Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez
Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de once de mayo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Se ordena archivo y destrucción. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar en autos. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por propio derecho contra acto de los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 448/2022-II. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. No es un acto de imposible reparación. En esas condiciones, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de marzo del año en curso, dictado en el toca civil 397/2021, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la interpretación a tales numerales se advierte que el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación para la parte quejosa, entendiéndose por ellos lo que afecten derechos sustantivos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales sea parte y no se considerarán como tales adjetivos o procesales, siendo improcedente, por tanto, el juicio de amparo, contra actos que produzcan efectos meramente procesales. El citado numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, precisa el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", al referir que por éstos deben entenderse: ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Así, para ser calificados como irreparables, dichos actos necesitan actualizar dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situarlos en aquellos supuestos en los que el acto autoritario, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, inclusive, antes del dictado de algún fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Siendo así, porque el criterio invocado, define claramente cuáles son los actos dentro de juicio que sirven de base para determinar la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, acentuando la aclaración contenida en el texto de la Ley de Amparo vigente, al considerar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues en su definición introdujo la necesidad de la existencia de una afectación material a derechos sustantivos, por tanto, aquellos que conlleven afectación a derechos procesales no pueden dar lugar a la procedencia del juicio de amparo, que tiene como principal finalidad la salvaguarda de derechos humanos. En este sentido, el acto reclamado en este juicio no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, no trae consecuencias irreparables, pues el mismo no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, pues de acuerdo con la estructura legal de los juicios sucesorios, éstos se conforman de cuatro etapas, cada una de ellas con un objetivo delimitando en función de la materia correspondiente y con la finalidad de cumplir su objetivo, que es la transmisión del patrimonio del de cujus en favor de quien acredite tener derecho a sucederlo. Así, en cada una de las secciones, como sucede en la especie, tratándose de violaciones procesales, procede el amparo contra la última resolución dictada en la etapa respectiva, por ser en ésta en donde se afecta la esfera jurídica del gobernado. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término de cada una de las etapas de la estructura legal de los juicios sucesorios o, en su caso, a través del amparo directo, para el caso que dicha violación procesal haya afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido con un resultado del fallo desfavorable. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. De inventarios y avalúos. De administración; y, De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 1167 al 1171, del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. "Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; II.- La denuncia del intestado; III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos.". "Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; III.- Los avalúos; IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo.". "Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. "Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: I.- El proyecto de partición; II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; III.- Los arreglos relativos; IV.- Las sentencias; V.- La aplicación de los bienes. La intelección de los dispositivos citados refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes de los actos reclamados vertidos por la parte accionante de amparo, se pone de manifiesto que la primera de las etapas ha concluido, y que la segunda sección relativa al inventario y avalúo, aún no ha sido resuelta. -De esta fase deriva el acto reclamado-. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele la parte quejosa es de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en autos del toca civil de queja 397/2021, de su índice, que confirmó la resolución de cinco de octubre de dos veintiuno, emitida dentro del recurso de revocación, que dictó el Juez Tercero Civil de Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, dentro del expediente 488/2019, que confirmó el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la Tercera Sección denominada de "Administración", por el cual se tuvo a Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, oponiéndose a la apertura y registro de la Tercera Sección de administración; sin embargo, lo cierto es que la tercera etapa procesal de las que comprenden el juicio sucesorio testamentario, aún no concluye, pues según se desprende dicha fase terminará con la resolución o resoluciones que aprueben las cuentas, por lo que no es momento de analizar las violaciones acontecidas en esta etapa del juicio, sino hasta que concluya con la resolución de la tercera etapa del sucesorio de origen. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro de la tercera etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, procedería el juicio de amparo indirecto contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones acaecidas dentro de aquélla; además, en caso de no obtener una resolución favorable tendrá a su alcance la promoción del juicio de amparo aludido contra dicha determinación; lo que lleva a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque la tercera sección del juicio sucesorio testamentario aún no ha sido aprobada. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 643 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 789, Materia Común, Novena Época, con registro 194833, que dispone: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu". Así como la diversa tesis I.3o.C.439 C, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 1546, del Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente.". En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por ello, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miriam Morales Palafox, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Verónica Vázquez, Yesica Cortes Rivera y Jovani Cortes Rivera, por no contar con dicho registro. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
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