Bernardo Sánchez Cuatepitzi

Expediente 900/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 55 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2019
Año
2019
Actuaciones
55
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Bernardo Sánchez Cuatepitzi
  • Orlando Juárez Sastre
  • Jaqueline Amador Bonilla apoderada legal de
  • Bernardo Sánchez Cuatepitzi y Otros.
  • José Luis Hernandez Garrido
  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente para constancia. Devolución de documentos. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del expediente 240/2010-4, que anexó como apoyo a su informe justificado, consistente en dos tomos de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintidós. Se recibe exhorto sin diligenciar Agréguese el oficio remitido electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual devuelve sin diligenciar la comunicación oficial 72/2022, de su estadística, derivado del diverso 421/2022-VI del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en sentencia de seis de octubre del año en curso, se determinó que no era necesario su emplazamiento al no ocasionarle ningún perjuicio la resolución emitida, dado el sentido de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Apizaco, Estado de Tlaxcala, siendo las diez horas con seis minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, (foja 458), en audiencia pública de derecho, el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 900/2019-VI, promovido por Jaqueline Amador Bonilla, en su carácter de apoderada legal de Bernardo Sánchez Cuatepitzi, Orlando Juárez Sastre, José Luis Hernández Garrido y J. Guadalupe Terio Pérez; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo de la parte quejosa (fojas 2 a 12); Auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitió la demanda de amparo (fojas 18 a 21); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 24); Informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (foja 26 y 27); Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, el Secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia , tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con las probanzas siguientes: De la parte quejosa: Las documentales que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones y relacionadas en escritos recibidos el veinte de mayo y veintiuno de julio, ambos de dos mil veintiuno (fojas 13 a 17, 330 a 332 y 351). De la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala las documentales que anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente laboral 240/2010-4 de su índice; así como las remitidas mediante oficio recibido en auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, las cuales obran en dos tomos por separado (fojas 28 a 29 y 428). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza. Con lo que se cierra el periodo probatorio. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con el pedimento ministerial 786, así como con los formulados por la parte quejosa en escrito recibido en este Juzgado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 33 a 42, 84 y 85). De igual forma, hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: ténganse por relacionados los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y la parte quejosa; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al no haber más alegatos se cierra el presente periodo. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 900/2019-Vl, promovido por Jaqueline Amador Bonilla, en su carácter de apoderada legal de Bernardo Sánchez Cuatepitzi, Orlando Juárez Sastre, José Luis Hernández Garrido y J. Guadalupe Terio Pérez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Jaqueline Amador Bonilla, en su carácter de apoderada legal de Bernardo Sánchez Cuatepitzi, Orlando Juárez Sastre, José Luis Hernández Garrido y J. Guadalupe Terio Pérez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades responsables y acto reclamado siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. (.) ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala reclamo: El auto de fecha de dos de septiembre del año dos mil diecinueve, en el que determina que: no ha lugar girar oficio al Director de Notaria y Registro Públicos del Estado de Tlaxcala para que inscriba el embargo trabado sobre el bien inmueble denominado "El Potrero" propiedad del patrón sustituto "CROIX S.A. de C.V."." (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados El promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 900/2019-VI, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional (fojas 18 a 21). CUARTO. Audiencia constitucional La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía) Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo no requiere ejecución material pues se trata de la paralización del procedimiento al negar girar un oficio de inscripción de embargo. Vía y procedencia La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama una negativa por parte de la autoridad responsable que emana de un órgano ubicado en esta entidad federativa que son de imposible reparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y demás constancias del juicio, se concluye que la parte quejosa reclama: El auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 240/2010-4, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el cual se determina no girar oficio al Director de Notarías y Registros Púbicos del Estado de Tlaxcala a fin de inscribir el embargo trabado en autos del expediente en comento. TERCERO. Existencia del acto reclamado Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado atribuido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación (fojas 26 y 27). Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexó la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente laboral 240/2010, de su índice, a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, debe indicarse que el acto reclamado se notificó a la parte quejosa el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (foja 255 reverso del tomo de pruebas); actuación que surtió efectos el mismo día, acorde a lo dispuesto en el artículo 747, fracción I de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de septiembre al catorce de octubre de dos mil diecinueve, ello sin contar los días veintiocho de veintinueve de septiembre, cinco, seis, doce y trece de octubre de dos mil diecinueve, al ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el siete de octubre de dos mil diecinueve, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, tal como se evidencia en el siguiente calendario. SEPTIEMBRE DE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 23 Notificación y surte efectos 24 Día Uno 25 Día Dos 26 Día Tres 27 Día Cuatro 28 Día inhábil 29 Día inhábil 30 Día Cinco 25 Día inhábil 26 Día inhábil OCTUBRE DE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 Día Seis 2 Día Siete Presentación de demanda 3 Día Ocho 4 Día Nueve 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día Diez 8 Día Once 9 Día Doce 10 Día Trece 11 Día Catorce 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 Día Quince Último día QUINTO. Causas de improcedencia Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación señaló que en el caso el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, como lo es el recurso de revisión de actos de Presidente. Se estima fundada la causal de improcedencia invocada, aunque suplida la deficiencia en el error de la cita del precepto legal aplicable, pues la que se actualiza es la prevista en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado artículo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En términos del precepto citado el juicio de amparo es improcedente para el supuesto en que la legislación aplicable al acto reclamado conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. En el asunto en estudio se advierte que la parte quejosa reclamó del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, por virtud del cual negó girar el oficio correspondiente al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para que se inscribiera el embargo sobre el bien inmueble denominado "El Potrero", ubicado en Acuamanala, Municipio de Miguel Hidalgo, Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, en razón de no haber comenzado la ejecución forzosa en contra del patrón sustituto Croix, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro de los autos del juicio laboral 240/2010-4. Por tanto, es claro que la quejosa reclamó del Presidente de la Junta Local un auto dictado en etapa de ejecución de convenio emitido dentro de un juicio laboral, respecto de los cuales procede el recurso de revisión. En efecto, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable establece: "Artículo 849. Contra actos de los Presidentes, Actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." En esta tesitura, conforme al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, era menester que la parte promovente impugnara a través del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, lo que reclamó del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, habida cuenta que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por su idea jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 160866, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 810, que dice: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad". Del mismo modo resulta aplicable, la tesis XIX.2o.P.T.14 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169226, Julio de 2008, Tomo XXVIII, página 1873, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS ES NECESARIO AGOTARLO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE SE NIEGA A DESPACHAR EJECUCIÓN SOBRE ACTUALIZACIONES SALARIALES. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares; de donde se colige, por la amplitud del dispositivo, que procede dicho recurso contra cualquier acto que tales autoridades emitan durante la etapa de ejecución del laudo, puesto que la intención del legislador no fue restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta durante el procedimiento de ejecución, inclusive en las que se niegue la ejecución del propio laudo, tomando en cuenta las facultades del presidente para llevar a cabo esa etapa, en términos de los artículos 617 y 618 de la legislación laboral. En esa tesitura, contra el auto por medio del cual el presidente se niega a despachar ejecución sobre actualizaciones salariales procede el aludido recurso de revisión, y si éste no se agota previamente a la promoción del juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Sin que en el caso se actualice algún caso de excepción a dicho principio, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatarlo. En similares términos resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos, el recurso de queja laboral 144/2019, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012, (10a) y CCLXXV/2012 (10ª.), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". De ahí que en el caso, se actualice, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. No pasa inadvertido para el que resuelve, el hecho de que en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a la moral Croix, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, debe decirse, que no se le ocasiona perjuicio alguno, pues, dado el sentido de la presente sentencia, su emplazamiento no es necesario al presente juicio de garantías. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del apéndice de 1995, cuyo título y contenido es: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 900/2019, promovido por Jaqueline Amador Bonilla, en su carácter de apoderada legal de Bernardo Sánchez Cuatepitzi, Orlando Juárez Sastre, José Luis Hernández Garrido y J. Guadalupe Terio Pérez, contra los actos y autoridades responsables señalados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Quejosos informan domicilio de tercera interesada. Agréguese el escrito signado por los quejosos Bernardo Sánchez Cuatepitzi, Orlando Juárez Sastre, José Luis Hernández Garrido y J. Guadalupe Terio Pérez, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veinte de septiembre del año que transcurre, informan el domicilio de la tercera interesada "CROIX Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo el siguiente: Vía Adolfo López Mateos, Número exterior veinticinco, Colonia Santa Mónica, Municipio de Tlalnepantla de Báez, México, Código Postal 54057. Sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a la citada tercera interesada en el domicilio precisado, sin que haya sido posible su emplazamiento (foja 51). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

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