Bernardo Guerrero Lopez
Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Bernardo Guerrero Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "El Tribunal responsable proceda de inmediato a emitir resolución en los autos del expediente agrario número 560/2013.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante oficio recibido en este juzgado el quince de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada en el expediente agrario 560/2013; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el oficio número 3097/2023 y TUA-DTO.27-UAJ-34/2023 de cuenta, signados el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, con el cual en el primero, comunica los trámites que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada; y, en el segundo comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la autoridad Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, no ha dado cumplimiento total a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley, se requiere a la nombrada autoridad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es para que: "E***********+". Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a la autoridad responsable, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de la citada autoridad responsable, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, como se precisó precedentemente, mediante oficio, requiérase a dicha autoridad a fin de que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la recepción del oficio de cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, informe sobre ello, al igual anexe las constancias que acrediten el cumplimiento; con el apercibimiento que no informar, se le impondrá al efecto una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, esto es $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, asimismo procedería separarlo de su cargo y consignarlo al Juez de Distrito que corresponda.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio de cuenta, signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual este juzgado acusa recibo del oficio 11555/2023, con el cual se le remitió copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.
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