Bertha Alicia Chavez Chavez
Expediente 1389/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Alicia Chavez Chavez
- Adalberto Chavez Chavez
Actuaciones
- Principal
...CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA . DEL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Morelia, Michoacán, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ..., ... y ... de apellidos... por propio derecho contra actos de la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-1389/2019-P, misma que se promueve contra el acto consistente en: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A la autoridad responsable -Magistrada de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo- le reclamamos el auto de época 28 veintiocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve dictado en el toca número I-423/2019 - notificado el 02 dos de diciembre del mismo año." Precisado lo anterior, el suscrito considera este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues los quejosos no agotaron el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor ..., en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance los quejosos para impugnar la determinación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste pudieron hacer valer el recurso de revocación, previsto en el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable al juicio de origen. Se sostiene lo anterior, en base al contenido de los ordinales invocados, que dicen: "Artículo 680. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso." De los preceptos legales trascritos, resulta evidente que en el presente caso, procede el recurso de revocación antes aludido, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, los ahora quejosos se encontraban obligados a agotar dicho medio de defensa (recurso de revocación) mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. Los actos reclamados son provenientes de un tribunal judicial; 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió el acuerdo reclamado y, 4. Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Magistrado responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de revocación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que al no haber procedido así los solicitantes de garantías no agotaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., ... y ... de apellidos ..., contra los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, la parte quejosa señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y autoriza únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, ya que como se desprende de la certificación de cuenta, no tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe..; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ..., ... y ... de apellidos... por propio derecho contra actos de la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-1389/2019-P, misma que se promueve contra el acto consistente en: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A la autoridad responsable -Magistrada de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo- le reclamamos el auto de época 28 veintiocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve dictado en el toca número I-423/2019 - notificado el 02 dos de diciembre del mismo año." Precisado lo anterior, el suscrito considera este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues los quejosos no agotaron el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor ..., en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance los quejosos para impugnar la determinación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste pudieron hacer valer el recurso de revocación, previsto en el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable al juicio de origen. Se sostiene lo anterior, en base al contenido de los ordinales invocados, que dicen: "Artículo 680. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso." De los preceptos legales trascritos, resulta evidente que en el presente caso, procede el recurso de revocación antes aludido, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, los ahora quejosos se encontraban obligados a agotar dicho medio de defensa (recurso de revocación) mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. Los actos reclamados son provenientes de un tribunal judicial; 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió el acuerdo reclamado y, 4. Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Magistrado responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de revocación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que al no haber procedido así los solicitantes de garantías no agotaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., ... y ... de apellidos ..., contra los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, la parte quejosa señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y autoriza únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, ya que como se desprende de la certificación de cuenta, no tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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