Bertha Idali Baca González y Otros.

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Bertha Idali Baca González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el oficio enviado por el Delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación de dicho Poder, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre del año en curso, en los autos del juicio de amparo ********************/2023. Se da trámite Se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Distribúyanse entre las partes, las copias restantes del ocurso, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley de Amparo. Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el oficio de expresión de agravios de la recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.********************Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 223/2023-II, promovido por ******************** y ********************, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticuatro de los mismos, ******************** y ********************, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua.Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 28, último párrafo, 31, fracción IV y 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 223/2023-II, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.********************Cuarto. Desechamiento de prueba, queja y posterior admisión de aquélla. Mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la prueba testimonial hostil, en vía de informe, a cargo de la Notaria Público número ********************en el Distrito Judicial Bravos, ofrecida por la parte quejosa, con sustento en los razonamientos ahí vertidos.********************En contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, al que este juzgado le dio el trámite respectivo, como se advierte de acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés; del que, en su momento, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, alzada que lo identificó como la queja 62/2023 y en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, resolvió lo siguiente PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se ordena a la jueza de Distrito provea lo conducente respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa.Por ende, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, al tenerse por recibida esa determinación, entre otras cosas, se tuvo por admitida la prueba en comento, misma que se instó a la Notaria de referencia una vez que transcurrió la vista a todas las partes para que, si así lo deseaban, ampliaran el cuestionario que exhibió la parte oferente de tal prueba; misma que se tuvo por recibida en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, pues la Notaria Público número ********************en el Distrito Judicial Bravos, remitió, tanto el informe que le fue instado, como las documentales pertinentes, debidamente certificadas, para acreditar lo que asentó en aquél. ConsiderandoPrimero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua: La aprobación y expedición del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los DERECHO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua: La promulgación del ordenamiento legal descritoTercero. Existencia de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Chihuahua y la Gobernadora del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptaron los actos que les fueron endilgados, de modo que se tienen por ciertos. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde su publicación oficial, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento de esta Juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualizan dos hipótesis de improcedencia, como se demostrará enseguida. Primera causa de improcedencia actualizadaEl artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la norma transcrita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5º, fracción I, y 6º, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permitaLa norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En suma, en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica; pues se requierea) Que la parte quejosa acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que únicamente se exige contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; sin embargo, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Precisado lo anterior, se señala que al reclamar una norma en la vía indirecta, debe distinguirse si esta se trata de autoaplicativa o heteroaplicativaEllo primero, para computar el plazo que el justiciable tiene para presentar la demanda, así como para dilucidar si la norma depara perjuicio con su sola entrada en vigor, o bien, requiere de un acto de aplicación concreto. Al respecto, se está en presencia de una norma autoaplicativa, o de individualización incondicionada, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese eventoLa consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: ********************LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN., cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.********************Además, se precisa que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones; lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones Así, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio a su interés jurídico, alegado, que, como ya se dijo, concierne únicamente a la quejosa, demostrar. Tiene sustento lo anterior, por identidad de razones, en la tesis I.8o.C.11 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 954, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 202983, de título y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. LA CERTIFICACION DE LAS ACTUACIONES QUE SE ANEXAN AL MISMO PRUEBAN UNICAMENTE EN CUANTO A SU EXISTENCIA, PERO NO PUEDEN TENER EL ALCANCE DE CONVERTIR EN DOCUMENTOS PUBLICOS LOS QUE SE EXHIBIERON EN COPIA SIMPLE. La certificación de las actuaciones que se acompañen al informe justificado dan la certeza en cuanto a que dichas constancias obran en el expediente respecto del cual se realizó dicha certificación, pero no puede tener el alcance de convertir en documento público a una copia simple que se haya exhibido en los autos de que se trate; consecuentemente la copia simple en cuestión sigue teniendo la calidad con el valor demostrativo que en derecho le corresponda. Ahora bien, como fue precisado en el resultando primero del presente fallo, se advierte que por escrito depositado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticuatro de los mismos, ******************** y ********************, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua.********************De dichas responsables, como se asentó, la parte quejosa reclamó, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias legales, el Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los DERECHO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD", en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo del que dijo, fue su primer acto de aplicación. Ahora, en los antecedentes de su demanda de amparo, precisó, bajo protesta de decir verdad, que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés (aunque, de forma incorrecta, asentó que de dos mil veintidós; lo que este órgano jurisdiccional estima es un error mecanográfico, por lo que debe hacerse la corrección respectiva, a efecto de evitar caer en rigorismos excesivos que la dejarían en estado de indefensión; máxime que esa fecha se relaciona con diversa señalada en el informe que rindió esa fedataria, como se expondrá más adelante; lo que se apoya en la tesis P. XLVIII/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), tuvo conocimiento del pago que fue dado a la Notaria Pública número ********************del Distrito Bravos, con motivo del contrato de hipoteca que verificó respecto de un bien inmueble. Cabe señalar que a su demanda no anexó ningún documento con lo que acreditara su dicho, pero ofreció como pruebas la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y la testimonial hostil en vía informe, a cargo la Notaria Pública número ********************del Distrito Bravos; las primeras, se admitieron junto con la demanda de amparo y la última, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; una vez que transcurrió para todas las partes, la vista que se les dio con motivo de ese último auto, en diverso proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la Notaria Pública número ********************del Distrito Bravos, que rindiera su informe testimonial hostil, de acuerdo al cuestionario que presentó para ese efecto la parte quejosa. Al rendir ese informe, señaló en lo que interesa: Que en la escritura ********************del protocolo a su cargo, se hizo constar un contrato de compraventa con apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de veintisiete de enero del año en curso, celebrado por la quejosa ********************, quien fue acompañada por su cónyuge ******************** -pero el referido contrato lo celebró aquélla-.********************De ello se desprende que la fecha que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, correspondió a la data de firma de la citada escritura pública, ante la fedataria en cita; así como a la fecha en que signó el "informe para el derechohabiente sobre el cálculo de impuestos y derechos", donde se le detallaron los montos de los derechos e impuestos causados con motivo de ese pacto.********************Que el ********************le transfirió el monto de los impuestos y derechos causados por ese movimiento, por parte de ********************, el tres de febrero de dos mil veintitrés, por la cantidad de ********************.********************Que el pago de los derechos registrales se verificó hasta el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; es decir, prácticamente tres meses después de que esa fedataria recibió los recursos ya indicados.********************Documentales y manifestaciones a las que esta Juzgadora Federal otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo en términos de su numeral 2°, al ser emitidas por una autoridad motivo y en ejercicio de sus funciones; en uso de las facultadas conferidas en el párrafo segundo del artículo 13 , en relación con la fracción XVII, del numeral 24, ambos de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua.****************************************Ahora bien, de ello se desprende que el tres de febrero de dos mil veintitrés, fue la fecha en que la directa quejosa ********************, a través de la institución con la que celebró el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, esto es, el ********************mediante transferencia bancaria con referencia********************, sufragó a la citada Notaria Pública, el pago de derechos e impuestos generados con motivo de la escritura ****************************************Y, se repite, fue únicamente esa quejosa quien celebró el citado contrato, no así el diverso quejoso.****************************************Ahora, debe destacarse que de la ejecutoria por la que se resolvió el amparo en revisión ********************, en conjunto con los diversos amparos en revisión ********************, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las jurisprudencias 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.), que establecen: ********************(1)********************AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que la quejosa tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación.********************(2)********************AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación. ********************(3)********************AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición de la quejosa, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que la quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE LA QUEJOSA TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente.********************Es propio lo destacado.********************Ahora, la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcrita, establece que si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad, así como los impuestos adicionales correspondientes, con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes. ********************Para llegar a esa conclusión, la Suprema Corte de Justicia analizó los artículos 94 Bis y 94 Bis-5 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, los cuales establecen:********************Artículo 94 Bis. Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles establecido en esta ley, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en la superficie de terreno y la de construcción, en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento. ********************Artículo 94 Bis-5. En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad por cada uno de los actos que consignen, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. ********************Dichos preceptos legales, prevén los sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su forma de cálculo; así como la obligación de los notarios, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, de calcular el impuesto y enterarlo. ********************Luego, los artículos 156 y 161 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, establecen también los sujetos del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles y la obligación de los fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, de calcular el impuesto y enterarlo.********************Además, el artículo 33 de Ley del Notariado del Estado de Chihuahua en su segundo párrafo dispone que los notarios deben efectuar el cobro de los importes para cubrir los créditos fiscales y derechos registrales, que serán por cuenta y orden de la parte solicitante. ********************De ahí que al ser de igual contenido las disposiciones legales del Estado de Morelos y del Estado de Chihuahua, la interpretación y conclusión a la que llegó la Segunda Sala en la jurisprudencia mencionada, resulta plenamente aplicable al caso que nos ocupa; y, en consecuencia, debe considerarse como la fecha del conocimiento de la aplicación de la norma impugnada, por parte de la quejosa ********************, la fecha en que fueron puestos a disposición de la aludida notaria, los recursos para pagar los derechos e impuestos con motivo de la ya citada escritura pública que celebró -sólo ella y no el diverso quejoso-.********************Por lo anterior, es claro que nos encontramos ante la aplicación al caso de una jurisprudencia temática, en tanto que las legislaciones aplicadas a los asuntos correspondientes, es decir el que nos ocupa y el que fue materia de estudio por nuestro Máximo Tribunal y dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen identidad en su texto y, por ende, como se precisó, se trata de una jurisprudencia temática que resuelve el punto particular que se aborda.********************Además, es importante señalar que conforme a la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, se estableció en el artículo 94 de la Constitución Federal, un nuevo sistema de precedentes: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.********************Dicha reforma se estableció a fin de dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para lograr lo anterior, se reformó la Constitución con la finalidad de que el mencionado Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones, compartidas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas.********************De esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales. ********************Por lo anterior, conforme al nuevo sistema de precedentes, se privilegia el principio de jerarquía que recae en la observancia de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que a partir de dicha premisa es que este Juzgado de Distrito atiende el criterio jurisprudencial temático antes aplicado. ********************En suma, debe estimarse que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial relativa desde el momento en que decide entregar al notario público los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes, por ende, al día siguiente de que ello ocurra inicia el plazo de quince días para promover el juicio de amparo en contra de tal afectación patrimonial, al ser un acto de aplicación implícito. De no hacerlo en dicho término, el amparo será improcedente por extemporáneo y, consecuentemente, también lo será respecto de las normas aplicadas, no por extemporáneo, sino en virtud de la improcedencia del amparo en contra del acto de aplicación, ya que no puede quedar a capricho del peticionario de amparo el momento en que decida ostentarse como sabedor de esa afectación patrimonial. ********************Luego, si el contribuyente no acude al amparo con motivo de la afectación patrimonial y la aplicación tácita de las normas contenidas en aquélla, se encuentra en posibilidad de promover el juicio dentro del plazo de quince días siguientes a que se haya realizado un acto posterior de aplicación explícito, con independencia de quién hubiera intervenido en él, esto es, directamente la parte quejosa en autoaplicación, la autoridad, o un tercero auxiliar, ya que ese acto será explícito cuando expresamente se citen las disposiciones que regulan el tributo de que se trata, lo que no acontece en el caso en estudio. En este contexto, se insiste que en las citadas ejecutorias se analizó la legislación del estado de Morelos, sin embargo, su aplicación resulta análoga al Estado de Chihuahua, pues también sirve para determinar los supuestos o momentos en que resulta viable acudir al juicio de amparo, esto es: ********************a) al materializarse la afectación patrimonial con motivo de que el contribuyente entrega voluntariamente los recursos correspondientes al notario público, con lo que se actualiza la aplicación tácita de las disposiciones que regulan el pago de derechos por inscripciones en el Registro Público y; ********************b) con motivo de un acto posterior de aplicación expresa, que ocurre cuando la hipótesis normativa es citada de forma explícita y permita al contribuyente identificar el numeral o porción legal que se le está aplicando, como se ilustra a continuación:********************Se puede promover dentro de los quince días siguientes a la entrega al notario público de los recursos que el contribuyente tiene a su disposición; sin que pueda quedar a voluntad el momento en que la quejosa decida hacerse sabedora de las normas aplicadas.********************Se puede promover dentro de los quince días siguientes a un posterior acto de aplicación, con independencia de que en él hubiera intervenido la autoridad exactora, directamente el contribuyente en autoaplicación o un tercero auxiliar de la hacienda estatal.****************************************De ahí que, la "retención" que efectuó la Notaria Pública que recibió el citado pago y la fecha en que se hizo, determina el momento a partir del cual comenzó a contar el plazo de quince días para promover el amparo respectivo, pues, como se vio, si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan la citada contribución con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes, por lo que es claro que en ese momento quedan fuera del dominio del quejoso dichos recursos económicos, y, por ende, es ahí cuando tiene noticia de la afectación patrimonial, la cual tiene origen precisamente en el pago que debe realizar para que se le preste el servicio correspondiente por parte del Estado, luego con independencia de que con posterioridad el Notario Público sea quien deba realizar el entero, es claro que el perjuicio con motivo del pago del derecho ya fue resentido por el contribuyente, del cual tuvo noticia al momento de la transferencia respectiva y, por lo tanto es evidente la actuación del Fedatario Público como auxiliar de la hacienda pública.********************Bajo las relatadas consideraciones, resulta innegable que en el presente caso la afectación patrimonial que transgrede la esfera jurídica de ******************** tuvo lugar el tres de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que ésta, a través de la institución con la que celebró el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, esto es, el ********************mediante transferencia bancaria con referencia********************, sufragó a la citada Notaria Pública, el pago de derechos e impuestos generados con motivo de la escritura ********************Es decir, la quejosa ********************, con la citada prueba a cargo de tal Fedataria, acreditó que sufrió la afectación patrimonial hasta el tres de febrero de dos mil veintitrés, con motivo pago de la suma correspondiente a tales derechos por inscripción registral.********************Además, debe precisarse que dicha Notaria Pública exhibió, anexo a su informe ofertado como prueba por la parte quejosa, copia certificada del estado de cuenta bancario que le expidió la institución bancaria denominada ******************** ********************, de donde se advierte, con fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, la transferencia recibida del diverso banco ******************** transmitido por el ********************que adujo, en uso de su fe pública, corresponde al pago que realizó ********************, por conducto de esa institución.********************De igual modo, la Notaria Pública presentó las facturas fiscales con números de operaciones ********************, todas de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, a nombre de ******************** -no del diverso quejoso-, relativas a los pagos que con el citado motivo, efectuó, cada una por la cantidad de ********************, así como, en cada una, un estímulo fiscal.********************Sentado lo anterior, el acto de aplicación de la norma, se encuentra plenamente acreditado por lo que hace a ********************, sin embargo, como ya se adelantó, no sucedió así respecto del diverso quejoso, quien no acreditó mediante dato de prueba eficaz alguno, que sufrió la afectación que adujo.********************Es así, quien celebró el contrato ya indicado, según lo informado por la citada Notaria Pública, fue aquélla, no así ********************; de modo que, la afectación de que se dolieron los peticionarios del amparo, se insiste, sólo fue demostrada por ********************.********************En tales condiciones, al no acreditar ******************** la afectación patrimonial o acto de aplicación y tener la norma reclamada el carácter de heteroaplicativa, por no causar un perjuicio a la parte quejosa con motivo de su sola entrada en vigor, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que provoca que el presente juicio de amparo sea improcedente respecto de ********************.********************Segunda causa de improcedencia actualizada********************En diverso orden, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen:********************61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ********************(.)********************107. El amparo indirecto procede: ********************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.********************(.)********************La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio al quejoso por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional.******************** ********************En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. ******************** ********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes:********************INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.********************Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice.******************** ********************En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa; como ya fue previamente abordado.********************Ahora, ******************** reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas; los cuales establecen lo siguiente:********************Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: ********************I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo:********************I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre éstos, se pagará el derecho conforme a la cuota de.167.3734 UMAs********************II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs.********************[.]********************IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley... 167.3734 UMAs********************V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:********************a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs********************b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs********************[.]********************Sin embargo, de las facturas fiscales con números de operaciones ********************, todas de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, a nombre de ********************, cada una por la cantidad de ********************, así como, en cada una, un estímulo fiscal; se advierte que se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos.******************** ********************Documentales que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************Por tanto, las anteriores documentales, en suma con lo señalado por la Notaria Pública en cita, en cuanto a que el ********************le transfirió el monto de los impuestos y derechos causados, por parte de ********************, el tres de febrero de dos mil veintitrés, por la cantidad de ********************; se consideran suficientes para tener por acreditado el primer acto de aplicación, de tres de febrero de dos mil veintitrés, únicamente respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV y V de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.******************** ********************Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: ********************AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente.********************En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto a dichas disposiciones, al no haberse acreditado su aplicación, por parte de la quejosa ********************.********************Quinto. Causas de improcedencia invocadas y que resultan infundadas. A continuación, se analizarán las causas de improcedencia que las responsables adujeron que se actualizaban y que resultan infundadas. ********************I. Las responsables refieren que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, esencialmente, al considerar que la demanda fue presentada de manera extemporánea y que los actos reclamados fueron consentidos. ********************Causa de improcedencia que no se actualiza en el caso.********************Previo acreditar el anterior aserto, es preciso invocar enseguida el contenido del numeral y fracción respectivos:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************(.)********************Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen que:********************Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.********************Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.********************En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días.********************Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes:********************Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición;********************Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y********************Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Asimismo, el referido plazo empezará a contar: a) al día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, b) al día siguiente al en que tuvo conocimiento del quejoso o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas.********************Con relación a tales plazos, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados.********************Ahora bien, tratándose de amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se computarán a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación.********************Criterio jurisprudencial que se encuentra publicado en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, Séptima Época y número de registro 232445, misma que resulta aplicable por las razones ya indicadas que informa y que es del rubro y texto siguientes:********************LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada).********************Ahora bien, como ya fue acotado, el acto de aplicación a la quejosa ********************, se verificó el tres de febrero de dos mil veintitrés, cuando puso a disposición de la Notaria Pública número ********************en el Distrito Judicial Bravos, a través del ********************el monto de los impuestos y derechos causados por ese movimiento, por la cantidad de ********************.********************Entonces, si el acto de aplicación de la norma que el quejoso tilda de inconstitucional, se verificó el tres de febrero de dos mil veintitrés, el plazo de quince días hábiles que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, inició el siete de ese mes y año y concluyó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, excluyendo de tal cómputo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de los mismos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. ********************Luego, si dicho plazo fenecía el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés y el escrito inicial de la demanda de amparo que nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; es inconcuso que se hizo dentro de los quince días a que alude el primero de los numerales señalados; de ahí que es infundada la causa de improcedencia de que se trata.********************De tal suerte que, como se anunció, la hipótesis de improcedencia en comento, contrario a lo estimado por las autoridades responsables, no se actualiza en el caso.********************II. Enseguida, el Congreso del Estado de Chihuahua, refiere se actualiza la causa de improcedencia siguiente:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************(.)********************No asiste la razón a la autoridad en cita, pues de la prueba que la parte quejosa ofertó, consistente en el informe a cargo de la Notaria Pública número ********************en el Distrito Judicial Bravos, se advierte que se le aplicó el numeral ya referido; como se ha mencionado en este fallo.********************De modo que es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable.********************III. Por su parte, la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, ya que, aduce, la parte solicitante del amparo omitió combatir la promulgación y la publicación del decreto sin atribuir vicios propios.********************La citada causa de improcedencia es infundada, ya que en cuanto a la promulgación el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, la quejosa debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. ********************Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. ********************En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad de la quejosa que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. ********************Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. ********************Por lo que respecta a la publicación, cabe resaltar que en el caso específico el quejoso no reclamó la publicación del decreto impugnado, razón por la cual no se hace pronunciamiento alguno al respecto.********************En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. ********************Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, visible a página 2278, del Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:********************AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada.********************Sexto. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia diversas, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna otra, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". ********************Séptimo. Estudio de fondo. En primer término, se reitera que está demostrado el acto de aplicación del artículo 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.********************Ahora bien, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los motivos de disenso vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso.********************Ilustra lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". ********************Establecido lo previo, se estima fundado el concepto de violación de la parte quejosa; en el que argumenta esencialmente, lo siguiente:********************Que la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización es exorbitante, con relación al verdadero costo del servicio prestado.********************Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio.********************Que al preverse un estímulo fiscal, se revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con un porcentaje de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. ********************Agrega que de la ejecutoria que se dictó en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua en esta ciudad, se desprende que el costo real por cada inscripción es de $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). ********************Conforme a lo anterior, concluye, el derecho que cobra el Estado respecto de la prestación del servicio es de aproximadamente quinientos por ciento mayor a la real.********************Ahora bien, como se destacó con antelación, la inconformidad de la parte quejosa se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. ********************A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la parte quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua:********************38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: ********************[.]********************III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. ********************[.]******************** Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, punto 4.3.2.3, que dispone:********************DERECHOS********************Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales.********************4. Derechos********************4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado********************523,603,053**************************************** ****************************************Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. ******************** ********************Ahora, el diez de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés el cual equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), lo que resulta en una cuota de ********************.********************Con relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio.******************** ********************En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. ********************El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, Novena Época, Materias Administrativa, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de enero de 1998, página 54, del contenido: ********************DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.********************Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la parte quejosa, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita.******************** ********************Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá a la parte peticionaria del amparo aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo.******************** ********************Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. ********************El referido criterio 2a. CX/2013, fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005254, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, página 1589, del epígrafe y texto:********************PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.********************En el caso, se tomará en cuenta la pericial contable desahogada en expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua que invocó, pues constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete bajo el rubro "Derechos registrales, ampara, cobro desproporcional al servicio prestado -Decreto 1223-2015-", con el número de expediente único nacional ********************.********************Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice:********************HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.********************Así, tal prueba se obtiene que se presentó dictamen pericial emitido por el experto de nombre ********************, en el cual, en lo que aquí interesa, determinó:********************(.)********************Cuál es el promedio, el costo real o el gasto que se causa por cada inscripción realizada por la Dirección de Registro Público de la Propiedad en todo el estado. Respuesta. $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional).********************A cuánto asciende la diferencia entre el gasto generado por la prestación del servicio de registro en todo el estado, y el derecho cobrado por inscripción en todo el estado. Respuesta. Mensualmente a $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional) y anualmente a $265,582,736.04 (doscientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 moneda nacional).********************A cuánto asciende la diferencia a que se refiere el punto anterior. Respuesta. Mensualmente asciende a 528.49% y anualmente a 495.92%********************Si el cobro del derecho descrito en anteriores puntos, una vez cubierto el gasto efectuado por la prestación del servicio de registro, existe un excedente y a cuánto equivale. Respuesta. $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional).********************(.)********************Tal prueba merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se considera suficiente para tener por satisfecha la carga atribuida al peticionario de amparo respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada.********************Por lo que esa clase de dato es -de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el texto constitucional- instrumento de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado.********************De ahí que, ante el principio de prueba ofertado por la parte quejosa y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, era inconcuso que correspondía a la autoridad responsable la obligación de desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquélla, y más aún, acreditar la razonabilidad del costo que se propone cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. No obstante, se considera que esa carga probatoria no se cumplió por parte de las autoridades responsables. ******************** ********************En este punto es pertinente acotar, que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación.******************** ********************Luego, tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.******************** ********************En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofrecieran las probanzas que consideraran pertinentes para desvirtuar lo alegado por el solicitante del amparo.******************** ********************Por tanto, si de las probanzas aportadas por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho de que se trata sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de las autoridades responsables para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el artículo 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ********************, que establece la ley en mención para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por la parte quejosa.******************** ********************En tales condiciones, es esencialmente fundado el motivo de disenso vertido y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instados; por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.19, con registro digital 2012271, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, Materias Constitucional, Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, de agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, que a la letra dice: ********************DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo.********************Octavo. Efectos de la sentencia. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva.******************** ********************Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por la parte quejosa, pues, aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad. ******************** ********************Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en el texto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que en su numeral 13 prevé un estímulo fiscal de hasta el 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber:********************Artículo Decimotercero.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos:********************El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año.********************En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción.********************En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año.********************El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema:********************VALOR********************Estímulo Fiscal****************************************(pesos)************************************************************Límite Inferior********************Límite Superior************************************************************0.00********************100,000.00********************86%****************************************100,000.01********************200,000.00********************80%****************************************200,000.01********************400,000.00********************60%****************************************400,000.01********************700,000.00********************30%****************************************Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado.********************En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente:********************Se cobre a ******************** el catorce por ciento de la tarifa total por los servicios que recibió, en las facturas fiscales con números de operaciones ********************; es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por cada inscripción registral ahí contenida, en cada una de ellas; reintegrándose la parte que cubrió en exceso.********************Sin que sea impedimento a lo anterior, el hecho que se le haya aplicado a la parte quejosa un descuento en cada factura, pues, solamente se realizará la compensación correspondiente, en cada una.********************Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, así como a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad del mismo nombre, para que devuelvan la cantidad descrita.********************Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192846, de la Novena Época, Materias Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, de noviembre de 1999, página 19, que reza: ********************AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.******************** ********************En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación de la ley censurada, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. ********************Lo anterior, de conformidad con la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno del Alto Tribunal del País, Novena Época, registro 200006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de noviembre de 1996 Materia Constitucional, página 135, que literalmente dice:********************LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.********************Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo.********************Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:********************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones acotadas en el considerando cuarto, de esta sentencia.********************Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones acotadas en el considerando cuarto, de esta sentencia, respecto de los actos y autoridades ahí precisados.********************Tercero. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, en contra los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el considerando séptimo, para el efecto precisado en el diverso octavo del presente fallo. Notifíquese; 1) mediante oficio a las responsables (que se envíen vía ordinaria) y 2) al agente del Ministerio Público adscrito (que se envíe vía correo electrónico; 3) a la parte quejosa, al usuario propuesto; y por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito y anexos remitidos por la Titular de la Notaría Pública numero ********************, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento a la vista de auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que contesta el interrogatorio exhibido por la parte quejosa, relativo al medio de convicción ofertado por la parte quejosa. Por ende, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, y considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes a efecto de que, de ser su deseo, se pronunciaran en torno al interrogatorio exhibido por la parte quejosa, o bien, lo ampliaran, sin embargo, el plazo concedido feneció sin que lo hicieran. Por tanto, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 119 de la ley de la materia, se ordena continuar con la tramitación del medio de convicción ofertado por la parte quejosa, consistente en la testimonial hostil a cargo del Notario Público número *******(*******) en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos. Mediante oficio, envíese al Notario Público precitado, copia del interrogatorio presentado por el oferente, a fin de que, dentro del término de tres días, computado legalmente, conteste las preguntas ahí formuladas. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el ordinal 26, dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica, mediante oficio a la autoridad requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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