Bernardo Perez Ibarra
Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 42 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Bernardo Perez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo del oficio suscrito por la autoridad vinculada Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido se conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso Bernardo Pérez Ibarra, para efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: Provea de inmediato sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 174/2018, y en su caso, programe hora y fecha para su desahogo, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable por su contenido la tesis aislada 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada el trece de diciembre de dos mil trece en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Asimismo, en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, de tuvo el núcleo esencial de la concesión del amparo, se declaró por cumplida la ejecutoria, por lo que la parte quejosa en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, interpuso recurso de inconformidad (foja 212). Por resolución, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro de la inconformidad número 10/2022, de su índice, ordenó y se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, remita exhorto a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para el desahogo de las pruebas testimoniales y confesional (fojas 294 a la 319). Ahora bien, en proveído de trece de julio del presente año, se agregó el oficio suscrito por la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad, mediante el cual informó haber recibido el oficio númeroJTA35-MSG/374/2023, de fecha veintidós de julio de dos mil veintitrés, signado por el presidente de la Junta Especial número treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual solicita se lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial, confesional para hechos propios e inspección ocular aportada por la parte demandada, y comunica haber señalado fecha para el desahogo de dichas probanzas (fojas 445 a la 449). Con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; sin que la parte quejosa se haya pronunciado al respecto (fojas 453 a la 454). Luego, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa y la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad ".Provea de inmediato sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 174/2018, y en su caso, programe hora y fecha para su desahogo, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo."; Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable remitió el oficio númeroJTA35-MSG/374/2023, de fecha veintidós de julio de dos mil veintitrés, la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad, y esta a su vez, comunicó haber señalado fecha para el desahogo de dichas probanzas. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo del oficio suscrito por la autoridad vinculada Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido se conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso Bernardo Pérez Ibarra, para efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: Provea de inmediato sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 174/2018, y en su caso, programe hora y fecha para su desahogo, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable por su contenido la tesis aislada 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada el trece de diciembre de dos mil trece en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Asimismo, en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, de tuvo el núcleo esencial de la concesión del amparo, se declaró por cumplida la ejecutoria, por lo que la parte quejosa en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, interpuso recurso de inconformidad (foja 212). Por resolución, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro de la inconformidad número 10/2022, de su índice, ordenó y se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, remita exhorto a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para el desahogo de las pruebas testimoniales y confesional (fojas 294 a la 319). Ahora bien, en proveído de trece de julio del presente año, se agregó el oficio suscrito por la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad, mediante el cual informó haber recibido el oficio númeroJTA35-MSG/374/2023, de fecha veintidós de julio de dos mil veintitrés, signado por el presidente de la Junta Especial número treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual solicita se lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial, confesional para hechos propios e inspección ocular aportada por la parte demandada, y comunica haber señalado fecha para el desahogo de dichas probanzas (fojas 445 a la 449). Con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; sin que la parte quejosa se haya pronunciado al respecto (fojas 453 a la 454). Luego, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa y la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad ".Provea de inmediato sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 174/2018, y en su caso, programe hora y fecha para su desahogo, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo."; Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable remitió el oficio númeroJTA35-MSG/374/2023, de fecha veintidós de julio de dos mil veintitrés, la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad, y esta a su vez, comunicó haber señalado fecha para el desahogo de dichas probanzas. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la autoridad vinculada Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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