Bernardo Solis Gómez
Expediente 401/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Bernardo Solis Gómez
- Erika Evelyn Ancona Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes En su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede; se acuerda: se tiene por recibido el oficio 138/2022-P-1, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve estos autos, y remite testimonio de la resolución pronunciada en el toca A.R. 211/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, así como del Comisionado, ambos de la misma dependencia, con residencia en la Ciudad de México, en contra de la sentencia dictada en este juicio; ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DIEGO ANTONIO MOGUEL PUC, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia sujeta a revisión." Acúsese recibo a la Superioridad y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria, debiéndose entregar a las autoridades responsables copia de la ejecutoria del amparo, remitida por la Superioridad para ese efecto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Secretario de Salud, Comisionado y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación y expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y glósese a estos autos los del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en este asunto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Proteínas y Oleicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Carlos Antonio Díaz Chans, contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por los actos y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Proteínas y Oleicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Carlos Antonio Díaz Chans, contra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretario de Economía, Secretario de Salud y Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, todos con sede en la Ciudad de México, por el acto precisado en el considerando segundo y los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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