Bertano Tentory Garcia
Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertano Tentory Garcia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta de noviembre de dos mil veinte. 1. Radicación y formación de expediente. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra el acto que reclama al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este juzgado con el número VI-821/2020-2. 2. Análisis sobre la procedencia o no del juicio de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el proveído de fecha tres de noviembre del año en curso en que se acordó lo siguiente: ".Visto el escrito presentado el abogado -, en cuanto apoderado jurídico de la parte demandada en el presente sumario, como lo solicita y, atendiendo a que ya ha concluido el termino de alegatos tal y como se desprende de la certificación que antecede; se ordena poner los autos a la vista del suscrito, a fin de pronunciar la sentencia definitiva que conforme a derecho proceda, previa notificación personal que se haga a las partes. Con apoyo en los artículos 83 y 571 del código de procedimientos civiles, lo acordó y firma el licenciado -, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, que actúa con la secretaria de acuerdo, que autoriza, Licenciada -, DOY FE.". Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, en relación con el acto reclamado a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 5° Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Es así, en atención a que los actos que autoriza la referida secretaria de acuerdos, únicamente es con el objeto de dar certeza al procedimiento y seguridad jurídica a las partes, de que los autos, determinaciones y resoluciones dictadas por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, son emitidos por este último, y no por algún otro funcionario, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento del auto emitido el tres de noviembre del año en curso, dentro del juicio ordinario civil número -, sea del juez responsable, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el juicio aludido, por ende, en términos del dispositivo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, es al juez responsable, a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no a la secretaria de acuerdos adscrita. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1007, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez". Ahora, respecto del citado acto reclamado al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esta disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En tanto que la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tiene aplicación la jurisprudencia número 6137, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Atento a lo anterior, debe convenirse que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos estos últimos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía de que se trate, o bien, afecten a personas extrañas a juicio. Precisado lo anterior, debe decirse que de los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifiesta que en la etapa probatoria, ofreció diversos medios de prueba mismos que en su oportunidad fueron admitidos y para su desahogo solicitó al juez responsable, girara exhorto al lugar donde debían ser desahogadas tales probanzas; que sin embargo, el órgano jurisdiccional responsable omitió anexar a la comunicación en cita el pliego de posiciones respectivo, circunstancia por la que la autoridad correspondiente devolvió sin diligenciar el exhorto enviado par atal efecto. Asimismo, refiere el quejoso que solicitó a la autoridad responsable nuevamente enviara los exhortos que no habían sido diligenciados, para que se cumpliera con dicha encomienda, a los que se acompañara el pliego de posiciones correspondiente; petición que no le fue favorable en virtud de que el juez responsable le indicó que el termino probatorio ya había concluido. Que mediante acuerdo de tres de noviembre del año en curso, el juez de los autos ordenó poner los autos a la vista con el objeto de pronunciar la sentencia definitiva correspondiente, determinación contra la cual interpuso recurso de revocación, medio de impugnación que no le fue admitido por el juez de los autos, bajo el argumento de que no es el medio idóneo para impugnar aquel proveído. Por tanto, si en el caso en estudio el acto reclamado es el proveído de tres de noviembre del año en curso, a través del cual el juez responsable ordenó poner los autos para dictar sentencia definitiva, es inconcuso que tal acto combatido no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos. En otras palabras, como se anticipó, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que trascenderá al resultado del fallo, como es al emitirse la sentencia definitiva, la que en caso de ser adversa a sus intereses, entonces, podrá combatirla por la vía legal correspondiente. Se afirma lo anterior, en razón de que el acto en reclamo, emitido en el juicio ordinario civil número -, que en esencia ordenó poner los autos a la vista del juez para dictar sentencia definitiva, en virtud de que ya había fenecido el término para formular alegatos, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues con ese proceder, esto es, con la decisión emitida por la autoridad responsable, no se afectan derechos sustantivos del promovente del amparo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, de ahí que con esa situación, no se priva del derecho de defensa que en el procedimiento tiene el promovente del amparo, ni altera la cuestión debatida en el mismo. Bajo ese contexto, como se mencionó, con la emisión del acto reclamado de referencia, se está en presencia de una actuación cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la citada norma legal, porque no afecta los derechos sustantivos del agraviado, ni decide el fondo de juicio en cita, empero, tal violación puede hacerla valer en amparo directo contra la sentencia definitiva que se dicte en el mismo. En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de dicha legislación, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "CITACION PARA SENTENCIA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA. La resolución que confirma el auto de citación para sentencia en un juicio, constituye un acto que no resuelve la contienda y que indudablemente tiene carácter procesal, pues debe considerarse comprendido dentro de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, disposición ésta que de manera genérica incluye, como violaciones de procedimiento, a todos aquellos acuerdos análogos, en sus consecuencias, a los que prescriben las diez fracciones anteriores de ese artículo. Por tanto, el amparo indirecto debe reputarse notoriamente improcedente contra la resolución procesal anteriormente mencionada." Apoya el criterio aquí estimado por analogía y por las razones que informa, la jurisprudencia IV.2o. J/13, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." 3. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. 4. Autorización de días y horas inhábiles. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 5. Domicilio para recibir notificaciones. Finalmente, se le tiene al quejoso por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado -, toda vez que como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, tiene su cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y autorizado únicamente para tal efecto a los demás abogados y pasantes juristas que refiere, toda vez que no cumplen con los lineamientos que establece ese precepto. Notifíquese personalmente.
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