Bertha Candelaria Nevarez Borunda
Expediente 432/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertha Candelaria Nevarez Borunda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y al agente de Misterio Público Adscrito y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 432/2023-III, promovido por *******, contra actos del Secretario General de Gobierno y Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este juzgado el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. El quejoso consideró vulnerados los contemplados en los artículos 1, 14, 1, 17, 31, fracción IV, 73 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 432/2023-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. a. De la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora en el presente juicio de amparo, se reclama la aprobación, promulgación y auto-aplicabilidad con todos sus efectos y consecuencias del inconstitucional ACUERDO del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado. b. Del C. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación del inconstitucional ACUERDO del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, Secretario General de Gobierno y Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, con domicilio en la ciudad del mismo nombre, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber, la aprobación del Acuerdo impugnado al Secretario General de Gobierno y la publicación del mismo. Por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuyó. Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del acuerdo del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los presupuestos de la acción constitucional consistente en la demostración plena del interés jurídico, lo cual no es otra cosa que la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico, entendido en su mínima expresión, cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva y directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. Por tanto, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.168/2007, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de los derechos cuya protección solicita, a fin de estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a reprochar el acto; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. Por su parte, el interés legítimo exige la demostración del derecho objetivo que asiste al quejoso, esto es, que de manera genérica la norma jurídica le concede y protege un derecho, por ejemplo, la posesión o propiedad de algún bien, el cual es lesionado de manera colateral por el acto de autoridad de manera indirecta o directa. Pero sobre todo, el interés legítimo exige la demostración de alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del accionante de la protección constitucional. En el interés jurídico el amparista además de acreditar ese derecho objetivo, está constreñido a demostrar que de manera directa es afectado en su esfera jurídica, esto es, que le asiste un derecho subjetivo (facultad o potestad de exigencia). En tanto que en el interés legítimo, el quejoso no es destinatario directo del acto de autoridad, sino terceros, pero de cualquier forma es indispensable la afectación personal, no directa sino indirecta, lo cual puede suceder en tres supuestos diversos: 1. Cuando el acto de autoridad establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero que impacte en forma jurídicamente relevante de manera colateral al quejoso que no es destinatario de las obligaciones. 2. Cuando el acto de autoridad determine supuestos que terceros están llamados a actualizar, pero que por su posición frente al ordenamiento jurídico los quejosos resienten algunos efectos de las consecuencias. 3. Cuando el acto de autoridad regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere a un tercero de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Ya sea interés jurídico o legítimo, de cualquier manera la parte quejosa debe acreditar que su esfera propia de derechos es agraviada con el acto de autoridad; de tal manera, el agravio es cualquier afectación real y actual, en el interés jurídico es personal y directo, mientras en el interés legítimo la afectación puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta); con la indicación que en el interés legítimo debe estar demostrada alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En suma, para el interés legítimo se requiere que los efectos del acto reclamado trascienden a la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, esto es, que resienta afectación la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Con base en lo establecido en el artículo 107, fracción I, Constitucional, el interés legítimo se puede generar por afectación indirecta, por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De lo dicho se desprende que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar cualquier acto, debe determinarse en principio si el reclamo es a partir del interés jurídico o el interés legítimo, pues ambos se contraponen. Por tanto, es dable concluir que tanto el interés jurídico como el interés legítimo suponen un agravio en la esfera jurídica del quejoso; dado que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo la institución del interés legítimo individual o colectivo, condicionado a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma, para la procedencia del juicio de amparo, aun el interés legítimo requiere afectación a la esfera jurídica del quejoso. Así, el interés legítimo exige que el gobernado resienta perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma jurídica que le proporcione un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que de acuerdo con el precepto constitucional citado, en principio no es necesario que se acredite un derecho subjetivo. De esa forma se trata de impedir que el particular sólo busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto, sin pretender la obtención de algún beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Bajo esta perspectiva, no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo colectivo y sostener que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; y, sobre todo, es necesario demostrar que la eventual concesión de la protección constitucional implica algún beneficio jurídico para el quejoso. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio, deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las y los gobernados, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso específico, el acuerdo general que se impugna tiene la naturaleza de norma autoaplicativa, porque produce consecuencias a la esfera jurídica de los usuarios de transporte desde que entró en vigor, pues puede ser el caso, de que éstos, al verse obligados a pagar una tarifa mayor a la que estaba contemplada, se decanten por mejor ya no hacer uso del servicio público. Por igualdad de razón, es aplicable la jurisprudencia PC.XXII. J/14 A (10a.), de la Décima Época en Materias(s): Común, Administrativa, del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 2013973, que dice: "TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO. EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA TARIFA CORRESPONDIENTE, ES DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El contenido de los preceptos 4o., párrafo primero, 31, fracción I, 32, fracción I, 33, fracción I y 157 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como de los artículos sexto, séptimo y octavo del acuerdo mencionado, pone de manifiesto que se trata de una norma de carácter autoaplicativo, porque conforme al contexto normativo que regula el transporte público, el elemento tarifa que se prevé en el mismo, se torna funcional y, por ende, obligatorio para los sujetos a quienes se dirige directamente (prestador del servicio) e indirecto (usuario en su significación amplia), ya que el transporte público es un servicio sujeto a una contraprestación económica que, desde que entró en vigor el dos de agosto de dos mil quince, los concesionarios del servicio público de transporte, tienen la obligación de informar al usuario las nuevas tarifas, mediante su exhibición pública permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de ruta; en tanto que a los usuarios, correlativamente se les impone la obligación de pagar el servicio con los incrementos correspondientes. En tal contexto, el acuerdo de mérito es una norma de carácter autoaplicativo porque, reúne las características de generalidad, abstracción, impersonalidad y obligatoriedad, pues no se agota o se extingue con una aplicación concreta, no va dirigido a un sujeto o sujetos determinados, sino a un grupo que satisface ciertas características, esto es, para todo aquel usuario del transporte público colectivo urbano en la zona metropolitana de Querétaro, y en el resto del Estado; y si bien contiene hipótesis normativas que, de entrada, no van dirigidas sino a los concesionarios como terceros vinculados de forma inmediata sin la necesidad de acto de aplicación, lo cierto es que los particulares, por su posición frente a ese ordenamiento resentirán los efectos de la conducta asociada a esa hipótesis normativa, ya que necesariamente, tendrían que pagar el pasaje, conforme a las nuevas tarifas." No obstante, aún y cuando cualquier sujeto puede ser un potencial usuario de transporte, ello no implica que el quejoso que se ostenta con ese carácter, no deba de demostrar cuando menos, encontrarse en una posición cualificada, actual y real en torno al ordenamiento jurídico, de acuerdo con el axioma que dice: "quien afirma se encuentra obligado a probar", pues la necesidad de demostrar por el quejoso su interés legítimo cumple dos funciones, la primera, tendente a garantizar la no oficiosidad de los Jueces, la segunda, a garantizar la utilidad del juicio de amparo, mediante la identificación del sujeto afectado y su eventual reparación, mediante una sentencia concesoria de amparo. Sobre todo, tratándose del juicio de amparo contra disposiciones normativas, la carga de la prueba del interés legítimo, responde al cuidado de no intromisión del Poder Judicial de la Federación, en la revisión constitucional de los actos que son producto de autoridades elegidas por voto popular, lo que provocaría tensión en el funcionamiento del estado de derecho, de ahí que siempre debe salvaguardarse, como presupuesto del ejercicio del juicio de amparo como medio de control constitucional, la existencia de un agravio personal e indirecto, en el caso del interés legítimo, siendo por ello que el justiciable tenga la carga de demostrar -en palabras llanas- ser el sujeto afectado. Carga probatoria de ese interés que, en el caso del juicio de amparo contra leyes de naturaleza autoaplicativa, -como en el caso que nos atañe- conlleva la exigencia de que la parte justiciable, acredite ser el destinataria directa de la misma (interés jurídico) o, a pesar de no ser a quien expresa y directamente se dirija el contenido de la norma, sí sea el sujeto que recibe de modo indirecto o irradiado uno sus efectos; de no admitirse que el quejoso tenga la carga de demostrar esa posición cualificada en su vertiente de ventaja y desventaja jurídico-material, implicaría su no distinción frente a cualquier otro sujeto y, por ende, se le pudiera equiparar a cualquier otra persona quien únicamente tenga un interés simple, esto es, genérico, despojado de cualquier vínculo con un derecho o conjunto de derechos que pueda servir de base para tutela y, por ende, en completo desagravio en relación con el acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la carga de demostrar el interés, asegura que el juicio de amparo, no se promueva por una persona a quien no le asista una posición jurídico-material de carácter hipotético, conjetural, abstracta, no identificable en el universo de personas y de afectaciones, de donde ante la demostración del interés legítimo (individual o colectivo), permite tener certeza de la existencia de una relación de causalidad entre el derecho o conjunto de ellos, cuya tutela se pretenda frente al perjuicio o afectación ocasionado por el acto impugnado. Ello, al margen de que, el derecho a la movilidad, constituye un derecho fundamental de carácter instrumental que, por ello, pudiera entenderse asiste atribuido a cualquier persona como garantía de la posibilidad de transportase de un lugar a otro dentro de una urbe, lo cierto es que, aun así, la posición de exigibilidad de tal derecho conlleva que la persona deba distinguirse como un sujeto que está colocado en cierta posición jurídica y materialmente relevante para justificar, por qué requiere someter a control constitucional el acuerdo tarifario, lo cual se traduce, precisamente, en el interés legítimo que a su vez, como se ha visto, conlleva la carga de demostrar, que el sujeto sí está vinculado con el contenido del acto reclamado; esto es, el justiciable en un supuesto también deberá demostrar, cuando menos, las circunstancias que de modo lógico, le vinculen con la materia del reclamo desde una perspectiva jurídica y fáctica, siempre y cuando, esos aspectos sean relevantes, precisamente para demostrar el contenido relacional, con la norma tarifaria. Sin que ese aspecto implique, ante el reclamo del acuerdo tarifario como norma autoaplicativa, que la demostración de la calidad de sujeto usuario, requiera comprobar la existencia de un acto concreto de aplicación, con motivo de la prestación concreta del servicio de transporte público, sino sólo la calidad de sujeto, como tampoco conlleva a que el quejoso demuestre otros aspectos que puedan resultar irrelevantes al contenido propiamente relacional con la norma, incluso manifestados por el justiciable, porque ello implicaría denegar el acceso a la justicia sin causa justificada que se torne necesaria a fin de tener por satisfecho el principio de "instancia de parte agraviada". A esas mismas conclusiones, arribó el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito al momento de resolver la contradicción de tesis 6/2016, que dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.XXII.J/13 A (10a.), de la Décima Época en Materias(s): Común, Administrativa, del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 2013970, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER. La prestación del servicio público colectivo de transporte incluye, por regla general, a dos sujetos, el prestador y el usuario del servicio, de donde el arreglo normativo que regula el servicio aludido, incide esencialmente, en esos dos tipos de sujetos; por lo tanto, si una persona promueve juicio de amparo indirecto, defendiendo un interés legítimo, y ostenta tener la calidad del segundo tipo de sujeto, tiene la carga procesal de demostrar tal carácter para acreditar el interés legítimo, porque a dicho interés subyacen los principios de "instancia de parte agraviada" y de división de poderes, cuyo contenido exige que el conocimiento de la acción de control constitucional por parte de los Jueces de Distrito, vía el juicio de amparo, deba ser con motivo de la afectación de la persona que se sienta agraviada por el acto reclamado, aunque esa afectación sea ocasionada de modo indirecto o irradiado, lo cual exige que el justiciable, deba acreditar la posición cualificada y relevante que le exija la vinculación con el acto que impugne, sin que para ello se requiera comprobar propiamente la prestación del servicio de transporte público y, por ende, de un acto concreto de aplicación." Acotado lo anterior, se puntualiza que dentro del presente asunto, la parte quejosa se auto identificó como usuaria del transporte público; sin embargo, no exhibió documento alguno con la finalidad de demostrar el interés con el que se ostenta. Pues si bien no se soslaya que la promovente exhibió una copia de su credencial de elector, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, así como copia de credencial del INAPAM, expedida por la Secretaría del Desarrollo Social, también lo es que dichos documento sirven como un medio de identificación oficial de la aquí quejosa, así como la afiliación de la quejosa al instituto de beneficencia para los adultos mayores; sin embargo no son idóneos ni pertinentes para acreditar el interés jurídico que se requiere en el juicio que nos ocupa. De manera que, no se acredita que la parte quejosa se encuentra en una posición cualificada, actual y real frente al ordenamiento jurídico impugnado, que la legitime para accionar la instancia constitucional. Por ende, ante la falta de demostración de que la parte quejosa es titular de algún derecho actual y jurídicamente relevante, en virtud del cual se encuentre en una situación especial frente al orden jurídico; esta resolutora se encuentra imposibilitada para determinar si existe o no un vínculo entre los derechos fundamentales de la parte quejosa y los actos de autoridad que reclama, por lo que se considera que su interés es simple y no legítimo. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, con registro digital 2012364, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa tesis 1a.CLXXXIV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, registro 2009201, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por consiguiente, ante la actualización de la causa de sobreseimiento analizada, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo respecto al tópico, dado que el sentido del fallo no sólo obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, habida cuenta que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Resulta aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 432/2023-III promovido por *******, en contra de las autoridades Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y Director del Periódico Oficial del Estado, ambas con sede en ciudad Chihuahua, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 432/2023-III, promovido por *******, contra actos del Secretario General de Gobierno y Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este juzgado el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. El quejoso consideró vulnerados los contemplados en los artículos 1, 14, 1, 17, 31, fracción IV, 73 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 432/2023-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. a. De la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora en el presente juicio de amparo, se reclama la aprobación, promulgación y auto-aplicabilidad con todos sus efectos y consecuencias del inconstitucional ACUERDO del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado. b. Del C. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación del inconstitucional ACUERDO del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, Secretario General de Gobierno y Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, con domicilio en la ciudad del mismo nombre, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber, la aprobación del Acuerdo impugnado al Secretario General de Gobierno y la publicación del mismo. Por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuyó. Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del acuerdo del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado. Publicado en la página 1574 de la edición número 27 (PO27_23) de fecha 05 de abril del 2023 en el periódico oficial del estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los presupuestos de la acción constitucional consistente en la demostración plena del interés jurídico, lo cual no es otra cosa que la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico, entendido en su mínima expresión, cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva y directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. Por tanto, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.168/2007, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de los derechos cuya protección solicita, a fin de estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a reprochar el acto; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. Por su parte, el interés legítimo exige la demostración del derecho objetivo que asiste al quejoso, esto es, que de manera genérica la norma jurídica le concede y protege un derecho, por ejemplo, la posesión o propiedad de algún bien, el cual es lesionado de manera colateral por el acto de autoridad de manera indirecta o directa. Pero sobre todo, el interés legítimo exige la demostración de alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del accionante de la protección constitucional. En el interés jurídico el amparista además de acreditar ese derecho objetivo, está constreñido a demostrar que de manera directa es afectado en su esfera jurídica, esto es, que le asiste un derecho subjetivo (facultad o potestad de exigencia). En tanto que en el interés legítimo, el quejoso no es destinatario directo del acto de autoridad, sino terceros, pero de cualquier forma es indispensable la afectación personal, no directa sino indirecta, lo cual puede suceder en tres supuestos diversos: 1. Cuando el acto de autoridad establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero que impacte en forma jurídicamente relevante de manera colateral al quejoso que no es destinatario de las obligaciones. 2. Cuando el acto de autoridad determine supuestos que terceros están llamados a actualizar, pero que por su posición frente al ordenamiento jurídico los quejosos resienten algunos efectos de las consecuencias. 3. Cuando el acto de autoridad regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere a un tercero de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Ya sea interés jurídico o legítimo, de cualquier manera la parte quejosa debe acreditar que su esfera propia de derechos es agraviada con el acto de autoridad; de tal manera, el agravio es cualquier afectación real y actual, en el interés jurídico es personal y directo, mientras en el interés legítimo la afectación puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta); con la indicación que en el interés legítimo debe estar demostrada alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En suma, para el interés legítimo se requiere que los efectos del acto reclamado trascienden a la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, esto es, que resienta afectación la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Con base en lo establecido en el artículo 107, fracción I, Constitucional, el interés legítimo se puede generar por afectación indirecta, por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De lo dicho se desprende que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar cualquier acto, debe determinarse en principio si el reclamo es a partir del interés jurídico o el interés legítimo, pues ambos se contraponen. Por tanto, es dable concluir que tanto el interés jurídico como el interés legítimo suponen un agravio en la esfera jurídica del quejoso; dado que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo la institución del interés legítimo individual o colectivo, condicionado a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma, para la procedencia del juicio de amparo, aun el interés legítimo requiere afectación a la esfera jurídica del quejoso. Así, el interés legítimo exige que el gobernado resienta perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma jurídica que le proporcione un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que de acuerdo con el precepto constitucional citado, en principio no es necesario que se acredite un derecho subjetivo. De esa forma se trata de impedir que el particular sólo busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto, sin pretender la obtención de algún beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Bajo esta perspectiva, no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo colectivo y sostener que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; y, sobre todo, es necesario demostrar que la eventual concesión de la protección constitucional implica algún beneficio jurídico para el quejoso. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio, deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las y los gobernados, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso específico, el acuerdo general que se impugna tiene la naturaleza de norma autoaplicativa, porque produce consecuencias a la esfera jurídica de los usuarios de transporte desde que entró en vigor, pues puede ser el caso, de que éstos, al verse obligados a pagar una tarifa mayor a la que estaba contemplada, se decanten por mejor ya no hacer uso del servicio público. Por igualdad de razón, es aplicable la jurisprudencia PC.XXII. J/14 A (10a.), de la Décima Época en Materias(s): Común, Administrativa, del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 2013973, que dice: "TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO. EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA TARIFA CORRESPONDIENTE, ES DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El contenido de los preceptos 4o., párrafo primero, 31, fracción I, 32, fracción I, 33, fracción I y 157 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como de los artículos sexto, séptimo y octavo del acuerdo mencionado, pone de manifiesto que se trata de una norma de carácter autoaplicativo, porque conforme al contexto normativo que regula el transporte público, el elemento tarifa que se prevé en el mismo, se torna funcional y, por ende, obligatorio para los sujetos a quienes se dirige directamente (prestador del servicio) e indirecto (usuario en su significación amplia), ya que el transporte público es un servicio sujeto a una contraprestación económica que, desde que entró en vigor el dos de agosto de dos mil quince, los concesionarios del servicio público de transporte, tienen la obligación de informar al usuario las nuevas tarifas, mediante su exhibición pública permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de ruta; en tanto que a los usuarios, correlativamente se les impone la obligación de pagar el servicio con los incrementos correspondientes. En tal contexto, el acuerdo de mérito es una norma de carácter autoaplicativo porque, reúne las características de generalidad, abstracción, impersonalidad y obligatoriedad, pues no se agota o se extingue con una aplicación concreta, no va dirigido a un sujeto o sujetos determinados, sino a un grupo que satisface ciertas características, esto es, para todo aquel usuario del transporte público colectivo urbano en la zona metropolitana de Querétaro, y en el resto del Estado; y si bien contiene hipótesis normativas que, de entrada, no van dirigidas sino a los concesionarios como terceros vinculados de forma inmediata sin la necesidad de acto de aplicación, lo cierto es que los particulares, por su posición frente a ese ordenamiento resentirán los efectos de la conducta asociada a esa hipótesis normativa, ya que necesariamente, tendrían que pagar el pasaje, conforme a las nuevas tarifas." No obstante, aún y cuando cualquier sujeto puede ser un potencial usuario de transporte, ello no implica que el quejoso que se ostenta con ese carácter, no deba de demostrar cuando menos, encontrarse en una posición cualificada, actual y real en torno al ordenamiento jurídico, de acuerdo con el axioma que dice: "quien afirma se encuentra obligado a probar", pues la necesidad de demostrar por el quejoso su interés legítimo cumple dos funciones, la primera, tendente a garantizar la no oficiosidad de los Jueces, la segunda, a garantizar la utilidad del juicio de amparo, mediante la identificación del sujeto afectado y su eventual reparación, mediante una sentencia concesoria de amparo. Sobre todo, tratándose del juicio de amparo contra disposiciones normativas, la carga de la prueba del interés legítimo, responde al cuidado de no intromisión del Poder Judicial de la Federación, en la revisión constitucional de los actos que son producto de autoridades elegidas por voto popular, lo que provocaría tensión en el funcionamiento del estado de derecho, de ahí que siempre debe salvaguardarse, como presupuesto del ejercicio del juicio de amparo como medio de control constitucional, la existencia de un agravio personal e indirecto, en el caso del interés legítimo, siendo por ello que el justiciable tenga la carga de demostrar -en palabras llanas- ser el sujeto afectado. Carga probatoria de ese interés que, en el caso del juicio de amparo contra leyes de naturaleza autoaplicativa, -como en el caso que nos atañe- conlleva la exigencia de que la parte justiciable, acredite ser el destinataria directa de la misma (interés jurídico) o, a pesar de no ser a quien expresa y directamente se dirija el contenido de la norma, sí sea el sujeto que recibe de modo indirecto o irradiado uno sus efectos; de no admitirse que el quejoso tenga la carga de demostrar esa posición cualificada en su vertiente de ventaja y desventaja jurídico-material, implicaría su no distinción frente a cualquier otro sujeto y, por ende, se le pudiera equiparar a cualquier otra persona quien únicamente tenga un interés simple, esto es, genérico, despojado de cualquier vínculo con un derecho o conjunto de derechos que pueda servir de base para tutela y, por ende, en completo desagravio en relación con el acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la carga de demostrar el interés, asegura que el juicio de amparo, no se promueva por una persona a quien no le asista una posición jurídico-material de carácter hipotético, conjetural, abstracta, no identificable en el universo de personas y de afectaciones, de donde ante la demostración del interés legítimo (individual o colectivo), permite tener certeza de la existencia de una relación de causalidad entre el derecho o conjunto de ellos, cuya tutela se pretenda frente al perjuicio o afectación ocasionado por el acto impugnado. Ello, al margen de que, el derecho a la movilidad, constituye un derecho fundamental de carácter instrumental que, por ello, pudiera entenderse asiste atribuido a cualquier persona como garantía de la posibilidad de transportase de un lugar a otro dentro de una urbe, lo cierto es que, aun así, la posición de exigibilidad de tal derecho conlleva que la persona deba distinguirse como un sujeto que está colocado en cierta posición jurídica y materialmente relevante para justificar, por qué requiere someter a control constitucional el acuerdo tarifario, lo cual se traduce, precisamente, en el interés legítimo que a su vez, como se ha visto, conlleva la carga de demostrar, que el sujeto sí está vinculado con el contenido del acto reclamado; esto es, el justiciable en un supuesto también deberá demostrar, cuando menos, las circunstancias que de modo lógico, le vinculen con la materia del reclamo desde una perspectiva jurídica y fáctica, siempre y cuando, esos aspectos sean relevantes, precisamente para demostrar el contenido relacional, con la norma tarifaria. Sin que ese aspecto implique, ante el reclamo del acuerdo tarifario como norma autoaplicativa, que la demostración de la calidad de sujeto usuario, requiera comprobar la existencia de un acto concreto de aplicación, con motivo de la prestación concreta del servicio de transporte público, sino sólo la calidad de sujeto, como tampoco conlleva a que el quejoso demuestre otros aspectos que puedan resultar irrelevantes al contenido propiamente relacional con la norma, incluso manifestados por el justiciable, porque ello implicaría denegar el acceso a la justicia sin causa justificada que se torne necesaria a fin de tener por satisfecho el principio de "instancia de parte agraviada". A esas mismas conclusiones, arribó el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito al momento de resolver la contradicción de tesis 6/2016, que dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.XXII.J/13 A (10a.), de la Décima Época en Materias(s): Común, Administrativa, del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 2013970, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER. La prestación del servicio público colectivo de transporte incluye, por regla general, a dos sujetos, el prestador y el usuario del servicio, de donde el arreglo normativo que regula el servicio aludido, incide esencialmente, en esos dos tipos de sujetos; por lo tanto, si una persona promueve juicio de amparo indirecto, defendiendo un interés legítimo, y ostenta tener la calidad del segundo tipo de sujeto, tiene la carga procesal de demostrar tal carácter para acreditar el interés legítimo, porque a dicho interés subyacen los principios de "instancia de parte agraviada" y de división de poderes, cuyo contenido exige que el conocimiento de la acción de control constitucional por parte de los Jueces de Distrito, vía el juicio de amparo, deba ser con motivo de la afectación de la persona que se sienta agraviada por el acto reclamado, aunque esa afectación sea ocasionada de modo indirecto o irradiado, lo cual exige que el justiciable, deba acreditar la posición cualificada y relevante que le exija la vinculación con el acto que impugne, sin que para ello se requiera comprobar propiamente la prestación del servicio de transporte público y, por ende, de un acto concreto de aplicación." Acotado lo anterior, se puntualiza que dentro del presente asunto, la parte quejosa se auto identificó como usuaria del transporte público; sin embargo, no exhibió documento alguno con la finalidad de demostrar el interés con el que se ostenta. Pues si bien no se soslaya que la promovente exhibió una copia de su credencial de elector, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, así como copia de credencial del INAPAM, expedida por la Secretaría del Desarrollo Social, también lo es que dichos documento sirven como un medio de identificación oficial de la aquí quejosa, así como la afiliación de la quejosa al instituto de beneficencia para los adultos mayores; sin embargo no son idóneos ni pertinentes para acreditar el interés jurídico que se requiere en el juicio que nos ocupa. De manera que, no se acredita que la parte quejosa se encuentra en una posición cualificada, actual y real frente al ordenamiento jurídico impugnado, que la legitime para accionar la instancia constitucional. Por ende, ante la falta de demostración de que la parte quejosa es titular de algún derecho actual y jurídicamente relevante, en virtud del cual se encuentre en una situación especial frente al orden jurídico; esta resolutora se encuentra imposibilitada para determinar si existe o no un vínculo entre los derechos fundamentales de la parte quejosa y los actos de autoridad que reclama, por lo que se considera que su interés es simple y no legítimo. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, con registro digital 2012364, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa tesis 1a.CLXXXIV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, registro 2009201, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por consiguiente, ante la actualización de la causa de sobreseimiento analizada, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo respecto al tópico, dado que el sentido del fallo no sólo obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, habida cuenta que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Resulta aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 432/2023-III promovido por *******, en contra de las autoridades Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y Director del Periódico Oficial del Estado, ambas con sede en ciudad Chihuahua, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con veinte minutos de la fecha en la que se actúa, toda vez que no obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado De Chihuahua, ni los acuses de recibo de los oficios con los cuales se les solicitó, por lo que, no se tiene certeza jurídica de que estén emplazados al juicio. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de lacitada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Bertha Alicia Romero Cornejo802/2015
- Bertha Alicia Silva Lopez63/2023
- Bertha Alicia Tellez Camarillo154/2019
- Bertha Alicia Torres Gutiérrez632/2016
- Bertha Alicia Torres Gutiérrez438/2020
- BERTHA ALICIA TRUJILLO RODRÍGUEZ y Otros.772/2018
- Bertha García Solorio311/2020
- Bertha Idali Baca González y Otros.223/2023
- Bertha Irene Fuentes Oliva544/2015
- Bertha Isela Hernández Ramírez515/2015
- Bertha Yolanda Cobos Juárez209/2022
- Bertino Hidalgo Ventura y Otros.929/2019