Bernardo Garfias Diaz
Expediente 324/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bernardo Garfias Diaz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de marzo del año en curso, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Delegada Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Edtado, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-324/2019-2. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la instauración del procedimiento administrativo por los hechos y omisiones circunstanciadas en el acta de inspección número 00032-19 de fecha 08 de febrero del año 2019, que se ha formado dentro del expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00032-19, mismo que desde luego vulnera nuestros derechos fundamentales al n sujetarse a ninguna disposición de carácter legal.". Determinación en reclamo donde la autoridad responsable acordó lo siguiente: ".Morelia, Michoacán, a 27 veintisiete de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo de la visita de inspección realizada al predio denominado "Mesa de Mendez", ubicado en la localidad de Tepetate, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán; teniendo por recibida el acta de inspección número 00032-2019 de fecha 8 ocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en cumplimiento de la orden de inspección número PFPA/22.3/2C.27.2/00032-19, de fecha 5 cinco de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve. [.] A C U E R D O PRIMERO.- Se tiene por instaurado procedimiento administrativo en contra de los CIUDADANOS -, por los hechos y omisiones circunstanciados en el acta de inspección número 00032-2019 de fecha 8 ocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior se les notifica a los CIUDADANOS BERNARDO -, las infracciones que resultaron del acta de inspección número 00032-2019 de fecha 8 ocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, de donde se desprenden las siguientes irregularidades: [.] SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 167 de la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente; y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se concede a los ciudadanos - un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos y omisiones contenidos en el acta citada en el punto inmediato anterior, de la cual obra copia al carbón en su poder o se adjunta copia debidamente certificada de la misma para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.". Reclamo respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, incisos a) y b), los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, del texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Del análisis integral del numeral transcrito en segundo lugar, se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que son: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a) del numeral y fracción que se analizan, el legislador sigue, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo, hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." Establecido lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en la presente instancia esencialmente lo constituye: ".la instauración del procedimiento administrativo por los hechos y omisiones circunstanciadas en el acta de inspección número 00032-19 de fecha 08 de febrero del año 2019, que se ha formado dentro del expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00032-19, mismo que desde luego vulnera nuestros derechos fundamentales al n sujetarse a ninguna disposición de carácter legal.". Lo anterior, pone en evidencia que el acto combatido en la presente instancia, no se tratan de una resolución definitiva sino, por el contrario, de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo encaminado a determinar posibles infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y en su caso, imponer las infracciones corespondientes, por lo que es de presumirse que aquél no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que se culmine con dicho procedimiento, esto es, hasta en tanto se emita la resolución en la que determine que la parte quejosa incurrió en una infracción a la citada ley de la prevista en el artículo 156, fracciones I, II y III, de dicho ordenamiento, que es la etapa con la que se da por concluido el procedimiento de mérito, además de que el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no constituye una actuación que se traduzca en la violación de algún derecho sustantivo, así como tampoco en la privación de su derecho de defensa. Lo anterior, pues sólo se da inicio del procedimiento administrativo, para determinar posibles infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo cual constituye un acto con el que se da inicio al referido procedimiento. Ahora, como se mencionó, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como es el caso, la instancia de amparo, sólo es procedente contra la última resolución con la que culmine dicho procedimiento, pudiendo combatirse en ese momento las violaciones cometidas durante la secuela del mismo, si por virtud de ellas el quejoso hubiere quedado sin defensa. La expresión "última resolución" a que se refiere el citado arábigo, significa aquella determinación que pone fin al procedimiento, y respecto de la cual la ley no concede ningún recurso mediante el que pueda ser modificada, revocada o nulificada. Entonces, el acto en reclamo que dio inicio al procedimiento, no constituye la resolución definitiva, ya que no se trata de la determinación de infracción y/o sanción correspondiente, pues de la lectura integral de la constancia que adjuntaron los promoventes, se advierte que en él se determinó el inicio del procedimiento además se les concedió su derecho de audiencia, otorgándole un plazo de quince días para hacer valer lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas que estimara pertinentes, apercibiéndolo que en caso de no hacer uso de tal derecho, se les tendría por perdido, sin necesidad de acuse. De ahí que el único acto susceptible de impugnarse en forma destacada, lo constituye la resolución definitiva; situación que de acuerdo con los propios artículos citados en párrafos precedentes, no impide aducir vicios intraprocesales, ya que éstos podrán plantearse, no como actos reclamados autónomos, sino como irregularidades susceptibles de hacerse valer en los conceptos de violación. En apoyo a lo anterior, se cita por las razones que informa, la jurisprudencia 2ª./J. 154/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005147, consultable en la página 698 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO" Asimismo, tampoco se trata de un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, refiriéndose a los actos de ejecución irreparable, que únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la constitución y los tratados internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, pues no constituye una actuación que se traduzca en la violación de algún derecho sustantivo, así como tampoco en la privación de su derecho de defensa, tan es así que precisamente en el oficio reclamado se le concedió un plazo para tal efecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por reiteración IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)" Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a los promoventes por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto al profesionista -, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, quien cuenta con cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho, debidamente registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales 5. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."
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