Berenice Rojas Flores
Expediente 826/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Berenice Rojas Flores
- Presidente de la Republica Mexicana, Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió tanto la suspensión provisional y se declaró sin materia la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión, en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.Así lo acordó y firman el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia legal la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio número 11169 y 11170 de treinta de noviembre pasado, dirigidos al Subsecretario de Salud y Director de Servicios de Salud del Estado de Michoacán y al Subdirector de Servicios de Salud en el Estado de Michoacán, toda vez que como según constancia secretarial que antecede se advierte que en auto de treinta de noviembre se sobreseyó fuera de audiencia, toda vez que desistieron de la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a los quejosos... el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno...Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito signado por -, así como el acta de ratificación, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, por lo que se tiene a la citada parte promovente desistiéndose de la misma; en consecuencia, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, para los efectos legales conducentes. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 14/2006-PL, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad tanto en la intención de promovente como en la resolución del sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presentencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se conforma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de la ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como en artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o del cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (once horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno). Notifíquese... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Incidental
Morelia, Michoacán, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en el juicio principal de donde emana esta incidencia, con fecha treinta de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia, toda vez que desistieron de la demanda de amparo; por tanto, se declara sin materia el presente incidente. Asimismo, de la copia certificada de cuenta la que constituye un hecho notorio para este juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 217 de la Ley de Amparo, se advierte que efectivamente se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías, de donde emana este incidente; por tanto, se deja sin efectos la audiencia incidental de mérito, fijada para las once horas con quince minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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