobro del derecho por la expedición de la tarjeta de circulación, no es proporcional ni equitativo, porque en el diverso artículo 5°, fracción II, de la citada Ley Estatal de Derechos, se establece que por la emisión de una copia simple, cuya naturaleza, considera la parte quejosa, es idéntica a la expedición de la tarjeta de circulación, solamente se paga 0.117 UMAs, correspondiente a $1.13 pesos (sic), lo que estima desigual porque ambos servicios son de la misma naturaleza. Al respecto, no se consideran los servicios que señala la parte quejosa de la misma naturaleza, puesto que las operaciones de uno y otro son distintas, virtud a que como se dijo, por la expedición de una copia resulta con relativa sencillez calcular el costo del papel, de las tintas, la utilización de equipos de cómputo y tiempo del personal de la institución que tendrán que hacer la investigación y el procedimiento respectivo para obtener la impresión correspondiente; mientras que para la expedición de la tarjeta de circulación, comprende la revisión de documentos del propietario del vehículo automotor, el llenado de datos del referido vehículo y su propietario, así como la revisión de diversas cuestiones inherentes al registro mismo del vehículo en el Padrón respectivo, que junto con la dotación y/o canje de placas y el propio derecho de control vehicular, constituyen operaciones más complejas que la sola expedición e impresión de un documento. Además, al respecto, la parte quejosa tampoco ofreció algún medio de prueba idónea para desvirtuar la presunción de constitucionalidad que gozan las normas generales reclamadas, dado que se carecen de elementos objetivos para determinar la correspondencia entre el valor comercial y el costo del servicio prestado y si éste resulta o no razonablemente equilibrado. Es aplicable la tesis aislada 2ª. CX/2013 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Décima Época, Enero de 2014, Materias Constitucional y Administrativa, Tomo II, página 1589, con número de registro digital 2005254, que dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." Corolario de lo expuesto, para poder juzgar la razonabilidad de las cuotas establecidas para el pago de derechos por registro y control vehicular en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, como se trata de un servicio público complejo porque se vincula con la seguridad pública que es un derecho fundamental de todos los habitantes del Estado de Chihuahua, era necesario que la parte quejosa aportara las pruebas idóneas para demostrar que las cuotas establecidas son desproporcionales. Efectivamente, según se ha establecido párrafos precedentes, una vez que se ha realizado el registro de un vehículo en el padrón correspondiente, es necesario que la base de datos que contiene todos los registros se mantenga actualizada, pues nada aportaría a la seguridad jurídica un control vehicular cuyos datos no se correspondan con la realidad del momento actual, es por ello que al establecerse una carga impositiva año con año, se refrendan por parte del particular los datos que fueron proporcionados al momento de inscribir el vehículo, es decir, el hecho de que un vehículo se refrende con regularidad, es indicativo de que los datos que constan en el Registro y Control Vehicular se mantienen actualizados. Ello también es indicativo de que los vehículos que cuentan con placas actualizadas ofrecen mayor confianza, certidumbre y seguridad a los habitantes del Estado, pues a través de esos elementos, se puede tener certeza de que existe un registro confiable y actualizado sobre el dueño o poseedor del vehículo a quien podrá identificarse y fincarle la responsabilidad resultante de un acto ilícito o falta administrativa, en su caso. Es en virtud de lo anterior, que se estima que no es aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito que lleva por rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD", que cita la parte quejosa en su demanda, lo anterior porque con base en el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, y este juzgado de distrito no pertenece al Tercer Circuito; aunado a que tal criterio interpreta normas generales distintas a las impugnadas en este sumario. En suma, contrario lo afirma la parte quejosa en su demanda, quien aquí resuelve estima que los numerales 207, 208 y 211 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, relativos al cobro de derechos, en específico en lo referente a los derechos por control vehicular, dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular y por expedición de tarjeta de circulación, no se apartan del principio de proporcionalidad que debe regir en los derechos fiscales por servicios proporcionados por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que para fijar el monto de los referidos derechos, el legislador estableció una tarifa única para todos los usuarios, sin atender a un factor ajeno al servicio prestado, como lo es el tipo de vehículo, valor, tipo de automotor y de servicio que presta, máxime que la parte quejosa no aportó elementos probatorios para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas que tildó de inconstitucionales. En otro orden de ideas, respecto a los diversos argumentos que combaten los estímulos fiscales, previstos en los artículos octavo y decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, resultan igualmente infundados. La parte quejosa aduce que los mismos vulneran el principio de equidad tributaria, porque no son iguales para todos los contribuyentes. Esto es, que conllevan a la diferenciación en el pago por el derecho de control vehicular, al establecer estímulos tomando en consideración aspectos relativos a los modelos de los automotores o año de fabricación, según se efectúe el pago en los meses de febrero, marzo o abril de dos mil veintidós, lo que no debería ser, porque ello no es determinante en el costo que le representa al Estado la prestación del servicio. Reciben dicha calificación en razón de que los estímulos fiscales otorgados a los contribuyentes, son beneficios que pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal, en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público, por ello, los aludidos beneficios no obedecen a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, las normas que prevén los estímulos fiscales no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Es orientadora, por las ideas que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 3/2016 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Décima Época, Agosto de 2016, Materia Constitucional, Tomo I, página 9, con número de registro digital 2012227, que dice: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son producto de una sanción positiva contenida en una norma típicamente promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la condonación importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de la constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio y su implementación, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria." En efecto, el artículo octavo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establece la obligación de efectuar el pago del derecho por control vehicular en los meses de febrero, marzo y abril de ese año, autorizándose a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los sujetos de dichas contribuciones, estímulos fiscales sobre el Derecho de Control Vehicular, conforme a las cantidades especificadas en la tabla que al efecto señala en dicho numeral, las que se relacionan conforme al modelo del vehículo automotor a registrar, y se establece que los contribuyentes para gozar de tal beneficio, deben encontrarse al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, el Derecho de control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente, puesto que de no ser así, deberán pagar el costo total de los derechos respectivos. Por tanto, tales estímulos fiscales no se rigen por el principio de equidad tributaria, ya que no guardan una relación con los elementos de la contribución. De ahí que, si tales beneficios no están sustentados en algún elemento esencial del tributo, no tiene relevancia impositiva para el parámetro constitucional y no debe ser analizado al tenor del artículo 31, fracción IV, constitucional; además, tampoco se vulnera el diverso precepto 1° constitucional, ya que la obtención del propio estímulo no está sustentada en alguna categoría sospechosa. Aunado a lo anterior, se tiene que el parámetro establecido para otorgar tales beneficios, consignado por el año de modelo de los vehículos, se otorga a las personas con el objeto de apoyar su situación de desventaja o desigualdad, pues entre más reciente sea el modelo del vehículo automotor, mayor será la capacidad económica de quien lo adquirió, y por lo tanto, el estímulo fiscal reconoce la existencia de desigualdades económicas y materiales beneficiando, como se dijo, a quienes tienen cierta desventaja o desigualdad para poseer un vehículo de modelo más reciente; sin embargo, como se dijo, esos beneficios fiscales no quedan integrados a la estructura de los derechos cuestionados, carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y no trascienden a la contribución. Es aplicable, por las ideas que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 185/201027 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, contemplado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, Diciembre de 2010, Materias Constitucional y Administrativa, página 497, con número de registro digital 163343, que dice: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales." En otro aspecto diverso, la circunstancia de que ni en la exposición de motivos ni en la propia Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, se haya establecido alguna operación aritmética para establecer el costo que representa para el Estado la prestación del servicio por medio del cual surge la obligación de pagar los derechos reclamados, no se considera arbitrario, ni tampoco carente de fundamentación y motivación. Ello porque para considerar que un acto legislativo cumple con los principios constitucionales de fundamentación y motivación, basta que el Congreso que expida la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, porque actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere -fundamentación-, y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas - motivación-, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica. Así lo explica la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Séptima Época, Materia Constitucional, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, página 269, con registro digital 900226, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." Por lo tanto, se estima constitucional que el Congreso del Estado de Chihuahua, en uso de sus facultades constitucionales, virtud a que la materia a legislar no se encuentra expresamente reservada a la federación, haya aprobado la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, así como la Ley Estatal de Derechos de la entidad, virtud a que así se le faculta en el artículo 64, fracciones I y VI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que dice: "ARTICULO 64. Son facultades del Congreso: I. Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, dentro del ámbito competencial reservado por la Constitución Federal; (.) VI. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo y aprobando primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, el Congreso autorizará las erogaciones plurianuales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los proyectos de Asociación Público Privada que haya aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IX, inciso G), del presente artículo. El Ejecutivo del Estado hará llegar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el día treinta de noviembre, debiendo comparecer el encargado de las finanzas del Estado a dar cuenta de las mismas. Tanto el Proyecto, como el Presupuesto de Egresos que se apruebe, deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, sujetándose a los dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Constitución Federal y 165 bis de esta Constitución; (.)." Asimismo, respecto a la motivación del ordenamiento legal combatido, se aprecia que en el propio artículo 1° de la Ley Estatal de Derechos, se establece que los derechos que establece esa ley, se habrán de pagar por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que prestan las diversas dependencias del Gobierno del Estado en sus funciones de derecho público; asimismo, que también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, los cuales, deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero. Cuestiones que se estima, deben ser objeto de regulación por parte del Estado. Además, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Estatal de Derechos de la entidad presentada por la Gobernadora del Estado de Chihuahua, se estableció lo siguiente: ".Una de las responsabilidades más relevantes del Gobierno es la prestación de los servicios públicos, los cuales se fondean mediante el cobro de Derechos. Estas contribuciones también son un instrumento para que el Gobierno perciba recursos por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público. Dos objetivos estratégicos del Gobierno a mi cargo son el eficientar y mejorar la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población; así como el de fortalecer la Hacienda Pública del Estado. Dentro del fortalecimiento de la Hacienda Pública estatal también está considerado la modernización de nuestro marco regulatorio en materia fiscal, presupuestal y de deuda para dar mayor certeza y transparencia a la ciudadanía. Para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía la iniciativa de nueva Ley Estatal de Derechos de Chihuahua. En el marco regulatorio Federal, el ordenamiento jurídico especializado en materia de Derechos vigente existe de hace 40 años y la primera referencia a esta obligación fiscal existe en el marco regulatorio de la Federación desde 1938. Asimismo, la mayor parte de entidades federativas también cuentan con un ordenamiento específico de este tipo. Sin embargo, en Chihuahua, se ha carecido de esta norma, por lo cual ahora, la nueva administración pone a su disposición esta propuesta de nueva Ley. Anteriormente, el Gobierno del Estado establecía en un anexo de la Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal, la relación de Derechos, así como el monto que por cada uno de ellos cobraría el Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados. De ahora en adelante, si esta Soberanía lo considera procedente, se contará con un ordenamiento especializado en los Derechos que podrá recaudar el Gobierno." En atención a ello, en el Dictamen DCPPHP/10/2021, emitido por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, elaborado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción II de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, se determinó que la referida iniciativa justifica su solicitud, en la necesidad de contar con una legislación de avanzada basada en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, así como en la transparencia y rendición de cuentas que le permita a las personas chihuahuenses que requieran de la prestación de un servicio público. Además que, como lo señaló la Titular del Ejecutivo de la entidad, la recaudación que realiza el Gobierno del Estado por la prestación de servicios públicos es fundamental para el fortalecimiento y desarrollo económico de las finanzas públicas estatales, las cuales se traducen en obras de infraestructura, incluido el mantenimiento de los bienes de dominio público estatal, y programas de atención social. Por su parte, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la entidad para el año fiscal dos mil veintidós, se estableció el estímulo por pronto pago del Derecho de Control Vehicular, de la forma siguiente: "De acuerdo con el análisis realizado a esta contribución estatal y con el propósito de apoyar la economía de todos los chihuahuenses y por alto cumplimiento observado de esta contribución se determinó presentar un incentivo fiscal por pronto pago a todos los contribuyentes que realicen el trámite del Derecho de Control Vehicular dentro de los meses de febrero, marzo y abril, variable dentro de este periodo del año y de acuerdo con el año modelo del vehículo, como a continuación se presenta: En el dictamen DCPPHP/13/2021, de la citada Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, se determinó en relación a la iniciativa de la Gobernadora lo siguiente: ".Así mismo, se ha considerado pertinente apoyar los estímulos a que se refiere el Artículo Decimocuarto de la iniciativa en análisis, al igual que los estímulos por pronto pago del Derecho de Control Vehicular, entre otros más que se prevén, pues como se ha señalado en párrafos precedentes, a través de este tipo de medidas se pretende incentivar actividades, beneficiar personas y grupos en situación de vulnerabilidad." Como se aprecia, las leyes reclamadas fueron expedidas por el Congreso del Estado, a iniciativa de la Gobernadora del Estado, ambos en uso de sus facultades constitucionales, y tanto en la iniciativa como en el dictamen propuesto, se expuso la necesidad de la expedición de los ordenamientos legales referidos, los cuales establecen parámetros para regular cuestiones sociales que requieren ser jurídicamente normadas, sin que hubiera sido necesario que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica y particular, contrario lo estima la parte quejosa. Además, dada la posición constitucional del legislador, en virtud de su legitimidad democrática, no se exige que toda diferenciación normativa deba ser justificada en la exposición de motivos o bien, en todo el proceso legislativo, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, pues el legislador cuenta con una amplia libertad al configurar el contenido y alcance de ese tipo de estímulos económicos, al corresponderle decidir acerca de los alcances de los tributos, por lo que esta juzgadora federal no puede analizar la necesidad de que se establezca de alguna manera determinada o se conserve un beneficio para un determinado sector social. En efecto, esta juzgadora únicamente puede estimar que la diferenciación establecida en los estímulos fiscales otorgados para el pago del derecho de control vehicular, según el modelo del vehículo, encuentra una justificación objetiva y razonable, con lo expresado tanto en la exposición de motivos, como en el dictamen correspondiente y en el propio texto de la ley, eso es, a fin de apoyar a los contribuyentes por su situación de desventaja o desigualdad, pues entre más reciente sea el modelo del vehículo automotor, mayor será la capacidad económica de quien lo adquirió, y por lo tanto, el estímulo fiscal aludido reconoce la existencia de desigualdades económicas y materiales, beneficiando, como se dijo, a quienes tienen cierta desventaja o desigualdad para poseer un vehículo de modelo más reciente; lo que además se robustece, porque la diferenciación no incide en los elementos de las contribuciones, sino como se dijo, esos beneficios fiscales no quedan integrados a la estructura de los Derechos cuestionados, ya que carecen de relevancia impositiva, porque atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y no trascienden a las contribuciones mismas. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. XXVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Novena Época, Marzo de 2009, Materia Constitucional, página 470, con número de registro digital 167712, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquélla actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente. Asimismo, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal ha establecido que el principio de igualdad, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio deriva un mandamiento vinculante para el legislador ordinario, que le exige dar trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual. Por tanto, dada la posición constitucional del legislador, en virtud de su legitimidad democrática, no se exige que toda diferenciación normativa deba ser justificada en la exposición de motivos o bien, en todo el proceso legislativo, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable. De lo anterior se concluye, que dicha justificación objetiva y razonable, deberá ser valorada por el órgano de control, ya sea con base en lo expuesto en el proceso legislativo, o bien, con lo expresado en el propio texto de la ley, a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados: de ahí que, no será inconstitucional de suyo la norma jurídica que contenga un mandamiento que dé trato desigual a supuestos de hecho equivalentes, cuando el legislador no exprese las razones para ese trato diferenciado en la iniciativa, en los dictámenes, o en general en el proceso legislativo, si resulta un hecho notorio, derivado del texto de la ley, la finalidad que persigue la disposición respectiva, toda vez que fue el propio cuerpo legislativo el que en el ordenamiento jurídico de que se trate, ha consagrado esas razones." Sin embargo, las autoridades administrativas también se encuentran vinculadas a la protección de los derechos humanos, por ello, el poder legislativo tiene un papel muy importante en la implementación en el ámbito interno al momento de creación de leyes, de procurar ese respecto a los derechos humanos, para ello, en relación con el actuar legislativo se puede aseverar que debe obligarse a adoptar medidas legislativas para el cumplimiento de las facultades que les son conferidas; suprimir normas que entrañen conculcación a la constitución federal, local y tratados internacionales en los que México sea parte; y, no adoptar medidas contrarias a tales ordenamientos legales. En ese sentido, se considera que existe vulneración por parte del legislador a dicho principio pro persona, cuando existe incumplimiento en preservar los derechos humanos legalmente protegidos. En ese contexto, esta juzgadora no aprecia que se haya infringido tal principio constitucional al emitirse las leyes que se tildan de inconstitucionales, virtud que como se dijo, éstas establecen directrices y control legal respecto de relaciones sociales que constitucionalmente deben regular los órganos de creación de leyes, señalados como autoridades responsables, al regular las contribuciones que deberán enterar los gobernados al hacer uso de los servicios que presta el Estado, en la especie, por el control vehicular, dotación y/o canje de placas y expedición de tarjeta de circulación, conforme a las tarifas y cuotas establecidas para ello. Aunado a lo anterior, tampoco es posible que esta juzgadora aplique dicho principio a favor de la parte quejosa, porque si bien, en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la Carta Magna, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos; empero, cierto es que esa atribución se debe dar en los casos en que se advierta, aun de oficio, que una norma secundaria pugna con la Constitución o con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual no derivará en su invalidación o desincorporación de la esfera jurídica del afectado, sino en su inaplicación al caso. Sin embargo, no es posible que se aplique a favor de la parte quejosa para resolver este juicio, el referido principio pro persona o pro homine, porque no se cumplen con los requisitos necesarios para su estudio. Cierto, resulta conveniente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Señaló también que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; es decir, que se reúnan los siguientes requisitos: a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable. b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende. c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Las anteriores consideraciones se encuentran en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 613, Materias Constitucional y Común, con número de registro digital 2007561, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento." Ahora, sobre dicha temática, la parte quejosa se limitó a afirmar que la Ley Estatal de Derechos lesiona los derechos contemplados en el numeral 1° de la Constitución Federal, particularmente el principio "pro persona", el cual debe ser rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, brindando mayor protección a los contribuyentes y que cuando el derecho humano que se analice se encuentre en la constitución federal, los juzgadores deben ejercer un control ex oficio de constitucionalidad o convencionalidad de una norma, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia, sin importar la fuente nacional o internacional en que se base. Empero, como se aprecia, la parte quejosa omitió señalar cuáles son los derechos fundamentales que, a su parecer, se encuentran vulnerados en el caso a estudio, así como cuál es la norma que a su parecer es violatoria de sus derechos fundamentales; pues al respecto se limita a asegurar que se vulnera el numeral 1° de la Constitución Federal, que establecen la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, pero no expone cuál es el derecho fundamental cuya maximización se pretende, y cuál es la norma cuya aplicación debe preferirse, o en todo caso, la que resulte más favorable hacia el derecho fundamental de la parte peticionaria, así como las razones por las que así se estime. Razones por las que esta juzgadora federal se encuentra imposibilitada para llevar a cabo el estudio aludido, de conformidad con la tesis jurisprudencial reproducida con anterioridad. Además, debe decirse que, en todo caso, la aplicación del principio pro persona previsto en el artículo 1° constitucional, no se traduce en que deba resolverse siempre, en forma favorablemente a las pretensiones de la parte quejosa, pues la aplicación de dicho principio, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que, si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique; empero, se insiste, el principio pro persona no significa que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Décima Época, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con registro digital 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Máxime que, tratándose del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el precitado principio pro persona, no puede servir como sustento para omitir el estudio de los aspectos técnicos y legales que puedan actualizarse en la resolución de un juicio de esa naturaleza, según puede advertirse de la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Décima Época, Diciembre de 2012, Materias Constitucional y Común, Tomo 1, página 530, con registro digital 2002359, que sostiene: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En otro argumento esgrimido por la parte quejosa, asegura ésta, que las legislaciones reclamadas vulneran lo previsto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el principio de Derecho Internacional para garantizar el derecho humano a la no explotación del hombre por el hombre, aplicable al derecho privado y que consiste en evitar cargas económicas desproporcionadas a cargo de una persona impuestas por otro individuo, sin que guarde un equilibrio entre lo recibido y la obligación de enterar, por lo que considera que al no existir una proporcionalidad en el costo del derecho por la prestación del servicio que nos ocupa, existe una transgresión al citado principio de derecho internacional. También es inoperante dicho motivo de disenso. Para explicarlo, se precisa que el citado artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno dice: "ARTÍCULO 21. Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley." Del citado precepto convencional, en lo que interesa, se desprende que la explotación del hombre por el hombre, es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas, verbigracia, la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados o la propia usura; instancias indiscutibles que se consideran explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, no se considera que el legislador al establecer cargas tributarias a los particulares, en específico, derechos por la prestación de un servicio público del Estado, incida en dicha explotación, en principio, porque tal disposición Convencional se refiere a las relaciones entre particulares, y en segundo término, porque el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal, si bien establece la obligación a cargo de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, cierto es que, en ese mismo precepto constitucional se establecen los principios que deben respetarse por el legislador a fin de evitar que los tributos sean excesivos, esto es, que los mismos sean proporcionales y equitativos en relación a los sujetos obligados, para que se destinen al gasto público. Es por ello que, el concepto de contribución se explica a través de los principios que la rigen y que emanan del propio texto constitucional; de ahí que, ante la falta de aplicación de tal dispositivo Convencional -explotación del hombre por el hombre- a la materia que nos ocupa (legislativa en materia tributaria), se estima que su motivo de disenso deviene inoperante. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a. CXCIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contemplada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Décima Época, Junio de 2015, Materia Constitucional, Tomo I, página 586, con número de registro digital 2009281, que dice: "EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. La "explotación del hombre por el hombre", contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de "explotación" al que hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre." En ese contexto, al ser infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, conforme a los fundamentos legales y consideraciones antes señaladas. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron reproducidos en el contexto de la presente sentencia, se invocan con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no ser contrarias con la actual legislación de la materia. Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerando tercero y quinto, por los motivos y fundamentos precisados en los mismos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando cuarto, por los motivos y fundamentos legales formulados en el séptimo considerando de este fallo Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******o, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********, el día de hoy trece de junio de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.**
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento del Padrón del Control Vehícular dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre únicamente como antecedente el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, en razón de que el dieciocho de los actuales se tuvo por recibido acordándose lo conducente. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- BERTHA ALICIA TRUJILLO RODRÍGUEZ y Otros.772/2018
- Bertha Candelaria Nevarez Borunda432/2023
- Bertha García Solorio311/2020
- Bertha Idali Baca González y Otros.223/2023
- Bertha Irene Fuentes Oliva544/2015
- Bertha Isela Hernández Ramírez515/2015
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.929/2019
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.547/2019
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.288/2019
- Betty Maritza Gualan Lozano y Otros.255/2023
- Bianca Yaneth López Loya922/2016
- Bianca Yaneth López Loya829/2016