Bertino Hidalgo Ventura y Otros.
Expediente 288/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta y en atención a lo manifestado por el quejoso **********, téngasele en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, autorizando en términos amplios a la licenciada **********, toda vez que se encontró inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En atención a que el quejoso, solicita autorización para el expediente electrónico, a favor de la licenciada **********, bajo el usuario registrado como "**********" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, toda vez que dicha autorizada cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario "**********", para consulta de juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee lo siguiente: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte promovente para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida el once de julio de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes sí entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 288/2019-V, promovido por ********** y otros, contra actos del Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, y,R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de abril del año en curso, ********************, presentaron demanda de amparo contra actos del Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de quien reclamaron el acuerdo de admisión de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dictado en el procedimiento administrativo E-CHJ/011/2019. SEGUNDO. Derechos humanos que se consideran violados. El quejoso indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo expuso los antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve se admitió la demanda de amparo que quedó registrada con el número de expediente 288/2019-V, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que los quejosos reclaman el acuerdo de admisión emitido el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo CHJ/011/2019, por el Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, pues el Coordinador General de Policía, en calidad de Suplente del Presidente de dicha Comisión, informó que se instauró un procedimiento administrativo en contra de los quejosos, el cual fue radicado el trece de febrero de dos mil diecinueve, bajo el número de expediente CHJ/011/2019, y el diecinueve del citado mes y año se dictó acuerdo de admisión, lo que se corrobora con las copias certificadas que anexó a su informe. Dichas documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, ya que se trata de documentos expedidos por autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. CUARTO. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó del Coordinador General de Policía, en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en esta ciudad, el acuerdo dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el expediente CHJ/11/2019, por medio del cual se ordenó admitir el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Así, por oficio recibido en este juzgado el veintitrés de mayo del año en curso, el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, informó que el seis de mayo de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo en el expediente CHJ/11/2019, por medio del cual se ordenó reponer el procedimiento a partir del acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dejando insubsistente todo lo actuado desde la emisión de dicho acuerdo, el cual en ese acto se revocó de manera lisa y llana, y ordenó en su lugar dictar uno nuevo en el que se observen todas las formalidades que una resolución de tal envergadura debe revestir y a las que hizo referencia en dicho auto, hecho lo anterior, ordenó se procediera en los términos de lo previsto por los artículos 206 y 207 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Atento a lo anterior, el nueve de mayo del año que transcurre, emitió un nuevo acuerdo, con el propósito de regularizar las omisiones advertidas y respetar con ello de manera amplia las garantías que le asisten a las partes procesales, con apego a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 177 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios. Documentación que por ser pública se le confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (quince de abril de dos mil diecinueve), tenía existencia jurídica el acto reclamado; sin embargo, el acto atribuido a la autoridad responsable cesó el seis de mayo de la anualidad en curso. Aunado a lo expuesto, es un hecho notorio para este Juzgador que el nueve de julio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó nueva demanda de amparo, de la cual conoce este órgano jurisdiccional y a la que correspondió el número de expediente 509/2019-V, en la que aquélla señaló como acto reclamado "El Acuerdo de Admisión de Procedimiento Administrativo emitido por la autoridad señalada como ordenadora en fecha 06 de mayo de 2019, en el expediente E. CHJ/011/2019", por el Coordinador General de Policía, en calidad de suplente del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en esta ciudad. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; de ahí que han cesado los efectos del acto primordialmente reclamado. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO . En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley, con relación a los actos precisados en párrafos precedentes. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 288/2019-V, promovido por ***********************, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********, el once de julio de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la resolución de once de julio de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 288/2019-V, promovido por ********** y otros, contra actos del Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de abril del año en curso, ********************, presentaron demanda de amparo contra actos del Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de quien reclamaron el acuerdo de admisión de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dictado en el procedimiento administrativo E-CHJ/011/2019. SEGUNDO. Derechos humanos que se consideran violados. El quejoso indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo expuso los antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve se admitió la demanda de amparo que quedó registrada con el número de expediente 288/2019-V, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que los quejosos reclaman el acuerdo de admisión emitido el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo CHJ/011/2019, por el Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Coordinador General de Policía en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, pues el Coordinador General de Policía, en calidad de Suplente del Presidente de dicha Comisión, informó que se instauró un procedimiento administrativo en contra de los quejosos, el cual fue radicado el trece de febrero de dos mil diecinueve, bajo el número de expediente CHJ/011/2019, y el diecinueve del citado mes y año se dictó acuerdo de admisión, lo que se corrobora con las copias certificadas que anexó a su informe. Dichas documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, ya que se trata de documentos expedidos por autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. CUARTO. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó del Coordinador General de Policía, en calidad de Delegado Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en esta ciudad, el acuerdo dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el expediente CHJ/11/2019, por medio del cual se ordenó admitir el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Así, por oficio recibido en este juzgado el veintitrés de mayo del año en curso, el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, informó que el seis de mayo de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo en el expediente CHJ/11/2019, por medio del cual se ordenó reponer el procedimiento a partir del acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dejando insubsistente todo lo actuado desde la emisión de dicho acuerdo, el cual en ese acto se revocó de manera lisa y llana, y ordenó en su lugar dictar uno nuevo en el que se observen todas las formalidades que una resolución de tal envergadura debe revestir y a las que hizo referencia en dicho auto, hecho lo anterior, ordenó se procediera en los términos de lo previsto por los artículos 206 y 207 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Atento a lo anterior, el nueve de mayo del año que transcurre, emitió un nuevo acuerdo, con el propósito de regularizar las omisiones advertidas y respetar con ello de manera amplia las garantías que le asisten a las partes procesales, con apego a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 177 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios. Documentación que por ser pública se le confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (quince de abril de dos mil diecinueve), tenía existencia jurídica el acto reclamado; sin embargo, el acto atribuido a la autoridad responsable cesó el seis de mayo de la anualidad en curso. Aunado a lo expuesto, es un hecho notorio para este Juzgador que el nueve de julio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó nueva demanda de amparo, de la cual conoce este órgano jurisdiccional y a la que correspondió el número de expediente 509/2019-V, en la que aquélla señaló como acto reclamado "El Acuerdo de Admisión de Procedimiento Administrativo emitido por la autoridad señalada como ordenadora en fecha 06 de mayo de 2019, en el expediente E. CHJ/011/2019", por el Coordinador General de Policía, en calidad de suplente del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en esta ciudad. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; de ahí que han cesado los efectos del acto primordialmente reclamado. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO . En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley, con relación a los actos precisados en párrafos precedentes. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 288/2019-V, promovido por ***********************, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********, el once de julio de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Bertha Idali Baca González y Otros.223/2023
- Bertha Irene Fuentes Oliva544/2015
- Bertha Isela Hernández Ramírez515/2015
- Bertha Yolanda Cobos Juárez209/2022
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.929/2019
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.547/2019
- Betty Maritza Gualan Lozano y Otros.255/2023
- Bianca Yaneth López Loya922/2016
- Bianca Yaneth López Loya829/2016
- Bianca Yaneth López Loya873/2016
- Birsaby Daniel Blando Blando28/2017
- Blanca Cirila Reyes Canizales765/2017