BERTHA ANASTACIA URIARTE MONTOYA y Otros.

Expediente 632/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
632/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • FEDERICO GARCIA VEGA y Otros.
  • BERTHA ANASTACIA URIARTE MONTOYA y Otros.
  • JUAN MANUEL GASTELUM FLORES y Otros.
  • MANUEL MORENO LOPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio firmado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 190/2018, así como el original del Juicio de amparo 632/2017-2A, en la que se resuelve: "PRIMERO. Quedan firmes los sobreseimientos decretados por el juzgador de amparo en los considerandos tercero y quinto de la resolución recurrida, por las razones expuestas en el considerando tercero que antecede. SEGUNDO. En materia de la revisión, se confirma la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Bertha Anastacia Uriarte Montoya, Juan Manuel Gastelum Flores, Manuel Moreno López, Aurelio Montoya Montoya, Paciano Acosta Parra, Macario Angulo Montoya, Raúl Heredia Ortiz, Silvia Valdez Gallegos y Saúl Valdez Bojórquez, contra los actos que reclamaron y que se precisaron en términos de los considerandos cuarto y séptimo de la sentencia recurrida. Acúsese recibo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, está totalmente concluido y es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído donde se concedió la suspensión provisional y de la resolución interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia y del proveído donde se concedió la suspensión provisional y de la resolución interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que enviará los autos originales del amparo en revisión 190/2018, así como el juicio de amparo 632/2017 relativo al presente cuaderno de antecedentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de dicho circuito, para que a su vez los remita a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de que lo turne al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, a quien le corresponderá resolver el presente asunto; agréguese a los presentes para que surta sus efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo 632/2017, formándose el amparo en revisión administrativo 190/2018; agréguese para que surta sus efectos legales.

  4. Principal

    Visto el escrito signado por el quejoso el licenciado Luis Alfonso Favela Calderón, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y solicita autorización de medios electrónicos; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en los artículos 80, 81,fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el promovente, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; distribúyanse entre las partes copias del escrito de expresión de agravios, y dentro del término de tres días remítanse los presentes autos, el ocurso original de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. En la inteligencia que el lapso de tres días indicado en el párrafo que antecede empezará a correr a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del auto por el que este Juzgado tuvo por interpuesta la revisión y ordenó correr traslado de la misma con copia del escrito de agravios. Por lo que respecta a su solicitud de autorización para realizar la consulta del expediente electrónico, así como para recibir vía electrónica las notificaciones que se susciten en el expediente en que se actúa, dígasele que se este a lo acordado en proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la reproducción de copias, mediante el uso de medios electrónicos y fotográficos, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.".

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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