Bertha Alicia Palafox Sanchez
Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Bertha Alicia Palafox Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de once de julio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Bertha Alicia Palafox Sánchez; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de once de julio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diez de julio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA BERTHA ALICIA PALAFOX SANCHEZ, EL AUTO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Bertha Alicia Palafox Sánchez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 394/2019-5B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107 fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;" En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS: "1.- El punto SEXTO del auto se fecha 03 de junio del 2019, dictado en el juicio agrario número 137/2018, dictado por la Responsable, el cual textualmente dice: En relación al escrito registrado con folio 03605, dígasele a la demandada Bertha Alicia Palafox Sánchez, que una vez que se encuentres registrados en el libro de peritos de este Tribunal en materias de Psicología y Neurología se acordará lo conducente.". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ANTECEDENTES 1.- Por auto de fecha 16 de Marzo del 2018 se tuvo por admitida a trámite la demanda por DEYSI DANES PEREZ SALAZAR en su carácter de tutora del incapaz JOSE ARTIDORO SALAZAR LOPEZ Y/O JOSE ARTIDORO SALAZAR, ejerciendo la acción de nulidad de documentos y actos respecto a las parcelas números 210-Z1-P1/2, 313-Z2-91/2 y 314-Z2-P1/2, con superficies de 2-53-95.43, 4-45-11.98 y 0-95-24.49 hectáreas respectivamente, ubicadas en el Ejido El Triunfo, perteneciente a la Municipalidad de Guasave, Estado de Sinaloa; demanda que promovió en contra de la suscrita quejosa; parcelas que adquirí por medio de tres contratos de enajenación a título gratuito de fechas 01 de Noviembre del 2013 celebrados entre el señor JOSE ARTIDORO SALAZAR como titular y enajenante de sus derechos parcelarios debidamente reconocidos en el Ejido El Triunfo, Guasave, Sinaloa y la suscrita quejosa BERTHA ALICIA PALAFOX SANCHEZ como Adquiriente. 2.- He de hacer del conocimiento de su señoría, que el día 31 de octubre del 2013, el enajenante señor JOSE ARTIDORO SALAZAR personalmente y en buen estado de salud mental, y siendo acompañado de sus hermanos JUAN RAMON SALAZAR Y JOSE EFRAIN SALAZAR, acudió ante el señor SAUL VEGA SOTO presidente del Comisariado Ejidal del Ejido El Triunfo, Guasave, Sinaloa, manifestándole que era su deseo dar gratuitamente sus derechos parcelarios a favor de la suscrita quejosa, esto en virtud a los más de 25 años que yo lo había estado atendiendo tanto de casa, comida, lavado de ropa, asistencia médica, etc. Y que en agradecimiento a esa hospitalidad y el buen trato recibido, era su voluntad enajenar sus parcelas en mi favor. 3.- En audiencia de fecha 02 de Octubre del 2018, se me tuvo por dando contestación al escrito inicial de demanda, y en la cual se me tuvieron por ofrecidas entre otras pruebas, la pericial en materia de psiquiatría y pericial en materia de neurología, para lo cual nombre los peritos en dichas materias de la ciencia, mas sin embargo por cuestiones ajenas a mi voluntad los peritos nombrados no acudieron a la aceptación y protesta del cargo conferido, para lo cual la autoridad responsable tiene la facultad y/o obligación de nombrar peritos en mi rebeldía y a mi costa, lo cual no ha querido hacer, violando tajantemente lo dispuesto por los artículos 17 de la ley de amparo y 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley Agraria. 4.- En escrito recibido con fecha 31 de Mayo del 2019 por el H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 27, en el cual le solicité que toda ves de que los peritos en materia de Psiquiatría y Neurología nombrados por la suscrita, no acudieron a la aceptación y protesta del cargo conferido, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 147 de la ley agraria, le solicité nombre peritos en mi rebeldía y a mi costa. A lo anterior, por auto de fecha 03 de Junio del 2019, en su punto sexto, dictado en el juicio agrario número 137/2018, dictado por la Responsable, el cual textualmente dice: "En relación al escrito registrado con folio 03605, dígasele a la demandada Bertha Alicia Palafox Sánchez que una vez que se encuentren registrados en el libro de peritos de este Tribunal en materias de Psicología y Neurología se acordará lo conducente". Es claro, que con la negativa de la autoridad responsable de negarse a nombrar peritos en materia de psicología y neurología en rebeldía de la suscrita quejosa, está violando mis garantías del debido proceso en mi perjuicio, actos que influirían de manera definitiva en la resolución que se emita.". Ahora bien, de la lectura de los actos citado con antelación, se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento; de ahí que habrá que distinguirse si el acto reclamado, afecta o no un derecho sustantivo en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, del disenso que hace consistir en el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del juicio agrario número 137/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, en la que la autoridad responsable en su punto sexto determinó que una vez que se encontraran registrados en el libro de peritos de ese Tribunal en materias de Psicología y Neurología se acordaría lo conducente. Actos que no son susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose de actos emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, situación que en el caso en concreto no acontece. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación jurisprudencia realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio -personalidad- de imposible reparación, dada que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, debe puntualizarse que lo determinado por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, relativa a nombrar peritos en materias de Psicología y Neurología, medios de prueba que forman parte del proceso jurisdiccional, es derecho adjetivo, no repercute directamente en algún derecho sustantivo, por ende no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior, máxime el estado procesal en que se encuentra, esto es, la etapa de desahogo de pruebas, por lo que las violaciones que puedan presentarse en dicha etapa procesal son susceptibles de quedar sin materia en caso de obtener un fallo favorable al emitirse la sentencia definitiva. En este contexto, si el acto reclamado es susceptible de desaparecer sin dejar huella o causar perjuicio alguno a la impetrante, es inconcuso que dicho acto es intraprocesal, contra el cual resulta improcedente el juicio de amparo. En esa tesitura, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 170 y 172 fracción III y IX, de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento y que, en su caso, el afectado con la sentencia correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, se estima que dicho acuerdo no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, visible en la página 280, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." De igual forma, cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.". Jurisprudencia visible en la página 1536 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del rubro y texto: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.". Y la diversa Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, visible en la página 291 del tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por identidad jurídica sustancial, es consultable de igual manera, la Tesis III.3o.C.43 K, que se localiza en la página 835, de Tomo X, del mes de Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el rubro y contenido: "ACTOS DENTRO DE JUICIO QUE NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SU IMPUGNACIÓN HASTA EL AMPARO DIRECTO NO INFRINGE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. La Ley de Amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que es donde se encuentra establecida la procedencia del juicio de garantías. Y justamente el segundo de tales preceptos, en su párrafo inicial, establece que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley' (o sea, la Ley de Amparo), 'de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos ... fuera de juicio o después de concluido ...'. Es decir, que es la propia Constitución la que aun cuando en su artículo 17 previene que la justicia debe ser pronta y expedita, dispone o autoriza a que en ciertos casos sea la Ley de Amparo la que reglamente lo relativo al momento en que procede tramitar el juicio de garantías". Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en concordancia con los arábigos 170 y 172, fracción XII y IX, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Fuente de Marte número 375 Altos, interior 8 "A", Fraccionamiento Las Fuentes, de esta ciudad; y como sus autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ramón Rubio Vega y Marco Antonio Dávila Berrelleza.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Bernardo Lopez Soto488/2018
- Bernardo Perez Ibarra381/2021
- Bernardo Rojo Escarrega325/2020
- Bertha Alicia Alvarado Gaxiola174/2020
- Bertha Alicia Felix Samaniego765/2022
- Bertha Alicia Felix Samaniego704/2021
- BERTHA ANASTACIA URIARTE MONTOYA y Otros.632/2017
- Bertha Cecilia Ortega Castro514/2017
- Bertha Cecilia Ortegon Castro471/2020
- Bertha Monica Quintero Padilla227/2019
- Bertha Rodriguez Espinoza289/2022
- Bertila Mascareño Mcconegly457/2017