Bernardo Rosas Peralta
Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Bernardo Rosas Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, ya transcurrió para la parte promovente José Rosas Peralta, en representación de Bernardo Rosas Peralta, por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Addi
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés: En Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 76-108), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realizara lo siguiente: "[.] OCTAVO. Efectos concesión amparo. En consecuencia, debido a la transgresión al derecho humano de seguridad jurídica advertida, el Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, deberá: Dejar insubsistente la resolución dictada en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************; en el entendido que solo deberá quedar insubsistente la resolución dictada en dicha audiencia, pero no lo actuado con anterioridad. En su lugar, dicte otra resolución, en la que, resuelva lo siguiente: Siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, determine que es procedente y fundada la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************, es decir, deberá de resolver en congruencia con el delito por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso -violación en grado de tentativa- y la jurisprudencia 1a./J. 4/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN?PREVENTIVA?OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE?VIOLACIÓN?NO SE EXTIENDE A LA?TENTATIVA?DE?VIOLACIÓN", cuyos datos de localización fueron citados en el considerando anterior. Con libertad de jurisdicción, resuelva la medida o medidas cautelares que fijará en sustitución de la prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración el debate suscitado entre partes en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************; en el entendido de que las medidas que podrá imponer son aquellas que están previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.]" Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo (foja 143). Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la que se resolvió confirmar la sentencia recurrida, por lo que en ese mismo auto se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 164-166). Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), por el cual el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto transcribió el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 2777 signado por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual remitió disco versátil digital que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 175) y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el Juez responsable, ya que éste es considerado como documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis del oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), remitido por la responsable y el disco versátil digital, que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, se advierte que la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: 1) Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaro improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. 2) Posteriormente en la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el minuto (17:54) precisó que la medida cautelar debía modificarse, y en el minuto (18:53), con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 153, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción I, consistentes en: Presentación periódica una vez cada quince días. La exhibición de una garantía económica de $1,000.00 (mil pesos 00/100, moneda nacional). La prohibición de salir sin autorización del país y del Estado sin aviso previo. El sometimiento a la vigilancia de las medidas cautelares. La prohibición de acercarse y convivir con la víctima y con la parte tercera interesada. Por lo que en el minuto (18:06), la responsable determinó dejar en inmediata libertad al aquí quejoso y puntualizó que los fines de las medidas decretadas son las siguientes: Que el aquí quejoso comparezca al procedimiento de origen. Que la víctima y los testigos no corran riesgo por parte del quejoso. No obstaculizar el procedimiento. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues: a) dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso; y b) ordenó la inmediata libertad del quejoso decretando diversas medidas cautelares. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de marzo de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 107 a 120), se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: ""Emita un proveído en alcance a la imposición de la medida precautoria consistente en la inscripción preventiva de la demanda en la Dirección General de Notarías y Registros Públicos del Estado, emitida mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad de juicio concluido ********************, de su índice, en la que, de manera fundada y motivada, fije una fianza al actor, a efecto de que pueda responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones que le reclaman. Asimismo, deberá precisar la consecuencia jurídica de no otorgar la fianza impuesta". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado ******************** interpuso recurso de revisión (fojas 140 a 142), mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************(foja 153), y resuelto en ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 156 a .164), cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto delos actos reclamados del Director General de Estado de Tlaxcala, consistente en la notación marginal que, en cumplimiento a lo ordenado por el jue responsable dentro del expediente ********************, realizó con el sello registral ********************TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Tlaxcala, consistente en la medida precautoria relativa a la anotación registral decretada dentro del juicio de nulidad de juicios concluidos ********************". Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria citada y requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 165 a 167). Una vez que se recibieron las constancias con las cuales la responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, se dio vista a las partes; asimismo, por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia de amparo (fojas 233 a 236). Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************, y resuelto en ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con los puntos resolutivos siguientes: ".ÚNICO. Resulta fundado el presente recurso de inconformidad..." Lo anterior en virtud de las consideraciones y para los efectos siguientes: "Con todo, al fijar la garantía señalada, no atendió los lineamientos del fallo constitucional, en los que se estableció que debía realizar tal proceder de manera fundada y motivada. Es así, pues no expuso las razones legales con las que se justifique por qué dicho monto es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada, con la anotación marginal realizada sobre el inmueble en disputa, ni detalló las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la citada cantidad. No pasa inadvertido que en el auto dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable determinó fijar de manera discrecional el monto de la garantía, sustentándose para ello en el artículo 789 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Tlaxcala; sin embargo, los artículos 784 a 796, del propio ordenamiento legal (dentro de los que se encuentra el numeral 789), ubicados en el Capítulo II "Providencias precautorias", Título Primero "Actos prejudiciales", Libro Segundo "Juicios", no la facultan para obrar en ese sentido y, aun en ese supuesto, el ejercicio de facultades discrecionales deben limitarse con parámetros que impidan la actuación arbitraria de la autoridad, particularmente, con la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. (.) Luego, si en el fallo constitucional se constriñó al Juez de instancia a fijar una fianza de manera fundada y motivada, para que el actor responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones, pero no lo hizo en esos términos, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir la sentencia de amparo.". Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercer interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera (foja 318). Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo (fojas 329 a 333), por lo cual se requirió nuevamente a la responsable acatara el fallo protector. En consecuencia, la responsable remitió el oficio 213, al cual adjuntó las constancias con las que refirió dar cumplimiento al fallo protector, y con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente ********************, realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de su índice. 2.- Por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, en alcance a la imposición de la medida precautoria decretada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, de manera fundada y motivada: a) Destacó que la anotación registral es una medida cautelar que tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que la sentencia sea oponible a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso. b) Señaló que esa providencia es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario del bien raíz, pues coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite. c) Fijó como garantía el cincuenta por ciento del valor catastral del inmueble en cuestión, lo anterior debido a que: 1) ponderó la duración máxima del juicio de origen, 2) la carga laboral del órgano jurisdiccional y por último, 3) el estado procesal que guardan las actuaciones en el juicio de origen, dado que faltan la etapas de emplazamiento, apertura de juicio de prueba, ofrecimiento y desahogo de pruebas, etapa de alegatos y sentencia. Asimismo realizó las operaciones aritméticas correspondientes que determinaron dicha cantidad e índico la consecuencia jurídica al demandado en caso de no otorgar dicha garantía impuesta. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintitrés. Informes sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Agente del Ministerio Público del Departamento de Investigación del Delito, Región Sur, de Nativitas, Tlaxcala; Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala; Administradora del Juzgado de Control y de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; Procuradora General de Justicia del Estado; Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado y Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes relativos a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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