Bertha Orozco Gutiérrez apoderado legal
Expediente 477/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Bertha Orozco Gutiérrez apoderado legal
- Tomás Reigadas Huergo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ******************** contra el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo ********************, el cual quedó registrado bajo el número 122/2018 de su índice, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Bertha Orozco Gutiérrez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, el contenido del proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho...Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la la parte quejosa Bertha Orozco Gutiérrez quien se ostentó como apoderado legal de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, no dio cumplimiento a los requerimiento formulados mediante proveídos de veintiuno de mayo del año en curso (fojas 11 a 14) y cuatro de junio de la presente anualidad (fojas 29 y 30), no obstante que fue debidamente notificada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de cuatro de junio del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda por cuanto a Bertha Orozco Gutiérrez quien se ostentó como apoderada legal de Elena Reigadas Huergo y Ramón Reigadas Huergo y se provee únicamente respecto de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal Bertha Orozco Gutiérrez. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral C.D.T 93/2006, el que la responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, determinó lo siguiente: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta y visto su contenido. LA AUXILIAR DE LA JUNTA ACUERDA.- dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en términos del artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo que invoca, toda vez que como el referido artículo lo dispone no se tendrá por trascurrido dicho termino si está pendiente la recepción de informes que hubiesen sido solicitados, por lo que en el presente asunto toda vez que a la fecha el actor no ha proporcionado el domicilio de los albaceas testamentarios o intentamentarios de los cujus y/o representantes de sus sucesiones, a fin de que les notifique el presente juicio, esta autoridad en términos del artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo determina requerir a la parte actora para que en el tremino de tres días contados a partir del día siguiente que le sea notificado el presente proveído, cumpla con el requerimiento que se realizó en diligencia de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, apercibida la parte actora que de no dar cumplimiento a lo solicitado, esta autoridad procederá en términos de lo que disponen los artículos 772 y 773 de la Ley de la materia.-." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 107, fracción V, así como 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sentado lo precedente, el auto en el que se negó decretar la caducidad de la instancia en el juicio incoado en contra de la quejosa, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que las consecuencias de la sentencia reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Lo anterior es así, pues de obtener la agraviada una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo directo que se que intente en contra de dicho fallo. además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." Ahora bien, asentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda se desprende, que la quejosa se duele del proveído de quince de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral C.D.T 93/2006, en el que la responsable acordó no favorable la petición de la parte demandad de declarar la caducidad del procedimiento aludido. Sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales que pueden ser reparables si la interlocutoria le resulta favorable; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con el fallo definitivo. Como se puede observar, la posible violación procesal reclamada en esta instancia constitucional no producirá materialmente una afectación a los derechos fundamentales de quien promovió el amparo, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad el impetrante de combatirla conjuntamente con la resolución incidental si ésta resultara desfavorable a sus intereses. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho: Vista, la demanda de amparo que promueve Bertha Orozco Gutiérrez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 477/2018-II. Prevención. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo y una vez analizada en su integridad, del primer párrafo del escrito inicial de la demanda de amparo, se advierte que Bertha Orozco Gutiérrez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, no adjunta constancia alguna de la cual se acredite dicha personalidad. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 6, 108, fracción I y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el término de cinco días legalmente computados en términos del artículo 22 y la fracción II del numeral 31 de la ley de la materia, realice lo siguiente: 1. Acredite con documento fehaciente la personalidad con la cual se ostenta, es decir, apoderada legal de Tomás Reigadas Huergo, Patricia María Escobedo Banda, Gregorio Encinas Reigadas, Fernando Reigadas Lazo, Elena Reigadas Huergo, Ramón Reigadas Huergo y Autos Internacionales de Apizaco Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Deberá exhibir cuatro copias del documento con el que acredite la personalidad con la cual comparece, a fin de que, de ser procedente el juicio de amparo, se corra traslado a las partes en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis 2ª./J. 124/2016 (10ª.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito. Autorizados Por otra parte, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jaqueline Amador Bonilla, Levi Méndez Rojas y Bertha Orozco Gutiérrez, toda vez que si cuentan con el registro de su cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y a Margarita Valdez Cervantes únicamente para oír y recibir notificaciones.
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