Bernardo Gabriel Castillo Hau
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Bernardo Gabriel Castillo Hau
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, se advierte que las autoridades responsables foráneas: Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México. Jefe Guardia Nacional Titular de la Estación Valladolid de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán. Oficiales Daniel de la Cruz León y Guillermo Pech, adscritos a la Estación Valladolid de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán. No han rendido su respectivo informe previo, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se le solicitaron. Por tal motivo, se difiere la celebración de la audiencia incidental que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por otro lado, a fin de no retrasar la prosecución del presente juicio, y tener la certeza de que dichas responsables se encuentren debidamente notificadas del proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, con el que se les solicitó el informe previo de que se trata, como lo establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificarle a las nombradas autoridades el presente acuerdo, entregándoles copia autorizada del mismo, de las citadas misivas 31371 y 31372, respectivamente, ambas de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, así como copia del escrito de demanda. Finalmente, se otorga plenitud de jurisdicción al referido Juez, para el cumplimiento de lo solicitado y para que practiquen cuantas diligencias sean necearías para su total desahogo; y hecho lo anterior una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este juzgado el despacho de mérito. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, al efecto se provee: En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la promovente reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de incluir a la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19; así como de informar los días, horarios y lugar en que se aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, lo que conlleva a la discriminación de la parte menor quejoso y en vía de consecuencia pone en riesgo la salud de la misma. Ahora bien, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el menor de referencia contaba con catorce años. Dicha edad se demostró con el acta de nacimiento expedida por la autoridad registral correspondiente a la que se le concede el valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para que los menores sean inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, tanto para los de doce años o más (cumplidos al veintiocho de abril de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez como a los de dieciocho años o más que soliciten un refuerzo; todos sin comorbilidades. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de doce años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Aunado a que en la diversa página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se advierte en un comunicado de tres de mayo de dos mil veintidós, en el cual, se anuncia el pre registro para vacunación de niñas y niños de doce años en adelante, lo que se corrobora en la consulta de la página electrónica con dirección https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6090, de la que se desprende que ya se encuentra disponible el pre registro para menores de doce años o más sin comorbilidades. Es decir para que puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En esa tesitura se advierte que ya se consideró a la parte menor quejosa, como de aquellos que por su edad se encuentran en el grupo etario para acceso a la vacunación del SARS-COV-2; pues como se advirtió del acta de nacimiento, el menor al momento de la presentación de la demanda contaba con catorce años de edad. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluirla dentro de dicha Política Nacional de Vacunación a las personas menores de doce años y más; así como a señalar fecha, hora y lugar en donde fuera vacunado. Lo que a la fecha ha sido superado, entonces, las omisiones reclamadas relativas esencialmente a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores en el que se encuentra la parte menor quejoso (catorce años a la presentación de la demanda), a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, han cesado en sus efectos. Cabe precisar que aun cuando subsista la posibilidad de que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad sino a la voluntad del gobernado de quererse incluir en el pre-registro correspondiente y acudir en las fechas relativas para la dosis en cuanto a su inoculación. La anterior decisión se apoya por las razones que explica la jurisprudencia que dice: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar e sobreseimiento en el juicio." Por tanto, se puede concluir que lo expuesto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, dando como consecuencia una cesación de efectos, al actualizarse en este procedimiento, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer sobre dicha omisión reclamada, en el presente juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto: toda vez que las autoridades foráneas señaladas como responsables Director General de la Dirección General de Registro y Control Documental y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus correspondientes informes justificados en este asunto, ni obra en autos constancia de que hubiesen recibido los oficios en los que se les solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT VISTO, para resolver los autos del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, promovido por ALEJANDRA RIVERA CÁCERES, representante del menor de edad quejoso DIEGO ALEJANDRO DAVO RIVERA, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 343/2022-VI-B; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ALEJANDRA RIVERA CÁCERES, representante del menor de edad quejoso DIEGO ALEJANDRO DAVO RIVERA a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que le atribuye a las autoridades siguientes: 1. Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México. 2. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra COVID-19 "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Progreso. De quienes reclama, lo siguiente: a) La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2; y, b) La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al grupo etario de los menores quejosos, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto último, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo su salud. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda, se ordenó tramitar por separado y duplicado el presente incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Concesión de la suspensión provisional. El quince de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional solicitada para los siguientes efectos: ".resulta procedente CONCEDER la suspensión provisional a los menores quejosos, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que les afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, hasta en tanto se dicte suspensión definitiva en el presente cuaderno incidental. Ello para no infligir el derecho fundamental de la parte quejosa de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que se CONCEDE la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que el Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus facultades, ordene a las autoridades encargadas de la aplicación de la vacuna a fin de que se realice, a la brevedad posible, la aplicación de la vacuna al menor quejoso. Y por cuanto hace al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que con la misma prontitud, lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación a los menores quejosos en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad les corresponda.". CUARTO. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional respecto del Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se previno a la promovente a fin de que precisara si pretendía interponer la incidencia en cita por la totalidad de las autoridades responsables, o únicamente por lo que respecta a la residente en Yucalpetén, Yucatán, sin que diera cumplimiento a la misma. En consecuencia, por diverso proveído de dieciséis de marzo del año en curso, haciendo efectivo el apercibimiento decretado el referido auto de nueve de los corrientes, se admitió a trámite la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional efectuada por la parte quejosa, únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. Asimismo, en el mismo proveído se requirió a dicha responsable para que rindiera su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión provisional, resulta pertinente transcribir parte del proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, a fin de determinar los efectos de la suspensión provisional concedida a la parte quejosa: ".En cuanto a la suspensión provisional solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar provisional instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado determina que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Asimismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Ahora bien, la parte promovente del amparo solicita la suspensión respecto de la omisión de las responsables de contemplar a los menores de cinco a once años, entre ellos, su hijo menor que tiene cinco años de edad, en la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, pues refiere que su exclusión del plan nacional de vacunación puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. En este contexto, es oportuno invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal, que dispone en la parte que interesa, lo siguiente: "...El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, las expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible enhttps://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denunciassanitarias." De la transcripción anterior, se aprecia que la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, denominada Pfizer-BioNTech, en México sólo es recomendable al grupo etario mayor de los 12 años; esto es, al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a salud, que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como el caso del menor quejoso, quien a la fecha tiene cinco años de edad. Sin embargo, también es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. -FDA, por sus siglas en inglés- autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; autorización que se basó en la evaluación exhaustiva de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron, contundentemente, a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos, se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centro Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. Además, es un hecho notorio que no sólo la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la COVID-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años; lo a su vez fue retomado por la Asociación Española de Pediatría. Datos que redundan en el consenso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario de cinco a once años de edad. Más aún, el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. Con base en lo expuesto, resulta procedente CONCEDER la suspensión provisional a los menores quejosos, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que les afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, hasta en tanto se dicte suspensión definitiva en el presente cuaderno incidental. Ello para no infligir el derecho fundamental de la parte quejosa de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que se CONCEDE la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que el Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus facultades, ordene a las autoridades encargadas de la aplicación de la vacuna a fin de que se realice, a la brevedad posible, la aplicación de la vacuna al menor quejoso. Y por cuanto hace al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que con la misma prontitud, lleve a cabo la aplicación del esquema de vacunación a los menores quejosos en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad les corresponda. Al tratarse de menor de edad, deberá explicársele a él y a quienes lo acompañe (tutores), el procedimiento de aplicación de la vacuna antes de hacerlo, así como la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivarse. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de sus padres o tutores, y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad de salud correspondiente. TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión provisional, expuso lo siguiente: ".Que al presente no se ha manifestado metodología respecto al cumplimiento de la suspensión otorgada, por lo que acudo para solicitar se aperture: INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSION Con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, comparezco para exponer el presente INCIDENTE dado el incumplimiento de la suspensión por la autoridad señalada como responsable, con independencia de que esta sea de plano, definitiva o provisional, tal como se desprende de la tesis de rubro: INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL". Por lo anterior, solicitamos aperture el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión otorgada, señalando así mismo fecha para llevar a cabo la audiencia incidental correspondiente.". CUARTO. Es el caso, que el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, omitió rendir su informe sobre la materia de la denuncia, por lo que es dable en el caso, que opera la presunción de certeza de la conducta que se reclama, en términos del artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que está dentro de sus atribuciones, dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada en autos. QUINTO. Resulta fundada la denuncia de violación a la suspensión provisional hecha valer por la parte quejosa, por los motivos que se explicaran. De inicio, cabe acotar que, tal como se señaló en el proveído de dieciséis de los corrientes, el exceso o defecto en la suspensión se analizará sólo respecto a la autoridad responsable COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, ya que del escrito mediante el cual se promueve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, se advierte que la parte quejosa sólo hace valer cuestiones imputables a esta última autoridad; además de ser a quien directamente le corresponde llevar a cabo la aplicación del esquema de vacunación ordenada en la suspensión provisional. En primer término conviene determinar la naturaleza jurídica y el objeto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo. De los artículos descritos se desprende que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida, puede ser promovido por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, y podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falla el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme. Los mencionados requisitos se encuentran colmados en este caso, habida cuenta que este incidente fue planteado por Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por lo que resulta incuestionable que se encuentra legitimada para hacer valer este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida a la directa quejosa, en la medida en que resiente el perjuicio que ello ocasiona de manera directa y personal. Asimismo, este incidente fue planteado con la oportunidad legal establecida en el párrafo segundo del artículo 206 de la Ley de Amparo, que previene que podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal; pues en el caso, del expediente principal del que deriva este incidente, se advierte que aún no se ha dictado sentencia definitiva ejecutoriada; por tanto, dicha queja fue interpuesta con la oportunidad legal establecida en el citado numeral 206 de la ley de la materia. Sentado lo anterior, le asiste la razón a la parte quejosa, pues de la lectura integral de las constancias que obran en autos, se advierte que la suspensión provisional se concedió para el efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, y bajo su estricta responsabilidad, realicen a la brevedad la aplicación del esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech a la menor aquí quejosa. Es preciso aclarar, que el responsable directo de la coordinación de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que previene la enfermedad COVID-19, es el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA. Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en el juicio constitucional, cuyo objeto es mantener viva la materia de éste, mediante la paralización temporal de los efectos del acto reclamado y, en algunos casos, atendiendo a la naturaleza del acto, la restitución provisional del quejoso en los derechos afectados mientras se resuelve el juicio en lo principal. Así, cuando en el juicio de amparo se otorga la suspensión provisional o definitiva con efectos restitutorios y la autoridad responsable considera que se deben satisfacer determinados requisitos de orden técnico o administrativo para que continúe en el ejercicio de sus derechos, desde el momento en que sea notificada de la medida cautelar deberá precisar cuáles son esas condicionantes y hacerlo inmediatamente del conocimiento del quejoso y del juzgador, para que sea efectiva la suspensión otorgada, en términos de los artículos 136, 153 y 158 de dicha ley. En el caso concreto, la responsable a pesar de estar legalmente notificada de la suspensión provisional desde el diecisiete de febrero último, incurrió en la hipótesis a que se refiere el aludido artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, pues con motivo de las actitudes omisivas que se destacarán, desobedeció injustificadamente la suspensión provisional que fue otorgada a la quejosa. En efecto, en el presente asunto, no se advierte que el COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, hubiera aplicado al quejoso menor de edad la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNtech, por lo que se determina que se acredita el defecto en el cumplimiento de la medida cautelar por parte de dicha autoridad responsable. Aunado a que tampoco existe evidencia alguna de que la citada responsable hubiera informado alguna imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada a la menor quejosa, lo cual era de su exclusiva responsabilidad al estar vinculada directamente a la observancia de la medida cautelar en comento. Por lo que con ese proceder incurrió en la figura que en la doctrina se denomina "omisión antijurídica", que podría dar lugar a la responsabilidad penal prevista en el artículo 262, fracción III, de la referida ley. En consecuencia, este incidente resulta procedente y fundado, en atención a que se incurrió en defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional decretada dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 343/2022-VI-B. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente, señale fecha y hora en el que podrán comparecer el menor quejoso y su representante legal a fin de llevar a cabo la aplicación del esquema de vacunación COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menor quejoso DIEGO ALEJANDRO DAVO RIVERA, en dos dosis, cada una de 10 pg. 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas, en los términos en que fue concedida la medida cautelar. Apercibido que de no cumplir esta determinación será denunciado al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de imponerle otras medidas para vencer su contumacia. Apoya lo anterior la tesis XXIII.3 K (10a.), publicada en la página 1245, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. RESULTA FUNDADO el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 343/2022-VI-B, promovido por ALEJANDRA RIVERA CÁCERES, representante del menor de edad quejoso DIEGO ALEJANDRO DAVO RIVERA, contra el acto reclamado al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Se requiere al COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, con sede en Yucalpetén, Yucatán, para que en el término de veinticuatro horas cumpla cabalmente con la suspensión, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese y regístrese.
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