Bernardo Navarro Canto

Expediente 69/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
69/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Bernardo Navarro Canto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintidós de febrero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 89/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que mediante proveído de veintidós de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." [.]." Lo anterior, toda vez que de la documental remitida por la responsable, la cual alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que el diecinueve de febrero del año en curso, puso a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público en turno, el vehículo, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación A-269-YSC del Estado de Yucatán, con motivo del hecho de tránsito en que se vio involucrado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Ante tal circunstancia, en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de amparo, el quejoso señaló como acto reclamado: La denegación de justicia, ante la insistente negativa de la autoridad de devolverle su vehículo, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación A-269-YSC del Estado de Yucatán. Misma que atribuyó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Departamento de Peritos de Tránsito; por lo que es claro, que durante la secuela del presente juicio de amparo ha cambiado su situación jurídica, como consecuencia de la puesta a disposición del referido automotor ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público en turno. Razón por la cual debe considerarse consumada irreparablemente la violación que en su caso se hubiera cometido ante la negativa de la responsable de devolverle el aludido vehículo, lo anterior, toda vez que no se puede decidir sobre ella sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la puesta a disposición indicada, aunque persistiera la violación que aduce. Esto es así, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Bajo esa tesitura, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." No es obstáculo a lo anterior, el hecho que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, en virtud que la causa de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." [.]." Lo anterior, toda vez que de la documental remitida por la responsable, la cual alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que el diecinueve de febrero del año en curso, puso a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público en turno, el vehículo, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación A-269-YSC del Estado de Yucatán, con motivo del hecho de tránsito en que se vio involucrado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Ante tal circunstancia, en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de amparo, el quejoso señaló como acto reclamado: La denegación de justicia, ante la insistente negativa de la autoridad de devolverle su vehículo, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación A-269-YSC del Estado de Yucatán. Misma que atribuyó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Departamento de Peritos de Tránsito; por lo que es claro, que durante la secuela del presente juicio de amparo ha cambiado su situación jurídica, como consecuencia de la puesta a disposición del referido automotor ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público en turno. Razón por la cual debe considerarse consumada irreparablemente la violación que en su caso se hubiera cometido ante la negativa de la responsable de devolverle el aludido vehículo, lo anterior, toda vez que no se puede decidir sobre ella sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la puesta a disposición indicada, aunque persistiera la violación que aduce. Esto es así, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Bajo esa tesitura, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." No es obstáculo a lo anterior, el hecho que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, en virtud que la causa de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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