Bertha Alicia Saucedo Vargas
Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Bertha Alicia Saucedo Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, ...SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. .... Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; ... .... Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 116/2021-VII-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y ********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción.********************SEGUNDO. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 116/2021-VII-B y previa su aclaración, el ocho de febrero siguiente, se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en:********************La falta de emplazamiento al procedimiento especial para la ejecución de convenio transaccional número ********************, promovido por ********************, en contra de ******************** y ********************, respecto del predio ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento ********************de esta ciudad, así como sus consecuencias legales, entre ellas, la desposesión de dicho inmueble con el auxilio de la fuerza pública.********************TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, al que anexó la primera copia certificada de las actuaciones del expediente natural ********************, que lo apoya.********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************CUARTA. No se analizan los conceptos de violación, habida cuenta que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia que es de análisis oficioso para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 y 1995, de rubro y texto siguientes:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."********************En principio, resulta pertinente dejar precisado que la circunstancia de que la Ley de Amparo establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo.********************Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y así, decidir sobre la cuestión debatida.********************Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.********************Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole.********************De tal modo que si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado.********************En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. ********************Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo.********************Es aplicable la tesis CCLXXVI/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 530, libro XV, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, inherente al mes de diciembre de dos mil ********************, que dice:********************"PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo."********************Siguiendo estas connotaciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"****************************************La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente:********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.".****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;********************.".****************************************De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca ser titular de un derecho o contar con un interés legítimo individual o colectivo.********************Ciertamente, ya no es requisito único para promover el juicio de amparo, que el impetrante cuente con interés jurídico, toda vez que se amplió la procedencia de la acción constitucional para los gobernados que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo.********************No obstante esta previsión general, el numeral en comento establece una excepción en tratándose de actos derivados de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en tal supuesto el solicitante del amparo sólo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que lleva a sostener que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo.********************En esa tesitura, resulta necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.********************A título ilustrativo, se cita la tesis de clave 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1854, libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente".****************************************También la tesis de clave I.13o.C.12 C (10a.), publicada en la página 2040, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y contenido dicen:********************"INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias".****************************************Partiendo de la premisa anotada, de acuerdo con lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico se traduce como la facultad de ejercer la acción constitucional reservada sólo a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por el actuar de una autoridad o por las disposiciones de una legislación al derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.********************De modo que la noción de perjuicio presupone en primer lugar la existencia de un derecho a favor del gobernado o particular que promueve el juicio, y en segundo, la trasgresión a ese derecho por parte de una autoridad ya sea legislativa, judicial o administrativa.********************Es ilustrativa la jurisprudencia de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, Séptima Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial."****************************************De igual manera, la jurisprudencia consultable en la página 582, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995, que es del tenor siguiente:********************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."****************************************Luego, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, cuarto párrafo, de la ley de la materia, para que sea procedente el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es menester que la parte agraviada acredite de manera fehaciente el interés jurídico que le asiste y que el acto de autoridad le cause un agravio actual, personal y directo.********************Sobre este punto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151, Tomos 157-162, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada:********************"INTERÉS JURÍDICO. CORRESPONDE DEMOSTRARLO AL QUEJOSO. Del hecho de que el Juez de Distrito haya resuelto que los actos reclamados no han sido consentidos, no se infiere la demostración del interés jurídico por parte de los quejosos, puesto que en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es a los promoventes del juicio a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio de garantías que debe estar plenamente probado con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, pueda establecer de manera presuntiva."********************Hechas las anteriores consideraciones, de las documentales relativas al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, se advierte lo siguiente:********************1. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por presentado a ******************** en su carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas de ********************, promoviendo procedimiento para la ejecución del convenio transaccional que celebraron el uno de agosto de dos mil trece, la nombrada ******************** con ******************** como ocupante y ******************** como aval y fiador, para la desocupación y entrega del predio número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento Residencial ********************de esta ciudad.********************2. Dicho procedimiento fue admitido por la Juez responsable el quince de octubre de dos mil diecinueve, auto en el que también ordenó fijar al ocupante y aval, el término de tres días para que dieran cumplimento al citado convenio transaccional.********************3. Con motivo de lo anterior, por acuerdos de ocho de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, respectivamente, se tuvo a ******************** y ********************, dando contestación a la demanda.********************4. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinte, se fijó a ******************** como ocupante y a ******************** como aval y fiador, el término de veinte días para que en ejecución del Convenio Transaccional celebrado, el primero desocupara y entregara el predio número ********************, de la calle ******************** del fraccionamiento Residencial ********************de esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa con el auxilio de la fuerza pública.********************5. Finalmente, con fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, comisionándose al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a desalojar a ******************** y ********************, del predio en cuestión, con el auxilio de la fuerza pública.********************Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del procedimiento de ejecución del convenio transaccional ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, en contra de ******************** y ********************, para la desocupación y entrega del inmueble ya descrito en esta sentencia, cuya desposesión reclama la parte quejosa.********************Al efecto la quejosa como tercero extraña a dicho procedimiento, aduce que los actos reclamados causan una afectación al derecho de posesión que asegura le asiste en torno al bien inmueble número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento ********************de esta ciudad, por virtud de que se encuentra casada con el demandado ********************, bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que debió ser llamada al controvertido de origen ********************.********************Empero, los actos reclamados no ocasionan afectación a la esfera jurídica de la promovente.********************En efecto, la quejosa no acredita el derecho de posesión que aduce tener, pues como esposa del titular del derecho de posesión, solamente está viviendo en el inmueble por su relación con el demandado suscribiente del contrato, por lo que es una simple ocupante que no detenta un derecho propio sobre el bien inmueble que ahora defiende.********************Por ende, la ejecución del procedimiento de origen que ordena la desocupación y entrega del inmueble, no le depara perjuicio que pueda reclamar mediante el juicio de amparo.********************Y si bien exhibió como medios de convicción los siguientes:********************1. Las actuaciones que conforman el procedimiento de origen ********************.********************2. La notificación que le fuera practicada por la actuaria de la adscripción del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, llevada a cabo en el predio número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento Residencial ********************de esta ciudad.********************3. Copia certificada de su acta de matrimonio con ********************, expedida por el Oficial del Registro Civil de esta ciudad.********************Sin embargo, estas probanzas únicamente demuestran por lo que hace a las actuaciones del procedimiento natural, lo actuado dentro del propio expediente, génesis del acto que reclama.********************La notificación llevada a cabo por la actuaria de la adscripción, aún y cuando se entendió de manera personal con la promovente, domiciliada en el predio número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento Residencial ********************de esta ciudad; lo cierto es que dicha probanza no subsana la deficiencia apuntada, es decir, no puede servir como título de la causa generadora de esa posesión.********************Y en cuanto a la última, solamente acredita su estado civil como cónyuge del demandado en el procedimiento de origen y que se encuentra casada con éste bajo el régimen de sociedad legal.********************Circunstancia que, contrario a lo que alega, en cuanto a que al estar casada bajo ese régimen de sociedad legal con ********************, con ello el bien inmueble de que se trata entró a formar parte de su patrimonio social, de conformidad con lo que disponen el Código Civil que regula la sociedad conyugal, donde se establece que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad.********************Lo que le otorga, a su decir, un derecho derivado del mencionado convenio de ocupar la finca dedicándola al asentamiento de su hogar, pues no se ha disuelto su sociedad conyugal, de ahí que antes de dictarse la sentencia debió habérsele oído y vencido en juicio, por lo que al no hacerse de tal forma y ahora se le pretende privar de la posesión del predio sin que se hayan seguido las formalidades legales, es violatorio de sus derechos fundamentales. ********************Dicha probanza de mérito resulta igualmente insuficiente para tener por demostrado que el bien inmueble de referencia forma parte de la sociedad conyugal acreditada entre la quejosa y ********************, demandado en el juicio natural. ********************Para arribar a esta conclusión, resulta oportuno destacar que los artículos 119 a 122, 126, 136 a 139 y 145, del Código Civil del Estado, aplicable, disponen lo siguiente:********************"Artículo 119. La sociedad conyugal, sea convencional o legal, se regirá por las disposiciones relativas a la sociedad común, en todo lo que no estuviere comprendido en esta sección. ****************************************Artículo 120.- La sociedad conyugal, sea convencional o legal, nace desde el momento en que se celebra por la voluntad de los cónyuges. ****************************************Artículo 121.- La sociedad convencional puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así está convenido en las capitulaciones o por acuerdo de los cónyuges.****************************************Artículo 122.- La sociedad legal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad expresa de los consortes y por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente.****************************************Artículo 126.- La administración de los bienes de la sociedad conyugal reside en ambos consortes en los términos establecidos en este código, salvo convenio en contrario.****************************************Artículo 136.- La sociedad legal queda constituida con la simple declaración que los cónyuges hagan ante el oficial del registro civil de ser su voluntad que los bienes aportados al matrimonio y los que en adelante adquieran, se rijan por este sistema.****************************************Artículo 137.- En la sociedad legal, son propios de cada cónyuge:********************I.- Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que poseía antes de éste, aunque no fuere dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante la sociedad.********************II.- Los bienes que durante la sociedad adquiera cada cónyuge por don de la fortuna, por donación de cualquiera especie, por herencia o por legado, constituido a favor de uno solo de ellos. Cuando las donaciones fueren onerosas, se deducirá del capital del cónyuge que las reciba, el importe de las cargas que hayan sido soportadas por la sociedad.********************III.- Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la prestación se haya hecho después de la celebración de él. Los gastos que se hubieren causado para hacer efectivo el título, serán a cargo del dueño de éste.********************IV.- Los adquiridos por venta o permuta de sus bienes raíces y los adquiridos con el precio de la venta de otros también raíces de su propiedad. ********************V.- Lo que cada cónyuge adquiera por la consolidación de la propiedad y el usufructo, siendo a su cargo los gastos que se hubieren hecho. ********************VI.- Las cantidades cobradas por los plazos vencidos durante el matrimonio, si alguno de los cónyuges tuviere derecho a una prestación exigible en plazos, que no tenga el carácter de usufructo. ********************VII.- El tesoro encontrado casualmente.****************************************Artículo 138.- Forman el fondo de la sociedad legal: ********************I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión o actividad lícita, mercantil o industrial, o por cualquier trabajo. ********************II.- Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de partes. Si hubiere designación de partes, y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación. ********************III.- El capital sacado de la masa común de bienes para adquirir fincas por cualquier título que nazca de derecho propio de alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio.********************IV.- El precio de las refacciones de crédito y el de cualesquiera mejora y reparaciones hechas en fincas o créditos propios de uno de los cónyuges.********************V.- El exceso o diferencia de precios dados por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados. ********************VI.- Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes. ********************VII.- Los frutos, accesiones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los consortes. ********************VIII.- L o adquirido por razón de usufructo.********************XII.- El tesoro encontrado por industria de cualquiera de los cónyuges.****************************************Artículo 139.- Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que alguno de los cónyuges debió adquirir como propios durante ella, y que no fueron adquiridos sino después de disuelta, ya por no haberse tenido noticia de ellos, ya por haberse dificultado injustamente su adquisición o goce.********************Artículo 145.- Los bienes raíces pertenecientes al fondo social, no pueden ser obligados ni enajenados en modo alguno por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro. En los casos de oposición infundada podrá suplirse por decreto judicial el consentimiento del cónyuge disidente, previa su audiencia".********************El precepto 136 transcrito, es claro al determinar que la comunidad de bienes es una persona jurídica cuya capacidad nace desde la celebración del matrimonio.********************Dicha disposición, adminiculada con las diversas normas transcritas, lleva a concluir que la sociedad conyugal se conforma con los bienes que adquieran cada uno de los cónyuges.********************En dichas condiciones, como de autos se encuentra demostrado que el bien inmueble objeto de la Litis no entró al patrimonio del demandado, pues precisamente el procedimiento versa en la ejecución de un convenio transaccional de desocupación y entrega de un inmueble del cual no era propietario sino meramente ocupante; resulta inconcuso que dicho bien no forma parte de la sociedad conyugal o comunidad de bienes como alega la quejosa, pues no puede ser parte de un patrimonio lo que es ajeno.********************Circunstancia la anterior que le otorga en consecuencia a la aquí quejosa el carácter de simple detentadora material del inmueble u ocupante del mismo, que no es objeto de tutela por el artículo 14 Constitucional.********************Esto es, la posibilidad de que la quejosa se encuentre en posesión del inmueble en conflicto, no genera en su favor el derecho para acudir a esta instancia constitucional y, por tanto, no es suficiente para acreditar su interés jurídico, dado que la tenencia material de un inmueble no se considera protegida constitucionalmente cuando quien se ostenta como poseedor solamente habita, usa o disfruta del bien, por ser, como en el caso, un familiar y no el titular del derecho afectado.********************Sostener lo contrario, permitiría que contra cualquier acto que afectara el derecho de posesión pudieran promoverse por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el bien de que se trata, lo cual implicaría un menoscabo a la prerrogativa de legalidad y seguridad jurídica de los justiciables que acuden ante las autoridades para hacer efectivo un derecho.********************Por ende, la circunstancia de que la amparista no haya sido señalada como demandada ni se siguiera el procedimiento con su audiencia -pues la propietaria del inmueble no se encontraba obligada a entablar acción alguna en su contra como ocupante del inmueble, sino contra aquel con quien firmó el contrato que transmitió la posesión-, no constituyen circunstancias que hagan procedente la acción de amparo, dado que, se reitera, al no demostrar un derecho propio sobre el bien afectado en la litis natural, no sufre un menoscabo a su esfera de derechos, debido a que sólo las partes en el referido asunto tienen la facultad de reclamarlos.********************Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: I.3o.C.279 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Registro digital: 2014724 y página 1036, que indica:********************"INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE AQUÉL EL FAMILIAR QUE OCUPA EL INMUEBLE COMO TERCERO AJENO AL TITULAR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL QUE SE LE TRANSMITIÓ LA POSESIÓN DERIVADA A ÉSTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", estableció que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que produzca la certeza de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por su parte, el artículo 6o. de la Ley de Amparo señala que sólo puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. De igual forma, el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o., indica que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como quien tenga el interés contrario; lo que implica que podrá hacerse válido un derecho reconocido por la ley, cuando se considere que el mismo ha sido violentado o desconocido. Derivado de lo anterior, para determinar el interés jurídico en el juicio de amparo respecto de familiares del titular de un derecho de posesión derivada, como el comodato, el arrendamiento, el depósito, etcétera, que ocupan un bien inmueble no bajo un derecho propio, sino bajo un derecho personal frente a su deudor alimentario, debe considerarse que la posesión que disfrutan los familiares del poseedor derivado, es resultado del derecho personal que tienen con su deudor alimentario; esto es, que el derecho de habitación, integra el genérico de alimentos. Por ende, el propietario del inmueble no se encuentra obligado a entablar acción alguna en contra de cada uno de los ocupantes del inmueble, sino contra aquel con quien se firmó el contrato que transmitió la posesión, esto es, ese poder físico en virtud de un acto volitivo previo, concertado con el dueño del bien, implica que la posesión sea derivada y tenga apoyo en un título que surte efectos hasta que no sea declarado ineficaz jurídicamente. Por consiguiente, las obligaciones que nacen de los actos jurídicos bilaterales mediante los que se cede la posesión de un bien inmueble, tienen naturaleza personal en virtud de que no afectan la cosa u objeto materia del pacto, sino que recaen, únicamente, en los individuos que lo celebran; en la especie, los que establecen de manera onerosa o gratuita, el uso de un bien inmueble. En dichos contratos se crean derechos y obligaciones cuando es el propietario quien cede la posesión y se obliga a respetarla, ello frente al que recibe la posesión del fundo, quien es el que está obligado a restituirlo en determinado tiempo y condiciones, de manera que si el primero exige esto último, debe acreditar que el acto jurídico por el que cedió ese poder físico es nulo, debe rescindirse o llegó a su término. Así pues, se trata de una relación de naturaleza personal derivada de un contrato de arrendamiento en el que sólo los que participaron en él, pueden quedar obligados en los términos de las documentales o el pacto relativo. Así, la acción personal se crea, por regla general, a través de un contrato donde las partes se vinculan de forma personal en relación con las obligaciones que hayan contraído entre sí, para lo cual se reconocen mutuamente la personalidad con la que actúan por lo que están impedidas legalmente para desconocer posteriormente el carácter y personería con que se ostentaron, salvo disposición legal específica. Ahora bien, la relación personal solamente produce efectos entre las partes que celebran el acto jurídico mediante el que se cedió la posesión y no contra terceros ajenos a dicho pacto pues, lo contrario, equivaldría a obligar a quienes no intervinieron en él, sin que su voluntad haya sido manifestada, dicho en otras palabras, se constituiría una estipulación contra terceros, inadmisible en el sistema de las obligaciones civiles. Bajo este orden de ideas, sólo se encontrará legitimado a ejercer una acción personal y ante su desestimación, el juicio de amparo, aquel que celebró el contrato que le da origen, si es que pretende desconocerla y no quien se abstuvo de intervenir en él, razón por la cual, carece de legitimación un tercero ajeno a un contrato para demandar judicialmente su cumplimiento, nulidad, rescisión o terminación, en la medida que carece de titularidad, tanto de derechos, como de obligaciones, respecto del mismo. Por tanto, se establece que el familiar de quien tiene un título de posesión derivada, ocupa dicho bien no bajo un derecho propio, sino por virtud del derecho personal que tiene frente a su deudor alimentario, que es lo que le permite ocupar el inmueble, empero, ello no le genera una acción o derecho oponible frente al propietario del inmueble porque no formó parte del acuerdo de origen que cedió la posesión del bien inmueble y, en consecuencia, carece de interés jurídico para promover un juicio de amparo".****************************************De igual modo, la tesis identificada con la clave I.7o.C.14 C, visible en la página 1140, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada:********************"POSESIÓN. EL ACTA DE MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA. El acta de matrimonio presentada en un juicio de amparo por un tercero extraño no comprueba, por sí sola, que éste tenga la posesión del bien inmueble materia del litigio, por el hecho de haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal; en consecuencia, el quejoso carece de interés jurídico."********************También sirve de apoyo a esta conclusión, la tesis consultable en la página 199, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:********************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ES PROMOVIDO POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR DEL DERECHO DE POSESIÓN. Si el juicio de garantías fue promovido por la esposa del titular del derecho de posesión del inmueble de referencia, solamente por estar viviendo en el mismo, por su relación con aquél, debe ser considerada como simple ocupante, que no tiene ningún derecho propio sobre el bien que pueda ser protegido por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de donde emanan los actos reclamados, y en ejecución de sentencia se ordenó la desocupación y entrega del inmueble a los actores, tales actos no le deparan perjuicios a la esposa del demandado que pueda reclamar mediante el juicio de amparo; por lo que, lo actuado en el juicio del que afirma ser tercera extraña, sólo puede pararle perjuicios materiales, ya que sólo la posesión es protegible y no la simple tenencia, no implicando esta última la existencia de un interés jurídico, sino en todo caso un interés económico que no la faculta para reclamarlo en vía constitucional, por lo que el amparo que promueva debe sobreseerse al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge carece de interés jurídico."********************En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto promovido por la parte quejosa.********************Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que hace al acto de la autoridad ejecutora al no reclamarse por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia 647, visible a fojas 434 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:********************"AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución".****************************************Por último, no causa agravio a la quejosa, el que el suscrito no se ocupe de los alegatos vertidos en el presente juicio constitucional, ya que los mismos no forman parte de la litis del juicio de amparo, que se integra con la demanda de amparo y el informe con justificación de la autoridad responsable. ********************Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, de la gaceta número 80, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ********************"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."****************************************QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ********************RESUELVE:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese y regístrese.
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Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguense para los efectos legales correspondientes, los escritos de cuenta de la quejosa ***, y en atención a su contenido, SE ACUERDA: Respecto a las promociones con número de registro 4767 y 4768, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las documentales que relaciona y anexa, en su primera promoción de cuenta, así como por hechas las manifestaciones que realiza en relación con los actos reclamados en su segunda promoción, de los cuales se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por último, en cuanto a la solicitud que realiza en el ocurso con registro 4766, esto es, que se formule denuncia ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por la probable comisión de hechos delictuosos cometidos por la tercero interesada ***o en contra de quienes resulten responsables; hágase saber a la ocursante que este Juzgador en el supuesto de que de acuerdo a los autos advierta la actualización de alguna conducta constitutiva de delito, procederá de conformidad como lo que marca el capítulo III, Título Quinto, de la Ley de Amparo. No obstante, de considerar la quejosa que se ha cometido algún delito tal como lo asevera, sus derechos para hacerlos valer ante la representación social que corresponda, se encuentran plenamente expeditos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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